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Fiscalía desiste del caso CEL-Enel y todos los acusados quedan en libertad

La Fiscalía General de la República desistió este viernes 3 de julio de continuar un juicio que duró más de dos años y medio y se mostró complacida por que los imputados del Caso CEL-Enel fueran exonerados de la persecución penal y civil. En el último momento la defensa pidió un cambio en la tipificación del delito para los ocho acusados, la Fiscalía estuvo de acuerdo y dos de tres jueces concluyeron, entonces, que ya no había razón de seguir con el caso porque hay una "prescripción de la acción penal". 

Valeria Guzmán y Fátima Peña

 
 

La Fiscalía General de la República desistió este viernes 3 de julio de la persecución civil y penal contra ocho acusados en la trama de concesiones de explotación geotérmica entre la estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la empresa italiana Enel Green Power. En una audiencia especial y sorpresiva, el caso culminó con una representación fiscal sin oposiciones a una petición de la defensa para cambiar el posible delito de peculado doloso a peculado culposo, y con un fallo del tribunal 4° de Sentencia en el que se sobreseyó de manera definitiva a los acusados porque el nuevo delito, definido a última hora entre las partes, ya había prescrito.

Desde este viernes 3 de julio, y al menos que la Fiscalía dé un nuevo giro radical en su postura y apele la decisión judicial, Guillermo Sol Bang, Miguel Lacayo, Pedro Escalón, Jorge Simán (accionista de El Faro) Julio Olano, Carlos Chavarría, Thomas Hawk y José Palomo Déneke están liberados de cargos en un caso que ya se considera cerrado. Con el fallo, además, el Juzgado 4° de Sentencia eliminó los embargos patrimoniales a los exfuncionarios y las vedas para que estos puedan salir del país.

El caso CEL-Enel, como se llamó a este proceso, cuestionaba la legalidad del contrato de concesión entre la empresa pública salvadoreña y la italiana Enel, firmado en 2002. Según la hipótesis de la Fiscalía, entre 2000 y 2002 hubo una conspiración de funcionarios del gobierno de Francisco Flores (1999-2004) para entregar ilegalmente a manos privadas, mediante ese contrato, el control de la empresa pública geotérmica LaGeo.

Foto de Archivo. Noviembre de 2013. 

Acusados del caso CEL-Enel, durante una audiencia preliminar en noviembre de 2013. Foto Archivo El Faro. 

Este viernes, luego de finalizada la audiencia especial en la que se terminó liberando a los ocho imputados, el fiscal Luis Martínez evadió hablar de las responsabilidades de la Fiscalía para montar un caso que poco a poco se fue desmoronando. Sin embargo, el Fiscal lanzó un mensaje que parece sugerir otras motivaciones detrás de este caso, presentado con insistencia por los dos últimos gobiernos, del FMLN, como un símbolo de la corrupción de los gobiernos anteriores, del partido Arena.

“Nosotros no somos perseguidores, ni inquisidores, ni andamos buscando venganza injustificada o fomentando odio o violencia social”, declaró Martínez después de que los jueces otorgaran el sobreseimiento definitivo en la tarde de este viernes.

En las últimas semanas, tanto la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (un tanque de pensamiento de derecha con fuertes vínculos históricos con Arena) como la Universidad Centroamericana, UCA (de corte jesuita, considerada una de las referencias intelectuales de la izquierda en el país y unas de las más críticas de los cuatro gobiernos de Arena, pero también de los últimos dos gobiernos del FMLN) emitieron pronunciamientos escritos contra el caso sostenido por la Fiscalía, por considerarlo débil jurídicamente. Ambas organizaciones concidieron en afirmar que el del caso CEL-Enel se había transformado en un juicio político impulsado en parte por el gobierno del FMLN con la intención de dañar a su oposición, dado que la trama ocurrió en el tercer gobierno de Arena y que algunos de los exfuncionarios acusados, como Guillermo Sol Bang, han sido insignias en la historia de ese partido político.

