Estamos en una época en la que la Escuela de Negocios de Harvard llama a que “los empresarios empiecen a reivindicar su rol” y recomienda a las empresas “dejar de dar y empezar a compartir valor”. En un artículo el profesor Vallejo, de esa escuela, desafía a las empresas a detectar oportunidades sociales y ambientales para generar valor económico. “Van a seguir ganando, pero también van a colaborar al bienestar y el progreso de la sociedad”, les dice. Vallejo asegura que la “desconexión entre el desarrollo económico y social en la región (centroamericana) es producto de una miopía del sector empresarial que pensó, y en algunos casos todavía lo hace, en maximizar utilidades en el corto plazo sin importar cómo tratar a su personal y clientes”, y sentencia que ello no es beneficioso ni para la empresa ni para la sociedad.
Estamos en una época en que existe bastante consenso entre los economistas, sus tanques de pensamiento y las organizaciones que trabajan sobre desarrollo, en que para lograr el crecimiento económico y social se debe atacar la inequidad. En una época en la que las empresas deben repensarse y solucionar problemas sociales y ambientales para lograr ser competitivas. En una época en la que “debe dejarse de discutir si el Estado debe o no participar en la economía para pasar a definir dónde y cómo debe intervenir” (Vallejo). Pero para ello son necesarios los impuestos.
Estamos en una época en la que el último reporte del Banco Mundial sobre el país, titulado “Prosperidad compartida y oportunidades en El Salvador”, dice que la inequidad “dificulta los incentivos para el trabajo duro y la inversión”, y que la inequidad de oportunidades “está en la raíz de los alarmantes niveles de crimen y violencia en el país”.
Estamos en una época en la que, según el Banco Mundial, la pobreza se ha reducido pero todavía sigue a niveles altos —50 % en las áreas rurales y 35 % en las urbanas― y “la situación fiscal es apretada y la recolección de impuestos es todavía una pequeña parte del PIB”. Los niveles de impuestos en El Salvador siguen estando por debajo del promedio de América Latina y muy lejos de los países más avanzados de la región o, peor aún, de los países desarrollados.
En esa época, en este aquí y ahora de nuestro país, la publicación del Ministerio de Hacienda sobre los deudores del Estado nos revela que muchas de las grandes empresas siguen teniendo esa miopía, siguen solo interesadas en sus ganancias en el corto plazo. A pesar de haber vivido la guerra, a pesar de vivir el día a día de la violencia, la inseguridad y la pobreza que se da en nuestro país, se rehúsan a hacer el aporte que les corresponde. Buscan cualquier excusa, mienten, siguen trámites legales hasta las últimas consecuencias prefiriendo pagar a abogados que sus impuestos, se descuentan gastos no procedentes o relacionados... Cualquier cosa menos pagar los impuestos necesarios para sacar el país adelante. El caso extremo son aquellos empresarios que descuentan impuestos o pagos sociales a sus empleados pero no los trasladan al fisco: se los roban.
Muchas de esas empresas son las grandes empresas del país. Varias son bancos extranjeros. Otras están asociadas a grandes figuras políticas del país, especialmente ligadas a Arena —aunque en la lista también esta Alba― o son empresas ligadas a las familias adineradas tradicionales. Otras son empresas cuyo supuesto fin es el bienestar de la sociedad a la cual dicen ayudar, pero para la cual no pagan impuestos.
Peor papel desempeñan en esta caso, aunque es ya su accionar tradicional, las asociaciones gremiales empresariales ASI y ANEP. A ellas no se les ocurre reconocer el error, incentivar a sus agremiados a cumplir con sus obligaciones, levantar principios éticos y morales como el de pagar impuestos o, por lo menos, motivar al dialogo entre el Estado y los empresarios. Estas gremiales hacen todo lo contrario: rechazan la publicación, acusan al Estado de “abuso de poder”, amenazan con emprender acciones legales y ofrecen ayuda a los morosos con la sociedad para pelear sus casos.
La mayoría de ciudadanos sí pagan sus impuestos, lo hacen especialmente por medio del pago del IVA y de lo que les descuentan automáticamente de sus salarios. Incluso los salvadoreños que envían remesas son los mayores contribuyentes a la balanza de pago y, según la citada publicación del Banco Mundial, los mayores contribuyentes a la reducción de la inequidad en el país. Pero eso no es suficiente. Si no ponemos todos, no saldremos del subdesarrollo.
*Mauricio Silva es representante del Gobierno de El Salvador ante el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
