El expresidente Mauricio Funes ha ofrecido su propia versión sobre la manera en la que se gestó la Tregua con pandillas y el nivel de involucramiento de su gobierno en ese proceso: aseguró que toda la iniciativa fue de las pandillas, niega que su gobierno haya mentido sobre la naturaleza del acuerdo, asegura desconocer lo que se habló en la reunión entre José Miguel Insulza, el ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), y los líderes de las pandillas, y niega que su gobierno haya destinado fondos públicos para financiar el experimento.
Funes se ha visto en la necesidad de dar explicaciones sobre la Tregua, debido a que el nuevo fiscal general de la República, Douglas Meléndez, ha abierto una investigación para aclarar si ocurrieron delitos en el marco del proceso. La primera persona que fue citada a declarar ante investigadores de la unidad antipandillas fue el exmandatario.
En declaraciones a los medios de comunicación, el expresidente ha ido exponiendo su versión de lo ocurrido, que riñe en lo esencial con la versión del resto de actores que protagonizaron el proceso: el exministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés (actual ministro de Defensa); Raúl Mijango, quien fuera el principal operador de la Tregua; y el obispo Fabio Colindres.
Funes asegura ahora que la Tregua fue idea de las ranflas de las pandillas MS-13, y de las dos facciones –Sureños y Revolucionarios– del Barrio 18; que por sí mismas habían concluido que era necesario detener la guerra que libran desde finales de la década de los ochenta. El exgobernante dice que los pandilleros buscaron a los mediadores Mijango y Colindres para trasladarles su voluntad, y que a su vez estos comentaron la decisión de las pandillas con el entonces ministro Munguía Payés, que fue quien finalmente le informó a él. El exgobernante dice que aquella fue la primera vez que supo que Mijango estaba involucrado en el proceso.
Sin embargo, la versión del resto de actores, que quedó recogida en un reportaje de este periódico, publicado en septiembre de 2012, es completamente distinta: tanto el exministro como los dos mediadores aseguran que la idea fue diseñada por el exministro junto con Mijango; que al asumir Munguía Payés como ministro de Seguridad Pública expuso sus planes al presidente Funes y que este avaló el experimento. Tanto Mijango como Munguía Payés aseguran que solo después se tomó la decisión de incluir a la Iglesia católica en el plan. Ambos argumentan que sabían que el proceso iba a encontrarse con la oposición de la sociedad civil y de sectores muy influyentes, pero que la presencia de la Iglesia podía legitimar los planes. Mijango lo resumió así: “Entre los empresarios de este país hay gente a la que le pones a un sacerdote delante, o a la Iglesia, y es como si se les desconectara una parte del cerebro: dejan de hacer preguntas”.
En la versión del exministro y de Mijango, Colindres ni siquiera fue el primer sacerdote en la lista de opciones. Munguía Payés aseguró que compareció ante la Conferencia Episcopal, que reúne a todos los obispos del país, y les planteó la idea. La conferencia decidió respaldar el proceso, y el ministro obtuvo una carta de respaldo a la iniciativa. Se contempló la posibilidad de que esa función fuera asumida por el arzobispo, José Luis Escobar Alas, el obispo Gregorio Rosa Chávez o el sacerdote Rafael Urrutia. Ninguno de los tres aceptaron desempeñar ese papel que finalmente fue asumido por el obispo castrense. “Monseñor Escobar Alas, monseñor Rosa Chávez o el padre Urrutia lo podrían haber hecho tan bien como yo. O mejor”, reflexionó Colindres en una entrevista con este periódico ofrecida en 2012.
