La Fiscalía General de la República (FGR) usó parte de los 14.5 millones de dólares que encontró en barrilles, en septiembre de 2010, para pagar aguinaldos, seguros médicos, entre otros gastos corrientes de la institución, más la compra de un terreno para construir sus nuevas oficinas. Ese es el secreto que la Fiscalía ocultó durante más de un año y que reveló finalmente por una orden del pasado 15 de diciembre, que dispuso que fuera desclasificado.
El detalle de los gastos se conoció este viernes 18 de diciembre porque el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) obligó a la Fiscalía a entregar la información a una periodista de La Prensa Gráfica que hizo una solicitud de información el 17 de octubre de 2014. La información había sido clasificada como reservada y la Fiscalía aún tiene que aclarar por qué argumentaba que divulgar al público estos datos podía lesionar el curso de sus investigaciones.
La Fiscalía peleó desde el inicio por no revelar qué hizo con los fondos que ingresaron a la institución durante la gestión de Romeo Barahona como fiscal general. Según el informe, solo el 2.7 % de los fondos, es decir 394 mil 838.69 dólares, se usaron en 2012, un año que tuvo tres fiscales: Barahona, un período de acefalía -resuelto con un 'fiscal en funciones'- y Luis Martínez, que asumió el 4 de diciembre. Esto significa que casi la totalidad de los fondos se invirtieron cuando Luis Martínez ya era el fiscal general: el 41.2 % (6 millones 5 mil 679.47 dólares) en el año 2013 y el 56.1 % (8 millones 191 mil 5 33.89) en 2014, cuando se agotaron los fondos, según la Fiscalía.
El desglose de los gastos que presentó la Fiscalía detalla que usó 7 millones (un 48 %) para comprar el terreno donde construirán el nuevo edificio. El segundo rubro en que más se gastó el dinero de los narcobarriles es 'activos fijos', que incluye la puesta en marcha del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones, la compra de 55 vehículos, 365 computadoras de escritorio, 23 computadoras portátiles, 35 escáneres y nueve impresores, lo que supone un 22 % del total.
Completa el podio de gastos la categoría de 'adquisiciones de bienes y servicios', con un 19 %. Entre esos gastos destaca la compra de combustible, el pago de servicios básicos, los gastos de alquiler de edificios que la institución ocupa. En 2013, la Fiscalía tenía presupuestados 9 millones 439 mil 545 dólares para este rubro, pero utilizó otros 2 millones 718 mil 912.27 dólares para sufragar gastos. En 2014, tenía 10 millones 431 mil 190 dólares para pagar sus bienes y servicios, pero tomó otros 86 mil 699.83 para suplir sus necesidades. La Fiscalía argumenta el déficit presupuestario como el factor que los llevó a tomar esta decisión.
El resto del dinero la Fiscalía lo explica en un 5 % de remuneraciones, entre las que incluye el pago de planillas de casi la mitad del año: entre julio y diciembre de 2013. Para el año 2013, la Fiscalía ya tenía asignados 28 millones 957 mil dólares de su presupuesto para el pago de remuneraciones. Esto significa que ese dinero fue insuficiente o que esos 658 mil 833.37 de los narcobarriles usados para remuneraciones corresponden a gastos no incluidos en el presupuesto a inicio del año. El otro 6 % corresponde a 'Gastos Financieros y Otros' en el que la FGR incluye el pago de algunas cuotas del seguro médico privado que la Fiscalía de Luis Martínez contrató para sus empleados.
La Fiscalía ha justificado su derecho a gastarse el dinero de la forma en que dice que se lo gastó. El artículo 23 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos (LCLDA) permite 'reforzar financieramente a las instituciones del Estado encargadas de combatir el narcotráfico, lavado de dinero y de activos' con los bienes decomisados de procedencia ilegal. Dos personas han sido condenadas por lavado de dinero por el hallazgo de los fondos en propiedades de Zacatecoluca, La Paz, y en San Juan Opico, La Libertad. Esas condenas prueban que los fondos no tienen un origen justificable legalmente. La Fiscalía informó preliminarmente que era dinero provenientes del narcotráfico, aunque nunca judicializó un caso que probara quién era el propietario o cómo había llegado el dinero a ese lugar.
