Ciudad de Guatemala, GUATEMALA. Con paso lento descienden del avión que los trajo de Estados Unidos: son cuatro madres y 10 niños indígenas guatemaltecos que regresan este miércoles 6 de enero a su país tras ser detenidos en uno de los operativos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por su sigla en inglés) realizados para expulsar a migrantes con orden de deportación.
Algunos de los menores tratan de cubrir su rostro con los sudaderos que visten, mientras otros ven con curiosidad a los periodistas que a la distancia tratan de retratar al primer grupo de deportados guatemaltecos por estos operativos realizados el fin de semana.
Las acciones contra los migrantes ilegales encendieron las alarmas en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras, ante un posible incremento de deportaciones en 2016.
“Aquí no hay fuentes de trabajo y pedimos que no los deporten, ellos están allá (Estados Unidos) trabajando decentemente”, dice Alfredo Vicente, mientras espera afuera de la base aérea militar en la periferia sur capitalina por su sobrina Dulbia, quien junto a sus dos hijos fue detenida y deportada.
Vestido completamente de negro, Vicente explica que son originarios del departamento de Totonicapán, y que su familiar residía desde hace más de dos años en la ciudad estadounidense de Atlanta, a donde migró al no encontrar empleo como maestra en Guatemala.
Los agentes de inmigración estadounidense “llegaron a su apartamento, tocaron la puerta y preguntaron por ella y así fueron como la agarraron”, agrega Vicente, sentado junto a un grupo de niñas indígenas que comen naranjas a la espera de las otras madres que llegan con sus hijos de entre 2 y 17 años.
El grupo de deportados evita a los medios de comunicación y es evacuado por las autoridades guatemaltecas.
Durante el primer fin de semana del año 2016, autoridades migratorias estadounidenses detuvieron a 121 adultos y niños considerados inmigrantes ilegales para ser deportados, en un operativo que es apenas el primero de una serie, informó el secretario de Seguridad Interna, Jeh Johnson.
Alarma por deportaciones
Las operaciones son para expulsar a extranjeros, en su mayoría centroamericanos, que hayan ingresado a Estados Unidos después de mayo pasado y cuyas solicitudes de residencia ya hayan sido negados por cortes migratorias locales.
“Creemos que, de continuar los operativos, se volverá a alcanzar la cantidad de deportados de años anteriores”, cuando las cifras aumentaban en cada período, dice Alejandra Gordillo, directora del estatal Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA).
En los últimos años, las expulsiones de guatemaltecos de suelo estadounidense marcaron cifras récord que toparon en 2014, cuando fueron deportados 51,157. Para 2015 la cantidad se redujo un 39 %.
El mismo fenómeno ocurrió en El Salvador, que reportó 21,752 deportados en 2015; y Honduras, con 19,000 expulsiones.
“Las deportaciones nos preocupan porque además del drama humano que generan, representan una dificultad porque en el caso de la población adulta representa desempleo, y en el caso de los jóvenes o grupos familiares significa exponerse a un ambiente de inseguridad del cual huyeron”, agrega Marisol García, responsable de asuntos migratorios en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA).
¿Y las remesas?
Otra de las preocupaciones por estas acciones emprendidas por Estados Unidos es que lleguen a afectar el envío de remesas, que constituyen un pilar de la economía de los tres países del norte de Centroamérica.
“Hay un número significativo de personas que están allá trabajando, hay persona con TPS (Estatus de Protección Temporal), y compatriotas que están en condiciones irregulares trabajando y enviando remesas, claro que (de ser deportados) eso sí afectaría significativamente”, precisa Aracely Romero, titular del Centro de Atención del Migrante Retornado de Honduras (CAMR).
Según estimaciones del CONAMIGUA, 85 % de los deportados proviene de los puestos fronterizos al no lograr alcanzar suelo estadounidense, pero con los nuevos operativos esto podría cambiar el porcentaje.
“Creemos que esto se modificará y estimamos que un 60% de deportados serán los que interceptan en la frontera y el resto serán personas que viven en Estados Unidos”, detalla la funcionaria guatemalteca.
Sin embargo, Gordillo agrega que el flujo de remesas se ha mantenido al alza a pesar de los años en los que aumentaron las deportaciones, por lo que espera persista la tendencia.
Las remesas familiares equivalen en Guatemala a la mitad de los ingresos por exportaciones, que han reportado un promedio de 10,000 millones de dólares en los últimos años. El Salvador en 2014 percibió 4,217 millones de dólares, equivalentes a 16.5% del PIB, y Honduras reporta entre 3,000 y 3,500 millones de dólares en ese rubro.
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