El domingo 26 de julio, a las 5:30 de la tarde, unos hombres hicieron señal de parada a un autobús en un populoso barrio de la capital, San Salvador. El motorista detuvo la marcha, los hombres le entregaron un sobre cerrado con una grapa, que él no se atrevió a abrir. Tal vez intuía algo, pero él no podía saber que lo que había dentro de ese sobre era un mensaje de las pandillas diferente a los usuales y que iba a traducirse, a partir del lunes 27, en el más prolongado y extenso paro forzoso del transporte público desde la guerra civil, que este miércoles 29 cumplió su tercer día y que ha evidenciado a un Estado incapaz de neutralizar los efectos de las amenazas.
El gobierno apareció la noche del miércoles con el anuncio de que tenía un plan para que, a partir de jueves, el servicio de buses y microbuses comenzara a normalizarse.
Este jueves, el ritmo de trabajo del transporte público en San Salvador no se ha normalizado. Las rutas 16, 26, 38, 6 y 46, por ejemplo, no salieron a circular, a pesar de otra amenaza por no hacerlo: la del gobierno, que anunció que sancionará a los empresarios que se rehúsen a poner en circulación sus autobuses.
La terminal de buses del Sur de San Salvador estaba prácticamente desolada en la mañana. El secretario de Comunicaciones de la Presidencia dijo que el transporte en la zona norponiente de la capital ya está trabajando en un 50 %, aunque también reveló que el punto más álgido del paro logró detener a 142 rutas, una cantidad que hasta ahora se había negado a reconocer.
Aunque el despliegue de seguridad continúa, con tanquetas de la Fuerza Armada en las calles, la embajada de Estados Unidos en El Salvador no se fía de las ofertas de normalización hechas por el gobierno. El miércoles emitió una nueva advertencia de seguridad para sus ciudadanos, con motivo del incremento de ataques contra los transportistas. El gobierno estadounidense sugirió a sus ciudadanos que eviten restaurantes, bares o ejercitarse en la vía pública, y que solo acusan a gimnasios para ese fin.
'La embajada está consciente de que elementos criminales en El Salvador han amenazado con escalar el nivel de violencia al atacar hoteles, restaurantes, centros comerciales y otros lugares públicos', dice la alerta. La embajada recuerda el atentado con granada ocurrido la noche del sábado 25 contra el hotel Sheraton. Además, califica como 'riesgoso y no recomendado' viajar en cualquier bus o microbús del servicio público.
Aunque el sabotaje al servicio de buses y microbuses no es nuevo porque desde hace años las pandillas mantienen bajo extorsión a incontables empresarios de ese sector, esta vez escaló un peldaño cuando la decisión de los pandilleros fue ordenar que los automotores no circularan. Y no circularon cientos de unidades y el gobierno no pudo evitarlo.
A la semiparalización del transporte público se fue sumando desde el mismo lunes una incertidumbre y temor adicionales que llevaron a muchos comerciantes a cerrar antes de lo usual sus establecimientos, y ya para el tercer día del paro los colegios privados habían decidido no sancionar a los estudiantes por inasistencias en estos días, y la Universidad de El Salvador optó por adelantar las vacaciones de agosto y disponer que los universitarios se presenten a clases nuevamente hasta el lunes 10 de agosto.
El gobierno puso desde el lunes a disposición del público decenas de camiones, microbuses y autobuses, pero estos no compensaron la necesidad de movilización de ese 1.3 millones de personas cuya gran mayoría se transportan en el Área Metropolitana de San Salvador, que posiblemente ha sido la región del país más afectada.
El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén también dispuso de custodia policial y militar para los transportistas, pero ni eso disminuyó el impacto de la amenaza. El martes 28, Sánchez Cerén aprovechó que inauguraba un pozo para decir que si la violencia de las pandillas recrudecía, iba a poner en la calle a disposición del público la flota vehicular militar. También dijo lo que ya había advertido el 5 de enero, cuando oficializó el fin de la tregua con las pandillas que había pactado el gobierno anterior: que su administración no dialogará con las pandillas.
Durante la tarde de este miércoles, el vicepresidente Óscar Ortiz hizo una revelación: él es en este momento presidente en funciones, porque Sánchez Cerén ha salido del país. Dijo que el gobernante, que cumplió 71 años de edad en junio pasado, viajó a Cuba a proseguir su tratamiento médico para una enfermedad que el gobierno se ha rehusado a identificar.
