La Corte Suprema de Justicia ordenó a la Cámara Segunda de lo Civil del Centro que inicie juicio por enriquecimiento ilícito contra el expresidente Mauricio Funes, y remitió el expediente al Ministerio de Hacienda y a la Fiscalía, a las que pide que 'investiguen de forma oportuna' el origen de los fondos de campaña que recibió el político para financiar su candidatura presidencial.
La resolución, fechada martes 9 de febrero, dispone como medida cautelar el congelamiento de cuatro cuentas bancarias del exmandatario y notifica al Viceministerio de Transporte que impida cualquier transacción de ocho automotores, cinco de ellos a nombre de Funes y tres a nombre de uno de sus hijos.
El mismo martes, nueve magistrados habían acordado ordenar el juicio, después de que la sección de Probidad determinara que el exgobernante no había podido justificar un monto de más de 738 mil dólares en compras, pagos de deudas y cuentas bancarias. La Corte, después de analizar el expediente y de recibir la última documentación de descargo de Funes el viernes anterior, fijó el monto injustificado en poco más de 700 mil dólares.
'Los funcionarios tienen la obligación de proporcionar declaraciones veraces, completas y que tengan sustento objetivo', dice la resolución de la Corte, antes de expresar su decisión. '1. Declárase que existen indicios de enriquecimiento ilícito del ex Presidente de la República de El Salvador, Carlos Mauricio Funes Cartagena, en relación con las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. 2. Ordénase juicio por enriquecimiento ilícito, para el cual se designa a la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, con sede en esta ciudad. Remítase a dicho tribunal las actuaciones correspondientes', dice la resolución, firmada por nueve magistrados.
Las cuentas congeladas son una del Banco Agrícola, otra del Banco Promérica, y dos del Scotiabank El Salvador, y la Corte no indica qué cantidad de dinero hay en las mismas. La Sección de Probidad de la CSJ, detectó en el informe que entregó a la corte plena la semana pasada que Funes, al finalizar su mandato presidencial, gastó más de los ingresos que recibió siendo presidente, y terminó con un saldo negativo de 36 mil 782 dólares.
La Corte también prohibió a Funes y a su hijo Diego Funes que tranfieran la propiedad de ocho vehículos.
La resolución también indica que la Fiscalía General de la República y el ministerio de Hacienda deben investigar el origen de todos los fondos que Funes recibió durante la campaña presidencial antes de llegar al Ejecutivo, así como también indagar si por esas transferencias Hacienda percibió los impuestos correspondientes. 'Esta Corte no puede ignorar que, según el informe de la Sección de Probidad, inmediatamente antes y después del inicio de funciones como Presidente de la República, el señor Funes Cartagena recibió en sus cuentas bancarias considerables cantidades de dinero. En cuanto a las previas es de indicar que, como lo advierte el informe respectivo, se trata de más de tres millones de dólares, cuya procedencia y título de adquisición corresponde investigar a las autoridades competentes, específicamente a la Fiscalía General de la República y al Ministerio de Hacienda'.
Antes de enviar su informe a la Corte, en enero, la Sección de Probidad pidió a la Dirección General de Migración y Extranjería un informe con todos las salidas turísticas de Funes y de su núcleo familiar, pero al momento de redactar la resolución, Migración no había contestado.
El expresidente ha dicho que la investigación es la expresión de una persecución política porque la Sala de lo Constitucional de la Corte sirve a los intereses del partido opositor Arena. También ha señalado que es injustificado que Probidad haya investigado sus cuentas o bienes adquiridos previos y posteriores al fin de su mandato. La Corte justificó esta indagación: 'Verificar aspectos anteriores –movimientos bancarios, bienes muebles e inmuebles adquiridos por el funcionario y su grupo familiar, condiciones de vida, etc.– permite analizar adecuadamente la magnitud y razonabilidad de los cambios que puedan producirse en el patrimonio del investigado y de su grupo familiar. Estudiar la situación posterior también permitiría el hallazgo de indicios de enriquecimiento sin causa legal, ya que podrían investigarse y comprobarse situaciones injustificadas que igualmente pueden vincularse, de diversas maneras, al ejercicio de las actividades públicas', dijeron los magistrados.
