En medio de una investigación por sospechas de enriquecimiento ilícito por $728 mil contra el expresidente Mauricio Funes, y otras 29 auditorías contra exfuncionarios de los tres órganos del Estado, alcaldes y diputados de la actual legislatura, la saliente embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, se despidió este 5 de febrero con un aplauso a la sección de Probidad y un llamado al resto de instituciones del Estado para que 'se vean' resultados en el combate a la corrupción.
'Probidad es una herramienta efectiva en poder exigir y hacer que la transparencia en el gobierno suceda. Creo que esa es una herramienta, pero debemos usar todas las herramientas', dijo Aponte, que no quiso hacer referencia a cuáles eran las otras intituciones que a juicio de los Estados Unidos no están cumpliendo con su papel para combatir la corrupción, una de las dos prioridades de la agenda estadounidense en El Salvador.
Desde el 2015, la sección de Probidad volvió a funcionar después de un paro técnico de 10 años en los que no previno ni investigó que los funcionarios públicos no se enriquecieran ilícitamente. En octubre de 2015, Probidad ordenó el primero juicio por enriquecimiento ilícito contra el diputado Reynaldo Cardoza del Partido Conciliación Nacional. Un mes después, ordenó otro juicio contra Leonel Flores, director del Instituto de Seguro Social de la administración Funes.
Aponte defendió el derecho de los salvadoreños a exigirle al gobierno transparencia e instó a que se activen más herramientas en el Estado que funcionen como lo está haciendo Probidad, sin especificar a que otras instituciones -inactivas- hacía referencia.
A grandes rasgos, la Constitución de El Salvador hace descansar en la Corte de Cuentas de la República, la Corte Suprema de Justicia (con su sección de Probidad), la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil como las grandes responsables en materia de prevención y combate a la corrupción. Más reciente, con la creación de la Ley de Acceso a la Información Pública y el Instituto de Acceso a la Información, el país tiene en el peso de la contraloría ciudadana una nueva herramienta para perseguir la corrupción en el Estado. 'Todas son herramientas efectivas si al fin y al cabo le damos al pueblo la oportunidad de tener una democracia más fuerte. Obliga una rendición de cuentas', dijo.
En julio de 2015, el consejero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Thomas Shanon, recomendó a El Salvador pedir ayuda a la comunidad internacional para solicitar una Comisión Internacional contra la Impunidad. Meses antes, en la presentación del Plan Alianza para la Prosperidad, celebrada en marzo de 2015, el vicepresidente Joe Biden le sugirió a Honduras y El Salvador replicar a la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad) de Guatemala.
La idea de una CICIG nace de la necesidad de reforzar instituciones que han sido infiltradas por el crimen organizado o que son incapaces de combatir la corrupción. En el 2010, en un discurso ante la comunidad internacional en las Naciones Unidas, el expresidente Mauricio Funes solicitó ayuda para combatir el crimen organizado y la corrupción. Más adelante se conoció que en su gobierno arrancaron los pasos para formalizar esa apuesta, pero que al final fue el mismo Funes el que terminó desechando el proyecto.
A propósito de las recientes declaraciones del nuevo fiscal general, Douglas Meléndez, quien el 19 de enero de 2016 dijo que investigaría indicios de infiltración en las investigaciones de la Fiscalía (dirigida en los tres años previos por Luis Martínez), El Faro le preguntó a Aponte si estos indicios sumaban para que Estados Unidos siga insistiendo que El Salvador necesita una Comisión Internacional contra la Impunidad.
'La decisión de hacer una Comisión Internacional contra la Impunidad es una decisión de los salvadoreños. El interés de los Estados Unidos en la corrupción es alto. Claro que tenemos muchísimo interés', dijo.*
Inmediatamente después, Aponte hizo un esbozo de un país cuyas instituciones no dan los resultados esperados: 'lo que queremos que se vea es que haya progreso, que haya instituciones fuertes que puedan perseguir la corrupción, que la puedan limpiar, porque después de todo la corrupción es un factor que socava la democracia. Así es que sí, hay un interés muy grande. Sí estaremos siguiendo el progreso del gobierno de El Salvador, pero la decisión del cómo El Salvador decide combatir la corrupción es una decisión de los salvadoreños', dijo.