A las 5 de la mañana de este jueves, la cuenta oficial del presidente Sánchez Cerén en Twitter mostró alguna actividad. 'Estoy consciente de la situación que atraviesa el país', dijo en un primer tuit. 'Estoy en chequeo médico rutinario que ya tenía programado desde hace varios meses', añadió en otro. Y más adelante se refirió a quiénes llevan las riendas de El Salvador en su ausencia. 'Dejé a vp @oscarortizsv, a 1er designado y sec, privado @presidencia_sv para que den seguimiento a situación y tomen medidas necesarias'. Después pareció responder a quienes le han criticado que abandonara el país en medio de la crisis. 'De ser necesario, suspenderé mi chequeo médico y adelantaré mi regreso al país'.
Según el gobierno, de las tres principales pandillas que operan en El Salvador, la responsable de las amenazas y del paro es la facción Revolucionarios, del Barrio 18. Sin embargo, cuando este miércoles El Faro preguntó al gabinete de seguridad cómo explica que solo una de las tres pandillas pueda mantener un paro durante tres días sin que el gobierno pueda neutralizarlo, el equipo de comunicaciones de la Presidencia de la República dio la palabra a periodistas de otros medios antes de que los funcionarios pudieran responder. La pregunta de este periódico incluía una alusión a que en 2010 hubo un paro de un día por amenazas de pandillas, y si no se había aprendido lección alguna.
Los transportistas, desde el lunes, lo que viven es una agudización de la victimización en que han estado desde hace alrededor de una década, cuando las pandillas sistematizaron las extorsiones. También acostumbran exigirles que pongan a disposición los buses para viajes de placer de los pandilleros, y que incluyan a los conductores. El Estado no ha sabido resolver ese problema, y cuando esta semana vino la nueva amenaza, algunos empresarios estaban sorprendidos porque no alcanzaban a entender el propósito de los pandilleros con su orden de que no salieran a trabajar.
Según Sánchez Cerén y dirigentes de su partido, el FMLN, el paro es una pieza de un plan desestabilizador. Sin prueba alguna, el presidente y otros funcionarios han repetido en público que el principal partido de oposición, Arena, está detrás de lo que está ocurriendo.
Los empresarios coinciden en que esta vez ni los mensajes anónimos abandonados en los puntos de buses, ni las llamadas telefónicas desde las cárceles -donde están prohibidos los teléfonos-, ni los papeles engrapados que entregaron a los motoristas en colonias populosas explicaban por qué debían parar el servicio. El silencio de las pandillas, dicen esta vez los transportistas, fue lo más extraño pero, como siempre, prefirieron acatar.
Siete motoristas fueron asesinados desde el inicio de la amenaza, el domingo en la noche, hasta el mediodía de este miércoles 29 de julio. Algunos de los empleados de las rutas afectadas explicaron que ni siquiera sabían que había amenaza en su contra, y lo atribuyen a que los dueños de los autobuses no suelen comunicarles cuando hay razones para pensar que sus vidas corren riesgo.
El gobierno hasta este miércoles decía estar orgulloso de haber contrarrestado el sabotaje, pero fue solo hasta este miércoles cuando anunció que tomaría medidas concretas “para normalizar el transporte público” a partir de este jueves. En la conferencia de prensa que brindaron el viceministro de Seguridad, Javier Martínez; el ministro de Defensa, general David Munguía Payés; el viceministro de Transporte, Nelson García, y el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez, dijeron que se habían reunido con transportistas y les habían ofrecido seguridad militar y policial a partir de este jueves. El Faro les preguntó si esa 'normalización del transporte' obedecería a la iniciativa del gobierno o a que las pandillas habían decidido que el paro duraría hasta este miércoles. El viceministro de Transporte respondió que primero había que responderse qué significa 'paro', y luego insistió en que su propuesta de normalización está programada para este jueves -el cuarto día de paralización- y que no sabía si el periodista tenía información de que la amenaza terminaba en el tercer día.
La otra pregunta que no respondieron fue qué lección aprendió el gobierno de la experiencia del paro de septiembre de 2010, también motivado por amenazas de las pandillas.