Hace dos años y medio, antes de que el caso se convirtiera siquiera en un expediente fiscal, la trama CEL-Enel encontró una robusta atención mediática porque Mauricio Funes, el primer mandatario de izquierda en la historia del país (2009-1014) lo convirtió en una de sus banderas de denuncia de la corrupción de los gobiernos anteriores. La Fiscalía pareció en un inicio dar por buenas las acusaciones y versiones reveladas por Funes, y varió poco sus argumentos y pruebas en los 18 meses de instrucción del caso, después de presentar su acusación en noviembre de 2013 en el juzgado 7° de Paz. En ese año y medio la acusación no añadió testimonios ni documentos diferentes a los que desde el inicio conformaron la causa, y que en aquel momento llevaron a la jueza de Paz Carmen Jiménez, primera en procesar el expediente, a advertir que la Fiscalía tenía “un caso en crisis”.

Abogados del caso Cel_Enel durante una audiencia en noviembre de 2013. Foto Archivo El Faro.

Abogados del caso Cel-Enel durante una audiencia en noviembre de 2013. Foto Archivo El Faro.

Con el tiempo, sin embargo, el fiscal Martínez fue bajando la intensidad de sus delacaraciones públicas y en los últimos seis meses pasó de abanderar una lucha contra un caso de corrupción política que incluso necesitó en sus inicios de una “comisión especial”, a pedir él mismo una audiencia especial, la del viernes 3 de julio, para que se desistiera de la persecución civil y penal en contra de los imputados. Al final, Martínez salió de la sala de audiencias del Juzgado, según sus propias palabras, complacido.

“Lo importante es que estamos cumpliendo lo que se firmó el 6 de diciembre (2014) en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). Este es un compromiso de país. Vamos avanzando y no retrocediendo... Nosotros sí defendemos los intereses del Estado”, dijo Martínez, en alusión a un acuerdo marco con el cual el Estado de El Salvador se comprometió el pasado diciembre a cesar una persecución civil en contra de los imputados en el caso, incluidos los imputados de la empresa Enel, a cambio de que el Estado recuperara las acciones de la empresa geotérmica a través de una compraventa de 286 millones de dólares.   

Por meses, la Fiscalía había dicho públicamente que ese acuerdo marco no extinguía la acción penal contra los acusados, y se esperaba que este viernes se opusiera al cambio de delito pedido por la defensa o apelara el sobreseimiento del juez. Pero ni lo uno ni lo otro. La representación fiscal, acuerpada por Martínez, calló, respaldó alte el tribunal el cambio de delito y casi celebró el fallo. Por eso, tras conocerse el sobreseimiento, El Faro preguntó a Martínez cuál fue el proceso mediante el cual la FGR decidió cambiar de tesis. Martínez, en contra de lo que ha sostenido otras veces, contestó que la no persecución fue un procedimiento que él mismo aceptó cuando firmó el acuerdo marco en diciembre. “Por favor no confundir a la población”, exigió Martínez en respuesta a la pregunta.

Lo cierto es que, en contra de lo que afirma el Fiscal, el acuerdo marco solo estipulaba la extinción de la responsabilidad civil para todos los procesados. “La partes han acordado como condición no suspensiva de los efectos del Acuerdo Marco, la extinción definitiva e irrevocable de la acción civil delito que involucra a EGP y EGP El Salvador... la cual se hará extensiva a todas las personas naturales que tienen la calidad de imputados en los mismos”, reza el artículo 3 de dicho acuerdo. La aceptación en el cambio del delito penal, que permitió a los jueces declarar la prescripción del delito de peculado por culpa, fue un giro de último momento no recogido en aquel acuerdo.

Una audiencia con factor sorpresa

En la mañana de este viernes 3 de julio era poco previsible que un caso que duró más de dos años y medio acabará en sopresas. La sala de audiencias del Juzgado 4 de Sentencia estaba llena con una docena de periodistas, abogados defensores, representantes de la Embajada de Estados Unidos (dos de los acusados tienen doble nacionalidad estadounidense), una representante de Foley Hoag (el despacho jurídico que defiende a El Salvador ante el CIADI), los diputados de Arena John Wright y Ana Vilma de Escobar y la representación fiscal, liderada por Luis Martínez.

A las 9:30 de la mañana, el juez presidente del tribunal colegiado, Manuel Turcios, pidió a las partes que se acercaran al estrado para fijar en conjunto los puntos concretos sobre los que versaría la audiencia especial. El fiscal Luis Martínez pidió tiempo, cinco minutos, para acordar entre la Fiscalía y la defensa los puntos a tratar. Después, él y sus fiscales hicieron una sola rueda junto al equipo de defensores de los imputados. Terminada esa pequeña reunión, el juez comunicó al público que las partes ya se habían puesto de acuerdo y le pidió a los fiscales y defensores no utilizar ningún “factor sorpresa” en el transcurso de la audiencia.