Mari Carmen Aponte asumió el cargo de embajadora en el país el 26 de septiembre de 2010, un año y tres meses después del inicio de gestión del expresidente Funes. Ella se marcha de un El Salvador sumido en una violencia imparable y con cifras récord de homicidios, que llevaron al país a convertirse en el más violento del planeta con una tasa de 102.9 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2015. Pero no solo eso: Aponte se marcha contemplando un arranque de 2016 con una tendencia al alza en cuanto al número de asesinatos registrados respecto al año anterior: 738 homicidios que convierten este enero en el más violento del siglo XXI.
Sobre la violencia que atraviesa el país y la inseguridad, la segunda 'prioridad' de Estados Unidos en el país, Aponte dijo: 'nada me ha conmovido más en todos estos años que he estado aquí, que ver el sufrimiento y el temor de este pueblo que sale todos los días a trabajar en una situación de mucha inseguridad'.
Como postales de la gestión de Aponte quedan su beligerancia para exigir el 'respeto' a la independencia de poderes en el Estado, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara un sorpresivo decreto para que los magistrados de la Sala de lo Constitucional resolvieran inconstitucionalidades por unanimidad. El decreto, con dedicatoria, intentaba frenar una constante de esa Sala: las sentencias más controvertidas -y que afectaban intereses de todos los partidos políticos y del Ejecutivo en poder del FMLN- solo surtían efecto gracias al concurso de los cuatro magistrados que asumieron sus cargos en julio de 2009, pero no con el del quinto juez, Néstor Castaneda.
Más tarde, en 2013, la Embajada que dirigió Aponte terminó convirtiéndose en una de las principales protagonistas en contra de la negociación que el gobierno de Mauricio Funes pactó con las pandillas para reducir los homicidios de un promedio diario de 14 a 5.6 asesinatos. Quizá la muestra más evidente ocurrió cuando la embajada se enteró que parte de los fondos para el desarrollo de Estados Unidos para El Salvador terminaban en manos de pandilleros.
Tras una publicación de LPG -del 23 de julio de 2013 -que destacaba en portada la entrega de plazas del Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) a pandilleros- la embajada de Estados Unidos en El Salvador se apresuró a pedir explicaciones al gobierno de Funes. En Ilopango y los otros dos municipios en los que estaba reservado para la MS-13 y la 18, el PATI se financiaba con fondos de la agencia de cooperación estadounidense, USAID, y puesto que el Departamento del Tesoro consideró desde septiembre de 2012 a la Mara Salvatrucha una organización criminal transnacional, la entrega de dinero público norteamericano a pandilleros no solo contradecía la postura política de Washington, crítica con la tregua, sino que colocaba a USAID en una delicada situación jurídica.
A través de sus voceros, la embajada confirmó que tras la publicación de LPG inició una investigación sobre la ejecución del proyecto PATI en los municipios que recibían sus fondos. “Los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), para el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI), están destinados a beneficiar a las personas afectadas por la crisis económica global, y no están destinados a cualquier grupo demográfico”, dijo en aquella época Mari Tolliver, consejera para Asuntos Públicos de la embajada, en una velada crítica a la focalización en pandilleros.
*Fe de errata: en la publicación original de este artículo se atribuyó a la embajadora saliente, Mari Carmen Aponte, una declaración en la que que se interpretó que Estados Unidos sigue interesado en una CICIG para El Salvador. Lo representación más precisa a la respuesta que la exembajadora dio a El Faro, cuando este medio le preguntó si Estados Unidos seguía interesado en una CICIG para el país, es que Estados Unidos tiene un alto interés en la corrupción, y que la decisión de cómo combatirla es de los salvadoreños. El sumario de este texto fue corregido, y la transcripción literal de las frases de la exembajadora fueron añadidas al mediodía del lunes 8 de febrero de 2015.
