El paro en el servicio de transporte público de pasajeros comenzó a normalizarse el viernes, según confirmaron el Gobierno y representantes del gremio de buseros, aunque a la hora del anuncio aun había 3 rutas, de un total de 1,331 que hay a nivel nacional, que estaban paralizadas, y el propio ministro de Seguridad Pública, Benito Lara, reconoció que el Gobierno se encontraba en estado de emergencia y que continuaría así hasta garantizar que no hubiera problemas de seguridad para el transporte.
Las autoridades adjudicaron a sus planes operativos, implementados supuestamente desde el lunes, que los buses y microbuses reanudaran sus labores, pero dichas operaciones no resultaron ser tan efectivos, al menos a la luz de las propias estadísticas que mostró la Policía Nacional Civil (PNC). Desde el lunes, la crisis no hizo más que agudizarse y la cantidad de rutas detenidas creció 5 puntos porcentuales hasta alcanzar el miércoles su máxima expresión con 153 rutas detenidas; la mayoría, en el área metropolitana de San Salvador, y responsables de movilizar cada día a decenas de miles de salvadoreños.
Para este viernes, no obstante, la situación había mejorado. Lara celebró el nuevo balance y desdeñó que el paro, en realidad, estaba destinado a terminarse entre miércoles y jueves, según trascendió que lo habían dispuesto las pandillas en sus amenazas giradas el domingo por la noche. En opinión de Lara, la acción de la PNC y el Ejército fue lo que redujo la crisis.
Lara consideró que es un error que los medios de comunicación enfoquen sus noticias en el hecho que las pandillas tienen capacidad para doblegar el servicio de transporte público. “Eso sería darle connotación a algunas personas que no deben de tenerla”, dijo Lara. 'Hay que reconocer la labor de los miles de hombres y mujeres policías', añadió.
Ni el viceministro de Transporte, Nelson García, ni el director de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde, aceptaron haber recibido información sobre el tiempo que iba a durar el paro a partir del lunes, y eso les permitió decir en la conferencia del viernes que la crisis se había reducido en las últimas horas gracias a la efectividad de las instituciones de gobierno. “El esfuerzo que hemos realizado la Policía y la Fuerza Armada, acompañadas de otras instituciones de Gobierno, han hecho posible que esta situación vaya normalizándose”, señaló Lara.
Los funcionarios parecieron ignorar lo que los empresarios de transporte y motoristas consultados repitieron en inumerables ocasiones, que las amenazas que habían recibido eran claras en advertir que la paralización de unidades debía durar cuando menos hasta el miércoles. Rutas Unidas, que aglutina a las gremiales de AEAS, ATP y Acopatt, sostuvo que la amenaza tenía vigencia hasta el jueves. Para Lara y el resto de gabinete, es un despropósito reconocer que la mejora en el servicio de transporte a partir del jueves se debe a que este era el mandato de las pandillas.
Los números de la crisis impiden concederle al Gobierno la idea de que su operatividad redujo el sabotaje. El punto máximo de la crisis fue el miércoles cuando se cumplió el tercer día del paro. Ese día, 153 rutas de todo el país permanecieron postradas, según datos de la PNC, y el número de empresas paralizadas había venido en aumento desde el primer día de la crisis, que fue lunes. El primer día fueron 93 las rutas en paro; y el segundo, 123.
El miércoles por la tarde, las autoridades se negaron a responder qué había fallado en el sistema de seguridad tomando en cuenta que un sabotaje al transporte similar ya se había dado en septiembre de 2010.
La PNC hizo otra revelación que refleja las dificultades que tienen para proveer de seguridad a todos el sector del transporte público. La Policía tuvo que pedirle a los dueños de las rutas que si decidían emprender labores que no encendieran todos los motores, según reveló Ramírez Landaverde: “El sistema de transporte se ha normalizado casi en su totalidad porque muchas rutas están brindando su servicio de forma parcial, no con todas sus unidades, porque se ha acordado hacerlo así”. Según el director, solo de esa manera podía garantizarse que cada ruta contara con un dispositivo de seguridad adecuado.
En todo el país existen unas 10,000 unidades de buses y microbuses, y según decía el martes el viceministro de Transporte, Nelson García, solo 7% de ellas -menos de mil- estaban en paro. Aun así, esa cantidad de buses y microbuses es superior a la que la PNC y la Fuerza Armada parece que pueden resguardar.
En ninguno de los cuatro días, las autoridades pudieron contrarrestar la progresividad de la crisis y, por el contrario, solo pudo disponer para la población 130 vehículos alternativos para movilizar a la población hacia sus lugares de trabajo y sus casas. Capturó a varios pandilleros vinculados a las amenazas y atentados contra el sector, y también trasladó reos de una cárcel a otra... pero contra el miedo de los motoristas y cobradores no pudo hacer nada. Desde el lunes, a pesar de que desde la PNC, el VMT y la Presidencia se aseguraba que las fuerzas de seguridad estaban en la calle garantizando la seguridad del transporte y los pasajeros, la crisis no hizo más que expandirse.
Para el director policial, hubo rutas que sin ser amenazadas directamente decidieron no salir a trabajar y eso es motivo de una investigación. “Hay que investigar por qué, a pesar de que se les garantizó la respectiva seguridad, se rehusaron a trabajar”, dijo Landaverde, y al cuestionarle si no era una reacción lógica de los motoristas, respondió que sí, pero que tampoco había que descartar otros móviles, los cuales se rehusó a identificar.
Lara y el gabinete de seguridad permitieron preguntas de la prensa pero no las respondieron una a una sino que eligieron las que iban a responder y las contestaron todas en un largo comentario de cada uno de los funcionarios presentes. El Faro quiso saber en qué había fallado la estrategia preventiva de seguridad, tomando en cuenta que muchos empresarios aseguraron haber avisado a la Policía desde la semana pasada sobre el paro, y tomando en cuenta que el mismo secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, aseveró que debieron esperar a que estallaran los primeros atentados entre el domingo 26 y 27 el lunes para saber dónde exactamente reprimir con el aparataje policial. Benito Lara respondió que este paro de transporte que causó un aproximado de 12 millones de dólares en pérdidas, lo habían enfrentado de mejor manera y que habían trabajado para desmontarlo lo más rápido posible.
Las autoridades tampoco explicaron por qué comunicaron a la población números distintos sobre la cantidad de rutas afectadas. Mientras el VMT decía que no superaban la media centena, el subdirector de la Policía, Howard Cotto, fue el que reveló la cifra más alta, la cual era superior a 100 rutas. Este viernes, por fin, la Policía, el VMT y el ministerio de Seguridad informaron que en los primeros tres días de paro el promedio de empresas que no trabajaron fue de 123 al día.
Ramírez Landaverde también desmintió que el jueves de la semanana hubiera sido alertado por Genaro Ramírez, dirigente de una de las gremiales que más apareció en los medios de comunicación en esta semana de crisis, AEAS. Según Genaro Ramírez, él informó al director policial que había amenazas de sabotaje en Usulután y La Paz. 'Quizás él no se acuerda bien cuándo fue que hablamos, pero yo sí me acuerdo. Desde principios de año, ha habido indicios de que una situación como esta (paro) se iba a dar y hablamos en esa ocasión'.