No hay una cifra consolidada de unidades en paro. Más bien, el dato varía según la institución que lo diga. En el Área Metropolitana de San Salvador, según el Viceministerio de Transporte, las unidades del transporte detenidas son 680, mientras que una de las gremiales, Rutas Unidas, asegura que son mil 500. Lo mismo pasa con la cifra de rutas en paro. Antes de las 7 de la mañana del lunes, el empresario de buses Roberto Soriano dijo que eran 22. A las 10 de la mañana, ese número había crecido hasta 33, dijo. El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, dijo a la 1 de la tarde del 27 de julio que eran 37 rutas en paro. Al siguiente día, Chicas ofreció un nuevo número: 44. Sin embargo, el subdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto tenía números que duplicaban la información que ofrecía la presidencia. Cotto dijo que el primer día del paro no trabajaron 98 rutas y que el segundo día fueron 101. Es más fácil detectar una progresividad en el paro, a partir de los números. El Faro constató que, por ejemplo, la ruta 5 empezó a trabajar normalmente el lunes pero los empresarios optaron por guardar las unidades a la 1 de la tarde de ese día, cuando ya había tres motoristas asesinados.
El martes no hubo homicidios de motoristas. La víctima más reciente es Emilio Meléndez, motorista de la ruta 16, asesinado en la prolongación de la avenida Masferrer Norte, la mañana del miércoles 29 de julio. Antes de la primera muerte en el contexto del paro, dos microbuses de la ruta 4, en Ciudad Delgado, fueron quemados, la madrugada del domingo, sin dejar víctimas mortales. El jefe policial de ese municipio aceptó que tenían muy pocas pistas sobre los responsables de destruir los microbuses, porque “los conductores no aportan nada” de información. Cada uno de estos atentados reforzó el miedo e impulsó la ola paralizante que buscaban las amenazas.
Las razones del paro de transporte no son claras. Las pandillas, acostumbradas a emitir comunicados esporádicamente, han callado hasta este miércoles sobre qué hay detrás de las amenazas que emitieron y que terminaron con la suspensión de labores de buses y microbuses en todo el país. Y aprovechando este silencio, el Gobierno ha sido el primero brindar su explicación: que las pandillas están buscando un nuevo pacto, parecido al que el gobierno implementó entre 2012 y 2014 y que desplomó la tasa de homicidios en el país. “En un escalón más de su estrategia de terror contra el gobierno y el país, están amenazando y realizando verdaderos actos terroristas para obligar a un pacto”, dijo el vocero de la Presidencia Eugenio Chicas.
El Faro consultó con un pandillero que es mano derecha de un jefe de clica en el Área Metropolitana de San Salvador. Aseguró que el paro sí es un mensaje para el gobierno pero no para presionar en favor de un pacto. Este pandillero del Barrio 18 facción Revolucionarios dijo el martes a este periódico que el paro es para exigir a las fuerzas de seguridad -a la Policía y a la Fuerza Armada- que detengan los abusos y excesos en los operativos policiales. “Por ejemplo después de (que lanzaron) el Plan País Seguro en Ciudad Delgado, anduvieron botando puertas a lo loco, esas son pendejadas y la Policía tiene que parar eso”, dijo este miembro de pandillas a El Faro.
El pandillero añadió que no solo la facción Revolucionarios del Barrio 18 estaba involucrada en el paro de transporte si no también la Mara Salvatrucha y la facción Sureños del Barrio 18.
Aquí hay una coincidencia con Chicas, el vocero de la Presidencia, pues este aseveró que junto a la pandilla 18R había otras agrupaciones que habían participado, aunque en menor proporción. No obstante, fuentes cercanas a la Mara Salvatrucha han negado que esta pandilla tenga participación en el paro de transporte.
El gobierno y las pandillas llevan seis meses de una escalada de violencia en los enfrentamientos, que ha supuesto el asesinato de más de 30 policías en lo que va de 2015, asesinatos de soldados, y más de 150 'enfrentamientos' que han dejado decenas de pandilleros muertos, algunos con indicios de haber sufrido ejecución extrajudicial por parte de la Policía. En este contexto, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, subrayó que una salida al estilo de la tregua que ensayó el gobierno de Mauricio Funes con las pandillas es inaceptable. “No hay pacto posible con el mal, no hay pacto posible con los criminales, no hay pacto posible con las pandillas”, dijo Chicas. Del otro lado, el pandillero de la 18R replica: “Mientras más movimientos el gobierno haga, más movimientos va a hacer la pandilla, y esto se va a ir poniendo más caliente”.
