La unidad élite de la Policía Nacional Civil (PNC) que en marzo participó en un operativo que acabó con la vida de ocho personas -dos de ellas menores de edad- en el casco de una finca cafetalera del municipio de San José Villanueva, en La Libertad, actuó conforme a los procedimientos normativos del uso de la fuerza, a juicio del director general de la institución, Mauricio Ramírez Landaverde. Se trata de las primeras declaraciones que brinda sobre el caso desde que la investigación 'La Policía masacró en la finca San Blas', que señala incoherencias entre la versión oficial de los hechos, las autopsias y el testimonio de sobrevivientes y otros testigos, se publicó el pasado 22 de julio.
“Hasta el momento, toda la información pericial, documental, testimonial, todos los informes de inteligencia sustentan la actuación de los miembros de la Policía, hasta este momento”, respondió Ramírez Landaverde al ser cuestionado por los indicios de ejecuciones sumarias que recoge la investigación de El Faro.
Este periódico entrevistó a cuatro jóvenes que aquella madrugada escaparon con vida de la finca; habló con familiares de siete fallecidos; revisó los ochos levantamientos forenses y las ocho autopsias; analizó una parte sustancial del expediente fiscal 90-UFEADH-LL-15, incluida el acta que recoge el levantamiento de la escena; consultó a expertos en derechos humanos, a médicos forenses, a fiscales, a un instructor profesional de tiro; examinó las notas, las fotografías y los videos publicados tras la matanza; visitó el lugar de los hechos y los asentamientos aledaños; y –lo más importante– descubrió que una familia de campesinos, familiares de una de las víctimas no pertenecientes a ninguna pandilla, estaba también aquella noche en San Blas, y que atestiguó el operativo del GRP.
Todos los testimonios y pruebas documentales recogidas por El Faro incluso llevaron al procurador de la defensa para los derechos humanos, David Morales, a decir que hay indicios de delito en el operativo y en las actuaciones posteriores tanto de la Policía como de la Fiscalía. En una entrevista con El Faro Radio el jueves 23, el procurador Morales aseguró que hubo negligencia, omisiones graves y un posible encubrimiento por parte de la Inspectoría de Seguridad Pública en la investigación del caso, pero Ramírez Landaverde cree que no es así. “La Policía tiene como línea de actuación apartar todos aquellos miembros que pudieran haberse relacionado con el caso en sí, quienes atienden desde el momento la inspección y la investigación son las unidades especializadas nuestras. El caso se está investigando desde el primer minuto”, dijo el director de la Policía.
Ramírez Landaverde dice que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sigue en su fase inicial, pero que hasta ahora no hay pruebas, en su opinión, que incriminen a los integrantes del Grupo de Reacción Policial (GRP) que intervino en la finca San Blas, en el cantón El Matazano 2, en la madrugada del 26 de marzo.
El funcionario no detalló cuáles eran las pruebas que permitían, hasta ahora, concluir que la unidad del GRP había actuando en defensa propia. Según la versión oficial del caso, los policías habían repelido un ataque de ocho pandilleros, que fallecieron en el intercambio de disparos.
“El caso está bajo las autoridades pertinentes, la investigación va en determinada línea y, en el momento en que surja nueva información, deberá añadirse, como en cualquier otra investigación”, señaló Ramírez Landaverde.
Según el director policial, si surgen nuevas pruebas en la investigación, habrá que ver si son idóneas. “Se recabó información de todo tipo y si hay otra, pues hay que considerarla en su debido momento y valorar quién lo expresa, cuáles son las pruebas, y si la persona que lo dice está calificada”, dijo.
Consultado sobre la situación laboral de los miembros de la unidad del GRP que participaron en el operativo, Ramírez Landaverde confirmó que están de alta: “Los que participaron están en servicio activo”.
