Los gobiernos de El Salvador y Honduras han rechazado la creación de comisiones internacionales contra la impunidad de similares condiciones y consecuencias a las de la CICIG de Guatemala, en una serie de reacciones escalonadas que responden a la sugerencia que hiciera el pasado 7 de julio el consejero del Departamento de Estado de los Estados Unidos Thomas Shannon.
Shannon, un funcionario de primer nivel del Departamento de Estado, con rango de embajador, visitó estos dos países hace una semana para hablar de la Alianza para la Prosperidad, un ambicioso plan de inversión del gobierno estadounidense que busca, entre otros objetivos, ayudar a combatir el crimen organizado y los niveles de inseguridad de los países del triángulo norte de Centroamérica.
“Creo que sería inteligente para El Salvador y Honduras buscar un aporte o una ayuda de la comunidad internacional. Cada país tiene que determinar cuál sería la estructura, pero CICIG funcionó bien”, dijo Shannon en El Salvador, citado por La Prensa Gráfica en una nota publicada el miércoles 8 de julio. Las palabras de Shannon sonaron a la continuación de una petición hecha en marzo pasado, en el marco de la presentación de la “Alianza para la prosperidad” en la ciudad de Guatemala. En ese acto, Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, también sugirió a los gobiernos de Honduras y El Salvador que repliquen el modelo de la CICIG.
Una semana después de la sugerencia de Shannon, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y los presidentes de los órganos legislativos de Honduras y El Salvador, más dos altos funcionarios del gabinete salvadoreño, han respondido en contra de la instalaciones de comisiones internacionales que combatan la impunidad en los dos países más violentos de la región, y que tienen niveles de impunidad superiores al 80 % de los casos de homicidios, por hablar solo del índice de inseguridad que más aqueja a la región.
La última negativa a una CICIG la dio el presidente de Honduras. El miércoles 15 de julio, en declaraciones brindadas a medios de comunicación de Choluteca, Juan Orlando Hernández rechazó la creación de una comisión de investigación internacional. Citado por el periódico El Heraldo, el presidente Hondureño dijo que 'no es una solución integral para Honduras”.
'Lo del Ministerio Público es nada más un tema, un acompañamiento con apoyo internacional y científico. Hay que hacer también el apoyo al Poder Judicial. De nada nos sirve un fiscal con ganas de hacer las cosas si un juez no lo va a hacer. Luego, necesitamos un sistema de protección a jueces y fiscales, necesitamos un Observatorio por la Transparencia para que la ciudadanía participe, necesitamos también un sistema que el sector privado lo mire como obligatorio en términos de buenas prácticas que eviten corrupción', dijo el presidente hondureño.
En las últimas semanas, en Tegucigalpa, capital de Honduras, miles de manifestantes han salido a las calles tras destaparse la corrupción al interior del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). En esa ciudad, durante el encuentro que Thomas Shannon tuvo con las autoridades hondureñas, el funcionario norteamericano dijo que las marchas de las antorchas -como se ha llamado a las concentraciones de manifestantes en las calles, que marchan con pequeñas antorchas o farolitos encendidos- son “una gran oportunidad para el gobierno de responder al pueblo”. En las marchas, los manifestantes exigen una CICIG para Honduras.
Sin embargo, el presidente de Honduras apunta en otra dirección, y sus declaraciones de rechazo a dicha comisión ocurren días después de que La Prensa Gráfica de El Salvador revelara que al menos 2 millones de dólares fueron aprobados por el Senado de Estados Unidos -dentro del plan Alianza para la Prosperidad- serían destinados 'como contribución de los Estados Unidos a una comisión internacional contra la impunidad en Honduras, si una comisión así se establece”. Según la agencia Associated Press, el Senado aprobó un monto global de 675 millones para la región.
Al igual que su par de El Salvador, el presidente del congreso hondureño, Mauricio Oliva, argumentó que una comisión internacional abre las puertas a la injerencia de extranjeros en asuntos internos. 'Se rasgan las vestiduras porque quieren nacionalizar un jugador extranjero para la Selección y apelan a la soberanía, a la identidad nacional. Se rasgaron las vestiduras por las Ciudades Modelo y ahora quieren entregar lo más preciado del país que es la justicia. Seríamos entonces un estado fallido, tendríamos que recurrir a gente de ojos azules y pelo rubio para impartir justicia. Eso es contradictorio y yo no termino de entender', dijo Silva, citado por el periódico El Heraldo, en una comparación a la negativa de la oposición hondureña para aprobar proyectos del partido oficial que sugerían la injerencia de extranjeros en la administración de asuntos internos.
El FMLN se opone y se contradice
El miércoles 8 de julio pasado, el primero en responder en nombre del gobierno salvadoreño a la sugerencia de Estados Unidos para crear una comisión internacional fue el Comisionado Presidencial para la Seguridad y Secretario de Gobernabilidad, Franzi Hasbún. En una entrevista concedida al canal 12 de televisión, Hasbún dijo que “Para nada (es necesaria una CICIG). Nosotros lo hemos planteado con toda claridad y no se nos ha puesto en ningún momento ese tema sobre la mesa, para decirlo con claridad. Discutimos ayer (martes) temas que tienen que ver con el Plan de Alianza para la Prosperidad”, dijo el comisionado, en alusión al encuentro que sostuvo Shannon con el gobierno de El Salvador.
