Mientras que el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Eugenio Chicas, afirmó a inicios de junio que la mayoría de víctimas de homicidios en El Salvador corresponden a personas pertenecientes o vinculadas a pandillas, datos de la Policía Nacional Civil entregados a El Faro muestran que en realidad esa proporción apenas sobrepasa el 30 % en los asesinatos ocurridos en los primeros cinco meses del año.
“La mayoría de muertos que están ocurriendo son vinculados a pandillas y crímenes, el 40 % son víctimas de la sociedad', dijo Chicas en una entrevista en el canal 33 de televisión, el 7 de junio. El 12 de junio El Faro pidió a la Oficina de Información y Respuesta de la PNC la información sobre el número de pandilleros asesinados desde el 1 de enero hasta el último día de mayo de 2015. El 6 de julio la PNC remitió un informe elaborado por la Unidad Central de Análisis y Tratamiento de la Información en el que se informa que solo un 30.04 % de las víctimas han sido identificadas como pandilleros, es decir, la mitad de la proporción revelada por el secretario de Comunicaciones de la Presidencia un mes antes.
“Según información preliminar que se ha obtenido de la investigación de los 2,180 homicidios registrados en El Salvador de enero al 31 de mayo 2015, tenemos que 655 eran personas que pertenecían a estructuras de pandillas o maras representado el 30.04 % de la cantidad total de los homicidios registrados”, dice la respuesta dada por la Oficina de Acceso a la Información de la PNC.
En los primeros cinco meses del año, la PNC registró 2,180 homicidios a nivel nacional. Mayo cerró con 635 homicidios, desplazando a marzo que con 481 asesinatos ya se había convertido en el mes más violento del siglo. La PNC ha concluido que de esos más de dos mil asesinados, solo 655 eran miembros de pandillas o maras. Es decir que 1,525 ciudadanos no tiene ninguna vinculación comprobable con alguna pandilla, al menos no en los análisis de la misma PNC.
En su mensaje del 7 de junio pasado, Chicas hacía una distinción sobre la cualidad de las personas que estaban muriendo en el año en que se ha roto por completo la tregua entre las pandillas y el gobierno, y se han disparado los enfrentamientos entre los agentes de seguridad pública y los pandilleros.
El 9 de junio El Faro le cuestionó en qué basaba su porcentaje y su análisis, y el funcionario respondió: “Es la propia Policía Nacional Civil la que ha dado los datos estadísticos formales”. Chicas agregó que también retomaba la información de una declaración que escuchó en la primera conferencia conjunta del gabinete de Seguridad realizada en Casa Presidencial el 5 de junio. Sin embargo, quien pronunció ese porcentaje no fue el director de la Policía, sino el ministro de Seguridad, Benito Lara.
El 5 de junio, Lara fue cuestionado sobre la viabilidad de la estrategia de Seguridad del gobierno. El ministro, en respuesta a un periodista de La Prensa Gráfica, explicó que el gabinete había implementado cambios tanto en el sistema penitenciario como en el combate frontal a la delincuencia y que las pandillas respondieron a dicha estrategia creando un alza en los homicidios. Lara, además, intentó enviar un primer mensaje para que la población entienda quiénes son los que están muriendo en las calles. “Es bueno decir y seccionar qué tipo de homicidios y quienes están en este momento falleciendo. A nosotros no nos debe alegrar ninguna muerte. Son salvadoreños y casi todos jóvenes. Un aproximado de un 60 % de homicidios son producto de la disputa que hay entre los grupos delincuenciales en este país”, dijo el ministro. La declaración de Lara no hizo una distinción entre pandilleros y no pandilleros. Ni ahondó en explicaciones sobre si el resto de las víctimas mueren en un fuego cruzado de la guerra entre pandillas, entre pandillas y la Policía o si mueren como consecuencia de las actividades ilícitas de las pandillas (extorsión, eliminación por desconfianzas, purgas internas, etcétera).
El secretario de Comunicaciones, sin embargo, sí se arriesgó a hacer precisiones sobre quiénes representan ese 60 % de víctimas de homicidios vinculadas a pandillas. Luego de ser cuestionado por El Faro, Chicas fue tajante al hacer una distinción entre las víctimas de homicidios. “El 60 % están vinculados a estructuras de criminalidad, véase pandillas, estructuras de apoyo a las pandillas, cabecillas… o sea el 60 %”, dijo. Según el vocero de Casa Presidencial, la menor parte de los asesinados pertenecían al sector no pandillero de la población. “El otro 40 % son víctimas circunstanciales e inocentes que resultan afectadas por los delitos de esos grupos delincuenciales”, añadió.
Los datos brindados por la PNC cuestionan dicha afirmación y en el porcentaje que brinda la Oficina de Acceso a la Información se invierten los roles. De cada 100 asesinados, la Policía descarta que sean miembros de pandillas 70.
El Faro también consultó a la PNC el método por el cual, en una escena de homicidio, los investigadores concluyen que el fallecido pertenecía a una pandilla. La PNC respondió que hay tres formas de establecer nexos entre el fallecido y las pandillas. La primera es ingresar el nombre de la víctima en las bases de datos relacionadas con pandillas para verificar si es un miembro ya identificado. En segundo lugar, la PNC también evalúa la existencia de tatuajes que puedan delatar la pertenencia a una estructura criminal. Por último, la Policía dictamina si alguien era pandillero “a través de información obtenida en las diligencias de investigación, por medio de entrevistas que se realizan a parientes, testigos, personas presentes en la escena del crimen y demás.”
La PNC dijo también que aunque solo se puede comprobar que el 30.04 % de víctimas de homicidios entre enero y mayo de 2015 pertenecían a pandillas, “los datos varían conforme (se) avanza en el proceso de investigación de cada homicidio, pudiendo aumentar la cifra de homicidios pertenecientes a maras o pandillas”. La promesa de la PNC, sin embargo, puede que no llegue a cumplirse. En El Salvador se estima que un 95 % por ciento de los casos de homicidios quedan en la impunidad, debido a las dificultades de la Policía y la Fiscalía para dar con los responsables de los crímenes en las investigaciones, llevarlos a juicio e intentar una condena.
