La Corte Suprema de Justicia ordenó este martes 6 de octubre abrir juicio por enriquecimiento ilícito contra el diputado Reynaldo López Cardoza, secretario de la junta directiva de la Asamblea Legislativa por el Partido Concertación Nacional (PCN), quien deberá aclarar el origen de 1.3 millones de dólares de su patrimonio que, según la sección de Probidad, no están justificados por los ingresos declarados del legislador.
En una decisión sin precedentes y tan solo dos semanas después de que se instalara la nueva Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal dispuso el primer juicio de este tipo contra un diputado y notificó del caso a la Fiscalía General, para que esta decida si procesa penalmente a Cardoza. 'Aparecen una serie de circunstancias que no justifican el aumento de su patrimonio', concluyó la Corte. Uno de los magistrados, Belarmino Jaime, expresidente de la Corte Suprema, dijo a El Faro que esperan que el fiscal general, Luis Martínez, inicie de inmediato un proceso de antejuicio para que también haya encausamiento penal.
La decisión de los magistrados se basó en un informe de la sección de Probidad, que encontró una docena de inconsistencias en la versión del legislador sobre cómo construyó su patrimonio familiar. Las investigaciones de Probidad detectaron bienes y fondos que Cardoza no había incluido en sus declaraciones de patrimonio que entrega al inicio y tras finalizar cada período como diputado. Como medida cautelar, la Corte congeló los bienes y cuentas bancarias del directivo de la Asamblea.
La resolución, votada por 14 de los 15 magistrados de la Corte, ordena a la Cámara Segunda de lo Civil que inicie un juicio administrativo -ya que para iniciar un juicio penal el pleno legislativo debería quitarle el fuero- que profundice sobre los indicios de enriquecimiento ilícito. 'En cumplimiento del artículo 114 ordinal 3 de la Ley Orgánica Judicial en relación al artículo 9 de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, se debe informar y dar cuenta del examen y verificación de las declaraciones juradas de patrimonio presentadas por el señor López Cardoza; siendo el caso que aparecen una serie de circunstancias que no justifican el aumento de su patrimonio, tomando en consideración los sueldos, emolumentos que ha percibido en el ejercicio de su cargo ni por cualquier causa justa, reflejados en sus declaraciones', dice la resolución.
El artículo 8 ordinal 2 de la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito faculta a la Corte Suprema para secuestrar de forma preventiva los bienes de un funcionario indiciado. La ley también establece que cuando a la luz de las declaraciones patrimoniales y de las pesquisas correspondientes no se encuentre justificación al crecimiento patrimonial, se presumirá enriquecimiento ilícito.
Cardoza es diputado por el PCN desde 2009 y está ejerciendo su tercer mandato. Una serie de investigaciones de instituciones estatales señalan una serie de indicios de vinculación de Cardoza con estructuras de crimen organizado. Hace 10 años, en septiembre de 2005, fue capturado acusado de pertenecer a una red de traficantes de personas y de la violación de dos menores de edad. En esa ocasión le fue decomisada una pistola con una placa que, según la policía, es de oro. En esa ocasión, Cardoza portaba una licencia de conducir con un nombre distinto al suyo: Reinaldo Guerra. Quedó libre bajo fianza dos meses más tarde y el caso se cerró un año después porque la Fiscalía no pidió que se reanudara.
Su diputado suplente, Wilver Rivera Monge, está preso acusado de lavado de dinero y por trabajar para la banda de Jorge Ulloa Sibrián, alias El Repollo, condenado a 77 años de prisión en 2014 por narcotráfico. La investigación de Probidad determinó también que Rivera Monge asumió el pago de deudas de cientos de miles de dólares del diputado Cardoza.
Las autoridades policiales y de Seguridad Pública, además, tienen en sus manos investigaciones en que Cardoza aparece mencionado como un aliado -no parte de la estructura- de la organización de narcotráfico conocida como Cártel de Texis, cuya existencia fue revelada por El Faro en mayo de 2011.
Sobre el manejo de sus ingresos como diputado, Cardoza también ha tenido una conducta singular: el 15 de mayo de 2015 la junta directiva de la Asamblea Legislativa le aprobó una solicitud para que todas las remuneraciones se le paguen por medio de cheque, y no por depósito en cuenta bancaria, como se hace con el resto de diputados.
