El general José Guillermo García, quien este año cumplirá 83 años y que fue ministro de Defensa en los primeros años de la guerra civil salvadoreña, llegó a El Salvador este viernes 8 de enero deportado por Estados Unidos, donde un juez de Migración lo halló culpable de graves violaciones a los derechos humanos en su país de origen, conclusión que fue ratificada en diciembre por una cámara de apelaciones en aquel país.
Al salir del Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, García tuvo un breve pero intenso intercambio con manifestantes que llegaron a gritarle '¡asesino!' y que le preguntaron por los desaparecidos. En un arranque de altivez, el general les gritó: '¡Búsquenlos!'
García fue ministro entre 1979 y 1983 y aunque regresó a El Salvador 33 años después de haber dejado el cargo, encuentra un país que se retuerce nuevamente por los fantasmas de la guerra civil y con una Sala de lo Constitucional vacilante en torno a cómo actuar respecto de los crímenes ocurridos en el pasado. García, sustituido en 1983 por el general Carlos Eugenio Vides Casanova, retornó forzosamente a El Salvador nueve meses después de que su sucesor regresara deportado también por haber sido encontrado responsable de graves violaciones a los derechos humanos.
El exministro, sin embargo, llegó a un país que está más cerca de parecerse a un refugio para criminales de guerra que a un país donde se le pueda procesar judicialmente.
García llegó al aeropuerto a bordo de un avión pagado por el gobierno de Estados Unidos que traía a otros 130 salvadoreños deportados. El general retirado no traía consigo más que un ligero abrigo. En el aeropuerto —en un módulo apartado de donde los pasajeros y turistas suelen aparecer para reeoncontrarse con los familiares que los esperan después de un vuelo— lo estaban esperando tres parientes que, en las horas previas al aterrizaje del avión, habían negado tener algún parentesco con García. También fueron a recibirlo miembros de organizaciones y asociaciones de víctimas de violaciones a derechos humanos que habían hecho convocatorias para ir a esperarlo con gritos de '¡asesino!” y “¡torturador!”
Al salir del módulo de Migración, García, quien fungió como ministro de Defensa entre 1979 y 1983, gritó varias veces “¡Viva El Salvador!” cuando caminaba al vehículo que lo esperaba. A eso los activistas de derechos humanos, algunas víctimas y familiares de víctimas le respondieron con gritos de “Asesino, ¿dónde están los desaparecidos?”. El general García sonrió, alzó los brazos en una especie de saludo, y fue rodeado de inmediato por sus tres familiares, y luego también por las cámaras de la prensa que también buscaron una declaración de él. Pero los gritos de los manifestantes eran más fuertes. '¡Asesino!', '¡Torturador!'... '¿!Dónde están los desaparecidos!?', volvió a preguntar alguien, a bocajarro. Y mientras caminaba, con una sonrisa en la boca, el general, que parecía que no iba a decir más que 'Viva El Salvador', respondió impávido: “¡Búsquenlos!”
García siguió avanzando entre trompicones y tratando de esquivar a las numerosas cámaras de prensa que le obstaculizaban el paso, hasta que logró alcanzar un pick up doble cabina que lo esperaba con la marcha encendida y que lo llevó a él y a sus familiares lejos de los gritos de sus detractores, y de unos maniquíes que las organizaciones habían colocado en el suelo y que evocaban a seres humanos torturados.
García llegó a un país que, así como lo fue Estados Unidos para aquellos militares en las décadas de los 80 y 90, significó un refugio seguro por la participacíon que tuvieron en la guerra civil salvadoreña. En abril del año pasado, El Salvador recibió al exministro Vides Casanova (1983 – 1989). A pesar de las múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos en su contra, y de haber sido condenado en 2002 -junto a García- en un tribunal civil de Estados Unidos por su responsabilidad en las torturas y ejecuciones extrajudiciales en la guerra civil, Vides Casanova no ha sido perseguido en el país, donde una Ley de Amnistía fue utilizada históricamente por la Fiscalía para no proceder.
El Salvador también se ha convertido en un refugio para los militares que están siendo acusados por la masacre de seis jesuitas de la UCA y que viven sin que la justicia haya amagado con procesarlos. En 2011, un juez español libró una orden de captura internacional en su contra por el caso, pero los militares no fueron detenidos porque la Corte Suprema de Justicia determinó entonces que la notificación roja de Interpol solo implicaba localizar a las personas objeto de alerta, no aprehenderlas. A pesar de que el martes pasado, el juez español Eloy Velasco ratificó la vigencia de las órdenes de captura internacional contra 17 de los 20 militares procesados, en El Salvador la Policía Nacional Civil sigue rehusándose a cumplirla bajo el argumento de que debe recibir primero una orden de la Corte Suprema de Justicia. Los militares, eso sí, no pueden salir de la frontera salvadoreña.
En cambio en Estados Unidos, a Vides Casanova, al igual que a Guillermo García, un tribunal civil de ese país lo condenó a pagar 54 millones de dólares, en 2002, en concepto de indemnización para tres víctimas de tortura que lograron demostrar, con sus testimonios, que García y Vides Casanova tenían control sobre las fuerzas de seguridad salvadoreñas cuando estas cometían abusos a derechos humanos. A raíz del veredicto que los encontró culpables, querellantes particulares del Center for Justice and Accountability (CJA), con sede en San Francisco, Estados Unidos, impulsó juicios migratorios contra ambos exaltos mandos.
El avión que transportaba a García estaba previsto que aterrizara a las 12 del mediodía, pero el mal clima en Estados Unidos impidió que el avión cumpliera con ese itinerario. La aeronave aterrizó a las 3:10 de la tarde.