El Reglamento Relativo al Patrimonio Especial de Bienes Comisados permite al fiscal general realizar la asignación de los fondos, 'para lo cual tendrá en cuenta los fines del artículo 23 (LCLDA)'. Esos fines incluyen también financiar el Programa de Protección de Víctimas y Testigos, el otorgamiento de recompensas a personas que ayuden a resolver casos de lavado, programas de rehabilitación de drogadictos y programas de prevención de drogadicción.
Cuando se realizó la adjudicación de estos fondos a la Fiscalía, todavía no se había aprobado la Ley de la Extinción de Dominio, que entró en vigencia en noviembre de 2013. Esa normativa establece que a la Fiscalía solo le tocaría un 35 % de los bienes incautados. Si bien los barriles fueron encontrados antes de que se emitiera esta ley, el inciso final del artículo 6 dice que 'la acción de extinción de dominio procederá con independencia en cuanto a que los presupuestos establecidos en la presente ley hayan ocurrido con anterioridad a su vigencia', es decir, que puede aplicarse a hechos anteriores a la ley. Es retroactiva.
El Faro consultó a dos abogados que actualmente compiten por convertirse en el próximo fiscal general sobre si el uso de los fondos fue legal y adecuado. Ambos pidieron que su nombre se omitiera de este artículo para que sus opiniones no incidan en un momento en que la Asamblea Legislativa delibera sobre la elección de la persona que sustituirá a Luis Martínez. Los dos candidatos coinciden en que la Ley de Extinción de Dominio no se aplica en este caso. 'En la épóca de lo barriles tuvo que operar el artículo 23 de la Ley de Lavado para darle destino a esos fondos, porque no se había creado el Consejo Nacional de Administración de Bienes', dijo uno de los abogados, que tiene experiencia como fiscal.
El otro cuestionó el uso del dinero para pagar cantidades que ya están incluidas en el presupuesto institucional, como salarios y aguinaldos. 'Puede darse una malversación o un acto arbitrario por asignarse a algo que no era. Ese dinero (la Fiscalía) tuvo que depositarlo en una cuenta en algún lado, no lo tenían ahí. Hay que ver que el dinero se haya movido a esas partidas presupuestarias que ellos dicen', expuso el otro abogado. De hecho, el proceso continuará en el IAIP. La periodista pidió al Instituto que ordene a la Fiscalía que aclare varios puntos del informe y lo amplíe, adjuntando comprobantes de gastos. Para decidir sobre ese punto, el IAIP realizará una audiencia el 23 de diciembre próximo.
El IAIP regaña a la Fiscalía por sus reservas arbitrarias
Lo que la Fiscalía tiene que explicar es por qué se esforzó tanto en mantener en secreto el destino de los fondos si aseguran que su utilización fue legal y adecuada. La primera reacción del Oficial de Información de la Fiscalía en 2014 fue negarse a entregarla 'por tratarse de información relacionada con diligencias contenidas en expedientes de investigación'. Ante la apelación, la institución aseguró que el expediente que contenía los datos solicitados estaba en la Unidad de Investigación Financiera, por un caso activo, es decir, que no estaba cerrado ni archivado. Basada en eso, la Fiscalía alegó que las diligencias de investigación debían ser reservadas, según el artículo 76 del Código Procesal Penal.
La ciudadana que solicitó la información dijo al IAIP que es válido conocer cómo se han utilizado los fondos, porque las memorias de labores 2013 y 2014 de la propia Fiscalía detallan el gasto institucional de fondos provenientes de bienes decomisados. Además, dijo que su petición es sobre 'el uso que se dio a los fondos de forma detallada y no datos que puedan lesionar investigaciones'.
Los comisionados del Instituto recordaron a la Fiscalía que no puede ser arbitraria en la reserva de la información. La resolución asegura que 'no es pertinente realizar reservas genéricas utilizando como criterio que se está realizando una investigación, y es que si un ente establece la reserva de información deberá probar y justificar fehacientemente esta reserva'. En este caso, los fiscales tampoco establecieron el tiempo por el que emitían la reserva, un requisito para los casos en que se deniega información.
Otra de las conclusiones del Instituto es que la Fiscalía no justificó ni señaló cuál podría ser el daño ocasionado si se proporciona el detalle del uso de los fondos. Los comisionados agregan que 'es evidente que en nada afecta la investigación el saber la forma en que se utilizaron los fondos decomisados. Al contrario, el revelar la información permite que la sociedad esté más informada de la forma en la que se hace uso de los fondos', se lee en la sentencia.
