Las protestas en Guatemala se dieron de manera pacífica. La única opción era mostrar las manos, ampliamente. La ciudadanía no se podía permitir el lujo de realizar pintas callejeras o ensuciar fuentes con tinta roja, para no dar ningún pretexto al gobierno. Y después del barullo, el pueblo cayó en una calma. Pero debajo late una turbulencia donde se esconden todos los casos que deberán resolverse en los tribunales.
Las plazas se mantuvieron revueltas por seis meses, en busca de una depuración generalizada. Después de décadas escondiendo la cabeza ante las aberraciones de los políticos, la gente se levantó en apoyo a un caudal de capturas de funcionarios y operadores políticos, que incluye a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, el anterior binomio presidencial. Todos estaban dedicados al desfalco de las arcas públicas.
Esto ha provocado que quienes habitualmente no se interesan en los temas judiciales ahora están atentos a los procesos penales. Las audiencias se siguieron en vivo en Twitter —como si fueran partidos de futbol— y llegaron a ser trending topic. Ansiosa, la multitud esperaba la resolución final, que en la parte inicial del proceso supuso enviar a prisión preventiva a los acusados. Después de tres meses de investigaciones se espera que en enero próximo se presenten las acusaciones ante los juzgados para que el juez decida si las pruebas recabadas son suficientes para que se los envíe a un juicio oral.
A esta altura se vuelve imprescindible contar con tribunales independientes que sean capaces de juzgar a actores que han maniobrado con tanto poder desde aparatos paralelos, estos monstruos meta-estatales incrustados desde hace al menos treinta años en las instituciones guatemaltecas, como un residuo de las dictaduras militares.
Ante la urgencia han surgido propuestas que no son exclusivamente locales. Un grupo de jueces —sobre todo juezas— extrapolaron en junio pasado a Guatemala la idea italiana del proyecto antimafia “Manos limpias” que ha permitido capturar a varios miles de políticos y empresarios dedicados a la corrupción.
La filial guatemalteca pretende tener dos fases: la primera consiste en que jueces y magistrados se sumen al pacto firmando un acta notarial en la que den a conocer los nombres de sus parientes que laboran para el Estado, porque esta es la manera en que habitualmente se pagan favores entre los magistrados, colocando a hijos y apadrinados en distintas instituciones.
Luego, los funcionarios judiciales deberán presentar también su declaración patrimonial, para que sea posible cotejar periódicamente sus ingresos y su patrimonio en busca de posibles discordancias. Hay al menos, en estos momentos, dos casos de juezas sindicadas por enriquecimiento ilícito porque poseen lujosas propiedades que no se corresponden con el salario que reciben.
Así como se exigirá a los operadores de Justicia que se inscriban al pacto, con la invitación hecha por algunos jueces notables y miembros de la sociedad civil —en países como Honduras, donde hay más institucionalidad en los partidos políticos, podrían ser estos mismos los que realicen una convocatoria similar— se tratará de inspirar un momentum mediático y que la ciudadanía respalde esta firma, a fin de hacer partícipes a los jueces de la transformación social que se ha impulsado desde abril. Recuerdo al connotado jurista Alfredo Balsells, quien decía que estos temas son demasiado relevantes para dejarlos en las manos de abogados.
La segunda fase vendría con el respaldo a una reforma profunda, que pasa por exigir al Congreso modificar la Ley de la Carrera Judicial y que comprende varias medidas pero particularmente se enfoca en una: quitar a la Corte Suprema de Justicia la facultad de realizar traslados discrecionales y que un órgano llamado Consejo de la Carrera Judicial, integrado incluso por no abogados, decida sobre ascensos y nombramientos de todos los trabajadores de los juzgados con base en méritos.
Estas son algunas regulaciones que se pretende impulsar para que los casos contra los anteriores funcionarios —presidente, vicepresidenta, director del Seguro Social, de la administración tributaria, diputados, por decir algunos— estén arropados con una mayor independencia judicial, ya que sabemos que uno de los principales bastiones de la corrupción en Guatemala reside en los tribunales, donde al final se decide la responsabilidad de los capturados.
La iniciativa, así como vino de Italia a Guatemala, bien podría aplicarse, con los mecanismos propios de cada país, en cualquier lugar de Centroamérica. Incluso, sería factible cierta unión entre jueces y ciudadanos de la región que están en busca de proteger la función judicial.
Ahora que hablo de la limpieza de las manos, recuerdo una vez en la que, ante un examen para el que no había estudiado mayor cosa, me rayé en la mano izquierda unos datos que podrían servirme en la prueba. Nervioso, apretaba el puño cada vez que el profesor se acercaba, pero en una de esas, con vista halcónica, me notó la mano azul, me la abrió a la fuerza y observó las respuestas en lapicero, que en realidad no me habían servido de mucho. La consecuencia nefasta se dio, perdí el examen, por andar con las manos sucias.
*Álvaro Montenegro es periodista. Es uno de los siete guatemaltecos que crearon el movimiento #RenunciaYa, después rebautizado como #JusticiaYa, central en las protestas que impulsaron la renuncia del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.
