“Aquí solo hay de dos sopas. De fideos y de jodeos. Si no quieres de fideos… pues jodeos.”
Dicho popular mexicano.
El debate sobre la viabilidad de una CICIES ha pecado de vacuidad en El Salvador. Lo que debería ser un diálogo urgente con argumentos serios se ha convertido en una confrontación polarizada como suele ser todo. Quienes convierten la CICIES en estandarte, a favor y en contra, impiden cualquier posibilidad de una discusión seria al respecto.
Es cierto que en poco o nada contribuyó que oficiales estadounidenses vinieran a la región a sugerir la creación de una CICIG en Honduras y El Salvador. Con la arrogancia de su discurso complicaron mucho más las posibilidades de que un gobierno admitiera discutirlo sin que pareciera una cesión a Washington de nuestros intereses. Era previsible que provocaría una reacción inicial de reivindicación de las soberanías nacionales.
¿Pero cuáles son las lecciones de la CICIG? ¿Por qué necesitamos una?
En Guatemala, la CICIG fue creada ante la total descomposición de las instituciones encargadas de la administración de justicia. El asesinato de los diputados salvadoreños en 2007 evidenció la penetración del crimen organizado a los más altos niveles de las autoridades de seguridad pública, y el manoseo de la investigación dejó también en evidencia a la fiscalía. En los círculos políticos internacionales se cuestionaba ya si Guatemala estaba en camino hacia convertirse en el primer narcoestado, un estado fallido controlado por el crimen organizado.
La CICIG, y la admisión del gobierno de que solos no podían hacer frente a un desafío tan grande, permitieron transformar a Guatemala. El primer comisionado advirtió de entrada que de poco serviría su trabajo si no contaba con un fiscal honesto, valiente y dispuesto a purgar la institución. Limpiar el Ministerio Público fue, pues, la primera tarea de la CICIG. Y solo podía hacerlo con fiscales probos. Solo después de limpiar la casa fue posible llevar a cabo desmantelamientos de bandas criminales, capturas de funcionarios y de capos del narcotráfico.
La CICIG no tiene autoridad para procesar a nadie. Su trabajo es de apoyo investigativo a la fiscalía. Pero su presencia y el respeto que se ha ganado permitieron salvar al presidente Álvaro Colom cuando todos lo creían responsable del asesinato del abogado Rodrigo Rosemberg (porque el propio Rosenberg lo acusaba de su muerte en un video “premonitorio” grabado pocos días antes de su asesinato); enjuiciar a dos expresidentes (Alfonso Portillo y Efraín Ríos Montt) y procesar a un presidente en ejercicio, Otto Pérez Molina, que se vio obligado a renunciar hace pocas semanas.
¿Hemos llegado en El Salvador a una situación como la de la Guatemala en la que nació la CICIG? No. Aparentemente no. Voceros del FMLN, escudados en esto, argumentan que una CICIG no es necesaria, y que quienes la exigen solo pretenden desestabilizar al gobierno. Pero fue el primer presidente del FMLN, Mauricio Funes, quien auguraba al principio de su mandato que el país necesitaría de una. El gobierno de Funes trabajó en la propuesta y la llevó a nivel regional. En septiembre de 2010, Funes fue a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York a proponer el establecimiento de una CICIG centroamericana porque, dijo, “es preciso reconocer que los organismos estatales se encuentran infiltrados por el crimen organizado y es necesario poner todos los medios a nuestro alcance para recuperarlos y que sean útiles en la buena batalla contra la delincuencia”. “Mi propuesta lleva implícito el reconocimiento de una realidad evidente: El crimen organizado no reconoce fronteras ni respeta Estados, por lo que nuestras respuestas deben también superar esos límites”, dijo. Por aquellos días, voceros de la derecha se opusieron a esta posibilidad.
Un año después, Funes engavetó su propia propuesta y a partir de entonces no se volvió a hablar más de la CICIES. Fue justo por los días en que Funes consolidó su amistad con el empresario Miguel Meléndez —quien multiplicó sus ganancias en contratos estatales— y a hacer escapadas privadas en los aviones del empresario.
