La Policía Nacional Civil (PNC) ha capturado a cuatro de 17 de los militares acusados por el asesinato de los sacerdotes jesuitas, ocurrido el 16 de noviembre de 1989, luego de un amplio operativo iniciado en la noche del 5 de febrero 'en cumplimiento de la notificación roja emitida por Interpol' y ordenada por la Audiencia Nacional de España.
Tres de las cuatro capturas ocurrieron durante los allanamientos realizados a las viviendas de los militares en la noche del viernes. La PNC confirmó a través de su cuenta oficial en la red social Twitter la detención de un cuarto soldado, exmiembro del Batallón Atlacatl, en la mañana del sábado 6.
La captura de los militares ocurre exactamente un mes después de que el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional reiterara la vigencia de una alerta roja con difusión internacional a la Interpol. El 5 de enero, Velasco envió una copia de la órdenes de captura a la PNC para que estas se hicieran efectivas en territorio salvadoreño. Esta fue una reiteración a una primera orden girada a mediados de 2011, frustrada cuando los militares lograron refugio en un cuartel de la Fuerza Armada Salvadoreña, comandada entonces por Mauricio Funes, el primer presidente de izquierdas en el país.
A las 9:30 de la noche del viernes 5, Lisandro Quintanilla, abogado de 13 de los 17 militares, confirmó a El Faro que la PNC realizó allanamientos y que 'la única persona que tengo claridad de que ha sido capturado es Tomás Zárpate Castillo', dijo. La PNC ha confirmado, además, el arresto del cabo Ángel Pérez Vásquez, el subsargento José Antonio Ramiro Ávalos Vargas y el coronel Guillermo Alfredo Benavides, exdirector de la Escuela Militar.
De los cuatro aprehendidos, ninguno figuraba en el Estado Mayor y el Ministerio de la Defensa del gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994), conformado en 1989 por oficiales de alta graduación salidos de la promoción 'la Tandona' (graduada en 1969), y contra quienes la Audiencia Nacional procesa una acusación que los señala como autores intelectuales del crimen. Los cuatro capturados sí figuran dentro de una lista de 10 militares acusados en un proceso judicial celebrado en El Salvador, entre 1991 y 1992. Ese juicio fue duramente cuestionado por organismos de derechos humanos y por los primeros dos fiscales que participaron del caso por una serie de vicios e irregularidades de parte de la Fiscalía.
De los cuatro capturados solo el coronel Benavides era miembro de la promoción de 'la tandona'. Según el juicio de 1991, Benavides era director de la Escuela Militar y fue el único que no estuvo fisicamente en el interior de las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), lugar en el que nueve soldados del Batallón Atlacatl llevaron a cabo el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas, una empleada doméstica y la hija de esta. El coronel fue acusado de haber dado la orden a los tenientes que dirigieron el operativo y fue condenado a 30 años de prisión. Tras la aprobación de la ley de amnistía de 1993, Benavides fue puesto en libertad.
El sargento Tomás Zárpate Castillo, en el juicio salvadoreño, fue absuelto por el jurado pese a que en su confesión extrajudicial aceptó su participación en el crimen. En concreto, Zárpate dijo haber disparado a las mujeres Elba y Celina Ramos 'hasta estar seguro de que estaban muertas'.
En su confesión extrajudicial ante la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos, el subsargento José Antonio Ramiro Ávalos Vargas admitió haber asesinado a los sacerdotes José Amando López y Juan Ramón Moreno. Aunque el jurado escuchó esa declaración extrajudicial, Ávalos Vargas no la ratificó y también fue absuelto.
El cabo Ángel Pérez Vásquez, el último de los detenidos confirmado por la PNC, confesó haber disparado contra el padre Joaquín López y López y, ya herido, haberlo rematado, según la declaración extrajudicial del juicio de 1991. Aquel jurado también lo absolvió de todos los cargos.