El informe de 19 páginas de Probidad señala, entre otros hallazgos, que el diputado Reynaldo Cardoza no explicó un ingreso de más de un cuarto de millón de dólares para financiamiento de campaña electoral, tampoco el incremento en más de un cuarto de millón de dólares en el valor de cinco inmuebles, ni cómo hizo para poder saldar deudas por más de un cuarto de millón de dólares. Además señala que la esposa del legislador recibió depósitos en una cuenta bancaria que suman más de 300,000, a pesar de que según ha declarado Cardoza, ella carece de una fuente de ingresos.
Probidad detalla que Cardoza recibió 256 mil dólares de su partido político como un reintegro por su aporte a las tres campañas electorales en que ha participado (2009, 2012 y 2015), y que con la información presentada en sus declaraciones de patrimonio no se justifica la fuente de esos ingresos.
También encontró que el diputado compró cinco inmuebles que suman 129,500 dólares sin recurrir a créditos o retiros de fondos de sus cuentas bancarias, por lo que no se sabe de dónde obtuvo esos recursos. Además, dichos bienes aumentaron su valor declarado -a 397,500 dólares-, un incremento que no se corresponde con lo que el diputado ha informado que invirtió para mejorarlos.
La Corte Suprema retomó esos hallazgos en su resolución. 'El diputado Cardoza estimó los valores comerciales de dichos inmuebles en un monto total de $397,500.00 por la plusvalía y mejoras, según su dicho efectuados en los mismos, lo cual genera una diferencia entre este y el valor de compra de $268,000.00; valor que se vuelve injustificable con la información declarada por el diputado'.
Los magistrados de Corte plena creen que estas propiedades fueron compradas en efectivo y ese es un motivo de sospecha. El magistrado Belarmino Jaime lo explica de la siguiente forma: 'Imagínese que este señor compra en dinero en efectivo un inmueble -no recuerdo exactamente el precio- pero póngale que fueran 25,000 dólares y en dinero efectivo, así dice la escritura. Y esas cantidades nadie las tiene en su casa: solo las tiene en su casa cuando no se puede justificar en el banco de donde sale esa plata, pues. Esa es una de las razones para enviar el caso a juicio'.
Cardoza también pagó 260,000 dólares en créditos hipotecarios de los que la Sección de Probidad dice no haber recibido la documentación suficiente que respalde cómo logró pagarlas.
Probidad también señala que, entre 2008 y 2015, la esposa del diputado Cardoza realizó 11 depósitos en cuentas a plazo fijo que suman 305,000 dólares en Scotianbank El Salvador. Según la declaración patrimonial del diputado Cardoza, su esposa no reporta ingresos.
Los informes de migración de Cardoza también guiaron a los magistrados que ordenaron el juicio. La Corte informó que le detectaron 50 viajes turísticos. 'Ese señor hace 50 viajes particulares, no de la Asamblea, entre él y la señora (esposa). ¿Y cuánto le cuesta cada viaje al exterior? Hay unos viajes a Italia, otros a China. Eso no cuesta cinco centavos. Entonces, todas esas cosas nos hacen pensar que son indicios suficientes para que se inicie por parte del fiscal el antejuicio que tiene que iniciar', dijo el magistrado Jaime a El Faro.
La resolución se emitió con 14 de 15 votos posibles porque uno de los magistrados recientemente nombrados, Óscar López Jerez, se excusó debido a que tiene vínculos con Cardoza.
Acusado de lavado pagó deuda de Cardoza
El diputado Reynaldo Cardoza es amigo de Wilver Rivera Monge, su exdiputado suplente en la legislatura 2012-2015, quien fue desaforado tras una investigación que lo señala como miembro de la red del narcotraficante Jorge Ulloa Sibrián. Según la declaración de un testigo del caso, el exdiputado suplente por Chalatenango era parte de la logística para el traslado de cargamentos de cocaína y prestó uno de sus negocios para que Ulloa Sibrián hiciera pagos y sostuviera reuniones con sus empleados que volvían de Costa Rica tras haber hecho entregas de dinero como pago por la droga. Rivera Monge aún espera el desenlace del juicio en el que es acusado junto a su grupo familiar de lavar 8.5 millones de dólares.