El Faro reveló, en julio de 2014, que Mauricio Funes realizó más de 80 viajes durante su presidencia. Algunos los hizo en aviones privados y con fines turísticos, y fueron patrocinados total o parcialmente por Miguel Menéndez, “Mecafé”, un empresario que multiplicó sus contratos con el Estado durante la administración Funes. Además de Mecafé, acompañaban al presidente en esos viajes el director del Seguro Social, Leonel Flores; y una joven que, sin laborar en el gobierno, contaba con pasaporte diplomático: Ada Mitchell Guzmán Sigüenza.
La Corte resalta en su resolución que el juicio por enriquecimiento ilícito no es requisito para que la Fiscalía promueva una investigación penal o de extinción de dominio, contra el exmandatario. La Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita permite al Estado confiscar bienes cuando a alguien se le comprueben que han sido obtenidos con fondos ilícitos.
La Corte promovió el juicio por enriquecimiento ilícito con nueve de 15 votos posibles. Funes había intentado desvirtuar los hallazgos de la Sección de Probidad mediante la presentación de documentos y escritos, pero lo único que logró fue que el monto de enriquecimiento cuestionado bajar de 728 mil a alrededor de 600 mil dólares.
'En síntesis (...) durante el período de funciones existe la cantidad de 520 mil 629.74 dólares cuyo origen es desconocido; y con posterioridad al período [presidencial] tampoco existe justificación de 181 mil 500 dólares', reza la resolución de la CSJ.
La Corte desglosa aun más las irregularidades encontradas. Señala como sospechosa la adquisición de vehículos durante el período presidencial por 20 mil dólares y, por parte de su hijo, Diego Funes, por 118 mil 600 dólares. La Corte también señala que Funes pagó deudas por 194 mil 924 dólares sin que en sus cuentas bancarias, durante el ejercicio de funciones, se reflejaran esos pagos. En tercer lugar, la Corte señala como irregular que, durante el quinquenio, Funes terminó gastando más de lo que tenía, con un saldo negativo por 36 mil 782.43 dólares y que aun así él reportara que había ahorrado 150 mil 323.31 dólares.
Al salir de la presidencia, Funes recibió 121 mil 500 dólares de Multimedia S.A. de C.V. en 16 meses. Lo que hasta ahora ha declarado Funes es que la empresa del exdirector de noticias de TCS Jorge Hernández (donde también era entrevistador), Multimedia S.A. de C.V. le pagó ese dinero dinero gracias a un financiamiento que recibió de otra empresa con sede en Miami, Estsados Unidos, denominada Hencorp Becstone Capital LL. Lo extraño, según la información disponible en el informe de Probidad, es que Funes pareció ser el único empleado de esa empresa. Multimedia S.A. de C.V. recibió fondos por 495 mil dólares, de los cuales gastó la mitad en ventas entre septiembre de 2014 y diciembre de 2015. Casi la otra mitad del dinero, según reportó Multimedia S.A. de C.V. a Hacienda, la gastó en pagos de 15 mil dólares mensuales a Funes durante 16 meses. '(...) resulta que a la empresa le quedó en ese período para su operatividad $16 mil 181.17 dólares', concluye la Corte.
También la Corte resuelve que la adquisición de un vehículo por 60 mil dólares, ya fuera del ejercicio de funciones, es irregular.
Funes ha criticado que la Corte Suprema parece sesgada. En la resolución, la Corte cita los descargos de Funes: 'Se recibe escrito suscrito por el señor Carlos Mauricio Funes Cartagena, mediante el cual adjunta documentación y refiere que el informe emitido por la Sección de Probidad de esta corte evidencia 'falta de pericia, falta de imparcialidad y, de paso, la falta de contundencia del mismo, cuestión que habría de poner en duda no solo la información sino la conclusión que se ha extraído de ella'”.
Funes también critica que Probidad se haya metido a investigar a otras personas como al exdirector del Seguro Social, Leonel Flores Sosa, o al exoperador político del expresidente Antonio Saca, Herbert Saca. '[Funes] hace un llamado para que los magistrados de este tribunal tengan un actuar imparcial y justo', se lee en la resolución.
La Corte en su resolución consignó las críticas del expresidente a la revisión de sus cuentas antes y después de su mandato presidencial. “Esto es una situación grave porque el informe se ha encargado de extender su investigación pasando por encima del texto literal que prevé la Constitución, incluso cuestionando lo que hago ahora, quién me paga y cómo se me paga. Esto seguramente, Magistrados, se está haciendo con fines de dañarme...', dice la resolución, citando a Funes.