'Si no los han encontrado es porque no están en sus viviendas'
El paradero del resto de involucrados es desconocido, mientras la PNC asegura que continúa 'el operativo para la ubicación y detención del resto de personas requeridas'. En la noche del viernes 5, policías y agentes de la Interpol iniciaron la búsqueda en la colonia Arce de la capital, cercana al Estado Mayor de la Fuerza Armada salvadoreña y conocida como la 'colonia de los militares'. En la zona, la policía bloqueó las salidas de las viviendas de los requeridos con carropatrullas, pero según declaró el abogado Quintanilla, en ese lugar no se efectuaron más detenciones: 'si no los han encontrado es porque no están en sus viviendas', dijo.
Cerca de la medianoche, familiares de uno de los capturados en el municipio de Colón, La Libertad, acudieron a las instalaciones de la División Central de Investigaciones de la policía para preguntar por su pariente. Los familiares, que no quisieron identificarse ni dar el nombre del detenido, denunciaron maltrato durante el allanamiento, que la PNC no mostró la orden de captura y pidieron un trato justo. 'Que no los traten como animales', dijo un hombre de unos 35 años de edad, quien aseguró ser familiar de uno de los detenidos. En la DCI no confirmaron ni negaron que ahí estuvieran resguardados los militares.
Los operativos de captura contra los militares son el primer paso que España necesitaba cumplido antes de pedir una extradición a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) salvadoreña. Al respecto, Quintanilla señaló que la extradición 'no procede'.
Un magistrado de la CSJ -que accedió a hablar solo desde el anonimato- dijo a El Faro que la Corte Plena (compuesta por 15 magistrados) está a la espera de que la PNC remita al órgano judicial a los militares detenidos para luego designar un juez administrador del proceso. El abogado Quintanilla confirmó el sábado 6 que los cuatro militares detenidos ahora están bajo la tutela del Juzgado Primero de Paz de San Salvador. Por la noche, el Juzgado los remitió a las bartolinas de la Dirección de Tránsito de la policía. Ahora solo resta que España solicite la extradición y la Corte Plena delibere si esta procede o no.
'Ahora estamos por fin en un juego de valientes. Cara acara. Ahora la Corte tendrá que responder y cabe la posibilidad de que por fin se pueda resolver sobre el fondo de una solicitud de extradición', declaró vía telefónica, desde Estados Unidos, Almudena Bernabeu, abogada del Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), la organización querellante en el caso abierto ante la Audiencia Nacional de España.
'Si se confirman que la PNC ha admitido la alerta roja como una orden de captura, esto significa cumplir con la legalidad internacional y saca el caso del ámbito de lo político, del que hace tiempo debió salir, y lo lleva por fin al terreno hasta ahora inexplorado de lo jurídico', añadió la abogada, quien dijo estar emocionada y 'sorprendida' con la noticia del operativo.
La Policía pudo haber detenido a los militares hace un mes, cuando el 5 de enero recibió la reiteración de las órdenes de captura por parte de la Audiencia Nacional de España.
'Dispongo reiterar a las autoridades de El Salvador de las órdenes de detención de entrega que se encuentran en vigor de Inocente Orlando Montano, Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Óscar Mauricio Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Ávalos García, Ángel Pérez Vásquez, Tomáz Zarpate Castillo, José Alberto Sierra Ascencio, Guillermo Alfredo Benavides, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, Héctor Ulises Cuenca Ocampo, y Óscar Alberto León Linares', reza el escrito de Velasco, con fecha del 4 de enero.
Hace dos semanas, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos falló en contra del exdirector de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde (hoy ministro de Justicia y Seguridad), por no cumplir con su trabajo para capturar a los militares.
El lunes 25 de enero, el procurador David Morales emitió una resolución en la que sancionó que la institución y su exdirector se hayan ido por las ramas para no ejecutar las capturas. 'La respuesta de la PNC (...), en la que expresaba que consultaría con la Corte Suprema de Justicia el criterio aplicable para proceder o no a la captura de los imputados resulta insatisfactoria, debido a que la Policía no puede supeditar su actuación en este caso a la respuesta que le provea un ente distinto a la estructura a la que está adscrita', señaló Morales, en alusión al argumento que esgrimió la PNC para no actuar, pero que ha sido superado este 5 de febrero.