Según el informe de la Sección de Probidad, la “Sociedad Rivera Monge S.A. de C.V.' pagó las cuotas de dos deudas hipotecarias del diputado Cardoza, una de 225,000 dólares y otra de 35,000 dólares, con el Banco de los Trabajadores. “Llama la atención que no refleje las deudas hipotecarias entre sus obligaciones; ya que según el documento con la Sociedad Rivera Monge S. A. de C.V., se trata de un contrato de arrendamiento y no de un traslado de deudas, cuyos pagos se abonarán al Banco de los Trabajadores. Amerita explicación y que se presente anexo de sus deudas con el Banco de los Trabajadores”, dice el informe de Probidad.
Probidad dice no contar con la siguiente información sobre estos créditos: monto otorgado, fecha en que fue otorgado, tipo de interés, valor de las cuotas, destino, garantía que presentó Cardoza, el plazo y el saldo actual.
La sociedad Rivera Monge S.A. de C.V., dice el informe, pagó las cuotas de 3,583.03 dólares para el crédito de 225 mil y de 1,001.86 dólares para el de 35,000 dólares. Las dos cuotas suman más de 4,500 dólares al mes. A cambio, el diputado Cardoza le rentaba una propiedad por 4,000 dólares mensuales. “La cuota en ambas (deudas) es mayor que el pago por arrendamiento; es necesario documentar con un historial de pago de ambas deudas de la amortización realizada”, dice el informe.
La Corte Suprema de Justicia también cuestionó la venta de una propiedad que en el contrato de compraventa tiene un precio de 28 mil dólares y que le vendió una de las hijas del exdiputado Rivera Monge. “Llama la atención que el inmueble ubicado en Avenida René Figueroa, Bo Concepción, Dulce Nombre de María, lo declaró en la toma de posesión a su nombre y al cese de funciones lo declara a nombre de su cónyuge”, dice el informe.
El 31 de agosto pasado, El Faro reveló que según las declaraciones de patrimonio presentadas por Cardoza a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, su patrimonio líquido (el resultado de restar las deudas a sus propiedades y cuentas bancarias) había escalado de un poco más de 160,000 dólares en 2009, cuando inició como diputado, a 1.2 millones seis años más tarde. Cuestionado por este periódico, Cardoza aseguró que el mayor incremento en su patrimonio obedecía a que su madre, al morir, le heredó un inmueble. Para sustentar esa afirmación entregó a El Faro dos documentos: uno en que un terreno de más de 100 manzanas era inscrito a su nombre en el Centro Nacional de Registros, y otro de la compraventa que su madre realizó hace años presuntamente de esa misma propiedad. La inconsistencia que se le hizo ver es que esta escritura de compraventa se refiere a un terreno de alrededor de 13 manzanas, no de más de 100.
El magistrado que no votó es apoderado de Cardoza
La decisión de la Corte Plena para enjuiciar a Cardoza no fue unánime porque un hombre que tiene menos de un mes de ser magistrado se abstuvo de votar. Óscar López Jerez reveló a El Faro que él es apoderado de Reynaldo Cardoza y que por eso se excusó de pronunciarse en este caso.
'Yo fui apoderado de él. ¿Se acuerda usted que a él lo mencionaban como que tenía que ver con lo del Cártel de Texis? Fíjese que no recuerdo bien si fue 2010 o 2011, si lo defendí o fui su apoderado, pero la cosa es que yo hice gestiones a nombre de él, ahí en la Fiscalía, una denuncia por calumnia y yo le hice ese trámite que ya ni recuerdo qué sucedió. No es nada de algo ilegal que yo haya hecho o hacerle un favor a él de no votar, la cosa es que tengo que cuidar que no me procesen a mí por patrocinio infiel', dijo López Jerez a El Faro, en una llamada telefónica. 'Y yo sé que la opinión pública puede estar muy en contra mía. Le quiero afirmar que yo no tengo nada que ver con el diputado Reynaldo Cardoza, que tengo años de no verlo e imagino que ese poder está vigente todavía, no me podía correr el riesgo', añadió.
