La Fiscalía General de la República (FGR) ha amenazado con procesar legalmente al Diario La Página si este medio de comunicación continúa publicando información de carácter 'confidencial' sobre el caso de corrupción abierto contra el expresidente Francisco Flores Pérez.
A través de una carta enviada a dicho periódico el 7 de mayo pasado, Tovías Armando Menjívar, jefe de la Unidad de Investigaciones Financieras, suscribe una orden de 'cese y desista' contra el medio, y le advierte que de no acatar la orden, la FGR se verá en la necesidad de proceder legalmente.
“Demando que Cese y Desista de esta actividad lo antes posible y en cualquier sentido dentro un plazo máximo de 24 horas de la recepción de esta carta; si falla en tomar las acciones necesarias para el cese y desistimiento dentro del periodo estipulado, no tendremos más alternativa que tomar las acciones legales correspondientes en su contra', dice el escrito enviado y firmado por Menjívar.
La Página denunció a través de su portal la amenaza enviada desde la Fiscalía. Según reporta el medio, esta no es la primera misiva en la que la FGR les ordena abstenerse de publicar información relacionada al caso Flores.
Según declaró uno de los periodistas a El Faro, la Fiscalía ordena a La Página que se abstenga de publicar información relacionada a un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), un documento que para los querellantes sería la pieza clave para el caso Flores, pero que la Fiscalía no había presentado a la causa pese a dos solicitudes hechas por un juez en mayo y octubre de 2014. En noviembre del año pasado, la Fiscalía llegó a declarar en el proceso que ese documento no existe, desdiciéndose de informes internos que hablan del documento y desdiciendo las palabras del propio Fiscal General, quien habló del ROS en enero de 2014, en declaraciones a El Diario de Hoy.
León López, periodista de La Página, dijo a El Faro que el día 16 de abril recibieron una primera advertencia de parte de la Unidad de Investigaciones Financieras de la FGR. De acuerdo con López, la FGR quiere mantener en total confidencialidad la información relacionada al Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre transacciones bancarias irregulares realizadas por el exmandatario.
En el escrito enviado a Diario La Página el 16 de abril pasado, y cuyo contenido fue divulgado por el periódico el 7 de mayo, Menjívar había demandado 'a) Que toda la información de carácter confidencial relacionada con este tema, que este medio de comunicación tenga en posesión y que sea de exclusiva competencia de la Unidad de Investigación Financiera, sea remitida a la Unidad, o destruida de forma inmediata'.
Para la Fiscalía, el medio está en la obligación de informarle siempre que descubra 'información confidencial'. 'b) Que en caso de tener conocimiento de la existencia de información confidencial y/o de su uso indebido, deberá informar a la Unidad de Investigación Financiera', escribió el jefe de la Unidad de Investigación Financiera.
En esa primera misiva, Menjívar plantea escenarios como este: que el personal del periódico que tenga acceso o contacto con información 'confidencial' y que promueva o ejerza su divulgación debe ser sancionado. 'c) Que todo el personal que tenga acceso o contacto con información de carácter confidencial y que promueva o ejerza su divulgación deberá ser sancionado administrativamente por la autoridad respectiva, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan según lo dispuesto en el Art. 338 del Código Penal'.
En la nota que dio cuenta de la amenaza hecha por la Fiscalía, Diario La Página escribió que 'ampara sus publicaciones en el derecho humano universal de la difusión del pensamiento y en el Art. 6 de la Constitución de la República'. Para el periódico, 'El Caso Flores es de acceso público, de interés público y de notoriedad y relevancia nacional'.
Según el periodista León López La Página no ha publicado ninguna información de carácter confidencial. “Ellos quieren que (el ROS) sea de exclusivo uso de la Unidad de Investigación Financiera y no de conocimiento público y esa información es de interés para el país”, dijo López a El Faro.
José Luis Benítez, expresidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y actual relator de libertad de expresión de la gremial, esta acción del jefe de la Unidad de Investigaciones Financieras de la FGR es un “atentado contra la libertad de información sobre todo de cara a la información de un hecho tan importante para el país como es el caso del expresidente Flores”.
Roberto Burgos, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC), señala que esta advertencia de la Fiscalía es inconstitucional porque no puede ser el Fiscal General quien decida qué se publica y qué no se publica en un medio de comunicación. “Ya hay reglas establecidas sobre hasta dónde llegan los límites en el ejercicio de la libertad de expresión y es el no lesionar derechos de los demás”, sentencia Burgos.
Absténgase de divulgar un documento que 'no existe'
El expresidente Francisco Flores Pérez (1999-2004) está siendo procesado por peculado y enriquecimiento ilícito por la desaparición de unos 15 millones de dólares donados por el gobierno de Taiwán a El Salvador para favorecer a las víctimas de los terremotos de 2001 y para ayudar a combatir la pobreza. La pieza clave del proceso, o al menos la pieza que destapó el caso ante la opinión pública, es un Reporte de Operaciones Sospechosas emitido por el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en octubre del 2003.