A las 10 de la mañana, la fiscal Naida Valenzuela Padilla solicitó a los jueces Manuel Turcios, Lorena Paredes de Dueñas y Rosa Estela Hernández que se homologara el acuerdo marco firmado por el Estado y Enel ante el CIADI en diciembre. Al buscar la validación de este acuerdo, la Fiscalía renunciaba a una persecución civil en contra de los imputados, tal y como lo había hecho el mayo pasado en el juzgado 7° de Paz, a favor de otros nueve de los 17 imputados incluidos en ese momento en el caso. En un principio el caso CEL-Enel fue armado contra 21 personas, pero de todas estas la Fiscalía solo consiguió que ocho llegaran hasta la etapa de sentencia. Este viernes, luego de que la Fiscalía pidió la validación del acuerdo marco, la defensa hizo la misma petición y en pocos minutos el juez aceptó la incorporación del documento al expediente del caso.

Una hora más tarde, a las 11 de la mañana, el abogado Edgar Morales Joya, defensor de Guillermo Sol Bang, expresidente de la CEL, fue el primero en solicitar a los jueces que se cambiara la calificación jurídica del delito de peculado doloso a peculado por culpa. Actuando como una especie de vocero de los demás abogados defensores, Joya argumentó que el caso no estaba cerrado y por lo tanto todavía se podía cambiar el delito. Además, la defensa argumentó que los exfuncionarios nunca actuaron con dolo ya que en todas las decisiones que tomaron fueron asesorados por expertos en leyes, contabilidad y geotermia "para garantizar lo mejor para el país". En esa línea, las acciones de los imputados pudieron en todo caso ser negligentes o imprudentes pero no tenían dolo, sugirió Joya.

Segundos después de la intervención de Joya, el fiscal Guillermo Cárcamo se levantó y ratificó lo dicho por la defensa: “consideramos que estamos en presencia de un delito culposo”, dijo. Cárcamo no fue el único de la Fiscalía que se paró para hablar del cambio de delito. El fiscal general, enfundado en un saco azul oscuro, se puso de pie y ahondó en las razones que tenía la Fiscalía para apoyar la nueva calificación del delito.

Según Martínez, los imputados actuaron en el cumplimiento de políticas públicas que respondían a los problemas de los salvadoreños: la búsqueda de un socio estratégico para LaGeo tenía como objetivo incrementar la producción de energía geotérmica. “Compartimos la propuesta de la defensa de cambiar la calificación jurídica del delito de peculado (doloso) a peculado por culpa porque confirmaron la comisión de la negligencia", dijo Martínez. "Estamos conscientes de los efectos del cambio de calificación”, añadió, sabedor de que el nuevo delito, de haberse cometido, prescribió en 2007.

Esta audiencia especial, en la que la Fiscalía pidió el cese de la persecución civil y la defensa el cambio de delito, se agendó luego de dos peticiones escritas presentadas el 11 de junio pasado ante el tribunal 4° de Sentencia. El primer escrito fue presentado por la defensa de los imputados a las 8:08 de la mañana. El segundo, el de FGR, fue introducido 46 minutos después.

A las 12:05 del mediodía de este viernes, el juzgado declaró receso del proceso y la audiencia se retomó hasta las 2:00 pm. A las 2:30, sin que la representación fiscal estuviera presente, el juez Manuel Turcios comenzó a argumentar la decisión de tribunal para eximir a los imputados de una responsabilidad civil. Para el juez, dado que ambas partes se habían puesto de acuerdo en la petición, y que ni la CEL ni la INE, acusadoras privadas en el caso, se pronunciaron como ofendidas, no tenía sentido continuar con la persecución por esa vía. “El Tribunal da sobreseimiento definitivo de responsabilidad civil a los imputados”, cerró Turcios, ya con los fiscales presentes.