Patrocinio infiel es un delito consignado en el artículo 314 del Código Penal que impide a un abogado que represente ante una autoridad judicial a partes contrarias en el mismo asunto, simultánea o sucesivamente. La pena que conlleva este delito es de una multa y una inhabilitación especial para ejercer la abogacía que puede durar entre dos y cuatro años. 'Si yo venía y votaba a favor o en contra me estaría metiendo en una cosa que tiene que ver con un cliente mío, aunque ya no estoy trabajándole yo otros asuntos, desde hace ratos, pero no quería que fuera él después a reclamarme en la Fiscalía o en un juzgado de lo penal por haberme entrometido en una cuestión de él, máxime que se hablaba ahí de cuestiones de enriquecimiento ilícito. La decisión fue bien difícil porque yo sabía que al hacer eso la opinión pública podía pensar que yo no me quiero meter en que se investigue ese tipo de conductas que habla la Ley de Probidad. Pero, como primero es mi profesión, yo no puedo exponerme a que vaya a venir una persona –sea diputado o cualquier otra...-, pero yo sí estoy de acuerdo en combatir la corrupción y comparto la decisión de los magistrados. Que eso quede claro, pero en ese caso no podía yo emitir voto', agregó el magistrado.
Enviar a juicio a Cardoza no fue una decisión difícil de tomar en la Corte. 'Creo que el sentimiento era común de todos de que había que hacer eso. No sentí a nadie que se opusiera o que anduviera ahí con estratagemas para dilatar la decisión. Fue una decisión bastante unánime', dijo el magistrado Belarmino Jaime. Él y el magistrado Sidney Blanco son los dos comisionados por el presidente de la Corte Suprema, Óscar Pineda, para encargarse de las investigaciones de la sección de Probidad. Tanto Jaime como otra magistrada que habló con El Faro con la condición de que no se mencione su identidad, aseguraron que la Corte ya tiene otros casos similares al de Cardoza en estudio y que prevén que se abra una serie de causas por enriquecimiento ilícito contra otros funcionarios o exfuncionarios.
La evolución del patrimonio
Como legislador, Cardoza ha percibido salarios de entre poco más de 4,000 dólares y alrededor de 5,500 dólares mensuales, durante los últimos seis años. Esos ingresos más otros que ha declarado no justifican el incremento en su patrimonio, según Probidad.
Según la versión pública de la primera declaración del diputado Cardoza, en 2009, el legislador tenía junto con su grupo familiar (cónyuge e hijos) un patrimonio líquido valorado en 163 mil 618 dólares.
El patrimonio líquido es el monto que resulta de restar las deudas al total del patrimonio que posee una persona. El patrimonio lo forman todos los bienes del legislador -muebles e inmuebles, cuentas bancarias, acciones en empresas...- y para ese año Cardoza declaró bienes muebles e inmuebles -terrenos o casas más electrodomésticos o automóviles- valorados en 406,000 dólares. Ese mismo año, sus deudas eran de 243,000 dólares, sus activos superaban los 400,000 dólares y él o su grupo familiar no eran acreedores de nadie. Es decir, sus cuentas por cobrar estaban en cero.
El diputado por Chalatenango fue miembro de la junta directiva de la Asamblea Legislativa en el trienio 2012-2015, y en la que inició en mayo pasado ocupa el cargo de secretario. Ahora es parte de la Comisión de Cultura y de la de Defensa.
Tres años después de haber iniciado su carrera como diputado, en 2012, los cambios más drásticos que reflejó su nueva declaración patrimonial estaban en cuatro rubros: a él y su grupo familiar les aparecen cuentas por cobrar por 577 mil dólares. Además, aquella deuda de casi un cuarto de millón de dólares que reportó en 2009 se vio reducida en tres años a menos de 54 mil dólares. Sus activos, que en 2009 estaban un poco por encima de 400 mil dólares, en 2012 superaron el millón de dólares y su patrimonio líquido se acercó al millón.
En su declaración de cese de funciones de 2015, los bienes inmuebles de su grupo familiar superaban el millón de dólares, y el patrimonio líquido estaba ya por encima de 1.2 millones.
