El presidente Salvador Sánchez Cerén y los diputados de la Asamblea Legislativa han acelerado de manera destacable la formación de una serie de leyes claves para los intereses del gobierno y de sus aliados, publicándolas en una semana o en menos de una semana en el Diario Oficial luego de haber sido aprobadas en la Asamblea y sancionadas por el Ejecutivo.
Entre estas tres normativas destaca la ley de Probidad, aprobada por la Asamblea Legislativa el miércoles 16 de diciembre del año pasado, enviada a Casa Presidencial un día después y sancionada -sin informar nada por ninguna vía- por el presidente en la vispera de navidad el 23 de diciembre. Formalmente -por lo general la burocracia no acelera sus procedimientos- un decreto debe reunir al menos la firma de 8 directivos antes de ser enviado a la Presidencia, y este proceso por ley no debe exceder los 10 días hábiles. Para que el presidente publique una ley en el Diario Oficial, la Asamblea debe ser ágil en enviar a Casa Presidencial. Este lunes 11 de enero, la Sala de lo Constitucional detuvo la aplicación de esta ley como medida cautelar, luego de aceptar un recurso de inconstitucionalidad en su contra.
Exprés es algo que se hace o sucede muy deprisa. Un antecendente necesario para entender qué tan rápido puede entrar en vigencia una ley ocurrió en el quinquenio pasado, cuando en menos de 24 horas la derecha legislativa -en sintonía con un presidente de izquierda- aprobaron una reforma de ley que intentó amarrar a la Sala de lo Constitucional. El hito en este tipo de trámites lo dejó el expresidente Mauricio Funes y la legislatura 2009-2012. Un jueves 2 de junio de 2011, Arena, Gana, PCN y PDC votaron por un decreto conocido como 'el 743', que salió en el Diario Oficial el mismo día en que fue votado. El truco de acelerar el proceso de formación de ley pretendía frenar una sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, una sentencia que nunca estuvo en la agenda de 2011 de la Sala de lo Constitucional. Este rumor llevó al expresidente Mauricio Funes a publicar en jueves un decreto que firmó en viernes. Un hito comparable con la posibilidad de publicar una noticia de hoy en el periódico impreso de ayer.
En el 2015, entre la Asamblea y el Ejecutivo agregaron 12 nuevas leyes permanentes a la legislación salvadoreña. El tiempo promedio que la nueva la legislación tardó en ser publicada en el diario oficial fue de 23 días. Un ejemplo de normativa tramitada en tiempo casi promedio es la ley de firma electrónica, cuerpo legal que destacó el presidente Sánchez Cerén como uno de sus principales logros del año. Esta fue votada el 1 de octubre de 2015 y publicada en el Diario Oficial 25 después. Otro logro publicitado por el gobierno fue la Ley para facilitar la ley de inclusión financiera, votada el 13 de agosto y publicada 21 días después.
Aunque la Ley de Probidad no fue la más expedita de todas, destaca porque su envío al Diario Oficial ocurrió cerca de las festividades de fin de año, una fecha poco recurrente para la sanción de normativas que arrastran controversias, como es el caso de la Ley de Probidad. Aprobada con 47 votos del FMLN, Gana y PCN y sancionada, silenciosamente, por el presidente solo unos días después. Contrario a otras veces, en la que la Presidencia difunde comunicados por informar que una ley o un decreto goza del beneplácito del mandatario, como ocurrió con la Ley Especial contra el delito de la extorsión, el Decreto legislativo que creó el voto cruzado o las leyes para impulsar una reforma fiscal, esta vez la Presidencia nunca informó que la nueva ley de probidad ya había sido sancionada por Sánchez Cerén, y el vocero de la Presidencia, Eugenio Chicas, incluso aseveró que la sanción se había dado sin que él se diera por enterado. 'Fue un lapsus mío y de mi equipo de trabajo. No recibí la información en mi último día de trabajo', explicó luego el secretario de Comunicaciones en una entrevista televisiva.
La Ley tramitada con más agilidad por el tándem Asamblea-Presidente fue la Ley contra el delito de la extorsión, publicada en el Diario Oficial cinco días después de haber sido aprobada por los diputados, cuatro veces más rápido de lo usual. Esta fue votada el 18 de marzo de 2015 y publicada en el Diario Oficial cinco días después. La agilidad está justificada. Según el Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (CONAPES) y la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños (SCIS), el 79% de las micro y pequeñas empresas pagan extorsiones y, según la Federación de Cooperativas del Transporte (Fecoatrans), el año pasado este sector pagó a las pandillas más de 26 millones de dólares.
Al decreto antiextorsión le sigue La ley de probidad, publicada en el diario oficial 7 días después de ser votada. En este caso, el tándem Asamblea-Presidente, fue tres veces más ágil en la publicación de una nueva ley.
