El oficial de información de presidencia y apoderado legal del presidente Salvador Sánchez Cerén, Pavel Benjamín Cruz, dio a conocer a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que no puede entregarles la información sobre los viajes del expresidente Mauricio Funes y de la exprimera dama Vanda Pignato ni tampoco la información sobre los gastos protocolarios de atención a invitados internacionales, porque Presidencia de la República extravió la información.
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional habían ordenado a Presidencia que les remitieran la información para tenerla en resguardo mientras era adoptada un decisión definitiva sobre si daban a conocer o no la información, en respuesta a una demanda de amparo presentada por el abogado Herverth Danilo Vega -el 9 de diciembre de 2015- contra la Presidencia de la República y contra el Instituto de Acceso a la Información Pública, por declarar como reservada la información de viajes de Funes y Pignato, de atención a invitados internacionales y de gastos de publicidad.
Sin embargo, el 26 de febrero de 2016, Presidencia solo remitió la información sobre los gastos de publicidad, y comunicó que había extraviado el resto de la información. La secretaría de asuntos jurídicos y legislativos de Presidencia clasificó como reservada la información de viajes de Funes y de Pignato el 30 de enero de 2013 y la información sobre los gastos en atención protocolaria fue reservada el 3 de junio del mismo año por la Secretaría de Comunicaciones de Presidencia. El 7 de junio de 2012, la secretaría privada reservó la información sobre gastos de publicidad. El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) respaldó en 2015 la decisión de Presidencia de reservar toda esa información.
En diciembre de 2014, se llevó a cabo una audiencia en el IAIP a petición de los representantes de la oénege Centro de Asesoría Legal y Anticorrupción (ALAC), Roberto Burgos y Xenia Hernández, quienes exigieron que Presidencia diera a conocer los tres apartados de información. El abogado de Presidencia, Javier Portillo, respondió que no daban a conocer gastos de publicidad, porque para el gobierno de Sánchez Cerén era más importante la libre competencia (y no perjudicar las compras del estado) que el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública y dijo que la información de viajes de Funes y de gastos protocolarios no debía darse a conocer por motivos de seguridad.
En 2015, los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública dieron a conocer la decisión adoptada, después de la audiencia de diciembre de 2014. Exoneraron en dos ocasiones (en enero y en agosto de 2015) a la Presidencia de la República de su responsabilidad de cumplir el artículo 10 de la LAIP y ratificaron la decisión de Presidencia de no dar a conocer la información sobre los viajes de Mauricio Funes y Vanda Pignato, la información de gastos protocolarios y la información de los contratos de publicidad.
Un año después, Presidencia da a conocer que no resguardó la información de viajes y de gastos protocolarios. Ante esta respuesta, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución el 26 de febrero de 2016, en la que cita el artículo 76 de la LAIP para dar a entender que se está ante una falta muy grave. 'Consecuentemente, puede presumirse que, hasta las fechas antes señaladas, la información en cuestión existía y se encontraba bajo la tutela de estos funcionarios por lo que, puede inferirse que tal documentación fue objeto de extravío, sustracción o destrucción indebida'.
La LAIP establece -en el artículo 77- una sanción por sustraer y por destruir información que va de 20 a 40 salarios mínimos. A esta sanción pueden sumarse sanciones de tipo penal. Los magistrados además advirtieron que si Presidencia no remite la información completa en tres días notificarán a la Fiscalía General de la República para que lleven a cabo 'las investigaciones pertinentes para determinar la posible comisión de delitos y las deducciones de responsabilidad correspondientes'.
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional también hicieron alusión al expediente remitido por los comisionados del IAIP, que fue utilizado en la audiencia de diciembre de 2014, en la que señalan omisiones de estos funcionarios. 'No puede confirmarse ... que este instituto haya verificado expresa y directamente, ni la existencia de la información a esa fecha, ni el apropiado resguardo y conservación de la misma'.
La información que recibió la Sala de lo Constitucional les ha permitido hacerse una idea de cuántos viajes pudo haber llevado a cabo Mauricio Funes. Presidencia de la República remitió a los magistrados de la Sala de lo Constitucional 49 acuerdos ejecutivos del despacho presidencial de los años 2009 a 2013, en los que se registró ausencias consecutivas de uno a ocho días del ex mandatario.
Durante esas fechas, Salvador Sánchez Cerén -que en ese entonces era vicepresidente de la república- lo sustituyó. 'Es válido presumir que cada uno de estos 49 decretos ejecutivos corresponden a un viaje realizado por el Presidente de la República', dice la resolución en la que los magistrados afirman que debe existir documentación que registre y respalde las ausencias del ex mandatario.
El 28 de julio de 2014, El Faro reveló que Mauricio Funes llevó a cabo más de 80 viajes durante su presidencia y que algunos de esos viajes los hizo en aviones privados con patrocinio total o parcial de Miguel Menéndez (Mecafé). Hasta febrero de 2013, Mecafé había obtenido contratos millonarios por servicios de seguridad con el gobierno, que ascendían a 14 millones de dólares.
El Faro también dio a conocer en 2010 que la empresa de publicidad Polistepeque había sido contratada como agencia exclusiva de la Presidencia. Durante 19 meses de operación, este empresa tuvo ventas netas por 8.5 millones de dolares, según los balances que presentó ante el Registro de Comercio. Esta empresa era propiedad de Joao Santana, el asesor de Mauricio Funes, y quien está siendo investigado en Brasil por el posible pago de sobornos, a través de un offshore, en Brasil, Argentina, Perú y El Salvador.
Presidencia de la República ha hecho todo lo posible para que la información de gastos de publicidad y de viajes de los presidentes continúe siendo secreta e incluso ha contado con la ayuda del IAIP. Durante la audiencia de diciembre de 2014, Presidencia no notificó a los comisionados que la información de viajes de Mauricio Funes y de Vanda Pignato estaba perdida. Los comisionados no hicieron efectiva ninguna medida cautelar, como lo establece el literal B del artículo 85 de la LAIP para verificar que la información todavía existía y que no había sido destruida, a pesar de que los representantes de la oénege ALAC la solicitaron.
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional tampoco encontraron constancia de que el IAIP verificó las medidas de resguardo de los documentos. En la resolución han ordenado a la Presidencia de la República que la información les sea remitida. Afirmaron que la Presidencia está en la capacidad de recoger la información de viajes y que también deben existir registros de los gastos protocolarios y que estos pueden ser reconstruidos con información de la Presidencia de la República y de la Cancillería de la República.
Una vez la información esté completa y en poder de los magistrados Sala de lo Constitucional, serán ellos quienes van a decidir si abren la puerta para que los ciudadanos puedan conocer -de forma oficial- cómo y cuánto gasta en viajes, publicidad y en atención a invitados internacionales la Presidencia de la República.
*Fe de errata: En la versión original de este artículo se publicó por error que la empresa de publicidad Polistepeque, S.A. de C.V. facturó, durante 19 meses de operación, '19 millones de dolares'. La información correcta es que en sus 19 meses de operación, la empresa tuvo ventas netas por 8.5 millones de dólares, según consta en los balances que presentó ante el Registro de Comercio. El Faro lamenta el error y deja constancia de esta corrección, realizada a las 3:32 de la tarde del 29 de febrero de 2016.
