La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se niega a revelar los exámenes y análisis de las declaraciones patrimoniales de tres expresidentes amparándose en una reserva constitucional que ya fue vencida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP); y en un argumento técnico que contradice una resolución que la misma CSJ utilizó para definir que tanto la declaración de patrimonio, como los exámenes que se le practiquen a esa declaración, constituyen un mismo documento que el IAIP exije se haga público.
El 1 de septiembre pasado, el IAIP le ordenó que CSJ haga públicos los exámenes a las declaraciones patrimoniales de los expresidentes Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes, pero el magistrado presidente del órgano de justicia, Óscar Armando Pineda, presentó un recurso de revocatoria, argumentando que el artículo 240 de la Constitución establece que esa información es de carácter reservado.
'Los exámenes que hace la Sección de Probidad solo pueden entregarse cuando sea para fines de investigación de los supuestos ilicítos de enriquecimiento ilícito en que hayan incurrido los funcionarios, exfuncionarios o los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones', escribió el magistrado Pineda en su alegato al IAIP, divulgado el miércoles 9 de septiembre.
La negativa de la CSJ ocurre mes y medio después de que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) resolvió que los ciudadanos tienen derecho a conocer el patrimonio de los funcionarios y empleados públicos y que la reserva de la que habla la Constitución se refiere solo a datos personales. Ocurre, además, luego de las apelaciones que los representantes de la oenegé Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción (ALAC) hicieran tras la negativa de la CSJ para entregarles una copia del 'examen, dictamen y análisis de las declaraciones patrimoniales' de los expresidentes Flores, Saca y Funes'. El 21 de julio pasado, el jefe de la Sección de Probidad de la CSJ, Carlos Pineda, comunicó a ALAC que esta información no sería divulgada.
Desde que el IAIP dictaminó a finales de julio de 2015 que las declaraciones patrimoniales son públicas, la CSJ ha liberado información a diferentes peticionarios. En las últimas semanas, por ejemplo, varios medios de comunicación han divulgado las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los expresidentes Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol, Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes, entre otros exfuncionarios. El Faro también ha recibido copias de las declaraciones juradas de los diputados Reynaldo Cardoza, Rigoberto Soto y Guillermo Gallegos, en las que se detectan cómo las fortunas familiares de estos diputados superaron el millón de dólares, en dos de los casos, o cómo uno de ellos recibió más de 400 mil dólares en pagos extras.
En la teoría, la importancia de los exámenes y análisis a las declaraciones patrimoniales radica en que ahí es donde la Sección de Probidad puede detectar indicios de enriquecimientos ilícitos que deben ser investigados.
Para el caso de la petición de ALAC (la divulgación de esos análisis y exámenes a las declaraciones de dos expresidentes), Jaime Campos, comisionado del IAIP, considera que 'Si el contenido de las declaraciones patrimoniales ya es de acceso público, en ese sentido el IAIP resolvió que pase lo mismo con los exámenes a las declaraciones patrimoniales', dice.
Este comisionado añade que si bien la Constitución establece reservas, esta 'no puede someterse a una reserva indefinida, la ley y la Constitución no pueden establecer reservas indefinidas'.
Una primera contradicción en la revocatoria que la CSJ pide al IAIP pasa por desmarcarse del carácter 'oficial' de los documentos que la Corte ha hecho públicos hasta el momento. 'La Sección de Probidad y la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CSJ en ningún momento han publicado las declaraciones juradas de patrimonio de exfuncionarias y funcionarios. Lo que se ha hecho es permitir el acceso a la información pública a varias personas que las han solicitado', argumenta el presidente de la CSJ en su alegato al IAIP.
Sin embargo, las declaraciones patrimoniales que se han hecho públicas resaltan por ser las versiones públicas de las 'declaraciones juradas' de los funcionarios o exfuncionarios e incluyen estimaciones sobre todos los bienes muebles e inmuebles, créditos, salarios y acciones en sociedades anónimas propias, de sus cónyuges e hijos.
A inicios de julio de 2015, el IAIP no había establecido que la información patrimonial de los funcionarios fuera pública y la CSJ todavía estaba presentando documentación para argumentar porqué no se hacían públicos esos documentos, en específico las declaraciones patrimoniales del magistrado Rodolfo González.
El 24 de agosto, y a solicitud del IAIP, el presidente de la CSJ remitió un documento en el que se expresaba el argumento por el cual la CSJ había negado hacer pública esa declaración. Ese documento es el memorándum con referencia 140-2015-SP. En el memorándum, el jefe de la sub sección de Probidad, Carlos González, explicó a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la CSJ que la reserva total de las declaraciones juradas recibidas en la Sección de Probidad atañe no solo a la declaración patrimonial que hace un funcionario, sino que también todo lo practicado a ese documento. 'Con base a que en tanto el examen que se haga de la declaración jurada, como la comprobación que se hiciera de la misma, forma un solo cuerpo de la declaración jurada, y por lo tanto deben ser mantenidas en reserva', se lee en ese memorándum en poder del IAIP.
Tres semanas después, la CSJ ya no opina de la misma manera, y si antes la declaración jurada y el exámen que se haga de la misma constituían un solo cuerpo, ahora son dos cosas totalmente distintas. 'Los exámenes, análisis y dictámenes realizados por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia no son atribuibles a los funcionarios cuyas declaraciones examina o analiza', se lee en el escrito enviado por el magistro Pineda al IAIP.
Ante la negativa de la CSJ, los representantes de ALAC esperan ahora la decisión final del IAIP sobre si la información de los exámenes a las declaraciones patrimoniales es información pública o no.
Jaime Campos dirige el proceso y -como lo establece la LAIP- no podrá votar. El Faro le preguntó qué puede ocurrir en un escenario en el que el Instituto en seis días vuelve a emitir el mismo falllo y este no es acatado por la CSJ. Según Campos, la Corte Plena de la CSJ tendría que acudir a una de sus propias salas para dirimir la controversia. Es decir, la CSJ sería juez y parte. 'Apelo a que la Corte Suprema de Justicia sea coherente con lo que ya antes ha manifestado y sobre todo porque ha permitido a la ciudadanía tener acceso a una versión pública precisamente de las declaraciones de patrimonio', dice Campos.
Roberto Burgos, uno de los abogados querellantes por ALAC, insiste en que la declaración patrimonial y su correspondiente examen sirven para evaluar a las personas y a las instituciones, 'y esto no es posible si no se puede conocer la declaración y su posterior examen, si es que este se ha hecho', señala Burgos.