Hasta ahora, el gobierno de Sánchez Cerén no ha podido explicar cuál es su estrategia para atender o resolver el problema de pandillas, que según cifras oficiales rondan las 60 mil personas. Durante la administración anterior, el generar Munguía Payés dijo a El Faro, cuando aún era ministro de Seguridad, que el pacto con las pandillas para reducir homicidios a cambio de beneficios carcelarios, fue una idea suya apoyada por el presidente Mauricio Funes.
La tarde del martes 7 de septiembre de 2010 se produjo una abrupta suspensión del servicio de transporte de buses y la virtual paralización del pequeño comercio, después de que circulara el rumor de amenaza por parte de pandillas. La suspensión del servicio duró dos días y medio. Durante la guerra civil eran frecuentes los paros al transporte bajo amenazas de la guerrilla del FMLN.
Cómo se operativizó el paro
El domingo 26 de julio, a las 5:30 de la tarde, cuando recibió aquel sobre engrapado, el motorista lo llevó directo al dueño del bus que él maneja. Dos días después, el martes 28, explica que este día no está trabajando porque el sobre lo que contenía era la amenaza anónima de atentar contra la vida del personal de la ruta de buses si no se abstenían de prestar el servicio a partir del lunes. Esa, la del sobre, fue una de las modalidades en que se propagó la amenaza.
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Ese mismo domingo, a eso de las 7 de la noche, las personas que limpian los microbuses en el punto de otra ruta recibieron las amenazas: “El que saque el carro mañana va a quedar pegado en el timón”, fue la orden que dieron los pandilleros oralmente. La Policía llegó a este punto de microbuses y ofreció, según uno de los dueños de microbuses, seguridad para que salieran a circular al día siguiente. Pero lo rechazó. Creyó más en la palabra del pandillero que le dijo que mataría a los motoristas si trabajaban, que en la palabra del policía que le aseguró que los protegería. “Si uno sale, ellos se echan la manta”, dice, en referencia a que los pandilleros saben quién incumplió su orden. Y la Policía no puede garantizar que los agentes vayan a permanecer en los microbuses indefinidamente, de tal forma que cuando pase la emergencia los motoristas o dueños de microbuses vuelven a merced de la la voluntad de los pandilleros.
Otras rutas recibieron llamadas telefónicas desde centros penales, explicó Juan Pablo Álvarez, uno de los voceros de los transportistas. “A nosotros desde el domingo nos dijeron que el paro era de cuatro días y que debía terminar jueves”.
¿Por qué hubo rutas que sí salieron a trabajar? Hay tres posibles explicaciones. Una es que si solo el Barrio 18 facción Revolucionarios está tras las amenazas, solo las rutas de buses que circulan por territorios dominados por esa pandilla están sometidas al paro de labores. Otra la da Álvarez, uno de los voceros de Rutas Unidas. Él cree que las unidades que salieron lo hicieron porque no había amenazas directas en su contra, pero esta versión contrasta con la realidad. Las amenazas de las pandillas viajan rápido entre los gremios de transporte. Basta que el motorista de cualquier ruta reciba un papel engrapado o una llamada, para que buena parte del gremio termine alerta. En San Jacinto, en la colonia Santa Marta, la ruta 48 dejó de trabajar solo cuando fue alertada por otra ruta que también recorre esa localidad pero que tiene su meta en el centro capitalino. “Nos llamó una ruta de microbuses y nos contaron que el sábado al mediodía habían recibido un papel anónimo en el que les ordenaban que no salieran el lunes. Nos llamaron el domingo por la noche y ahí decidimos no salir lunes”, cuenta uno de los empresarios de la ruta 48.
En otros casos donde tampoco recibieron amenazas directamente, los primeros atentados del domingo fueron los que encendieron las alertas. Catalino Miranda, dueño de buses y dirigente del sector, explica que la primera alerta llegó el domingo tras la muerte del motorista de la ruta 6 y de los incendios de los dos buses de la ruta 4 de Ciudad Delgado. “Comenzamos a hacer llamadas a otros empresarios y a cruzar información y así fue como descartamos esa noche que se trataba de un paro a nivel nacional”, explica Miranda, presidente de Fecoatrans y propietario de buses de la ruta 42. Esa noche, dice Miranda, tuvo la certeza de que solo rutas de la zona norponiente y del sur del departamento de San Salvador iban a quedarse guardadas al amanecer.