Ahora es Arena la que la pide, sin explicar por qué la necesitamos, y el FMLN quien la rechaza sin tampoco reflexionar mucho sobre ello. La bandera de la politiquería parece bastar a ambos.
Pero si revisamos de nuevo la experiencia de la CICIG podemos sacar lecciones que, independientemente de si pasan o no por la creación de un organismo similar, al menos nos apunten hacia la consecución de unos resultados deseables para combatir la corrupción y la impunidad.
El actual comisionado, un fiscal colombiano al frente del equipo que desmanteló la red de corrupción en las aduanas liderada por el presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxanna Baldetti, describe así el rol de la CICIG : “Es como una coraza que ha podido proteger al Ministerio Público, mucho más sensible a las presiones de todo género que se pueden presentar. Es indudable, y no es un problema de Guatemala, sino en todos los países pero mucho más visible en América Latina, que factores, fuerzas de poder dentro del Estado, y por fuera del Estado, presionan a los órganos de justicia para que no afecten sus intereses... y que tienen, además, gran posibilidad de incidencia por la manera en cómo se integran esos órganos de justicia entre otras muchas otras razones”.
Evidentemente El Salvador no es ajeno a estas circunstancias. Luis Martínez, el actual fiscal general, a semejanza del expresidente Funes, parece tener una afición especial por los vuelos en aviones privados . Él usa el de otro empresario, Enrique Rais, contra el que hay procesos abiertos. Ni siquiera se dispensó de participar en el proceso contra el expresidente Francisco Flores, a pesar de que fue su abogado antes de ejercer como fiscal. La querella en el caso contra Flores lo acusa de obstaculizar el proceso. Es un fiscal muy cuestionado, que trabaja al frente de una fiscalía muy ineficiente en un país con altísimas tasas de impunidad.
Ahora el sistema político debate su reelección, o la elección de su sucesor. El FMLN tiene la posibilidad de demostrar que no necesitamos una CICIES, pero para eso necesita elegir a un fiscal que purgue la institución y que la guíe hasta hacer de ella un organismo probo, eficiente y sobre todo confiable. Y Arena tiene la posibilidad de dejar un terreno fértil para que, si acaso algún día se instala una comisión internacional como la que ahora pide, ésta pueda trabajar.
La exfiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz ha reconocido en diversos foros que su trabajo de desmantelamiento de bandas criminales y de corrupción solo fue posible por el apoyo de la CICIG, habida cuenta de que es un organismo internacional que aporta, y no es poca cosa, mucha credibilidad, ya que parte de que, al ser extranjeros nombrados por Naciones Unidas, sus investigadores y comisionados están libres de sospechas de componendas, corruptelas o conflictos de interés. En otras palabras: hace mucho más difícil que se califique o descalifique la acción fiscal a partir de otro tipo de agendas.
Es indiscutible que hay asuntos sobre la soberanía, la Constitución y la independencia que deben ser cuidadosamente evaluados antes de admitir la creación de un organismo internacional para tutelar la administración de justicia nacional. Pero lo que no puede seguirse dilatando es la limpieza de todo el sistema de justicia, que pasa por policías, fiscales y jueces. La impunidad y la corrupción son las verdaderas amenazas a la estabilidad nacional. Y a la soberanía.
Es un momento oportuno para que los operadores políticos demuestren que tienen verdadera voluntad de transformar a la fiscalía. Entre los candidatos a fiscal general los hay, pocos pero los hay, con la probidad y la voluntad de hacerlo. Pero incluso si los partidos logran anteponer los intereses nacionales a los suyos y nombran un buen fiscal, este requerirá del consenso y apoyo político necesario para llevar a cabo una difícil tarea. Si funciona, aquí como en Guatemala, veremos el desmantelamiento de las bandas criminales enquistadas en el Estado. Si no, el país seguirá avanzando aceleradamente hacia la situación en la que se encontraba Guatemala cuando pidió, en plena emergencia, una CICIG.
Solo hay de dos sopas. ¿Quieren de fideos?
