El gobierno de El Salvador, a través de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), ha firmado un convenio con Industrias La Constancia (ILC) para llevar agua a una población que desde 2013 denuncia a la compañía por estarlos dejando sin agua para beber.
ILC, una empresa subsidiaria de la multinacional SABMiller, dueña de la franquicia de la Coca-Cola, aportará a ANDA $994 mil 999.15 para desarrollar el proyecto de agua potable en el cantón Tetultepeque del municipio de Nejapa, al norte de San Salvador. La autónoma, en contraparte, dará $29 mil 553.02 dólares en un proyecto destinado a favorecer a 1 mil 500 habitantes de las comunidades Casco de La Hacienda, El Gramal, El Pozo, El Puerto, La Escuela, Ceiba Rosales, y El Chirrinal.
“Los habitantes del cantón Tutultepeque han hecho grandes sacrificios para conseguir el agua. Son personas que llevan adelante todos los días un desafío familiar de subsistencia. Caminan por un poco más de cuatro horas diarias para conseguir el líquido, acarreando pesados cántaros y llenando barriles para su almacenamiento. Definitivamente nosotros consideramos que esto no es justo. El agua es un derecho y es nuestro compromiso impactar positivamente en el desarrollo de Tutultepeque”, declaró el pasado 1 de febrero el presidente ILC, Rafael Álvarez, desde un salón de honor de la Casa Presidencial.
El presidente de la ANDA, Marco Fortín firmó el convenio en representación del gobierno; y como testigos de honor figuraron el secretario de Gobernabilidad, Hato Hasbún; el secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez; y el secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana. Hasbún celebró el convenio y felicitó a La Constancia: 'Este es un acuerdo que supone nuestro trabajo permanente y en este caso con una empresa a que hay que felicitar, como es la empresa La Constancia que, en realidad, no está haciendo cualquier acuerdo. Hay una concepción de beneficio social', dijo.
Esta bien podría ser una más de las alianzas público-privadas en el país, si no fuera porque en realidad es el último capítulo de un conflicto por el acceso y uso del agua en el municipio de Nejapa, que tiene una población de 35 mil habitantes. De hecho, las comunidades que serían beneficiarias son parte de un total de 21 comunidades que desde 2013 protestan contra ILC y contra el gobierno por la falta de acceso al agua, según confirma Miguel Cartagena, miembro del Foro del Agua, la mesa que aglutina a las comunidades denunciantes. En Nejapa se protesta porque no hay agua para la población pero sí para una industria que, según datos de la oenegé, extrae 39,31 litros por segundo. El Foro del Agua también denuncia que el proyecto de ampliación de la planta Nixapa que ILC solicitó en 2012, duplicaría la extracción de agua de 39 litros a 69,83 por segundo.
La lucha por el agua entre la población de Nejapa y la multinacional ha cobrado tal relevancia que incluso robó portadas de la prensa nacional e internacional. 'Hay agua por doquier para lucrarse de ella en Nejapa, pero para la población local solo unas cuantas gotas para beber', tituló el periódico londinense The Guardian, en enero de 2014.
En mayo de 2015, el caso de la población contra la empresa fue retomado como un ejemplo de las prioridades que debe tener el uso del agua, en medio de las discusiones en la Asamblea Legislativa para elevar a rango constitucional el derecho al agua y la alimentación. La ratificación de la reforma constitucional fue solicitada por las comunidades que aglutinan el Foro del Agua y fue impulsada por el partido de gobierno, el FMLN. Al final, la reforma no prosperó por falta de votos de los partidos de derecha, Arena y PCN.
Ocho meses después, esta alianza entre el gobierno e ILC simboliza el segundo movimiento de la empresa relacionado con la extracción de agua en Nejapa. En una carta enviada al Ministerio de Medioambiente y Recursos Natuales (MARN), el 18 de enero de 2016, el representante legal de La Constancia, Luis Fernando Zúñiga, aseguró que “es de sumo interés de ILC que se cuente con la mayor cantidad de información y estudios sobre el acuífero de Nejapa, mayor claridad sobre su comportamiento y los efectos que los diferentes actores tienen sobre el mismo. Lamentablemente hasta la fecha no se cuenta con un sistema de monitoreo oficial que permita brindar información a satisfacción de todas las partes interesadas en conservar los recursos hídricos en el mencionado acuífero”, escribió Zúñiga.
La ministra del Medio Ambiente, Lina Pohl, dijo a El Faro que a falta de información más precisa sobre el estado del acuífero de Nejapa, el MARN ha ordenado la perforación de un pozo al interior de la planta Nixapa para poder medir los niveles del acuífero. A propósito de las intenciones de ILC para ampliar su planta, Pohl aseguró que la empresa ya no ha respondido a las observaciones que dicha cartera le hizo a la petición de permiso ambiental que la embotelladora presentó en 2012. “La Constancia no corrigió las observaciones que le hicimos a su petición de permiso ambiental. Sus datos decían que el acuífero de Nejapa no estaba sobreexplotado, pero nuestras estimaciones decían que estaba sobreexplotado”, dijo Pohl a El Faro.
