El presidente Salvador Sánchez Cerén despidió este 22 de enero a Benito Lara como ministro de Justicia y Seguridad Pública y juramentó como su relevo a Mauricio Ramírez Landaverde, el hasta ahora director de la Policía Nacional Civil´(PNC), uno de los principales protagonistas en la estrategia de privilegiar el uso de la fuerza para enfrentar el problema de pandillas.
En un acto celebrado en el salón de honor de Casa Presidencial, y en el que el mandatario accedió a responder preguntas de la prensa por primera vez en los últimos 10 meses, Sánchez Cerén despidió con agradecimientos a Benito Lara, pero sugirió que acepta que las cosas no marcharon como él hubiera querido en la era Lara, que vio a El Salvador convertirse en el país más violento del mundo en 2015 con una tasa de 103 homicidios por cada 100 mil habitantes.
“Nosotros reconocemos su trabajo, pero yo estoy ahora en este año y quiero demostrar resultados, quiero demostrar mayor efectividad', dijo el presidente. De inmediato aludió a la línea de trabajo de Lara en los 19 meses anteriores. 'Creemos que esa estrategia integral es correcta, y lo que nosotros ahora estamos impulsando es buscar mayor efectividad de la estrategia”, dijo Sánchez Cerén, sin precisar más.
En los cinco meses previos a que Lara asumiera como ministro, el promedio de homicidios diarios era de 9.7; en sus últimos cinco meses, el promedio fue de 21.6, más del doble. Su salida, por donde se le quiera ver, era inevitable, a pesar de los reiterados mensajes tanto del presidente como del secretario de Comunicaciones de la Presidencia y del mismo Lara de que El Salvador va por buen camino en materia de seguridad.
Este segundo gobierno del FMLN, cuyo secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, dijo en agosto de 2015 a El Faro que el repunte de los homicidios era esperable por la estrategia de choque por la que había optado la administración, pareció este viernes matizar esa lógica. O al menos eso plantea el discurso del presidente Sánchez Cerén. Chicas había dicho que la decisión de enfrentar a fuego a las pandillas podía dar resultados en un plazo de año y medio más, y que en materia de alza de homicidios el país aún podía esperar que la situación se agravara. Según Chicas, los índices de asesinatos no iban a bajar sino a partir de finales de este año. Este viernes, no obstante, Sánchez Cerén pareció anunciar un enfoque diferente, aunque los nombramientos que fueron anunciados en la conferencia de prensa puedan indicar lo contrario.
“Nosotros no estamos en la lógica del manodurismo, del irrespeto de los derechos humanos', dijo el presidente. El 22 de julio de 2015, El Faro reveló que un incidente armado en el que murieron a balazos ocho personas civiles en una finca de San José Villanueva mostraba numerosos indicios de ejecuciones extrajudiciales por parte de los agentes policiales que protagonizaron el operativo. La investigación de El Faro determinó que al menos dos de las víctimas no pertenecían a pandillas y que hubo alteración de la escena del crimen. Además, que los cadáveres mostraban lesiones inverosímiles para un enfrentamiento a tiros y que en realidad son típicas de ejecuciones.
Sánchez Cerén dijo que tampoco seguirán el camino de 'negociar con las pandillas', pero sí en la intención de desarticularlas.
Las declaraciones de este viernes, tanto las del gobernante como las de los nuevos funcionarios, en algunos puntos resultaron desconcertantes porque aparentemente son contradictorias. Pero entre esa confusión de mensajes, se admitió fallas y se reconoció la gravedad de la situación en materia de seguridad, y eso es un paso nuevo. “Necesitamos un mayor control de territorio, no solo disminuir los homicidios sino mayor control', dijo el presidente, 10 días después de que la Policía Nacional Civil pidiera a la Fiscalía que procese a un periódico por 'apología de actos de terrorismo'. La PNC acusa a El Diario de Hoy de provocar temor y terror en la población por un reportaje en el que detallaba las zonas de control territorial de las pandillas en San Salvador. El presidente admitió que hay un déficit de control de territorio, algo que hasta ahora las autoridades de seguridad pública no aceptaban con esas palabras. 'Este va a ser otro de los esfuerzos, cómo vamos a hacer un mayor control de esos territorios”, dijo el mandatario.
El nuevo ministro precisó que la reducción de la violencia y los homicidios será un tema prioritario de su gestión. “Estamos conscientes de la exigencia ciudadana: bajar la violencia. Entonces vamos a hacer de eso la principal tarea, la más importante”, dijo Ramírez Landaverde.
Desde que hace una semana corrieran los rumores de la salida de Lara, y se pronosticara el ascenso de Ramírez Landaverde, la pregunta obligada giraba en torno a si, con esta medida, el Gobierno buscaría un cosmético para intentar calmar a una opinión pública que reclama un viraje, o si daría un golpe de timón. Porque hasta ahora Lara, el presidente y el secretario de Comunicaciones habían venido sacando balones con afirmaciones como que los niveles de delincuencia no son altos, como que el desborde de la violencia es solo una percepción, o como que son los medios los que causan temor en la población.