La tercera explicación la dan algunos motoristas consultados por El Faro. Dos buseros de dos rutas distintas que están en paro y que atraviesan la capital de norte a sur, y del norponiente al centro, aseguraron a este periódico que en ocasiones los dueños de las unidades no informan a sus empleados de cuando hay nuevas amenazas contra el sector. “A veces no nos avisan de nada, salimos y no sabemos si hay amenaza. Es una ruleta rusa”, dijo uno de estos conductores. Los compañeros de trabajo de uno de los motoristas asesinados aseguraron a este periódico que el lunes no sabían que había amenazas contra ellos.
Catalino Miranda y el empresario de la ruta 48 coinciden en que a veces, cuando el ambiente está demasiado cargado de amenazas, los cobradores y motoristas prefieren no salir a trabajar. “Los de Usulután desde el sábado no trabajaron, ni tampoco el domingo. A mí me dijeron pero yo no creía que fuera cierto. Fue hasta que los compañeros de los microbuses nos avisaron, el domingo en la noche, que yo lo tomé en serio”, dice el empresario de la ruta 48. Catalino Miranda explica que algunos de sus trabajadores de la ruta 42, que opera dentro del Área Metropolitana, dejaron de llegar a trabajar desde mediados de la semana pasada porque no había rutas que pudieran abordar. En otros casos, dice Miranda, no llegaron por temor a las pandillas.
A mediados de la semana pasada, entre miércoles y jueves, transportistas agremiados en Rutas Unidas aseguran haber avisado a la PNC sobre la posibilidad del paro por amenazas de pandillas. Rutas Unidas comprende a las organizaciones AEAS, ATP y Acopatt. Genaro Ramírez, presidente de AEAS, asegura haber hablado directamente con el director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde. “Desde el miércoles y jueves avisamos que había amenazas de paro en Usulután y en La Paz. El jueves mismo yo hablé con Ramírez Landaverde”, dice el dirigente de AEAS.
El departamento de La Paz, en particular su cabecera Zacatecoluca, se ha convertido en un escenario de constantes enfrentamientos entre pandillas, y entre estos y policías. “Es una zona caliente yes aquí donde la Policía está golpeando bastante fuerte”, responde Miranda cuando se le pregunta su opinión de por qué las amenazas pudieron haber comenzado en esos departamentos. Juan Pablo Álvarez, otro de los voceros de los transportistas, confirma que Zacatecoluca tiene completamente paralizado el transporte. “Ahí se originó todo, y ahí gobierna la Revolucionarios del Barrio 18”, agrega.
Algunos de los buses que vienen de oriente, entre ellos la ruta 302 que conecta Usulután, La Paz y el departamento de San Salvador, llegan a la terminal del Sur ubicada en el municipio de San Marcos. Otras rutas que tienen su origen en esa terminal, como la 26, han suspendido labores desde el lunes.
Hasta ahora, los transportistas que más han aparecido en los medios de comunicación denunciando el ataque al transporte han sido los agremiados en Rutas Unidas, es decir, Genaro Ramírez, Roberto Soriano y Juan Pablo Álvarez.
La ciudadanía sin certezas
El comercio respondió a la incertidumbre desde el primer día del paro, cerrando más temprano que lo usual muchos de los establecimientos. Pero el temor a lo desconocido se contagió a toda la población y hubo comunidades que creyeron estar bajo alguna amenaza directa y concreta. Al segundo día del paro, por ejemplo, el miedo se apoderaba de vecinos de Ciudad Merliot que hablaban de posibles toques de queda por parte de las pandillas. Las directivas de vecinos enviaron circulares a los habitantes advirtiendo sobre la amenaza. Algunos servicios alternativos de transporte, como microbuses escolares privados o mototaxis, dejaron de circular por temor. Este miércoles, en Aguilares, al norte de la capital, el mercado municipal cerró al mediodía, aunque de acuerdo con los vendedores la decisión se tomó por falta de afluencia, según publicó la Radio 102.9. El Diario de Hoy reportó el ataque armado, que dejó dos lesionados, contra un pick up que transportaba personas debido al paro en Zacatecoluca, La Paz.
