Miguel Ángel Avelar Pérez, el comandante de guardia de un puesto policial ubicado en el casco urbano del municipio de San Ignacio, Chalatenango, fue la más reciente víctima de los ataques que sufre la Policía Nacional Civil (PNC) en un año que se ha convertido en el más violento para la corporación policial desde que el FMLN llegó al poder en 2009. En principio, la Fiscalía informó que la víctima se llamaba José Luis Guardado Menjívar, pero la oficina de prensa de la PNC corrigió esa información poco después.
Avelar Pérez fue asesinado cerca de la 1:30 de la tarde, dentro del propio puesto policial que se ubica contiguo al parque central del municipio, y que tiene menos de un año de funcionar. De acuerdo con información policial es la pandilla MS-13 la que opera en la zona.
Este es el quinto ataque contra policías en la primera semana de agosto en un año en el que las pandillas han tomado como blanco a los agentes de la Policía en sus horas libres, en operativos, en patrullajes preventivos o en sus turnos de guardia. El miércoles 5 de agosto otros dos agentes de la Policía Nacional Civil fueron asesinados en dos ataques que sugieren una nueva escalada de violencia en contra de la corporación policial similar a la registrada en enero de 2015, cuando en los primeros 12 días del año las pandillas asesinaron a siete policías en el inicio de año.
De hecho, 2014 y 2015 se han convertido en los años más violentos para la PNC, con 39 y 42 bajas (81 víctimas en total), una cifra que alcanza al total de víctimas de la corporación registradas pero entre los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 (81 en total). La escalada de ataques contra policías, desde 2009 (cuando se registraron 18 asesinatos de agentes), tiene una fuerte relación con las políticas de seguridad del gobierno del Frente, que a partir de 2010 movió su estrategia de seguridad luego de que pandilleros del Barrio 18 incendieran un microbús repleto de civiles y dispararan a los pasajeros que intentaron huir. Ese año de 2010, la cifra de agentes asesinados se mantuvo en 18. Tras aquel incidente, el gobierno del expresidente Mauricio Funes promulgó una nueva ley antipandillas y autorizó el control del ejército en los penales con presencia de pandillas en el país. Al año siguiente, 2011, con las cárceles sitiadas y el ministro de Defensa, David Munguía Payés declarándole una guerra a las pandillas, se registraron 17 policías asesinados y una docena de militares. Para aquel entonces, las autoridades señalaron que el blanco de las pandillas eran más bien los militares y que las órdenes de ataques provenían de la cárcel de Ciudad Barrios, donde guardaban prisión mandos medios de la Mara Salvatrucha-13 entre una población de más de 2 mil 300 reclusos.
En 2012, el año en el que el primer gobierno del FMLN negoció la reducción de los homicidios a cambio de beneficios carcelarios para los pandilleros, la cifra de agentes asesinados bajó a 15, y un año más tarde, todavía con la tregua en pie, la Policía solo registro 13 bajas en la institución.
2014 podría plantearse como el año en el que no solo se resquebrajó la tregua sino en el que los enfrentamientos entre policías y pandilleros crearon el ambiente propicio para lo que se vive en este 2015. Tras el silencio sobre una continuación de la tregua autoimpuesto por el gobierno de Funes en el último año de su gestión, y la negativa del vicepresidente del país y candidato a la Presidencia del FMLN para pronunciarse al respecto, las pandillas lanzaron algo que hoy puede leerse como una advertencia. Con la tregua casi desmantelada, la escalada de violencia contra agentes se ubica en un contexto de batallas entre policías, militares y pandillas que se remonta a abril de 2014, cuando en un comunicado conjunto entre las pandillas MS-13, y las dos facciones del Barrio 18 (Sureños y Revolucionarios), estas organizaciones denunciaron la represión de los policías en sus territorios y el asesinato de un centenar de miembros sin justificación. En aquel comunicado, las pandillas advirtieron que de continuar esos ataques ellos responderían también con fuego.
Al finalizar 2014, al parecer, los enfrentamientos no cesaron y El Salvador registró 39 policías asesinados. Los siete asesinatos de agentes registrados en los primeros 12 días del año fueron argumento suficiente para que el presidente Salvador Sánchez Cerén rompiera con el plan de seguridad de su antecesor y lanzara a sus policías a una guerra.
