El martes 23 de febrero, luego de cinco sesiones de trabajo sin llegar a acuerdo, 13 de 15 magistrados de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenaron enviar a juicio por enriquecimiento ilícito al último presidente de Arena, el empresario radial Elías Antonio Saca, al que se le cuestionan 2.9 millones de dólares en ahorros que no reportó a Hacienda entre 2004 y 2014, de un total de 5 millones de dólares que a juicio de la Sección de Probidad tienen sospechas de enriquecimiento ilícito.
Los magistrados votaron por enviar a juicio a Saca pero aún tienen pendiente la firma de una resolución en la que detallarán qué cuentas bancarias y qué bienes del exmandatario serán congelados mientras dure el proceso en su contra.
El magistrado Ovidio Bonilla -expresidente de la Corte Suprema- y Ricardo Iglesias -que sustituyó al magistrado Óscar López Jerez- fueron los únicos en abstenerse en la votación de este martes. Bonila salió del anonimato en julio de 2012 cuando se convirtió en la apuesta del FMLN, Gana, CN y Pes para presidir la CSJ, a pesar de que su nombramiento había sido declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional.
En el juicio civil, Saca también deberá explicar el origen de más de 1 millón de dólares depositados en sus cuentas, uno de los principales cuestionamientos del informe de Probidad que estudiaron los magistrados. Este informe revela que mientras fue presidente (asumió el cargo el 1 de junio de 2004, un año después de haber depositado la dirección de sus empresas de radiodifusión en parientes), Saca remesó cheques en una cuenta por 1 millón 94 mil dólares. Los cheques los giraban empresas dedicadas a la publicidad, compañías de origen desconocido y personas naturales.
La auditoría realizada a las declaraciones juradas de patrimonio del expresidente cuenta 13 hallazgos, que suman 6.5 millones de dólares. De este monto de un primer informe, Saca logró desvanecer 1.5 millones de dólares.
En noviembre de 2013, El Faro reveló que durante su quinquenio (2004-2009), las utilidades de sus empresas se multiplicaron de forma exponencial respecto de los años previos. Entre 1998 y 2004 las utilidades pendularon entre los 42 mil y los 586 mil dólares, pero ya en 2005 superaron el millón de dólares y en 2007 rebasaron los 3.2 millones. En el período de su gobierno las utilidades netas fueron de casi 10.5 millones de dólares. Es decir, 10 veces más que las obtenidas en la suma de los seis años previos a su administración.
En su investigación, Probidad dice que estas empresas nunca suscribieron contratos por servicios de publicidad ni de cualquier otro tipo con la Presidencia de El Salvador. Eso descarta una relación formal que supondría un conflicto de intereses.
Por ahora, y desde que en octubre de 2015 la Corte ordenó por primera vez en la existencia de la normativa sobre enriquecimiento ilícito un juicio contra un exfuncionario, ya hay tres personas procesadas civilmente por dicha causa: el diputado Reynado López Cardoza, el exdirector del Seguro Social Leonel Flores y el expresidente Mauricio Funes, cuyo proceso arrancó el martes 23 de febrero. Cardoza fue la primera persona a quien en virtud de la Ley sobre enriquecimiento ilícito se envió a juicio en 56 años de vida de esta normativa que data desde 1959.
Elías Antonio Saca, dueño de Grupo Samix, uno de los emporios radiales más fuertes de El Salvador, se convierte en el segundo expresidente de la República enviado a juicio por enriquecimiento ilícito.