García, quien fue detenido en el Estado de Florida, el 17 de diciembre, fue deportado por su rol en la comisión de violaciones de derechos humanos durante la guerra civil, reportó el ICE en un comunicado de este miércoles.
Un tribunal de apelaciones de Imigración (Board of Immigration Appeals, en inglés) rechazó el recurso que había presentado García y que buscaba revertir la decisión de un juez de inmigración de febrero de 2014, en la que se ordenaba que García debía ser expulsado de Estados Unidos. El juez de migración ordenó la deportación de García por participar o permitir la comisión de numerosos actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales en El Salvador mientras estaba al mando como ministro de Defensa. “García supo o debió haber sabido sobre las ejecuciones extrajudiciales y la tortura, bajo la teoría la cadena de mando”, dice el comunicado del ICE.
Ese fue el segundo revés judicial en la hoja de vida de García porque en 2002, un tribunal civil lo encontró culpable de haber permitido u ordenado actos de tortura contra Neris González, Juan Romagoza y Carlos Mauricio, tres salvadoreños que en diversos lugares y momentos fueron identificados por las fuerzas de seguridad como subversivos.
García tuvo bajo su responsabilidad las tropas de las distintas fuerzas de seguridad que, en esos años, cometieron la mayor cantidad de abusos de derechos humanos, entre desapariciones, masacres de población civil, torturas y ejecuciones sumarias, como quedó recogido en diversos documentos secretos y oficiales que demostraban que era una acción sistemática.
Las asociaciones y organizaciones de derechos humanos que dieron la bienvenida al general García se reunieron por la mañana en el parque Cuscatlán para luego dirigirse hacia el aeropuerto de Comalapa. Llevaban consigo rótulos y pancartas que aludían a la justicia y que adjetivaban a los generales García y Vides Casanova como criminales de guerra. Los miembros de las asociaciones también llevaron maniquíes de hombres que simulaban estar bajo tortura, y los colocaron a media calle junto a rostros —tamaño poster— del general José Guillermo García.
Entre las víctimas presentes estaba Juan Romagoza, uno de los testigos claves que permitió en Estados Unidos que se declarara como responsable de actos de tortura a los exministros García y Vides Casanova. “A nivel internacional se ha reconocido que ellos son abusadores y genocidas y sin embargo aquí vienen a protegerse a El Salvador. Creo que tenemos una justicia ciega hasta ahora que no llega a investigar ni a juzgar. Después que se perdone, no hay problema, pero que se investigue”, dijo Romagoza en el aeropuerto.
Otra de las víctimas cuyo testimonio sirvió para que se condenara civilmente a García y a Vides Casanova en Estados Unidos es Neris González. Desde Estados Unidos, donde vive, reaccionó: 'Ahora ya están en El Salvador, ya les dimos el gran empujón hasta aventarlos a El Salvador. Es una oportunidad para que el Órgano Judicial aplique la ley para los crímenes de lesa humanidad. Ellos pueden mentir en su mismo charco, pero no al pueblo vulnerable y honesto de El Salvador. Que se haga justicia en este 2016', dijo esta mujer, oriunda de San Vicente, donde fue detenida y torturada por la Guardia Nacional, en diciembre de 1979.
Al aeropuerto, entre una veintena de manifestantes, llegó la exmgistrada de la Corte Suprema de Justicia Mirna Perla, esposa de un activista de derechos humanos Herbert Anaya Sanabria, asesinado en 1987, cuando era ministro de Defensa Carlos Eugenio Vides Casanova. La exmagistrada llevaba una carta que su hija, Rosa Amaya, escribió para “los torturadores y asesinos” de su padre. Alejada del barullo de la protesta y del resto de familiares que esperaban a otros deportados, y apartada de las cámaras de los medios de comunicación, la exmagistrada Perla leyó la carta a través de un megáfono que tenía incorporado en su carro. “Este pequeño acto es algo así como mi venganz personal, aunque no pueda a los ojos decirles que los perdono, no sin antes haber pegado una gran chillada para poder terminar de purgar cualquier rezago de resentimiento por sus actos… ¿Quién es el que descansa en paz, señores?, la justicia es lenta pero segura, la impunidad no será eterna en este nuestro mundo globalizado”, leía Perla. Nadie parecía ponerle atención, se le quebró la voz de tanto en tanto, y cuando terminó la lectura, caminó hacia donde estaban los demás miembros de los comités de derechos humanos para sumarse a la protesta y dar declaraciones a la prensa.
La exmagistrada, consciente de que El Salvador ha decidido nunca investigar ni reabrir investigaciones viejas sobre crímenes de guerra, es de la opinión de que todo es cuestión de voluntad. “Hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia y a los jueces que han jurado obedecer la Constitución, para que reabran los casos que tienen bajo su responsabilidad. En El Salvador no hay ninguna excusa, la Constitución establece que es un derecho fundamental el acceso a la justicia y el acceso a la verdad se ha trabajado como parte de ello en diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Perla.
García abandonó el aeropuerto abordo de un vehículo junto a tres personas -dos hombres y una mujer- que habían negado hasta último minuto su relación con el exministro. Cuando la Dirección de Migración preguntó a viva voz, en medio de todos los familiares que esperaban por alguno de los salvadoreños que venían deportado, si alguien había llegado por el general, nadie respondió. Uno de los dos hombres negó a El Faro, horas antes, que fuera pariente del general.
Cuando el ministro García trataba de avanzar entre los periodistas y las cámaras de televisión hacia su vehículo, gritando 'Viva El Salvador, viva El Salvador', estas tres personas le iban abriendo camino para que pudiera avanzar. Todos abordaron el vehículo bajo una tormenta de gritos e insultos. El pick up arrancó a toda velocidad.