Según Hasbún, El Salvador cuenta con los instrumentos adecuados para combatir la corrupción, entre estos una de las mejores leyes de acceso a la información del mundo. Las palabras de Hasbún, en definitiva una de las voces fuertes del gobierno salvadoreño, suenan completamente opuestas a las que el primer gobierno del FMLN utilizaba en 2010, año en el que el mismo expresidente Mauricio Funes planteó la propuesta de crear una CICIG para El Salvador en Nueva York, durante la 65.ª Asamblea de las Naciones Unidas. El gobierno de Funes activó los mecanismos de consulta con Naciones Unidas para instaurar dicha comisión, pero al cabo de los meses y los años la propuesta quedó en el olvido. En mayo de 2014, Héctor Silva, el exjefe de misión adjunto en la Embajada de El Salvador en Washington, declaró a El Faro que 'la idea de crear una CICIG para El Salvador la mató el silencio del presidente'.
El 13 de julio pasado, en una entrevista concedida a la Telecorporación Salvadoreña, la presidenta de la Asamblea Legislativa, la efemelenista Lorena Peña, también rechazó que El Salvador necesite una comisión de este tipo, y señaló que crearla es abrir las puertas a la intromisión de gobiernos extranjeros en asuntos internos del país.
“Traer intromisión extranjera en asuntos tan delicados como la administración de justicia no es lo más adecuado, si tenemos instituciones fuertes surgidas de los Acuerdos de Paz, que debemos ir perfeccionando”, dijo Peña en la televisión. '¿De qué les ha servido la tal CICIG en Guatemala? No han parado el narcotráfico, no han parado la guerra interna, no han parado la corrupción', añadió.
Un días después, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, rechazó que El Salvador vaya a solicitar ayuda internacional para crear una comisión contra la impunidad. Chicas señaló en una entrevista televisiva de Canal 10 que “este tipo de mecanismos opera en países que han perdido su institucionalidad...eso por ejemplo ha ocurrido en Guatemala”, declaró el secretario. Chicas añadió que “el marco de El Salvador que surge de los Acuerdos de Paz, no permite una intervención extranjera de esa naturaleza. Tenemos un conjunto de institucionalidad que nos ha permitido contar con los soportes internacionales para resolver nuestros propios problemas”.
En Guatemala, el mismo presidente Otto Pérez Molina, que había dicho que la CICIG se había vuelto innecesaria y que por lo tanto no pediría a Naciones Unidas una prórroga del mandato, terminó retractándose y en abril de 2015 anunció que pediría a Naciones Unidas una extensión del funcionamiento del organismo. Esto solo lo dijo después de que la CICIG revelara la existencia de una red de defraudación aduanera dirigida por el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Baldetti tuvo que renunciar pocos días después.
El modelo que El Salvador y Honduras rechazan
En los últimos años, la CICIG ha destapado varios casos de corrupción en Guatemala, un país que atravesó una de sus peores crisis políticas tras el asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y un chófer, y la participación de estructuras de sicariato en la Policía Nacional Civil y de altos mandos de la institución en el crimen. Este caso, de hecho, fue el primer caso de la CICIG, solicitada a las Naciones Unidas por el entonces gobierno de Álvaro Cólom.
En mayo de este año, la Comisión desarticuló una estructura criminal dedicada a la defraudación tributaria. Según la acusación de la CICIG, dicha estructura era dirigida por el secretario privado de la exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, quien se vio obligada a renunciar al cargo. Esta investigación de la CICIG movió a cientos de personas a manifestarse en las calles de Guatemala en contra de la corrupción dentro del gobierno guatemalteco.
La función principal de la CICIG es colaborar con el desmantelamiento de los aparatos ilegales y cuerpos clandestinos de seguridad que operan en ese país. La CICIG puede perseguir penalmente los crímenes que se sospeche han sido cometidos por aparatos ilegales de seguridad y apoyar a las instituciones del Estado encargadas de la persecuciòn de delitos relacionados al contrabando, la corrupción, financiamiento electoral ilícitos y atentados contras activistas e instituciones de Derechos Humanos.
El miércioles 15 de julio, la CICIG solicitó a los tribunales de ese país que se le retire a la inmunidad al candidato a vicepresidente del Partido Libertad Democrática Renovada, Edgar Barquín. La petición también incluye a Manuel Barquín, hemano de Edgar, y a Jaime Martínez, ambos diputados por la misma agrupación. Según el Fiscal general en funciones de Guatemala, Luis Archila, el candidato a vicepresidente y los dos diputados formaron parte de una estructura que 'se dedicaba al lavado de dinero y a través de la obtención de éste, financiaba actividades políticas', agregó Archila.
Edgar Barquín fue presidente del Banco Central y según la investigación de la CICIG, Barquín se aprovechó su puesto para facilitar operaciones ilícitas que ascienden a unos 33,3 millones de dólares, según el , titular de la CICIG, Iván Velásquez.
El jueves 16, el coordinador de la CICIG, el exmagistrado colombiano Iván Velázquez, presentó un informe sobre el financiamiento al sistema de partidos políticos, a menos de dos meses de las elecciones del 6 de setiembre, cuando los guatemaltecos elegirán a un nuevo presidente, vicepresidentes, diputados y autoridades municipales. EN el informe, la CICIG recomienda que Guatemala debe cambiar su sistema de financiamiento a los partidos políticos para evitar la infiltración del crimen organizado y la corrupción. 'El sistema de financiamiento de los partido políticos es complejo y se presta a corrupción', dijo Velásquez, quien identificó el patrocinio de candidatos por parte del crimen organizado y el narcotráfico, con la intención de obtener protección a sus actividades, controlar información y colocar personal en las instituciones estatales.
