Durante los primeros 22 días de noviembre El Salvador experimentó una reducción de homicidios cercana al 50 % en comparación con el trimestre anterior. El descenso es de magnitud similar al que sucedió durante la tregua que el gobierno del presidente Mauricio Funes (2009-2014) pactó con las pandillas en marzo de 2012.
En aquella ocasión, previo al pacto, El Salvador tuvo dos meses en los que se promediaban 14 homicidios diarios, que disminuyeron a cerca de 5 luego del acuerdo. En 2015 el punto de partida fue de 25 asesinatos al día, que fue el promedio de agosto, septiembre y octubre. De manera que en noviembre, “solo” han tenido lugar, en promedio, 13 muertes violentas durante los primeros 22 días del mes: una caída a casi la mitad.
El gobierno celebra las cifras pero repite que de ninguna manera ha pactado con las pandillas: “El gobierno tiene una posición irreductible en tanto a tener tratos directos o indirectos con estos grupos, porque aprovechan cualquier espacio para fortalecerse y crecer”, dijo el vocero presidencial, Eugenio Chicas.
La única organización que todavía promueve públicamente la negociación con pandillas como método para frenar la violencia es Ipaz, que reúne a un conjunto de iglesias protestantes que el 27 de octubre organizó una marcha para pedir a los pandilleros que abandonen la violencia. La actividad se organizó con la venia de las pandillas, que organizaron a sus bases y a sus familiares para que asistieran desde distintos puntos del país. La actividad fue una mezcla de mensajes: desde denuncias por abusos de fuerza policial hasta denuncias por malas condiciones carcelarias, pasando por llamados públicos a las pandillas para cesar todo tipo de violencia y crímenes.
El vocero de Ipaz, el obispo luterano Medardo Gómez, reconoció a El Faro que la marcha fue un gesto previamente acordado con las pandillas y, como respuesta, ocho días después, las pandillas hicieron comunicados públicos en los que aseguraban que harían todos sus esfuerzos para reducir los asesinatos. A diferencia de las múltiples ocasiones anteriores, esta vez las pandillas no suscribieron un solo comunicado, sino que tanto la Mara Salvatrucha como las dos facciones del Barrio 18 –Sureños y Revolucionarios- firmaron cada una su propio documento.
El obispo Gómez está convencido de que la reducción en los asesinatos se debe a la voluntad de las pandillas de replegarse, aunque no se da por satisfecho con la disminución de violencia y dice temer que los pandilleros los dejen “en ridículo” y con ello terminen de cerrar cualquier posibilidad de diálogo.
El vocero presidencial prefiere adjudicarse la disminución de asesinatos y asegura que eso se explica fundamentalmente por la acción policial que ha debilitado a las pandillas: “Estos grupos se agotan, no basta la intención de ser criminales, han perdido el tren de abastecimiento logístico”. Sin embargo se apresura a advertir que esta disminución de asesinatos no necesariamente será permanente: “No quiero decir que sea agotamiento permanente ni dar la sensación de que los tenemos al punto del exterminio, ellos pueden replegarse y fortalecerse”, advirtió Chicas.
El vocero prefirió soslayar los ofrecimientos que las pandillas hacen en sus comunicados: “No abrigamos ninguna confianza en los gestos de estas organizaciones, ni siquiera en los gestos unilaterales”.
¿Una ley para pandilleros o una ley para expandilleros?
Pese a que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén ha sido enfático en desestimar cualquier vía que no sea el combate directo con las pandillas, una serie de gestos oficiales parecen relativizar ese discurso de dureza. El primero de esos gestos fue del propio presidente.
Apenas tres días después de que las pandillas emitieran sus comunicados, Sánchez Cerén saludó la iniciativa de Ipaz. “Todo aquello que busque la paz y la tranquilidad del país tiene el respaldo y el apoyo del gobierno”. Las palabras del mandatario fueron recogidas en un comunicado oficial que resaltaba que “el jefe de Estado reiteró su apoyo al trabajo de las iglesias en función de garantizar la paz ciudadana”.
En ese mismo comunicado se recoge lo que parece ser el segundo gesto oficial tendiente a ablandar el discurso frente a las pandillas: el presidente pidió el respaldo de todos los sectores para el proyecto de ley de rehabilitación y reinserción de pandilleros.
Originalmente este proyecto de ley ponía como requisito para poder acogerse a los programas y ayudas de la ley ser “miembros de pandillas o maras que manifiesten expresa voluntad de retirarse y rehabilitarse, que no tengan procesos penales pendientes por la comisión de delitos”.
Pero antes de que el proyecto llegara a la Asamblea Legislativa, el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, cambió la redacción por una más abierta, en la que se puede ser beneficiario si se es “miembro de maras y pandillas que manifiesten su voluntad de abandonar actividades ilícitas y violentas e integrarse pacíficamente a la sociedad”.
Es decir, que el gobierno pasó de proponer una ley que acoja a expandilleros por una dirigida directamente a miembros activos de pandillas. En la segunda redacción ni siquiera es un requisito no tener delitos, sino no estar perseguido por delitos “graves”. De manera que se podría ser beneficiario siendo un pandillero activo perseguido por delitos considerados menores.
Hasta ahora, los diputados de la comisión legislativa de Seguridad ni siquiera han abierto el debate al respecto, pero el secretario de Comunicaciones de la Presidencia ya intuye algunos problemas: cree que esta ley podría entrar en contradicción con la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declara que las pandillas son organizaciones terroristas. Esto lo confirma el magistrado Rodolfo González, miembro de la Sala de lo Constitucional: “Vería un problema, vería roce con nuestra sentencia si la ley contempla beneficios para pandilleros activos”.
El vocero del gobierno cree que la postura de los magistrados es intransigente, “dura” y “poco útil para el país”, al impedir que exista una ley que beneficie a miembros de pandillas con planes de reinserción.
Pese a ello, Chicas insiste en que el gobierno no se ha suavizado frente a las pandillas y que la reducción de asesinatos se debe a la mayor operatividad policial y de ninguna manera a un intercambio de gestos amistosos con esas organizaciones criminales.
