El hecho de que el expresidente Francisco Flores haya muerto mientras se seguía un proceso en su contra por corrupción ha opacado en pocas horas la pérdida humana y encendido el debate sobre las consecuencias jurídicas y políticas de su fallecimiento. Flores era el primer presidente de la historia reciente de El Salvador que enfrentaba a la justicia, y cabe la posibilidad de que con él desaparezca no solo la posibilidad de sentar un precedente de igualdad de la justicia y lucha contra la impunidad, sino el caso entero de los cheques de Taiwán.
Las pasiones del momento y los intereses que estrangulan la política nacional no deberían impedir, sin embargo, un análisis más profundo de su papel en la historia contemporánea salvadoreña: Presidente de la Asamblea Legislativa entre 1997 y 1999, tercer jefe de Estado consecutivo del partido de derecha Arena y segundo presidente elegido en la postguerra, Francisco Flores fue una figura determinante en el diseño del mapa político actual, y sus decisiones en materia económica y de seguridad pública le trascienden con un alcance aún por vislumbrar en toda su magnitud.
Presidente con solo 39 años, su hablar suave y sus maneras pausadas contrastaban con su agresividad política. Sin abandonar la sonrisa de superioridad con la que encaró en 2014 a la comisión legislativa por los cheques de Taiwán, o con la que recibió a la prensa la mañana que se entregó a la Justicia tras cuatro meses prófugo, Flores fue, durante sus cinco años de gestión presidencial, implacable con sus adversarios tanto fuera como dentro de su partido y de las fronteras de El Salvador.
Desde su llegada al cargo presumió de no tener deudas con la cúpula de Arena e intentó, desde esa solvencia, reformar el partido. Durante su mandato desplazó de la dirección del mismo a Alfredo Cristiani y propició un Coena plagado de altos empresarios —fundadores del partido le llegaron a acusar de estar privatizándolo— que encajaba con el corte neoliberal y tecnócrata de su propio gabinete. Solo los malos resultados de la derecha en las elecciones legislativas de 2003 frustraron aquel viraje.
Arena se lo cobró no reconociéndolo como presidente honorario cuando terminó su gestión, aunque buscara de nuevo el abrazo de Flores años después, ya en tiempos de gobiernos del FMLN, cuando necesitó su mediación con un gran empresariado cada vez más lejano a partido.
En realidad, aupado en su ego, acuerpado por un círculo cerrado de ministros que no militaban en Arena, y sin ningún interés en el diálogo con la oposición, el expresidente Flores gobernó solo. Dolarizó la economía en menos de dos meses y sin apenas debate parlamentario; intentó privatizar la salud pese al rechazo no solo de la izquierda partidaria sino de la casi totalidad del gremio médico y la clase media del país; decidió no incluir a ningún representante del FMLN en la mesa de negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; apoyó y envió tropas, de nuevo sin respaldo de la oposición, a la invasión a Iraq en 2003; y fue el primero en convertir la Mano Dura contra las pandillas en un analgésico que, si bien trae como trágico resultado más muertes y mayor inseguridad, le supuso a él, y ha supuesto a quien le ha imitado después, alta rentabilidad política.
Quedan para la historia el perfil internacional que alcanzó tras enfrentarse a Fidel Castro en la cumbre Iberoamericana en Panamá y la mancha de haber sido el único líder latinoamericano que reconoció, en abril de 2002, el espurio gobierno golpista de Pedro Carmona, que durante 36 horas creyó haber derrocado a Hugo Chávez. Pero sobre todo el hecho de que, durante su gobierno, Flores dio por cerrada la transición política de postguerra y dinamitó los puentes que su antecesor, Armando Calderón Sol, había construido con el FMLN, entonces en manos de sus sectores más moderados.
El escenario de confrontación resultante reforzó en el Frente a los sectores más ortodoxos y convirtió el centro político en un desierto en el que han perecido, desde entonces, todos los partidos de concertación. Flores no solo legó al país una economía dolarizada y aceleró con sus estrategias de seguridad —segregación en cárceles, operativos masivos indiscriminados, leyes efectistas pero inaplicables— la evolución de las pandillas hacia grupos criminales más estructurados y sangrientos. También fue el primero, después de la guerra, que alimentó con fines electorales el clima de crispación partidaria y reactivó con ello un círculo vicioso del que el país no logra escapar aún hoy.