Con el fallo del Tribunal de Sentencia, los jueces invalidaron un fallo previo del juez de instrucción, Miguel García Argüello, quien en mayo pasado argumentó que el Acuerdo Marco no era vinculante para este proceso penal bajo el argumento de que ese documento no tenía el peso jurídico de un tratado internacional "puesto que los sujetos vinculados al mismo no son sujetos de Derecho Internacional”.

Agotada la persecución civil, los jueces de sentencia tenían que pronunciarse sobre si se cambiaba el delito imputado, como solicitaban las partes. Cuando el juez Turcios intentó explicar si encontraron o no en la investigación indicios para determinar si los imputados cometieron delito por culpa, sus palabras fueron contundentes: “no vemos el riesgo jurídico de las acciones de los imputados y tampoco vemos de qué manera haya otras personas que se hayan enriquecido. Mayoritariamente no se aprecia cuál ha sido el rol de cada uno de ellos. Nadie puede asegurar que el delito comenzó en el 2002 ”, dijo Turcios antes de dar el veredicto. En otras palabras, los jueces concluyeron que la Fiscalía aceptó un cambio en la tipificación del delito hacia un delito para el cual, a juicio de los jueces, no había presentado ninguna prueba. A eso de las 3:10 de la tarde, Turcios sentenció, apoyado en dos de los tres votos de los miembros del tribunal: “se declara la prescripción penal en este caso”.

Veinte minutos más tarde, la jueza Rosa Estela Hernández explicó su voto disidente. Según Hernández, sus compañeros erraron al concluir que el nuevo delito no se había configurado, dado que no se habían valorado las pruebas de la Fiscalía para sustentar esa nueva acusación. Hernández sí estuvo de acuerdo con aceptar que se extinguiera la responsabilidad civil gracias a la firma del acuerdo marco, pero no dio su voto para hacer el cambio de tipificación del delito ni para liberar a los imputados. “Se ha declarado que un hecho es culposo cuando no se ha definido si hay un delito. Con la prescripción se declara la existencia de un delito”, expresó la jueza, que defendió la necesidad de que el juicio se celebrara. “El acto fundamental de la fase plenaria es la vista pública y el tema central de la vista pública es determinar si los hechos son o no constitutivos de delito”, dijo Hernández.

En la argumentación de la prescripción del delito, que sirvió para declarar la libertad de los imputados, el juez Turcios argumentó que el Juzgado se basaba en una resolución de la Sala de lo Constitucional referente a las características de prescripción para el delito del peculado culposo. Sin embargo, en la audiencia, el juez no específico a qué resolución se refería.

El artículo 326 del Código Penal establece: “el funcionario o empleado público que, por su culpa, diere ocasión a que se cometiere por otra persona el peculado (...) será sancionado con una pena de prisión de dos a tres años si el peculado fuere inferior o igual a cien mil colones; y con prisión de tres a cinco años si supera esta cantidad”. Para este delito, el artículo 32 del Código Procesal Penal establece una prescripción siempre y cuando la acción penal prescriba “después de transcurrido un plazo igual al máximo previsto en los delitos sancionados con pena privativa de libertad”. Para este caso, la pena máxima es de cinco años, tiempo que ya ha transcurrido desde que todos los imputados dejaron de trabajar para el gobierno, en el primer lustro del nuevo siglo.

De $1,824 millones a $148 millones a… nada

La acción final de la Fiscalía en el caso CEL-Enel es en realidad el último tropiezo de una acusación que hizo muy poco para robustecer sus propios hallazgos a lo largo delos últimos dos años.

Desde que la Fiscalía comenzó la investigación, siempre argumentó que durante el proceso de contratación de un socio estratégico para LaGeo (que en aquel momento aún se llamaba Gesal) el exministro de Economía Miguel Lacayo, el exrepresentante legal de la empresa estatal italiana Enel, y siete exdirectivos de la estatal CEL, propietaria de la geotérmica, ejecutaron o permitieron irregularidades destinadas a eliminar la competencia en la licitación, impedir que otras instituciones (incluida la Asamblea Legislativa) pudieran fiscalizar las decisiones de CEL y beneficiar a Enel de la explotación de recursos naturales del país en contra de los intereses de los salvadoreños.