El alcalde de Nejapa, Sergio Quijada, quien ha acompañado a las comunidades desde los inicios de las protestas contra la ampliación de la planta Nixapa, también fue testigo del convenio entre ANDA e ILC. Consultado por El Faro sobre si su presencia en este acto no contradice su apoyo a las movilizaciones en contra de la empresa, Quijada se limitó a responder que su acercamiento con ILC se debe a la “buena gobernanza” que existe en su administración.
La población de la zona, apoyada por la alcaldía de Nejapa, también le ha reclamado al gobierno que la empresa solo pague $0.10 centavos por metro cúbico extraído, y la falta de macromedidores que puedan demostrar con certeza la cantidad exacta de agua que consume una empresa como ILC, en detrimento del uso del agua para consumo humano.
Frederick Benítez, gerente de la Región Central de ANDA, afirma que todas las empresas tienen un macromedidor que es revisado una vez al mes por el personal de la autónoma. Según Benítez, tras la puesta en marcha del nuevo pliego tarifario, difundido en septiembre de 2015, ILC paga $0.30 centavos por cada metro cúbico de agua que extrae.
La lucha por el agua
En julio del 2012, ILC solicitó al Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) la ampliación de su planta productora de bebidas ubicada en Nejapa, en un intento de “ampliación de operación para envasado de agua en la planta Nixapa”. ILC informó al MARN que “el proyecto consistirá en el cierre de las operaciones productivas en la ubicación actual (en San Salvador), mismas que serán trasladadas y montadas en las instalaciones de la planta Nixapa ubicada en el municipio de Nejapa, en donde se continuará con la producción de agua embotellada”, reza el documento en poder del MARN.
ILC, además de la Coca-Cola y otras bebidas artificiales, embotella “Cristal”, una de las marcas de agua embotellada con distribución en tiendas, supermercados y residencias de El Salvador.
El formulario ambiental que presentó ILC agrega que para la ampliación de la planta requería la perforación de un nuevo pozo. ILC ya contaba con dos pozos que perforó en 1998, cuando trasladó sus operaciones de producción desde su planta de Soyapango, en donde hasta 1999 se producían las bebidas gaseosas de Embosalva, que ahora es La Constancia.
Según el permiso ambiental otorgado por el MARN a ILC en 2001, la compañía produce en la planta Nixapa un 75% de Coca-Cola y un 25% de bebidas carbonatadas de otros sabores.
Al contrario del cantón Tutultepeque, que según Marco Fortín, presidente de ANDA, es una de las comunidades que nunca han tenido agua, datos de La Constancia en manos del MARN muestran que anualmente la planta Nixapa de ILC consume 1 millón 222 mil 866 metros cúbicos de agua. Con la ampliación de la planta, ILC estimaba que consumiría 949 mil 646.7 metros cúbicos más, según el formulario de ampliación de operaciones de producción presentado al MARN en 2012.
Tras dos años des protestas contra el proyecto, en marzo de 2015, el gobierno salvadoreño conformó una “mesa hídrica” para dar seguimiento a los reclamos de las comunidades. Yanira Córtez, procuradora adjunta para el Medio Ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), recalca que el caso llegó a su institución en 2013 y que el expediente estaba firmado por al menos 2 mil 500 habitantes de las comunidades de Nejapa que estaban inconformes con el proyecto de ampliación de la planta Nixapa.
El anuncio de la conformación de dicha mesa fue realizado por Ángel Ibarra, viceministro de Medio Ambiente. La mesa hídrica estaba conformada por miembros de la alcaldía de Nejapa, ANDA, el MARN, y representantes de las comunidades afectadas. En aquella época, Ibarra afirmó que “a este acuífero le sacamos más agua de la que entra, lo que es crítico, y estamos teniendo amenazas de ser contaminados con hidrocarburos, lo que puede generar un problema de años”, declaró el funcionario.
La 'mesa hídrica' sostuvo reuniones hasta el mes de julio. Karen Ramírez, representante de Provida (organización no gubernamental de la zona) y del Foro del Agua, señala que las reuniones se retomaron hasta el 8 de diciembre de 2015. Ella achaca esta falta de reuniones a la falta de voluntad del gobierno para exigirle acciones de conservación del acuífero a ILC. 'Hubo voluntad política de crear la mesa, pero no de darle seguimiento', apuntó Ramírez.
Ramírez duda de las buenas intenciones detrás de la firma del convenio entre ANDA e ILC, y plantea que con este proyecto se busca apaciguar el reclamo de la comunidad internacional para que el gobierno resuelva el acceso al agua de la población de Nejapa. El conflicto entre las comunidades de Nejapa e ILC fue llevado por el Foro del Agua hasta instancias internacionales como el Foro sobre empresas y Derechos Humanos en Ginebra, Suiza (diciembre de 2015); y ante la séptima audiencia del Tribunal Latinoamericano del Agua, celebrada en octubre de 2015, en Ciudad de Guatemala.
Ramírez, quien dijo sentirse sorprendida con la noticia del convenio, señaló que el proyecto vendría a ser un reparo de los daños contra la población sin agua de Nejapa. Sin embargo, ella exige 'coherencia' de parte del gobierno. '(Habrá que ver) si realmente no hay prebendas y si no hay compromisos por parte del gobierno para resolverle algo a ILC y que no está escrito en ningún lado. Lo que vemos también es un acuerdo para salvar la imagen mutua tanto de la responsabilidad social y ambiental de la empresa como de un gobierno abierto a los temas de la gestión público privada', dijo Ramírez.
