Seis congresistas de Estados Unidos enviaron 10 días antes del fin del mandato de Luis Martínez como fiscal general, una carta a la Asamblea Legislativa salvadoreña en la que piden a esta que nombre a otra persona en el cargo, que esté comprometida con el combate al crimen organizado y a la corrupción. Sin mencionar el nombre del actual fiscal, cuyo último día en el puesto fue el jueves 3 de diciembre, los congresistas manifiestan que respetan el proceso de selección impulsado por la subcomisión especial aunque sostienen que desean trabajar en colaboración con un nuevo fiscal general.
“Como miembros del Congreso de Estados Unidos con fuerte interés en El Salvador y Centroamérica, escribimos esta carta para animarlos a que elijan un nuevo fiscal general que tenga antecedentes de integridad, imparcialidad, capacidad profesional, y un compromiso para atacar sistemáticamente la corrupción y el crimen organizado en El Salvador”, dice la carta, fechada 23 de noviembre y enviada a los diputados Lorena Peña, del FMLN, y Antonio Almendáriz, del PCN.
La carta consta de dos páginas y va firmada por seis miembros de la cámara baja del Congreso de Estados Unidos. Los congresistas firmantes están vinculados a El Salvador porque supervisan y emiten leyes relacionadas con cooperación al extranjero, incluyendo los fondos de la Corporación Reto del Milenio, la Cuenta del Milenio, la United States Agency for International Development (USAID) y la asistencia en seguridad, entre otras.
Este viernes 4 de diciembre, la Fiscalía amaneció acéfala, pues tanto el partido Arena como el FMLN están divididos en el proceso de selección de fiscal general para el período 2015-2018. En ambos partidos se han formado dos grupos: el de quienes pretenden un segundo mandato para Martínez y los que tajantemente lo rechazan. Por ahora, la Fiscalía está en manos del fiscal adjunto.
'Al tiempo que nuestro Congreso estudia la entrega de asistencia futura a El Salvador, Guatemala y Honduras, creemos que es de vital importancia trabajar en colaboración con un nuevo fiscal general que ponga énfasis en frenar la corrupción y el crimen organizado”, dice la carta.
La misiva llega en momentos en que la lista de candidatos -que incluye a Martínez- se ha reducido de 72 originales a 61.
En Arena, las manifestaciones contra Martínez comenzaron a surgir a mediados de esta semana en boca de diputados como David Reyes, Karla Hernández, Juan Valiente y Johnny Wright. Este último incluso desafió a sus colegas a que si van a promover la reelección de Martínez que lo digan abiertamente porque, para él, ese sería un indicio suficiente para desconfiar de esa persona como diputado. “Quien vota por un corrupto es corrupto”, dijo. Arena había acordado que elegirían su carta con la cual negociar frente al resto de partidos mediante un voto secreto, pero a partir de una discusión sobre el tema, en la noche del miércoles, el partido se echó para atrás y ahora el mecanismo no necesariamente será ese.
Y en el FMLN, diputados como el médico y directivo legislativo Guillermo Mata Bennett han expresado su rechazo a la reelección. “Ratifico que como diputado jamás votaría por el actual fiscal que hoy terminó. Adiós!”, escribió Mata en su cuenta de Twitter el jueves por la noche.
En el FMLN, los dirigentes están divididos, pero en los últimos días algunos como la diputada Norma Guevara han cedido en sus recelos sobre Martínez. José Luis Merino, de la Comisión Política y dirigente clave porque es el máximo representante efemelenista en los millonarios negocios del grupo Alba Petróleos, ha dicho en público que Luis Martínez hizo un buen trabajo. Paralelamente, hace unas semanas, Norma Guevara acusaba a Martínez de haber salvado al expresidente Francisco Flores, a los imputados en el caso CEL-Enel y de haber ignorado 150 denuncias de corrupción que le presentó el gobierno anterior. Esta semana, sin embargo, Guevara dijo en una entrevista en televisión que el ex fiscal general ha hecho un buen trabajo.
Otra dirigente, Nidia Díaz, explicó las posiciones en su partido: “No hay decisión pero están los que recuerdan que el fiscal Martínez no investigó bien los casos Cel-Enel o el caso Flores-Taiwán”, dijo Nidia Díaz, diputada del FMLN, en octubre pasado a El Faro. Añadió que los que estaban a favor de Martínez en el Frente lo hacían porque, por ejemplo, se había encargado de legitimar los procesos electorales y no había levantado informes anulando elecciones a pesar de numerosos cuestionamientos de la oposición.