En marzo de 2013, Martínez designó a una comisión especial de investigación presidida por el abogado Saúl Morales para que se hiciera cargo del caso. En noviembre del mismo año esa comisión investigadora entregó el informe final de su indagación, y dictaminó que procedía una investigación por corrupción política contra el expresidente Francisco Flores y algunos de sus funcionarios. Sin embargo, el Fiscal decidió orientar la investigación a un posible peculado en un contrato, el de 2002, “lesivo para el Estado”, y eximió al presidente Francisco Flores y al exsecretario técnico de la presidencia, Juan José Daboub de cualquier implicación en el posible delito. La Fiscalía, además, en un principio estimó que la afectación para el Estado había sido de $1,802 millones de dólares e hizo abundantes declaraciones públicas en las que destacó en monto del supuesto robo a las arcas del país, pero en enero de 2015 terminó presentando un caso en el que el supuesto daño al Estado era un 92% menor. Sin rectificar en público, la Fiscalía pasó de reclamar 1,802 millones a poco más de 140 millones, según los documentos judiciales que pasaron a la etapa de sentencia.

En materia civil, la Fiscalía también navegó por una corriente totalmente diferente a la de la persecución penal. El 2 de agosto del 2013 Enel inició un arbitraje contra El Salvador en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), en Washington, acusando al país de incumplir el contrato de 2002 y negarse a en 2006 a que Enel se convirtiera en accionista mayoritario de La Geo. El Salvador se negaba también a cumplir la sentencia sobre este mismo punto de un laudo arbitral dado en París en octubre del 2008, y que obligaba al Estado salvadoreño a pagar $124 millones.

El 7 de diciembre del 2014, Enel y el Estado salvadoreño, a través de la representación del Fiscal General de la República, Luis Martínez, firmaron en Washington el conocido como acuerdo marco. Dicho documento permitía al Estado comprar a Enel, por un total superior a los $128 millones, todas las acciones que la empresa italiana tenía en LaGeo, y a cambio eximía de responsabilidad civil a todos los imputados en el caso CEL-Enel, tanto aquellos que habían sido empleados de la empresa italiana como los exfuncionarios salvadoreños.

A inicios de la semana, el secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, intentó desligar al gobierno de Salvador Sánchez Cerén de las decisiones que tomó el Fiscal Martínez para firmar ese acuerdo marco, en el que se aceptaba que para recuperar las acciones de LaGeo se cesaría la persecución civil en contra de los imputados en el caso. “El acuerdo marco lo firmó el fiscal general, el Gobierno no ha firmado nada”, dijo Lorenzana en la entrevista Frente a Frente. Sin embargo, en las fechas en que ese acuerdo se firmó, el gobierno de Salvador Sánchez Cerén defendió la compraventa argumentando que había sido un logro recuperar (a cambio de más de $128 millones)las acciones en LaGeo que, en teoría, según la tesis fiscal en ese momento, habían sido ilegalmente arrebatadas a El Salvador.

También el actual presidente de la CEL, David López Villafuerte, afirmó después de la firma del acuerdo marco que en ningún momento la autónoma aceptaba eximir de responsabilidad civil a los exfuncionarios acusados de peculado. En mayo, Villafuerte declaró que CEL solo entregó finiquitos a los representantes de Enel Green Power porque solo aceptó eximirlos a ellos del proceso civil.

Acusados esperan de resolución final de del juez en el caso Cel-Enel. Foto: Valeria Guzmán 

Acusados esperan de resolución final del juez en el caso CEL-Enel, el viernes 3 de julio de 2015. Foto: Valeria Guzmán.

Este viernes, durante la audiencia, el apoderado de CEL, Ángel Samuel Torres Rojas, fue cuestionado por el juez Turcios, quien le preguntó si su representada deseaba o no continuar con la exigencia de responsabilidad civil. Torres Rojas respondió que solo se encontraba en la audiencia ejerciendo su derecho a la escucha y que no tenía instrucción de sus superiores de hacer ninguna petición. El viernes, en su calidad de víctima, la CEL, administrada bajo el segundo gobierno del FMLN, decidió guardar silencio. El sábado 4 por la mañana, el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, anunció que su gobierno respetará el fallo, es decir el cierre definitivo, del caso Cel-Enel.

 

FE DE ERRATA:
En la primera versión de este texto se decía que a la audiencia especial del viernes 3 de julio en San Salvador asistió una representante del despacho jurídico Foley Hogan. El nombre correcto de esta firma estadounidense es Foley Hoag. Pedimos disculpas por el error.

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