A finales de octubre de 2013, el expresidente Mauricio Funes reveló en su programa “Conversando con el Presidente” la existencia de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) en contra del expresidente Francisco Flores por una millonaria transacción en el International Bank of Miami, Estados Unidos.
El ROS fue emitido por el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en octubre del 2003, y fue notificado a la Fiscalía salvadoreña que entonces dirigía el fiscal general, Belisario Artiga. La administración de Artiga no promovió ninguna investigación en contra del expresidente Flores.
El 18 de junio de 2013, cuando la Fiscalía investigaba el caso CEL-Enel, pidió un informe al FinCEN y el ROS en contra de Flores apareció de nuevo. Según la Fiscalía, el International Bank of Miami, con sede en Coral Gables, reportó la operación por sospechas de lavado de dinero. “Luego de verificar lo pertinente para hacer efectivo el pago, (el banco) hace un análisis de la operación por lo que decide reportarla por tres razones de peso: la primera que existía contradictoria en lo manifestado para justificar la operación, ya que se manifestó que el dinero era para financiar la campaña política del beneficiario de los cheques (lo que no era posible, por no existir la reelección en nuestro país, lo que así determinó el banco que hizo el ROS)”.
Los cheques estaban a nombre del “Excmo. Sr. Francisco Guillermo Flores Pérez, Presidencia de la República de El Salvador”, y habían sido girados desde una cuenta en The International Bank of China, con sede en Nueva York, Estados Unidos. Esa cuenta está a nombre de la Embassy of The Republic of China San Salvador. Cuando el expresidente Flores recibió esos cheques le faltaban siete meses y una semana para dejar el gobierno.
Un informe que elaboró la Fiscalía en octubre del 2013 consigna tres versiones de por qué el International Bank of Miami reportó la operación financiera de Flores al FinCEN: primero, porque se intentó justificar la operación argumentando que se trataba de una “donación” de Taiwán para la campaña presidencial; segundo, que eran fondos para un proyecto de reparto de tierras para pobres en El Salvador; y tercero que la ruta del dinero incluía un banco de Bahamas, país etiquetado como un paraíso fiscal.
Un año después de que la Fiscalía recibió la información del FinCEN, y un año después de que el expresidente Funes reveló la existencia de ese documento, el juez que procesaba al expresidente Flores, Levis Italmir Orellana, todavía no había tenido acceso a ese documento. “Previénese por segunda vez a la representación fiscal, para que incorpore el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) por sus siglas en español o (SAR) por sus siglas en inglés, emitido en el mes de octubre del 2003, por el International Bank of Miami, con sede en Coral Gables, Florida, Estados Unidos, que involucra al imputado Flores Pérez en su calidad de expresidente de la República”, escribió Orellana en octubre de 2014.
Hace una año, para mayo de 2014, Orellana había pedido por primera vez a los fiscales de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) varias diligencias de investigación. En uno de los apartados el juez pidió explícitamente que los fiscales le entreguaran el ROS, algo que no había ocurrido. Luego de la segunda petición hecha en Octubre de 2014, los fiscales del caso le respondieron al juez Orellana diciéndole que 'El Salvador en ningún momento ha recibido Reporte de Operación Sospechosa alguno, contrario a lo que se ha venido manejando por muchos sectores del país, por lo cual mediante el presente escrito aclaramos, que lo que realmente se emitió y que es de lo que conoce la Fiscalía General de la República es un informe de inteligencia”.
Para los querellantes en la causa, FESPAD e ISD, el ROS es un documento “de suma relevancia para establecer la verdad real de los hechos investigados”. Los acusadores dicen que el documento del International Bank of Miami permitirá establecer cuáles fueron los motivos por los cuales la operación financiera fue reportada al FinCEN, cuál fue la cantidad reportada, en qué fecha exacta, a quién iba dirigido y cuál era el objetivo declarado del mismo.
En enero de 2015, por hablar de ese documento, los acusadores particulares contra el expresidente Francisco Flores pasaron al rol de acusados cuando el juez Levis Italmir Orellana inició una investigación en su contra por revelar información sobre el documento que relaciona al expresidente Flores con cuatro cheques por 10 millones de dólares que recibió del gobierno de Taiwán en octubre de 2003. El juez Levis Italmir Orellana fue destituido del caso por la Corte Suprema de Justicia un mes más tarde, en febrero de 2015.
Ese mismo mes, el Fiscal General de la República, Luis Martínez, declaró que el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) era confidencial y que divulgar la información contenida en este reporte podría acarrear una penalización de 4 a 6 años de cárcel a quien lo revelara. Sin embargo, esta advertencia no le cayó en gracia al nuevo juez del caso Flores, en el juzgado 7° de instrucción. El juez Miguel Argüello le aclaró al Fiscal Martínez que no hay ninguna disposición legal que obligue a un juez a impedir la divulgación de la información que va ocurriendo en el proceso penal. El juez también le recordó que ha sido durante su mando al frente de la FGR que el expresidente Mauricio Funes reveló información del ROS.
*Con reportes de Valeria Guzmán