Hace cinco años fue justo un ataque de pánico lo que agudizó un paro de transporte en el que buena parte de comercios y negocios cerraron temprano en el Área Metropolitana de San Salvador. Eso ocurrió a inicios de septiembre.
Esta vez, a pesar de que el Ejecutivo estima que solo el 5 % de las rutas de todo el país habían entrado en el paro, la alarma social fue significativa. Raúl Mijango, uno de los artífices de la tregua de pandillas que redujo los homicidios de manera sostenida entre marzo de 2012 y mediados de 2013, incluso escribió una carta pública dirigida a las pandillas -sin especificar a ninguna especial- en la que las exhortaba a levantar las amenazas y permitir que el sistema de transporte trabajara con normalidad. “Quiero hacerles la súplica y el llamado a que desistan de continuar con la medida del paro (...) Comparto con ustedes la tesis de que en seguridad, este gobierno ha caminado como pato (a cada paso una zurrada) pero tampoco eso justifica la violencia”, escribió Mijango.
Del paro actual, el gobierno supo, cuando menos, el domingo, según explicó el vocero de la Presidencia, Eugenio Chicas. No obstante, aclaró que no podían implementar un plan reactivo en todo el país y por eso tuvieron que esperar que estallaran los primeros atentados, los cuales se perpetraron entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. “A partir de ahí, elaboramos un mejor mapa'.
El martes ya fueron evidentes tanquetas militares custodiando los buses del sistema paralelo auspiciado por el gobierno conocido como Sitramss, la gran apuesta gubernamental para renovar el servicio a los pasajeros.
Según la Presidencia, los responsables del paro fueron dos pandilleros recluidos en el panel de Izalco. Estos fueron trasladados el martes hacia el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca. La noche del miércoles, la Fiscalía anunció la captura de otro pandillero, en Apopa, a quien llamó como el principal responsable del paro. Uno de los trasladados a Zacatecoluca es Carlos Eduardo Burgos Nuila, alias 'Nalo'. Testigos pandilleros que aceptaron declarar contra la pandilla a cambio de beneficios penales señalaron a Nalo como uno de los cabecillas de la 18R fuera de las cárceles.
Nalo aparece mencionado en un expediente de la Fiscalía de 2014. Los señalamientos contra él están en medio de un mapa de los secretos de esta facción del Barrio 18 que hizo la Fiscalía cuando buscaba castigar a los responsables por el ataque contra la delegación policial de Quezaltepeque, en La Libertad. Según los testigos, Nalo fue uno de los operadores de la tregua entre pandillas que se encontraba en libertad y era portador de un carné que lo identificaba como “mediador del proceso de pacificación”. Los pandilleros-testigos aseguraron que Nalo realizó tareas como recoger armas para una de las “entregas voluntarias” que hicieron los pandilleros durante la tregua, repartir dinero que la pandilla recibió para trabajar en la campaña electoral del año pasado, e introducir celulares a centros penales.
La reacción gubernamental también incluyó el acuartelamiento de los policías y algunas capturas. La más relevante, según la Fiscalía, se produjo en la noche del martes, en la colonia Valle del Sol, Apopa: César Vladimir Montano Clímaco, alias Sailor, identificado como cabecilla de la línea Revolucionaria del Barrio 18. “Este pandillero sería el responsable del paro al transporte público”, tuiteó la Fiscalía cerca de las 9 de la noche del martes.
El Salvador sigue con una racha alta de homicidios. Entre el 1 de enero hasta el 26 de julio se habían reportado 3 mil 263, según información del Instituto de Medicina Legal. Entre ellos, hay pandilleros que murieron a manos de la Policía, según reconocía el gobierno en abril, cuando dijo que de los más de 480 asesinatos de marzo, 140 correspondían a pandilleros muertos al enfrentarse a la Policía.
En la conferencia de prensa de la noche de este miércoles, el gobierno aseguró que el jueves comenzará a normalizarse el servicio del transporte. La Presidencia de la República informó más noche que aplicará sanciones a los empresarios que se nieguen a sacar a circulación sus autobuses y microbuses este jueves. 'Nos están obligando a salir a trabajar, y eso es para que nos maten', advirtió Roberto Soriano, de Rutas Unidas.