El 5 de enero de 2015, Sánchez Cerén rompió con la tregua entre las pandillas, un pacto entre las organizaciones que surgió luego de la negociación del gobierno del expresidente Mauricio Funes con ellas para reducir los homicidios a cambio de beneficios carcelarios. Salvador Sánchez Cerén, el vicepresidente del gobierno anterior, dio por muerta la tregua en enero de 2015, cuando dijo que su gobierno no negociaría con criminales.
Sánchez Cerén se desligó de la tregua y aseguró que negociar condiciones carcelarias y otros beneficios con los pandilleros, como sucedió en la tregua pactada en marzo de 2012, era ilegal. Los cabecillas de las principales pandillas fueron trasladados de regreso a la cárcel de máxima seguridad, de donde habían sido sacados hacia prisiones con otros miembros de sus respectivas estructuras, en febrero de este año. A partir de ahí, los niveles de violencia se dispararon. En Marzo, el mandatario incluso presentó como un logro que más de 140 pandilleros hayan perecido en enfrentamientos con la Policía. Ese mes, el mandatario atribuyó un 30% de los 431 homicidios registrados a la Policía. Junio se convirtió con el mes con mayor cantidad de homicidios en el nuevo siglo, con 677 asesinatos registrados, según el Instituto de Medicina Legal.
Seis meses más tarde, en un año sin treguas, las pandillas parecieran haber lanzado otra ofensiva, y en menos de 48 horas, y en distintos puntos del país, cuatro agentes de la PNC fueron asesinados entre el 4 y 5 de agosto, en hechos en los que las primeras descripciones de la institución apuntan a emboscadas o a ejecuciones planificadas.
El miércoles 5 por la noche, en el penúlltimo de los atentados, registrado en la colonia Santísima Trinidad de Mejicanos, un agente de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) murió en un enfrentamiento con pandilleros. El agente, identificado como Daniel Preza Navas, que se estaba mudando de colonia, habría dado muerte a tres de sus atacantes.
Esa mañana, un miembro del Grupo de Reacción Policial (GRP) identificado como José Marvin Ortiz Herrera fue asesinado en el cantón San Antonio, conocido como La Pandura, de Santa María Ostuma, La Paz. El puesto policial de Santa María Ostuma ya había sido atacado, el 21 de abril de este año, con una granada. En este caso, los reportes iniciales indican que se trató de un enfrentamiento armado con pandilleros.
El martes 4 hubo otros dos policías asesinados. El puesto de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Matías, municipio de La Libertad, a unos 30 kilómetros al noroeste de San Salvador, recibió una llamada la mañana del 4 de agosto para que los agentes de turno atendieran una supuesta emergencia cerca del cantón Santa Rosa. Cuatro agentes abordaron una patrulla de la estación policial y fueron a atender la emergencia al lugar que les indicaron: el barrio Santa Lucía, donde fueron emboscados, cerca de las 8:30 de la mañana. El sargento José Mario Gómez y el agente David Rivera Villalobos murieron a causa de los impactos de bala. El agente Mario Díaz López también resultó lesionado y fue trasladado hacia San Salvador para recibir asistencia médica.
En la mañana del martes 4 de agosto, el subdirector de la PNC, Howard Cotto, declaró a la Radio Nacional que pandilleros son sospechosos de haber cometido este último atentado. 'Todo ocurrió cuando iban ingresando a la zona y aproximadamente cinco sujetos abrireron fuego contra nuestros compañeros'.
Temprano esa misma mañana, el ministro de Defensa, David Munguía Payés, también informó que enviaron a algunos grupos de tarea conjunta del Ejército a colaborar con el operativo de búsqueda de los responsables del crimen en la zona de San Matías. La Policía Nacional Civil también desplegó un operativo, en el que se incluyeron elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), pero cerca del mediodía de este martes 4 de agosto todavía no se reportaban capturas.
En los primeros 12 días del año la frecuencia de asesinatos de policías por mes superó la registrada el año 2014 (3.2 por mes). Hasta julio de 2015, la frecuencia mensual de asesinatos para este año continúa arriba de lo registrado el año pasado (con cinco casos mensuales).
Los cinco asesinatos de policías cometidos en los primeros siete días de agosto ocurren solo días después de que finalizara un paro al transporte público obligado por las amenazas de las pandillas. El paro inició el lunes 27 de julio y finalizó jueves 30. Se calcularon en miles las pérdidas económicas y la medida afectó a más de 1.3 millones de salvadoreños.
*Nota de la redacción: la versión original de esta nota fue modificada en la tarde del 7 y en las mañanas del 5 y 6 de agosto para incorporar nueva información de interés.