Por eso destaca la declaración de Sánchez Cerén cuando dice que esta vez espera resultados y que no se trata del manodurismo. Entonces, ¿ha habido un golpe de timón o solo un cambio de jugadores? El discurso del presidente tuvo un tono novedoso, pero luego vinieron los anuncios de los cambios. El comisionado Mauricio Ramírez Landaverde asume como ministro. ¿Eso es un viraje? Cuando El Faro reveló que todo apunta a que la Policía cometió ilegalidades en la matanza en la finca San Blas, preguntó al entonces director de la PNC (el hoy nuevo ministro) si él avalaba lo que había ocurrido. Su respuesta fue que sus agentes habían actuado apegados a la ley. Sobre este caso, ni la Inspectoría de la PNC ni la Fiscalía se han pronunciado.
Además, un peso pesado en el Gabinete de Seguridad –entidad que está por encima del propio ministerio– sigue intacto: el secretario de la Presidencia Hato Hasbún.
En cuanto a la restructuración del ministerio y de la PNC, los cambios podrían interpretarse como un espaldarazo a los dirigentes policiales sobre los que en 2015 descansó la estrategia guerrerista de combate a las pandillas.
Mauricio Ramírez Landaverde, cuota de la guerrilla cuando se conformó la PNC, fue el primer funcionario que salió a dar la cara por la política diseñada de este gobierno, cuando exactamente hace un año anunció que ningún policía sería perseguido por disparar en defensa propia, en un escenario en el que las pandillas fueron responsabilizadas por el asesinato de siete policías y un puñado de ataques a delegaciones policiales en los primeros 12 días de 2015.
“Aquel miembro de la institución que tenga la necesidad de usar su arma de fuego en cumplimiento del deber o en defensa de su propia vida o de terceras personas, que lo haga sin ningún temor. Hay una institución y un gobierno que lo va a proteger”, fueron las palabras de Ramírez Landaverde en aquel momento.
En sus primeras declaraciones como ministro, Ramírez Landaverde también concedió a la prensa algo que hasta ahora el Gobierno se ha negado a aceptar: que la gente no percibe garantía en las instituciones de seguridad pública. 'En 2015 disminuyeron las cifras de denuncias de extorsiones... sí, sabemos que hay una cifra oscura en extorsiones debido al temor y la desconfianza de la población', admitió.
Como viceministro de Seguridad asume Luis Roberto Flores Hidalgo, también un hombre de confianza dentro del FMLN. En la década pasada fue director del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador, cuando el alcalde era Carlos Rivas Zamora y la síndica era la hoy diputada efemelenista Norma Guevara. Hace apenas seis años, era un mando medio en la PNC, inspector, y estaba al frente de la Delegación de San Marcos. Su ascenso hasta el viceministerio, pues, puede calificarse como meteórico.
El cambio que quizá menos sorpresa genera es que el comisionado Howard Augusto Cotto pase de la subdirección a la dirección de la PNC, cargo para el que su nombre ya sonó en otras coyunturas.
La gran sorpresa fue la promoción del comisionado César Baldemar Flores Murillo desde la subdirección de Tránsito Terrestre a la subdirección general. La designación de Flores Murillo en la subdirección de la PNC llama la atención porque a primera visto es un paso en la dirección contraria a la del discurso de Sánchez Cerén cuando este rechazó la lógica del manodurismo y de las violaciones a los derechos humanos: en 1995, Flores Murillo fue arrestado y procesado cuando era el jefe de la Delegación de San Miguel, por integrar el grupo de exterminio Sombra Negra.
Un cable de la agencia Efe fechado el 21 de julio de 1995 se refiere así a esa etapa de su vida. “Un tribunal salvadoreño decretó ayer la detención provisional de catorce personas acusadas de pertenecer al grupo armado clandestino Sombra Negra (…). También se decretó orden de captura contra un subcomisionado de la Policía Nacional Civil (PNC), César Valdemar Flores Murillo, quien hasta hace pocos meses fue jefe de la delegación de San Miguel y se encuentra prófugo. Entre los catorce detenidos se encuentran tres agentes de la PNC y el resto, en su mayoría, son residentes del barrio Milagro de la Paz, de la ciudad de San Miguel, entre quienes se encuentra un conocido comerciante (…). El supuesto involucramiento de agentes de la PNC en esos hechos ha despertado gran preocupación en distintos sectores de la sociedad salvadoreña, ya que la institución fue creada en los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno y la antigua guerrilla en enero de 1992”.
¿Hacia adónde apunta el Gobierno con estos cambios? En abril de 2015, el presidente Sánchez Cerén planteó como un logro que una tercera parte de los homicidios de marzo de ese año correspondieran a 'pandilleros' muertos en enfrentamientos con policías.
En agosto fue el secretario de Comunicaciones quien advirtió que lo que estaba por venir no era un alivio en las cifras de homicidios, sino una agudización de la matanza hasta diciembre de 2016. Y desde entonces, hasta ahora, el presidente y todos sus funcionarios en el Gabinete de Seguridad –los que ya no están, y los hoy ascendidos- han insistido en la necesidad de recuperar los territorios dominados por pandillas. El nuevo director de la PNC, Howard Cotto, señaló que la meta es mantener el control de 10 municipios que, a su juicio, ya han sido recuperados, y sumar otros 15 más en esa lista.
