El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UWCHR, por sus siglas en inglés) demandó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos por ocultar documentos sobre operativos militares dirigidos en los años ochenta por el coronel salvadoreño Sigifredo Ochoa Pérez. Según los investigadores, la información que la CIA se niega a entregar abonaría pruebas para comprobar la participación del militar retirado en violaciones a los derechos humanos, ocurridas en los primeros años de la guerra, en los departamentos de Cabañas, San Vicente y Chalatenango.
El pasado lunes 5 de octubre, Angelina Snodgrass Godoy, directora del UWCHR, explicó que la demanda se ha interpuesto en el Tribunal del Distrito de Seattle, en Washington. 'La CIA ha desclasificado informaciòn (relacionada con el conflicto armado) pero no la ha compartido', agregó Godoy, quien también señaló que únicamente han podido conseguir 20 de documentos de la CIA -desclasificados legalmente y en poder de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos- sobre Ochoa Pérez. 'Lo que queremos es que la CIA libere todo el paquete completo de los documentos relacionados con nuestra petición', explicó.
Ante las peticiones del UWCHR, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) respondió que 'no podía afirmar ni negar la existencia' de archivos que contengan información sobre el involucramiento de Ochoa Pérez en operativos militares que terminaron en masacres en contra de población civi. Por razones de 'seguridad nacional', se rehusaron a entregar documentos sobre violaciones a los derechos humanos y sobre operativos militares de ese periodo.
El Centro de Derechos Humanos justificó su solicitud de información -sobre archivos de operativos comandados por Ochoa Pérez- afirmando que se trata de información de interés público para ciudadanos estadunidenses y salvadoreños. 'Existe suficiente evidencia de masacres cometidas contra población civil llevadas a cabo por tropas bajo las órdenes de Ochoa Pérez', dice la demanda contra la CIA.
En abril de 2015, el UWCHR reveló pruebas de que en noviembre de 1981 ocurrió en Santa Cruz, Cabañas, una masacre contra civiles que produjo decenas de víctimas. El coronel retirado acepta que lideró un operativo al mando del Destacamento Militar No. 2, pero rechaza la acusación de haber diezmado a civiles. En El Salvador, la Fiscalía ha abierto un archivo y el UWCHR espera encontrar en los documentos desclasificados de la CIA la información que permita robustecer la investigación sobre ese episodio, así como información que permita reconstruir los hechos de masacres, numerosos ataques y desapariciones forzosas de niños en San Vicente y Chalatenango, departamentos en los que el coronel en retiro habría comandado tropas o asistido con sus tropas a otros destacamentos militares.
El UWCHR señala que tropas bajo el comando de Ochoa Pérez llevaron a cabo un operativo militar que, tras las denuncias de sobrevivientes y de familiares de las víctimas, fue conocido como la masacre de Santa Cruz (ocurrida el 14 de noviembre de 1981, en Cabañas).
En su demanda, el UWCHR también rescata la vinculación que otras víctimas y abogados querellantes han hecho de la participación de tropas comandadas por Ochoa Pérez en las masacres de El Calabozo (ocurrida el 22 de agosto de 1982 en San Vicente, y atruibuida en primera instancia al Batallón de Reacción Inmediata Atlacatl, dirigido por el teniente coronel Domingo Monterrosa, amigo de Ochoa Pérez); y de San Francisco Angulo (ocurrida en el municipio de Tecoluca, San Vicente, el 25 de julio de 1981). En la demanda interpuesta por el UWCHR también se mencionan vinculaciones contra Ochoa Pérez para varios casos de desaparición forzada de menores de edad.
Sobre una de estas otras dos masacres (El Calabozo), Ochoa Pérez dijo a El Faro, en abril pasado, que sobre él 'inventan cualquier cosa'. El coronel en retiro, además, insistió en que su trabajó fue defender al país y combatir a la guerrilla con fuerza y fuego 'porque ellos no andaban tirando flores'. El Faro intentó contactar a Ochoa Pérez, a través de su teléfono celular, para conocer su reacción sobre estos nuevos señalamientos, pero la compañía Telefónica reporta que su número está fuera de servicio.
Datos brindados -por separado- por sobrevivientes y familiares de las víctimas de las masacres ocurridas en Cabañas y San Vicente a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) y a la Corte Suprema de Justicia, hablan de unas 455 víctimas en los tres episodios. Según la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, en los primeros años de la guerra se cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos contra la población civil.
Los representantes de la Universidad de Washington afirman que entregar dichos documentos es una obligación moral del gobierno de Estados Unidos, porque durante el conflicto armado este gobierno entregó asistencia militar a El Salvador por un monto que asciende a los 5 mill milllones de dólares. 'Tenemos derecho a saber si el dinero de los contribuyentes (estadounidenses) fue utilizado para patrocinar graves violaciones a los derechos humanos (en El Salvador)', consigna la demanda contra la CIA.
El 15 de diciembre de 2013, Mina Manuchehri, de la Universidad de Washington, solicitó tener acceso a documentos sobre operativos en los que participó el coronel Sigifredo Ochoa Pérez. Utilizó la Ley de Libre Acceso a la Información (FOIA) de Estados Unidos para obtener información del coronel, quien está en situación de retiro y quien fue diputado durante la legislatura (2012-2015).