La Ley de contribución especial para la seguridad ciudadana y convivencia y la Ley de compensación económica por servicios prestados en el órgano judicial también tardaron una semana en ser publicadas en el Diario Oficial. En la práctica, la ley de contribución especial para la seguridad significó un impuesto del 5% a todos los productos y servicios de telecomunicaciones -telefonía de todo tipo, internet móvil, residencial, servicio de cable y todos los derivados-. En resumen: dos herramientas para enfrentar el crimen; una de retiro voluntario de empleados del órgano judicial y otra que quita el poder de investigar enriquecimiento ilícito a la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia.
Por primera vez en 56 años de existencia de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, la Corte Suprema de Justicia logró la correlación necesaria para ordenar el juicio de enriquecimiento ilícito contra dos funcionarios -un diputado y un exdirector del Seguro Social- y tiene en su agenda 30 investigaciones contra exfuncionarios de Arena, FMLN, Gana y PCN. Diputados, expresidentes, ministros y exministros. Con la nueva ley de Probidad la investigación recaería en 3 magistrados de la Sala de lo Civil.
La nueva y más débil ley de probidad
La nueva ley de Probidad ya ha sido congelada por una demanda de inconstitucionalidad que admitió este lunes la Sala de lo Constitucional. Casi con la misma agilidad con la que fue publicada en el Diario Oficial. Tres días después de haber sido interpuesta la demanda, recibida el viernes 8 de enero y admitida este lunes 11, los magistrados impusieron una medida cautelar que frena la entrada de vigencia de la nueva ley y ordena que siga en funcionamiento la Ley de enriquecimiento ilícito con la que se está investigando a un poco más de 30 funcionarios.
La ley congelada por la Sala de lo Constitucional establece la desaparición del juicio civil, proceso que permite que un funcionario devuelva al Estado lo que se apropió indebidamente y que sirve como prueba en un juicio penal.
Para diputados del FMLN , el juicio civil, el juicio penal y el proceso de extinción de dominio son esfuerzos complementarios para contrarrestar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y la corrupción. Según la diputada del FMLN, Jackeline Rivera, la nueva ley también intentaba frenar la discrecionalidad con la que la Sección de Probidad ordenaba las investigaciones.
La ley de enriquecimiento ilícito ocupada establece que la Corte Plena determina si un expediente de la Sección de Probidad de la Corte Suprema reúne suficientes indicios de enriquecimiento ilícito para ordenar a una Cámara de lo Civil que abra el juicio contra el funcionario.
Desde 1959, año en que se aprobó la Ley de enriquecimiento ilícito, nunca una Corte Plena había ordenado un juicio de enriquecimiento ilícito. Fue hasta septiembre, dos semanas después de que tomaran posesión cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema, que la corte plena ordenó el primer juicio civil contra un diputado del PCN, Reynaldo López Cardoza. Un mes y medio después, en noviembre de 2015, la Corte Suprema ordenó el primer juicio civil contra un exfuncionario del primer gobierno del FMLN, Leonel Flores Sosa, exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
La nueva Ley de probidad delega en tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia las atribuciones que antes estaban en manos de 15 magistrados. Según la ley que publicó con urgencia el presidente, “la Sala de lo Civil podrá informar a la Fiscalía General de la República” o también a un juez de extinción de dominio al encontrar indicios sobre un delito. La Sección de Probidad se limitará a recomendar a la Sala que informe a la Fiscalía.
El poder de la sección de Probidad, según la nueva ley de Probidad, estaría delegado en Ovidio Bonilla, magistrado que entró a la presidencia de la Corte Suprema con el auxilio de un cerrajero y fue vitoreado por el entonces presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes; Óscar López Jerez, magistrado propuesto por Gana y que asesoró a la Fuerza Armada en los últimos años de la guerra civil y María Luz Regalado Orellana, abogada que entró a la Corte junto a los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. El magistrado López Jerez fue el único de los 15 magistrados que se abstuvo de votar a favor de enjuiciar por enriquecimiento ilícito al diputado Reynaldo Cardoza.
La Corte Plena de 15 magistrados tiene en agenda el estudio de los informes que prepara la Sección de Probidad, que antes del 21 de febrero debe terminar de auditar el patrimonio de los tres últimos expresidentes de la República. Con la nueva ley, la publicación de las auditorías quedaría en manos de los tres magistrados de la Sala de lo Civil y la posibilidad de ordenar un juicio de enriquecimiento ilícito sería imposible.
Las 12 nuevas leyes permanentes aprobadas por la Asamblea el año pasado y los tiempos que tardó el presidente en publicar en el Diario Oficial. *Cuatro leyes aún están en proceso de formación de ley, es decir, no han sido publicadas ni sancionadas por el presidente. Para sacar el promedio se contaron los días entre la fecha en que fue emitida y el tiempo transcurrido hasta este lunes 11 de enero de 2016.
Para ver este gráfico completo en DISPOSITIVOS MÓVILES haga clic aquí.
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*Con reportes de Gabriel Labrador
