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El Salvador

Corte Suprema confirma indicios de enriquecimiento ilícito del expresidente Saca

14 magistrados de la Corte Suprema de Justicia acordaron este viernes que la sección de Probidad ha encontrado indicios suficientes para presumir enriquecimiento ilícito en el patrimonio del expresidente Antonio Saca. El siguiente paso sería ordenar juicio, pero los magistrados discuten el monto objetado, que por ahora oscila entre los 3 y los 5 millones de dólares. Ya el expresidente Funes tiene juicio abierto por la misma razón.

 
 

Esta propiedad adquirida por la empresa de Antonio Saca en 2009 pertenecía a una compañía fundada por Nicolás Salume Barake, primer designado presidencial y padre de Nicolás Salume Babún, quien presidió la estatal generadora de electricidad CEL durante la administración Saca y en los primeros 21 meses del gobierno de Mauricio Funes.

Esta propiedad adquirida por la empresa de Antonio Saca en 2009 pertenecía a una compañía fundada por Nicolás Salume Barake, primer designado presidencial y padre de Nicolás Salume Babún, quien presidió la estatal generadora de electricidad CEL durante la administración Saca. La Corte Suprema discute el monto por el que ordenaría juicio por enriquecimiento ilícito contra el exmandatario, y parte de los .5 millones que planteó Probidad como injustificados.

Después de tres sesiones de Corte plena, en las que el máximo tribunal discutió un informe de auditoría al patrimonio del expresidente Antonio Saca, los 14 magistrados que sesionaron este viernes votaron a favor de un informe que asegura que “existen indicios que presumen enriquecimiento ilícito por parte del señor Elías Antonio Saca González", aunque no determinaron el monto de lo que el último de los presidentes de Arena no justificó ante la Sección de Probidad. 

Según Probidad, Saca no declaró al fisco 560 mil dólares que poseía al tomar posesión del cargo en junio de 2004, tampoco explicó el origen o el motivo por el que más de 2 millones de dólares llegaron a sus cuentas bancarias durante su mandato (2004-2009), y tampoco pagó, entre 2009 y 2014, todos los impuestos que le correspondían por los 5.5 millones de dólares que tenía en sus cuentas y de los cuales había ocultado la existencia de 1.7 millones al Ministerio de Hacienda. Antes del primer debate de Corte plena, Probidad cuestionada 6.5 millones de dólares al exmandatario. 

Este viernes 19 de febrero, los magistrados validaron un informe de Probidad que ya había anexado la documentación de defensa que envió el expresidente el lunes 15 de febrero a Probidad. De lo que reveló a El Faro una de las personas que participaron en las discusiones se infiere que Saca logró desvanecer una parte de las objeciones, pero la mayor parte del monto objetado sigue en duda. "Está pendiente por definir el monto, pueden ser 3 o 5 millones de dólares", dijo esa persona, que pidió el anonimato. 

Entre este lunes 22 y el viernes 26 de febrero, los magistrados de la Corte Suprema deberán resolver las medidas cautelares -qué bienes y fondos congelarían en las cuentas bancarias del expresidente- en una resolución que debe contener el monto por el que ordenarían juicio civil por enriquecimiento ilícito. 

Durante la presidencia de Saca, las empresas de su propiedad registraron un aumento de ganancias que multiplicó hasta por 16 las utilidades que obtenían en los años previos a su mandato. Entre 1998 y 2004 las utilidades máximas fueron un poco superiores al medio millón de dólares, pero una vez inició su presidencia iniciaraon una escalada gradual que lo llevó a tener ganancias de más de 3.2 millones de dólares en 2007.

Para tomar decisiones, la Corte necesita el voto de al menos ocho de los 15 magistrados. En la sesión de este viernes solo hubo 14 de ellos, porque Florentín Meléndez se encontraba en misión oficial en el interior del país.

En la agenda de la Corte de la próxima semana también está un expediente que contiene hallazgos a la gestión del expresidente Francisco Flores, ya fallecido.

Con Saca, serían dos expresidentes los que enfrentarían simultáneamente juicio por enriquecimiento con base en una ley de 1959. Hasta octubre del año pasado, nunca un funcionario había sido procesado por esa razón a la luz de esta normativa. La Corte la estrenó con el diputado Reynaldo López Cardoza, quien es procesado civilmente por 1.3 millones de dólares.

La sección de Probidad tiene más de medio siglo de existencia pero durante décadas fue una entidad que en la práctica se limitó a coleccionar las declaraciones de patrimonio que los funcionarios y exfuncionarios están obligados a presentar al iniciar sus mandatos y al terminarlos. La Corte Suprema solo ordenó a Probidad que hiciera investigaciones sobre las declaraciones juradas cuando en septiembre de 2015 un ciudadano solicitó que se le entregara los informes de auditoría hechos a partir de las declaraciones de patrimonio de los exfuncionarios.

Este paso también fue posible solo después de que el Instituto de Acceso a la Información Pública resolviera que las declaraciones de patrimonio en manos de Probidad son públicas.

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