En México, la violencia ha permitido que las voces críticas cedan al miedo. No importa la región, ésta se aplica con el objetivo de quitarle la voz a quienes denuncian un Estado de simulación, donde no hay garantía de derechos humanos.
La crisis que se vive en México ha tenido un grave impacto en la libertad de expresión. A pesar de las advertencias y recomendaciones otorgadas por organismos y autoridades internacionales, los casos se caracterizan por la inactividad de los gobiernos federal y estatales. La impunidad -dígase la falta de investigación- es el común denominador en todos los casos de violencia contra la prensa.
Hoy vivimos un hito en lo que respecta la violencia contra la prensa en México. El multihomicidio en la Colonia Narvarte, en donde perdieron la vida el fotoreportero de Proceso y Cuarto Oscuro, Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, ha colocado una zozobra colectiva dentro del gremio periodísitco y de los defensores de los derchos humanos.
Tanto Nadie como Rubén habían salido del estado de Veracruz por haber recibido amenazas y hostigamiento por el trabajo que realizaban. El 15 de junio, Artículo 19 sacó una alerta que anunciaba el desplazamiento forzoso de Rubén Espinosa a la Ciudad de México. Es la primera vez que se asesina a un periodista en la Ciudad de México.
El caso de Veracruz es emblemático. La entidad del sureste mexicano es el lugar más peligroso en América Latina para los periodistas. Desde el año 2000, 18 periodistas han sido asesinados;14 de ellos durante la gubernatura de Javier Duarte. Cinco periodistas más permanecen desaparecidos.
Sus organismos de protección a periodistas y derechos humanos adornan las palabras de un gobernador que se ha dedicado a desconocer a quienes son críticos con él. En su lugar se ha dedicado a utilizar indiscriminadamente el gasto en publicidad oficial para mantener su imagen.
En 2014, Artículo 19 documentó 41 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en Veracruz.
Este contexto ha llevado a la prensa y a los ciudadanos a resguardarse en el silencio y crea condiciones que vulneran el ejercicio de la libertad de expresión. Del total de agresiones, 48 por ciento son responsabilidad de funcionarios, siendo los principales atacantes de comunicadores.
Un asesinato más, y ya van 88 desde 2000, siete en 2015 y 16 en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto. Un asesinato más y el gremio y la sociedad exigimos justicia. No obstante, la historia corre gran riesgo de seguir el mismo desenlace que Regina Martinez, Gregorio Jiménez, Moisés Sánchez, y todos los periodistas asesinados: el de la impunidad.
La impunidad en la gran mayoría de los casos permite que las agresiones continúen. Las autoridades carecen de voluntad en su obligación de garantizar el ejercicio pleno de libertades fundamentales en Veracruz y el resto del país.
La simulación de justicia se mantiene por órganos federales como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, de la PGR y el Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación, que son ineficientes, ignoran su mandato para brindar justicia a los periodistas veracruzanos y justifican el discurso oficial. Tenemos una burocracia que se dedica a la protección de periodistas, pero hace todo menos protección.
En los últimos años Artículo 19 ayudó a que más de 70 periodistas se desplazaran a la capital en los ultimos años en busca de refugio. El resolver de manera satisfactoria el caso de Rubén Espinosa y el feminicidio de la Colonia Narvarte es fundamental para recobrar la confianza en que la Ciudad de México es un lugar seguro para periodistas desplazados. Si perdemos la Ciudad, perdemos el último resquicio seguro en el país.
*Darío Ramírez es director para México y Centroamérica de Artículo XIX, organización internacional dedicada a la defensa de la libertad de expresión y la protección de los periodistas. Antes fue director general adjunto de la Oficina de Promoción de los Derechos Humanos del gobierno mexicano y trabajó para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