Los congresistas en su carta apuntan al problema de impunidad: “Ahora que la Asamblea Legislativa está escogiendo un nuevo fiscal, los instamos a ustedes a seleccionar un candidato que redoble esfuerzos para investigar el crimen organizado, la corrupción, la violencia de las pandillas y que perseguirá aquellos grandes casos aun no resueltos relacionados a los derechos humanos”.
Durante el período de Martínez El Salvador se convirtió en el país más violento del mundo, con una tasa de homicidios que era de alrededor de 50 por 100 mil habitantes cuando empezó su mandato en diciembre de 2012, a 100 por 100 mil en 2015.
Los congresistas sugieren la fórmula que ha usado Guatemala en los últimos años, con una comisión internacional que apoya el trabajo de la Fiscalía de ese país. “Animamos al próximo fiscal general –prosigue la carta- a pensar creativamente acerca de cómo El Salvador podría crear un mecanismo basado en principios similares a los de la CICIG en Guatemala”. Los congresistas reconocen las diferencias del tipo de corrupción que existe en Guatemala, respecto de la salvadoreña, pero aseguran que están impresionados por el impacto positivo que ha tenido la CICIG en el vecino país.
Entre los firmantes de la carta está el segundo al mando de la Comisión de asuntos exteriores de la Cámara de Representantes, el demócrata Eliot L. Engel. Esa comisión aprueba los fondos de programas como Corporación Reto del Milenio, que ya ha beneficiado a El Salvador con dos proyectos Fomilenio. El primero, que sirvió para construir la carretera longitudinal del norte, y el segundo, que ya no solo desarrollará la franja costera, como se había concebido, si no que impactará con proyectos a lo largo y ancho del país.*
En septiembre pasado la Corporación comenzó un desembolso de 277 millones de dólares del Fomilenio II, pero las entregas están supeditadas a que El Salvador cumpla con obligatoriamente con tres indicadores -de un total de 20-: el control de la corrupción, libertades civiles y derechos políticos. El resto de indicadores no son de obligatoria aprobación pero son tomados en cuenta por los donantes. Estos indicadores se clasifican en tres áreas: libertad económica, invertir en la gente y gobernar con justicia. El área más débil es esta última pues, según una nota de La Prensa Gráfica en noviembre de 2013, el país solo había aprobado uno de seis indicadores: el estado de derecho. “El Banco Mundial ha señalado que las áreas más problemáticas que tiene El Salvador son la criminalidad, la honestidad en el proceso judicial y la protección a la propiedad intelectual”, dice la nota.
Entre los seis firmantes de la carta a la Asamblea también van los congresistas del partido Demócrata, Albo Sires y Gregory W. Meeks, quienes, respectivamente, son los segundos al mando de las subcomisiones para el hemisferio occidental y para Europa, Euroasia y amenazas emergentes, respectivamente, que se desprenden de la Comisión de asuntos exteriores del Congreso. Se suman otros demócratas como James P. McGovern, Norma J. Torres, y Sam Torres, aunque ellos no están vinculados a ninguna comisión que vea directamente temas de ayuda extranjera a países como El Salvador en la actualidad.
McGovern, no obstante, ha sido cercano a El Salvador desde los años de la guerra civil. Fue asistente del congresista Joseph Moakley y en 1989 le tocó dirigir la investigación de la Comisión Moakley creada para indagar la masacre de los sacerdotes jesuitas.
La carta, enviada al presidente de la subcomisión que estudia los perfiles para fiscal en la Asamblea Legislativa, Antonio Almendáriz, cierra con una frase de advertencia: “En conclusión, no buscamos imponer nuestra visión en el proceso de selección que están llevando adelante, pero deseamos trabajar en colaboración con un nuevo fiscal comprometido en el combate al crimen organizado, a la impunidad en el país. Esperamos continuar trabajando para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador”, dice la carta.
*En una primera versión de este texto se decía que el Fomilenio II únicamente impactaría en la zona costera, cuando lo correcto es que los proyectos se deseminarán por todo el país, según se acordó en la negociación.