En la solicitud de información, Manuchehri requirió a la Agencia Central de Inteligencia más de 200 documentos -desde 1976 hasta la fecha- de los operativos donde se conoce que participó Ochoa Pérez. Pidió información sobre el periodo en el que fue comandante del Destacamento Militar No. 2 en Cabañas -entre febrero de 1981 hasta el 9 de marzo de 1983- y exigió tener acceso a archivos sobre su servicio como comandante en Chalatenango, entre agosto de 1984 a febrero de 1986.
La demanda ha sido llevada a cabo 6 meses despúes de que la Universidad de Washington publicara la investigación titulada 'Solo Dios con nosotros'. Los autores afirman que entre el 11 y el 19 de noviembre de 1981, tropas del Destacamento Militar No. 2, en Sensuntepeque, Cabañas, comandadas por el entonces teniente coronel Ochoa Pérez, marcharon hacia el norte del departamento de Cabañas hacia los caseríos del municipio de Victoria con la misión de eliminar a la población civil.
Los investigadores denunciaron que en este operativo los militares masacraron a campesinos, hombres, mujeres y niños, y dieron persecusión a los sobrevientes hasta la ribera del río Lempa, fronterizo con Honduras. La investigación de la Universidad de Washington fue realizada con periódicos de la época, testimonios de sobrevivientes, documentos desclasificados del Departamento de Estado y a partir de algunos documentos desclasificados por la CIA.
El Centro de Derechos Humanos afirmó que la CIA debe publicar los documentos, y hacer justicia a las víctimas salvadoreñas. Le recuerdan a esta agencia de gobierno que un ciudadano estadunidense, Philippe Bourgois, también sufrió las consecuencias del operativo militar. Bourgois realizaba una investigación en Honduras y traspasó hacia El Salvador, de manera ilegal, tras conocer a los habitantes del cantón Santa Marta, Cabañas, que a principios de 1981, antes de que Ochoa Pérez llegara a comandar la zona, ya había sufrido un ataque por tropas del ejército. En su viaje, y mientras compartía con la comunidad del caserío Santa Cruz, Cabañas, Bourgois fue sorprendido por un operativo militar llevado a cabo por las tropas de Ochoa Pérez. “Él fue víctima de una masacre que ocurrió en Santa Cruz, Cabañas en noviembre de 1981, durante dos semanas que duró la operación. Se estima que aproximadamente 100 residentes de Cabañas fueron asesinados mientras que mil residentes se vieron directamente afectados”, dice la demanda.
UWCHR señala que existe la posibilidad de que el batallón Atlacatl condujo la operación militar con el apoyo del Destacamento Militar #2, comandado por Ochoa Pérez, la cual formó parte de una acción coordinada que se llevó a cabo en Cabañas y Morazán de septiembre a diciembre de 1981. “Philippe Bourgois y la gente de El Salvador merecen reclamar justicia por este crimen”, dice el documento.
De acuerdo con el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, (IDHUCA), institución aliada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, en dicha masacre desaparecieron alrededor de 200 personas. En noviembre de 2013, el IDHUCA interpuso una demanda en la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar la investigación de esta masacre.
Transcurrido un año, la FGR solo ha tomado declaración al ciudadano estadounidense, Philippe Bourgois, sobreviviente de la masacre. 'La FGR no ha realizado ningùn acto de investigación. Instituciones del extranjero son las que están solicitando la información desclasificada', señalò Silvia Cuéllar, abogada del IDHUCA.
Cuéllar también denunció que la FGR no ha remitido las denuncias de masacres de la guerra civil a la Unidad de Derechos Humanos, sino que a la Unidad antihomicidios. 'Aunque los fiscales tengan la voluntad de investigar, por la situación actual - en la que cada mes se ha superado la cifra de homicidios -y la carga de trabajo, las investigaciones de las masacres del periodo del conflicto armado no avanzan', dijo Cuéllar.
Angelina Snodgrass Godoy está segura de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) resguarda más archivos. Dio a conocer que entre documentos desclasificados por la CIA han encontrado de forma parcial la información que estaban buscando. 'Después de tantos años de finalizado el conflicto y con tanto deseo de ver justicia y reparación para El Salvador, nuestra esperanza era que ellos (la CIA) compartieran con nosotros un mayor número de documentos. El hecho de que ni siquiera hayan admitido la existencia de dichos documentos indica que no están siguiendo la ley', afirmó Godoy.
Los representantes legales del Centro de Derechos Humanos insisten en que estos archivos contienen información que puede ayudar a que las víctimas de las atrocidades que fueron cometidas durante el pasado conflicto armado salvadoreño puedan por fin reclamar justicia.
Con reportes de Daniel Valencia Caravantes
*Fe de errata: en la versión original de este artículo se escribió que el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington tiene en su poder 20 archivos desclasificados de la CIA que hablan sobre el coronel Ochoa Pérez, y que estos fueron obtenidos de manera extraoficial. La versión correcta es que han tenido acceso a esos documentos -que han sido desclasificados legalmente- y que están en poder de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Esta nota fue corregida en la tarde del lunes 12 de octubre.
