Una de las instituciones del Estado que generalmente sale mal evaluada por la opinión pública es la que desempeña la función de legislar; llámense congresos, parlamentos o asambleas. Al igual que los partidos políticos, el poco crédito social de estas instituciones obedece a la percepción ciudadana de su desempeño. Y no es infundada tal imagen; los escándalos de corrupción que reportan los medios de comunicación están asociados al tráfico de influencias, contrataciones amañadas, y otras prácticas non sanctas de políticos y diputados. La percepción ciudadana de nuestra Asamblea Legislativa no es la excepción.
De los ardientes discursos del pasado, donde fogosos oradores hacían gala de sus dotes de plaza pública, justificando una legislación delineada conforme los objetivos de la dictadura militar, los “chivos”, como se les llamaba a los diputados, nos regalaban incendiarios panegíricos tratando de ocultar su docilidad frente al Ejecutivo. Con la posguerra una nueva generación de políticos pasó a sustituir los aburridos informes de las comisiones, por escatológicos debates que enunciaban incipientes perfiles ideológicos, los cuales poco a poco fueron perdiendo brillo y frescura, cooptados por las canonjías del cargo; hasta demandar servicios de comida gourmet en vajillas de porcelana y cubiertos de plata… y se llenaron de asesores.
La corrupción roe el espíritu poco a poco. Infesta el alma, doblega la voluntad y vacía de ideales el espíritu. Ante lo que muchos investigadores han llamado la baja calidad en la representación legislativa, lo que encontramos, sin eufemismos, es una rampante mediocridad, que se pretende ocultar con soberbia y falta de transparencia; lo que sin duda es caldo de cultivo para la corrupción. Por esa razón ya no son necesarios aquellos épicos momentos donde la confrontación de ideas y propuestas engalanaba los debates; ahora, como dijera un directivo de la Asamblea Legislativa, “puede que tengan razón, pero no tienen los votos”. Es decir, que estamos frente a una pragmática –o cínica- aritmética legislativa, donde la fuerza motriz que hace avanzar o no la legislación no es el bien común ni los altos intereses de la nación, sino aquel mítico personaje del maletín negro.
Pero la buena noticia es que el incremento de la auditoria ciudadana, el periodismo investigativo, la respuesta -aun limitada- de instituciones encargadas de impulsar procesos de transparencia, han colocado el tema del combate a la corrupción y la impunidad en el centro del debate. En sus recientes declaraciones públicas, antes de salir definitivamente del país, la embajadora Mari Carmen Aponte hizo un enfático llamado tanto al dialogo y búsqueda de entendimientos entre los grupos políticos, así como un mayor esfuerzo en la lucha contra la impunidad y la corrupción. Y no solo lo expresó a los medios de comunicación, sino que aprovechando la condecoración 'Orden al Mérito 5 de Noviembre de 1811, Próceres de la Independencia Patria' -que merecidamente se le otorgó-, reiteró ese mensaje en el Palacio Legislativo.
El lugar no pudo ser más apropiado para recordarles a los diputados y diputadas el compromiso que tiene nuestro país de ser más eficiente en su lucha contra la corrupción y la impunidad. En especial cuando El Salvador estuvo presente, el 27 de noviembre de 2013, en la convocatoria de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC en inglés), donde se deliberó a profundidad sobre mecanismos y medidas para combatir la corrupción.
Dicha actividad se desarrolló en el marco del Foro de Parlamentarios, un evento celebrado en paralelo a la V Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, realizada en Ciudad de Panamá.
Como resultado de esas deliberaciones surgió una audaz declaración en la cual los miembros de GOPAC acordaron entre otros temas: “alentar a los estados, a las Naciones Unidas y a instituciones internacionales a reconocer los delitos de gran corrupción como crímenes de lesa humanidad.”
En ese conclave fue electo Presidente del Comité Ejecutivo Regional de GOPAC para América Latina y el Caribe, el diputado Sigfrido Reyes, Presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, quien además fue nombrado representante de la región ante el Consejo Directivo de GOPAC a nivel mundial.
Ante la inactividad de la Asamblea Legislativa para cumplir las tareas que se acordaron y se plasmaron en el Plan de Acción para 2013 a 2015, en la que destaca: “Trabajar conjuntamente con los Estados aliados, a través de nuestros capítulos nacionales en pro de la promulgación de legislación nacional que permita procesar la gran corrupción mediante el ejercicio de la jurisdicción internacional” . La ISD y el movimiento ciudadano Democracia Limpia, a través de sus representantes Ramón Villalta y Paul Steiner, presentaron en el mes de noviembre de 2015 una pieza de correspondencia para que se legisle declarando la Gran Corrupción como delito de Lesa Humanidad. Tarea que correspondía a Sigfrido Reyes.
La Asamblea Legislativa tiene entonces en sus manos y sin excusas, la oportunidad histórica de darle al pueblo salvadoreño esta herramienta legal en la lucha frontal -y de verdad- contra este flagelo. Y si los diputados establecen que este delito además de ser imprescriptible, le otorgan efectos ex tunc (retroactivos) dándole carácter de Orden Público, podrían perseguirse delitos cometidos en el pasado, sin importar el periodo en el cual se cometieron. Sería un claro mensaje para nuestro pueblo y para la comunidad internacional, que El Salvador no solo está en la firme determinación de luchar contra la corrupción, sino que tiene la gallardía de honrar los compromisos que asume fuera de nuestras fronteras.
Además, se estaría sometiendo a prueba la veracidad o no del señalamiento que se hace a la Oficina de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, cuando contra ella se dice que está agendando casos con sesgo político, bajo el argumento de que la prescripción permite que hechos cometidos hace más de diez años queden fuera de su labor investigativa.
Hoy, en franca decadencia de los legisladores, nunca es tarde para rectificar y recuperar el prestigio y credibilidad. Una simple reforma al Código Penal declarando la Gran Corrupción como delito de lesa humanidad con efectos de imprescriptibilidad y retroactividad, demostraría su firme voluntad de lucha contra este fenómeno que en los últimos años ha crecido exponencialmente. Solo se necesita de 43 votos para dar este salto de calidad.
Si por el contrario, la pieza de correspondencia mencionada se sigue manteniendo en las gavetas legislativas, remitida a la crítica de los roedores, el mensaje que estaremos recibiendo los salvadoreños y quienes desde el exterior nos quieren apoyar con programas como la Alianza para la Prosperidad y su proyecto CARSI, no solo será negativo, sino que implicaría, sin ninguna duda, que nuestra legislatura está más en favor del encubrimiento de la corrupción que en la lucha frontal que el pueblo espera.
*Félix Ulloa es doctor en Derecho. Exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, fue miembro de la Comisión Política del desaparecido Movimiento Nacional Revolucionario. Actualmente es presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES).