El sábado 6, por la mañana, Morales se pronunció a través de su cuenta oficial en Twitter diciendo que 'la PNC cumple con su deber, es una buena noticia para la democracia'. Morales también instó a la CSJ a fallar a favor de la causa requerida desde España. 'Corte Plena tendrá una oportunidad histórica de colocarse al lado de la justicia', escribió.
También el presidente Salvador Sánchez Cerén se pronunció sobre el caso, desde la ciudad de San Miguel, al oriente del país, diciendo que su gobierno está 'comprometido a cumplir normas internacionales' en alusión a la difusión roja dela Interpol. El pronunciamiento de Sánchez Cerén llega tarde, un mes tarde, y ante el desconocido paradero de 13 de los 17 militares perseguidos por la PNC, el presidente les pide que se entreguen. 'Mi recomendación es que se entreguen a la justicia y que sea esta la que decida sobre extradición', dijo.
Dos de los militares vinculados al crimen, y contra quienes también se habían librado órdenes de captura en 2011, ahora están colaborando con la querella bajo la figura de testigos criteriados, según confirmaron a El Faro fuentes ligadas al proceso. Se trata del teniente coronel Carlos Camilo Hernández Barahona, y del teniente René Yusshy Mendoza Vallecillos, quienes ya han testificado en el proceso, según las fuentes.
En 2011, en una entrevista concedida a El Faro, Camilo Hernández Barahona ya había declarado que él supo de la planificación del asesinato de los sacerdotes jesuitas y que colaboró con el pelotón que ejecutó el crimen aportando una de las armas homicidas. 'Sí, yo les dí el rifle para que mataran a Ellacuría', dijo Hernández Barahona, condenado en 1992 a tres años de prisión por encubrimiento real en el crimen, y amnistiado en 1993 gracias a la ley de amnistía. Hernández, que era subdirector interino de la Escuela Militar al momento de los asesinatos. Además de proveer un arma ordenó la destrucción de los archivos que involucraban a los autores materiales, según concluyó en 1990 la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos.
Montano será extraditado a España
Las capturas de este 5 de febrero ocurren horas después de que la jueza Kimberly Swank, de la corte distrital de Carolina del Norte, Estados Unidos, resolviera que el coronel Inocente Orlando Montano, otro de los procesados por el caso jesuitas, sea extraditado a España para enfrentar el juicio en su contra, como lo pidió el gobierno de Estados Unidos en abril de 2015 en una petición formal.
Montano fue detenido en 2011, en el estado de Virginia, donde residía, con cargos por fraude migratorio. El militar mintió en la información que presentó a las autoridades para renovar su Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). En 1989, cuando ocurrió el crimen de los jesuitas, Montano era el viceministro de seguridad pública durante el gobierno de Alfredo Cristiani.
La jueza Swank tenía en estudio la posible deportación de Montano hacia El Salvador, donde algunos de sus viejos compañeros de armas permanecían refugiados hasta este viernes 5, pero el jueves 4 decidió darle trámite a la solicitud de extradición que hizo España en noviembre de 2011 al gobierno de Estados Unidos. Este último finalmente decidió acuerpar la solicitud y la envió al juzgado de Carolina del Norte en abril de 2015.
Montano es procesado junto a otros 16 militares en un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional de España, una instancia que bajo el principio de justicia universal, admitió una demanda de familiares de parte de los seis sacerdotes jesuitas que fueron asesinados en el campus de la Universidad Centroamericana en noviembre de 1989, junto a su cocinera y la hija de esta.
La jueza determinó que hay indicios suficientes de que Montano participó en la planificación del crimen de lesa humanidad, y dejó claro que su eventual responsabilidad debe ser determinada por la Audiencia Nacional de España.
