Ciudad de Guatemala, GUATEMALA. Postrado en la cama de su residencia, el anciano militar de 89 años Efraín Ríos Montt esperará la apertura del juicio por genocidio ordenado por el Tribunal B de Mayor Riesgo, el mismo que validó los exámenes médicos que revelaron que sufre trastornos mentales.
“Estamos listos para entrar al nuevo debate, los testigos y testigas han manifestado que ellos quieren volver a declarar” sobre las matanzas, dijo a la agencia AFP Juan Francisco Soto, director del querellante Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh).
En agosto pasado, los jueces a cargo del caso decidieron celebrar el juicio a puerta cerrada, sin prensa y solo con la presencia de familiares de víctimas.
De ser condenado, Ríos Montt evitaría la cárcel y tendría que cumplir medidas de seguridad adecuadas a su deteriorada condición de salud, como reclusión en un hospital o su residencia.
El general retirado había sido sentenciado a 80 años de prisión el 10 de mayo de 2013 por genocidio, pero la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial de Guatemala, anuló el fallo por errores procesales y ordenó realizar nuevamente el juicio. “Si ya se probó una vez que se cometió genocidio, lo volveremos a probar en este nuevo juicio”, agregó Soto.
“Es un juicio político”
Ríos Montt enfrenta cargos por la muerte de 1,771 indígenas mayas-ixiles en el norteño departamento de Quiché durante su régimen, considerado el período más sangriento de la guerra civil guatemalteca (1960-1996), que dejó unos 200,000 muertos o desaparecidos, según la ONU.
“Este juicio es político. El tribunal lo que quiere es ganar protagonismo porque si ya lo declaró incapaz, él (Ríos Montt) ya no entiende alguna imputación que se haga en su contra. Si es una sentencia condenatoria o absolutoria, ya no sabe”, declaró Jaime Hernández, abogado del militar.
El jurista explicó que su cliente permanece “acostado” en su habitación bajo el cuidado de una enfermera, y que “a veces hilvana unas oraciones y a veces no”, sin mantener una comunicación fluida, por lo que “el juicio ya no tiene razón de ser”.
También consideró que la intención de los jueces es posicionarse ante la vitrina internacional y de una parte de la población que apoya los procesos contra militares señalados de cometer violaciones a los derechos humanos durante el conflicto.
Por su lado, Soto mencionó que los familiares de las víctimas persisten en el proceso para hacer justicia y no por venganza: “Esto no es un tema de venganza. Los testigos (en el primer juicio) han sido categóricos en decir que ellos estaban allí para buscar justicia para que no se volvieran a repetir los hechos”.
De acuerdo con el Caldh, de 2013 a la fecha han muerto por enfermedades asociadas a la vejez cuatro del centenar de testigos del caso por genocidio, sustentado por casi 900 pruebas, entre documentos militares, informes y peritajes antropológicos.
Junto al proceso especial de Ríos Montt, el tribunal ventilará un juicio público por genocidio contra su exjefe de inteligencia militar, José Rodríguez.
Crímenes del pasado
Según la acusación, Ríos Montt orquestó una política de exterminio contra el pueblo indígena, al que señalaba de colaborar con las guerrillas izquierdistas durante la guerra civil.
En la antesala al proceso, la organización Amnistía Internacional en un comunicado estimó que el juicio es “la mayor prueba” que enfrenta en la actualidad el sistema de justicia de Guatemala y “una gran oportunidad” para demostrar que está comprometida con los derechos humanos.
“Decenas de miles de víctimas de los horrendos crímenes cometidos bajo el mandato de Ríos Montt han estado esperando por décadas para que se hiciera justicia, no se les debe forzar a esperar un segundo más”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Anmistía Internacional, según el comunicado.
Por otros crímenes durante el conflicto bélico, la Fiscalía logró esta semana la detención de 18 militares retirados acusados de participar en al menos 88 masacres entre 1981 a 1986, sobre todo en el norteño departamento de Alta Verapaz.
Entre los detenidos figura Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del ejército durante la presidencia de su hermano Romeo Lucas (1978-82), cuya gestión es considerada como una de las más oscuras durante el enfrentamiento armado, en el cual 93 % de las atrocidades son atribuidas a las Fuerzas del Estado.
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