En ese El Salvador en blanco y negro, el juicio en su contra había convertido al expresidente en mártir o en trofeo para las extremas militantes. Al tiempo que, para una mayoría de los salvadoreños, lo volvió un símbolo del posible fin de la impunidad sistémica que nos caracteriza.
Flores era el único acusado por el desvío de 15 millones de dólares donados por Taiwán en 2003 para atender los efectos y a las víctimas de los terremotos de enero y febrero de 2001. Pero el conocido como “Caso Flores-Taiwán” debió en realidad conocerse como el caso “Flores-Taiwán-Arena”. Al menos 10 de esos 15 millones terminaron en manos del partido de derecha , que lo usó para financiar la campaña electoral de Antonio Saca, presidente de la República entre 2004 y 2009. Solo la existencia de intereses privados y ocultos, es decir, de corrupción en el sistema de Justicia, puede explicar que un evidente retrato de conspiración y corrupción política en la derecha salvadoreña terminara, en manos del ya exfiscal Luis Martínez, presentándose ante el juez como la maniobra de un solo hombre.
Es alarmante, por eso mismo, que la muerte de ese hombre permita a quienes participaron o supieron del desvío del dinero de Taiwán festejar con la esperanza de que el caso se diluya y la acción judicial se extinga. De ser así nos quedarían solo la verdad no oficial y el cinismo de quienes insisten en que el desvío de los fondos de Taiwán fue “normal”, como defendió uno de los fundadores de Arena, Roberto Ávila, la misma noche de la muerte de Flores, a las puertas del hospital: “No es ningún secreto —dijo— que el dinero fue utilizado para una campaña política, una costumbre que se ha dado y se ha venido dando. Nada fuera de lugar”.
Resulta inadmisible que dirigentes areneros deslicen versiones de los hechos mientras el partido se ha negado por dos años a asumir oficialmente su responsabilidad institucional en el desvío de los fondos de Taiwán. Arena necesita un baño de conciencia, una confesión y una prueba de su compromiso con la justicia. Es sonrojante escuchar los elogios póstumos de su dirigencia al hombre al que habían permitido ser su testaferro en este caso. Mientras el partido y el que fuera su presidente tras la etapa Flores, Antonio Saca, no expliquen su participación en el caso, seguirán bajo sospecha y sin credenciales para exigir transparencia a los gobiernos del FMLN.
Pero el mayor reto es para la Fiscalía. El sucesor de Luis Martínez, Douglas Meléndez, dijo al asumir el cargo hace tres semanas que el caso de los cheques de Taiwán merecía ampliaciones, y anticipó un distanciamiento de la gestión de su antecesor. Hoy más que nunca, este caso se convierte en una vara con la cual se le medirá. Lo que haga o no haga de él dirá, mejor que las palabras, si da un giro a la institución.
Desligado de la suerte del expresidente, el caso de los fondos de Taiwán todavía puede sentar un precedente. Si bien la causa penal contra Flores se extingue con su muerte, permanece abierta la causa civil y existe la posibilidad de sumar nuevos acusados al proceso. Es obvio que la cúpula de Arena supo y participó del manejo de los cheques de Taiwán. Así como sobran razones para creer que el ministerio de Hacienda ignoró o no actuó ante las omisiones del partido, que no declaró esos fondos entre sus donativos.
A Francisco Flores le sobreviven muchas preguntas sin responder en el caso de corrupción más relevante en las últimas décadas. Al duro golpe que su muerte supone para su familia, amigos y compañeros de vida política no debe sumarse otro aún mayor a la institucionalidad del país. Si el caso muere junto a Flores, si el caso del desvío de los donativos de Taiwán no se reorienta hacia otros funcionarios de su administración, hacia dirigentes de Arena, y hacia el principal beneficiado con esos fondos, el expresidente Antonio Saca, se confirmará que las acciones de la Fiscalía durante los últimos dos años eran solo una persecución interesada, coyuntural, impulsada por Mauricio Funes y el FMLN contra Flores y la imagen de su partido.
Al nuevo Fiscal le toca probar que su labor sí está impulsada por la defensa de los intereses del Estado. De lo contrario, tal vez haya que ir preparando un réquiem para nuestro sistema de justicia.
