El gobierno salvadoreño empezó este jueves 16 de julio a implementar el plan El Salvador Seguro, en el municipio de Ciudad Delgado, un proyecto que recoge una serie de medidas que ya han sido puestas en práctica anteriormente y que al menos en la forma en que se ejecutaron no aportaron a resolver el problema de violencia.
Casa Presidencial difundió un comunicado en el que expuso que la territorialización del nuevo plan en Ciudad Delgado se basa en cinco ejes. En el eje de seguridad territorial, el alcalde del municipio, Tomás Minero, explicó que implementarán una veda de armas en cinco sectores. En julio de 2011, el expresidente Mauricio Funes decretó la veda de armas para Ciudad Delgado y otros 27 municipios. Dos años antes, el Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador apoyó la misma medida y Ciudad Delgado también se comprometió, en esa ocasión. El alcalde Minero agregó que también implementarán planes de videovigilancia y fortalecerán al Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), similar a las medidas que ha anunciado el alcalde Nayib Bukele, para la capital, San Salvador.
El nombre del plan, El Salvador Seguro, recuerda al que hace solo 11 años echó a andar el gobierno de Antonio Saca, quien había bautizado a su propuesta de gobierno País Seguro, y en cuya administración se lanzaron algunas de las medidas que esta administración está impulsando, como la policía comunitaria.
Otro componente del plan es la ampliación de oportunidades educativas. Para eso, Minero dijo que realizarán reparaciones de 11 centros escolares -algo que se entendería que es una obligación permanente para el Estado-, que lanzarán programas de salud mental y ampliarán el programa de Escuelas Inclusivas de Tiempo Pleno, una iniciativa que Franzi Hato Hasbún, el actual Comisionado de Seguridad, echó a andar en 2013, cuando fungía como ministro de Educación. El propósito de las escuelas de tiempo pleno es mantener en las aulas la mayor cantidad posible de tiempo a los estudiantes, como una medida de prevención de incorporación a las pandillas.
En cuanto al eje de oportunidades laborales e inserción productiva, habrá 500 nuevos beneficiarios del Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI). Ese plan, que consiste en dar 100 dólares mensuales a los participantes a cambio de que participen en cursos de capacitación y voluntariados municipales, data de 2010 y ya le costó, en 2013, un descalabro con Estados Unidos al gobierno salvadoreño. La agencia de cooperación estadounidense USAID excluyó del apoyo a seis municipios (entre ellos Ciudad Delgado), después de que se revelara que había pandilleros beneficiados con esos fondos.
El viceministro de Seguridad, Juan Javier Martínez, defendió el pasado 15 de julio el relanzamiento del programa PATI y aseguró que “no tiene que ver con el tema de pandillas” y que el Banco Mundial ha considerado que esta iniciativa debería continuar en este y en los otros nueve municipios que se incluirán este año en la ejecución del plan gubernamental: Colón, Zacatecoluca, Santa Ana, Sonsonate, San Salvador, Soyapango, Jiquilisco, Cojutepeque y Mejicanos.
Otras acciones específicas para el municipio piloto incluyen la remodelación de espacios públicos que, según Martínez, son “la pavimentación de la calle a la colonia Hábitat Confía y la construcción de zonas de patinaje en unas quebradas”. El último punto de atención es la atención a víctimas, aunque no hubo mención de acciones específicas para este eje.
Minero, que es un alcalde del partido en el gobierno nacional, el FMLN, aceptó timídamente que el nuevo plan gubernamental guarda semejanza con otra iniciativa que él mismo contribuyó a implementar en el año 2013, a apenas una cuadra de donde se realizó el lanzamiento de este año: la declaratoria de Ciudad Delgado como un municipio libre de violencia, en el marco de la tregua entre pandillas, gestada en marzo de 2012. 'Ya que el otro método fue muy criticado y se echó al traste, entonces hoy han creado el plan El Salvador Seguro. La decisión está en buscar una solución a este problema de inseguridad. Cual sea el método y cual sea la oportunidad, nosotros vamos a estar ahí. Hoy es un plan que ya no nace desde el territorio hacia arriba, sino que arriba se ponen de acuerdo los grandes sectores de la vida nacional y nosotros, desde abajo, tratamos de engancharnos en esa propuesta, porque creemos que coincide mucho con los planes locales. Si nos acompañan de forma sincera, nos dan recursos, y la alcaldía aportan recursos, esto va a ser un éxito', dijo Minero.