Según esta versión, Mijango y el obispo Colindres ingresaron por primera vez a Zacatecoluca el 9 de febrero de 2012 y hablaron por separado con los líderes de cada una de las tres pandillas. Para sorpresa de los mediadores, los pandilleros mostraron mucha receptividad ante la propuesta. El 20 de febrero se celebró la primera reunión conjunta en la que participaron todos los líderes pandilleros en un solo salón. Esa fue la primera vez que se violaba el protocolo de seguridad del Centro Penal de Seguridad Zacatecoluca: no solo se reunía a varios pandilleros rivales en un solo salón sin grilletes, sin escoltas armados, sino que además Mijango gestionó que se neutralizaran todas las cámaras de seguridad del salón. La reunión transcurrió sin ningún incidente y aquella fue la primera vez que los enemigos se estrecharon las manos.
En las semanas siguientes se acordó, siempre según la versión de Mijango y el exministro, un cese de hostilidades que tendría una duración de tres meses y que para que ocurriera, los principales líderes serían trasladados desde Zacatecoluca a penales comunes de forma que pudieran girar órdenes a sus bases. El traslado se tuvo que agilizar, aseguran, debido a que los líderes advirtieron que sus pandillas estaban planeando boicotear las elecciones legislativas y municipales del 12 de marzo, y que para detener esos planes era preciso agilizar los traslados. Así se hizo. De forma que los mediadores acompañaron dentro de los autobuses a algunos de los pandilleros trasladados. Esa maniobra comenzó a las dos de la madrugada del 8 de marzo. Tanto Mijango como Munguía Payés aseguraron que esto ocurrió con el aval del presidente Funes.
Cuando se le consultó al presidente sobre esta versión, respondió esto: “Si el general Munguía Payés dijo eso, que a mí no me consta que lo haya dicho, (porque) el que lo hayan publicado ustedes no significa que lo haya dicho... Pero, si el general Munguía Payés dijo eso que lo expliqué él. No es cierto. ¿Cómo se origina la Tregua? Por una solicitud expresa que hacen los mediadores, monseñor Fabio Colindres y Raúl Mijango, al gobierno, a través del ministro de Defensa, de que los líderes de pandillas habían decidido hacer un alto a los asesinatos. Habían decidido romper la cadena de venganza, habían decidido no matarse entre ellos”.
En versiones anteriores, Funes había argumentado que la iniciativa había sido tomada, no por los pandilleros, sino por la Iglesia católica. El 28 de marzo de 2012, el entonces presidente aseguró en conferencia de prensa: “(El Gobierno) facilitó el trabajo de la Iglesia católica al autorizar el traslado de los reos del penal de máxima seguridad a otros recintos carcelarios. El esfuerzo es de la Iglesia católica para alcanzar un entendimiento entre los líderes de pandillas”.
Cuando se preguntó a Funes sobre su versión anterior, solo se desdijo: “Yo tengo entendido que fue de los pandilleros (la iniciativa) y los pandilleros tomaron contacto con los que luego se convirtieron en mediadores o facilitadores de la misma. Que yo sepa no fue la Iglesia católica quién hizo ese planteamiento”.
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Este periódico hizo pública la existencia de la Tregua con pandillas el 14 de marzo de 2012, bajo el titular “Gobierno negoció con pandillas reducción de homicidios”, y el gobierno no se pronunció en público hasta dos días después. Sin embargo, un día después de la publicación Munguía Payés convocó a una reunión de carácter confidencial con directores de medios de comunicación en la que negaba la existencia de la Tregua, y explicaba que los traslados de pandilleros se debían a una serie de razones que incluían razones humanitarias, “suplicatorios” de la Iglesia católica y un supuesto plan de las pandillas para utilizar misiles antitanques LAW para derribar los muros del penal de máxima seguridad, y así permitir la fuga masiva de sus líderes.
Funes asegura que no puede saber si el exministro mintió ofreciendo esa versión, puesto que él no estaba en esa reunión confidencial: “Yo no puedo dar fe de que en una reunión privada con medios de comunicación el general Munguía haya dicho que esperaban un ataque con cohetes LAW al penal de máxima seguridad. Eso no lo puedo testimoniar porque yo no estuve en esa reunión privada. Luego del traslado, a mí el general Munguía me informó justamente por qué se había dado y cuál fue el papel del gabinete de Seguridad, particularmente de la Policía y unidades de apoyo de la Fuerza Armada en ese traslado”.
