La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó este martes 19 que la Presidencia de la República le entregue la información sobre los gastos de publicidad del año 2010 y los gastos en viajes del expresidente Mauricio Funes y la exprimera dama, Vanda Pignato, en un proceso de amparo que podría significar, por primera vez en la historia del país, la apertura para los gastos de publicidad de la Presidencia, uno de los secretos mejor guardados durante las administraciones de Antonio Saca (2004-2009), Mauricio Funes (2009-2014) y el periodo de Salvador Sánchez Cerén al frente del Ejecutivo.
“La Sala de lo Constitucional ordenó a la Presidencia de la República que, en el plazo de diez días contados a partir de la notificación respectiva, remita una copia a este tribunal de la siguiente información: los servicios de las agencias de publicidad para el diseño, producción e implementación de campañas, para el año 2010 y sus prórrogas; y, la información relativa a los viajes – incluyendo la logística de seguridad y transporte– efectuados por el expresidente de la República y la primera dama, en misiones internacionales durante el período comprendido del 1-VI-2009 al 31-V-2014”, dice el comunicado de prensa emitido por la Sala.
Con esta medida cautelar, la Sala de lo Constitucional se ha convertido en la última intancia que podría abrir a los ciudadanos las cuentas de los gastos de publicidad y de viajes que se realizaron en el gobierno del expresidente Funes en do momento específicos, pero también abriría las puertas para que en el futuro la ciudadanía pueda conocer cómo y cuánto gasta en publicidad la Presidencia, un rubro que debería estar contemplado en la catergoría de información oficiosa, según la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde). Desde el gobierno de Antonio Saca -que se caracterizó por un derroche de propaganda sin que a la fecha pueda estimarse un monto global, aunque los expertos estiman decenas de millones de dólares en producción de campañas y colocación en medios- ni Funes ni Sánchez Cerén han abierto el cerrojo que impuso Saca con su cultura del secretismo y gastos discrecionales. De hecho, los dos presidentes del FMLN han ido más lejos que Saca, y han defendido que esos gastos son secretos.
Cuando Mauricio Funes llegó al poder, desde el primer día de su gestión, en su discurso de toma de posesión, se comprometió a transparentar las cuentas del Ejecutivo y a actuar de manera diferente al gobierno de Saca, que se negó de manera rotunda a una ley de acceso a la información y a transparentar sus gastos de publicidad oficial. Funes creó la Subsecretaría de Transparencia, se comprometió publicamente a dar sus gastos de publicidad (en su primer semestre lanzó una primera campaña) pero luego se desdijo de sus palabras, y se negó a dar esa información. De hecho, fue durante su administración que entre la Secretaría Jurídica de la Presidencia y la Subsecretaria de Transaprencia se elaboró el reglamento a la ley de acceso a la información, un instrumento que iba en contra de la 'total apertura' recogida en la ley, facilitaba el secretismo en los gastos públicos y que terminó con cuatro artículos declarados como inconstitucionales por la misma Sala. Pero Funes y su gobierno fueron más allá, y el 7 de mayo de 2012, el secretario privado de la Presidencia declaró que los gastos en publicidad eran reservados.
Con la negativa a transparentar sus cuentas, el gobierno de Funes logró esconder el pago por los servicios de publicidad a Polistepeque, una agencia del publicista brasileño Joao Santana, amigo de Funes, y quien condujo su campaña presidencial. En junio de 2009, Polistepeque nació con cliente (Casa Presidencial) y para el primer trimestre de 2010, Funes maniobró para que 17 oficinas adscritas al Ejecutivo (entre ministerios y autónomas) contrataran de manera exclusiva los servicios de publicidad de esa agencia para ejecutar la propaganda gubernamental. En ese momento, El Faro reveló que Funes había contratado $4.1 millones en medios de comunicación para la propaganda del gobierno. Dos años más tarde, este periódico reveló que Polistepeque facturó $8.5 millones de dólares durante 19 meses. Esas, sin embargo, apenas son dos porciones de un pastel de gastos que se presume más oneroso, pero que a la fecha sigue oculto.
La orden de la Sala, si bien no engloba a la totalidad de gastos de publicidad del Ejecutivo en los últimos 11 años y medio, parte de una solicitud de información del gasto de publicidad y gastos de viajes ejecutado en el año 2010, y para los viajes efectuados en el quinquenio de Funes. Roberto Burgos y Xenia Hernández del Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción (ALAC) realizaron la petición de información sobre viajes y publicidad el 3 de julio de 2014 al oficial de información de Casa Presidencial, Pavel Benjamín Cruz, quien les negó la información. Burgos y Hernández acudieron luego al Instituo de Acceso a la información Pública (IAIP), que terminó por respaldar la decisión de Capres en diciembre de 2014.
En su resolución de diciembre de 2014, el IAIP exoneró a la Presidencia de revelar los gastos de viajes y misiones oficiales del expresidente Mauricio Funes y de la exprimera dama, Vanda Pignato, por considerar que es información que podría poner en peligro la seguridad del mandatario. Durante su mandato, Funes realizó más de 80 viajes.
El IAIP además solo resolvió revelar los gastos totales por año en concepto de publicidad de la Presidencia, pero dejó en reserva el costo de cada campaña y las empresas que las ejecutaron. En ese momento, el apoderado legal de la Presidencia de la República, Luis Javier Portillo, argumentó que “en este caso la Presidencia ha considerado que el bien jurídico a la libre competencia y a que no se perjudiquen las compras estatales realizadas por la Presidencia tienen un valor adicional al acceso a la información pública', expuso. Este argumento convenció a los miembros del IAIP que, finalmente, resolvió dejar en reserva dicha información.
Ante la negativa de ambas instituciones para revelar la información, el ciudadano Herbert Danilo Vega Cruz inició un proceso de amparo en la Sala de lo Constitucional el 15 de diciembre de 2015. Cuando la Sala admitió la petición de amparo, decretó una medida cautelar en la que le pidió a la Presidencia de la República que les entregara la información sobre gastos de viajes y publicidad, sin embargo, la Presidencia nunca la entregó.
Aunque Vega Cruz no fue parte del proceso de petición de información, la Sala alegó que “el mencionado ciudadano ha invocado como fundamento de su pretensión, la necesidad de la ciudadanía de informarse sobre los detalles del gasto de publicidad, seguridad, viajes y gastos protocolarios relativos a misiones internacionales de la Presidencia de la República”.
Para Roberto Burgos, coordinador de ALAC, y uno de los peticionarios aludidos por Vega Cruz en su recurso de amparo, aseguró que la Sala es la última instancia a la que se puede acudir para dirimir la reserva de los gastos. 'Es importante que se siente un precedente de manera que podamos reducir el ámbito de discrecionalidad de funcionarios de la Presidencia para decidir qué cosa es secreta o no. Creemos nosotros (ALAC) que se extralimitaron en reservar esta información', dice Burgos.