Cuando Minero mencionaba a 'los grandes sectores de la vida nacional' se refería a que el plan fue concebido por la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, integrada por dirigentes de partidos políticos, por la cúpula empresarial, agencias de cooperación internacionales y otras organizaciones, que trabajaron convocadas por Sánchez Cerén.
El Faro consultó al ministro de Seguridad, Benito Lara, y al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde, cuál era la diferencia de este plan con lo que se hizo hace dos años en el mismo municipio. Lara se limitó a decir que este era un plan 'más integral', mientras que Ramírez Landaverde dijo que 'la diferencia es que las acciones que se desarrollarán están en el marco de un mayor consenso'.
Gabinete de Seguridad pide se le crea
El discurso de Benito Lara en el acto de lanzamiento incluyó una reprimenda para los medios de comunicación, que han preguntado al gobierno a que atribuyen la reciente baja de las cifras de homicidios. El promedio diario de 22 salvadoreños asesinados, que se mantuvo en junio, ha descendido a aproximadamente 15 en julio. 'No puede ser que apartemos el esfuerzo que hacen nuestros policías y Fuerza Armada y los demás y le damos más credibilidad a una carta sobre los resultados que están habiendo', dijo Lara, antes de que unas 300 personas en Ciudad Delgado le aplaudieran, por iniciativa de Aristides Valencia, el ministro de Gobernación. Lara se refería a una carta que cabecillas de pandillas, reclusos en el centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, le enviaron. La Prensa Gráfica publicó que, según inteligencia policial, la baja de homicidios era una iniciativa de las pandillas en un intento de que el gobierno se siente a dialogar y a buscar acuerdos.
El ministro Lara consideró esa explicación como una ofensa contra las familias de militares y policías. Un día antes, su segundo al mando, Juan Martínez, se rio de esa versión. 'Desde que se empezaron a reducir los homicidios, yo dije: ‘a ver por dónde viene ahora (se ríe) la historia’, porque obviamente nunca van a querer decir que el gobierno y que nuestro gabinete tenga éxito en esos temas. Yo lo que esperaría es que eso no sirva para que los mercaderes de la muerte, los voceros del crimen, los terroristas que están contra el Estado quieran incrementar', dijo el viceministro Martínez. El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, negó también el 15 de julio que el Ejecutivo busque negociar con las pandillas.
El cierre de filas del gobierno al respecto es reminiscente de la actitud que tuvieron los funcionarios de 2012, entre ellos el exministro de Seguridad, David Munguía Payés, cuando negaron que estuvieran negociando con las pandillas, después de que El Faro revelara el acuerdo. 'Nosotros no estamos en contra de plati… de que algunos platiquen, no estamos en contra que hagan sus esfuerzos de rehabilitación. Pero este gobierno planteó, por palabras del presidente Salvador Sánchez Cerén, que íbamos a entrar en una etapa de combatir con firmeza la delincuencia en nuestro país y esa decisión se mantiene', dijo Lara, entre aplausos. Minutos antes, había reconocido que 'el historial de las manos duras en este y en otros países, no han resuelto, es más, han complicado el fenómeno de la inseguridad y lo han hecho mucho más complejo'.
Lara finalizó su intervención abogando por un nuevo impuesto para financiar las tareas de seguridad. Comparó la situación del Ministerio de Seguridad con la de la cartera de Obras Públicas, una entidad que sí tiene los fondos dedicados de un impuesto que se cobra a los combustibles: el Fondo de Conservación Vial (Fovial). 'El ministro (de Obras Públicas) puede planificar estratégicamente qué hacer, puede decir 'hoy vamos a construir tantos pasos a desnivel'. Nosotros no tenemos ni la posibilidad de decir que hoy vamos a sustituir un patrulla que no sirve. Deberíamos tener otras condiciones. No debería ser así', dijo Lara.