Sin embargo, aquella reunión no fue el único momento en el que el exministro ofreció esa misma versión. Dos días después de revelado el pacto con las pandillas, Munguía Payés ofreció una conferencia de prensa en la que volvió a repetir las justificaciones del traslado de 30 líderes pandilleros. Seis meses después, con la Tregua en su mejor momento, Munguía Payés admitió a El Faro que había mentido.
“En marzo El Faro develó algo que nosotros no queríamos develar”, explicó el exministro en septiembre de 2012. Cuando se le preguntó por qué había mentido ofreciendo excusas que no explicaban realmente los traslados, dijo que al inicio del proceso no tenía resultados que mostrar y que eso lo ponía en una situación muy débil:
—¿De dónde salió, por ejemplo, la versión de los misiles LAW?
—Mirá, eso no es que fuera mentira... eran hipótesis que ya teníamos de antes; sabíamos que habían entrado misiles LAW al país, y una de las hipótesis era que eran para atacar algún penal.
—¿Pero por qué no dijo la verdad?
—¿Qué iba a decir yo? ¿Que los habíamos trasladado por un experimento? Ja ja ja ja... ¡Olvidate! ¡Nos comen vivos! Teníamos que tener resultados para poder presentarlo. ¿Quién te iba a avalar que movieras a los principales cabecillas de las pandillas?
Este periódico ha consultado al menos en dos ocasiones al expresidente Funes sobre lo dicho por su ministro de Seguridad, y en ambas ocasiones ha respondido: “Pregúntenle a él por qué dijo eso”.
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Funes asegura también no haber estado al tanto de algunos de los momentos más relevantes del proceso: por ejemplo, dice que hasta la fecha no tiene conocimiento del contenido de la reunión que las ranflas sostuvieron con el secretario general de la OEA, el 12 de julio de 2012, en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona.
“No tengo conocimiento de lo que trataron en el penal de Mariona cuando vino José Miguel Insulza. Él solicitó autorización para reunirse con las pandillas en un esfuerzo de verificación de que el proceso se estuviera llevando a cabo, tal como se le había informado. ¿Qué fue lo que discutió, que fue lo que le pidieron? No lo sé”, sostiene Funes.
Fue el Gobierno de El Salvador el que solicitó la presencia del secretario Insulza en el país; su visita fue recibida con los protocolos diplomáticos y el gobierno de El Salvador firmó un acuerdo con la OEA en la que este organismo multinacional se comprometía a ser garante de un proceso en el que Funes asegura que su gobierno no participaba.
Para la reunión en Mariona se trasladaron a más de 20 pandilleros desde al menos cinco diferentes centros penales del país, y se permitió el ingreso de pandilleros que se encontraban en libertad; la mesa de honor estaba flanqueada por la bandera nacional y por las dos banderas oficiales del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
En un acto hasta entonces nunca visto, Borromeo Henríquez (a) Diablito de Hollywood, el más visible líder de la MS-13, habló a nombre de su propia pandilla y de sus enemigos del Barrio 18. Saludó al secretario Insulza a nombre de todas las pandillas, presentó una lista de peticiones que las pandillas dirigían al gobierno del expresidente Funes; pidió que el documento fuera tratado en el “ámbito estrictamente privado” y aseguró que un mes antes, el 20 de junio de 2012, le habían enviado esa listas de peticiones al presidente. Luego de la reunión, los pandilleros entregaron su lista de demandas –dirigidas todas al gobierno– al secretario general de la OEA.
Funes asegura ahora que jamás recibió ninguna lista de demandas, ni de parte de las pandillas ni de parte del secretario Insulza: “Como presidente de la República yo nunca recibí ningún pliego de peticiones en ningún sentido”.
Según la versión del expresidente, la OEA se mantuvo como garante del proceso, al menos hasta finales de 2013, ocultando al gobierno que él presidía un documento que contenía un pliego de peticiones dirigidas hacia él.
