Cinco personas fueron asesinadas en la madrugada del 16 de agosto, en Panchimalco, en condiciones que, según los hallazgos de La Prensa Gráfica, contradicen la versión de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada de que las víctimas, todas miembros de una pandilla, fallecieron al enfrentarse a tiros a policías y militares.
Los indicios de ejecuciones sumarias perpetradas por miembros de la Policía se suman a los que en julio reveló El Faro, sobre una masacre perpetrada por unidades élite de la Policía en la finca San Blas, en el municipio de San José Villanueva, departamento de La Libertad.
El reportaje de La Prensa Gráfica, publicado el domingo 25, consigna -al igual que en la investigación publicada por El Faro- la incongruencia que hay entre la información de las autopsias y los testimonios de los sobrevivientes y las versiones brindadas por la Policía y la Fuerza Armada. Según las autoridades, un equipo combinado de policías y militares fueron atacados a balazos cuando llegaron al cantón Pajales, de Panchimalco, el lugar donde alguien les había informado de la presencia de pandilleros.
El reportaje revela que algunos de los cadáveres tenían señales de haber recibido disparos a muy corta distancia, lo cual a su vez fue corroborado por testigos directos de la masacre. “Los testigos directos (…) agregan que fueron ejecutados fuera de la casa y después trasladados al interior”, revela el reportaje.
Entre otros hallazgos que refuerzan la idea de que la Policía en realidad no participó en un tiroteo está también que algunos de los cinco cadáveres tenían orificios de entrada de bala en la espalda, y a la hora de la inspección habían sido encontrados boca arriba. Entre las fotografías que circularon en redes sociales después de la masacre también se logra observar que las víctimas no tenían puestos los zapatos. Otro elemento que pone en duda la versión del enfrentamiento es que tampoco hubo bajas o heridos entre los policías y soldados, así como tampoco ninguna autoridad pudo explicar por qué había un enorme charco de sangre afuera de la vivienda, donde según testigos, las víctimas fueron acribilladas antes de fabricar la escena dentro de la casa.
El tiroteo ocurrió en la madrugada del 16 de agosto. Las cinco personas muertas son hombres jóvenes de entre 15 y 25 años, a quienes la Policía identificó como pandilleros miembros de la facción Revolucionarios del Barrio 18.
Una familia de siete integrantes aporta testigos de los hechos. Tres días después de la masacre, una de las mujeres más jóvenes del grupo familiar desapareció y no se ha vuelto a saber nada de ella.
“¿Era posible sostener un tiroteo en un espacio tan pequeño y que los cuerpos quedaran en esa posición? ¿Era posible que existiera un tiroteo sin que ninguno de los siete miembros de la familia de esa casa resultara herido? O, aún, desde otra perspectiva: ¿por qué la Policía y los soldados sostuvieron un tiroteo dentro de una casa en la que había dos niños?”, dice el reportaje.
El procurador para la defensa de los derechos humanos, David Morales, llamó 'supuestos enfrentamientos' a algunos de los episodios en que mueren civiles a manos de policías o soldados: “Se están cometiendo, desde el año pasado, diversos supuestos enfrentamientos armados entre policías y delincuentes, muchos de los cuales terminan con todos los delincuentes fallecidos, sin que a veces haya bajas o lesiones en los agentes policiales. Hemos constatado que no existe una auditoría seria sobre estos procedimientos. Existe el riesgo de que en estos operativos se haya producido ejecuciones arbitrarias”, dijo Morales a los autores de la investigación.
Hasta ahora, y pese al aumento de los enfrentamientos entre pandillas y autoridades respecto de años anteriores, ni la Policía ni la Fuerza Armada han modificado sus protocolos de investigación cuando sus elementos resultan involucrados en supuestos enfrentamientos con pandillas. Los estudios para determinar si los agentes de autoridad actuaron dentro de los límites legales se manejan en secreto. Por el caso que reveló El Faro, en San José Villanueva, el director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que los agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP) al parecer habían actuado en cumplimiento del deber y apegado a la ley, y que por tanto se había decidido mantenerlos de alta mientras las investigaciones del caso continuaban.
En esa ocasión, el procurador Morales dijo que, a juzgar por la información publicada por El Faro, lo que había era 'pruebas' de actuaciones ilegales de los agentes policiales. Por el caso de Panchimalco, tanto la Policía como la Fuerza Armada dijeron que no tenían indicios de que se hubiera abusado de la fuerza y sostuvieron vehementemente que se trató de un tiroteo con pandilleros.
Hasta octubre, se contaba 51 policías asesinados en operativos de seguridad y 17 militares. La tasa de homicidios de El Salvador ya había superado la de Honduras para los primeros ocoh meses del año, en una tendencia que apunta a que cerrará 2015 como el más violento del mundo. Para agosto de 2015 se había registrado 4 mil 246 homicidios.
