El 1 de junio de 2006, el presidente Elías Antonio Saca dijo en la Asamblea Legislativa, durante su segundo informe de rendición de cuentas a la nación, que implementaría “medidas creativas” para salvar la viabilidad del sistema de pensiones sin aumentar las cotizaciones ni la edad de retiro. Poco después, en septiembre, se aprobó una reforma que desnaturalizó nuestro sistema de pensiones: nació entonces el fideicomiso de obligaciones previsionales, el cual sirvió para pagar las pensiones de los jubilados en el régimen de reparto (el público, como le dicen) con parte de las cotizaciones del sistema de capitalización (el privado, como le llaman).
Hacía falta dinero para pagar las pensiones del último trimestre de aquel año, aunque Saca nos vendió la idea de que la reforma entraría a funcionar en enero de 2007. Esa fue la urgencia para aprobarla. La historia muestra que a ningún gobernante le gusta quedar mal en estos temas, pues los votantes se resienten. La reforma pasó de Casa Presidencial a la Asamblea, y en todo momento fue custodiada su intacta aprobación por dos personas: Víctor Ramírez, quien era superintendente de pensiones, y Rafael Lemus, uno de los asesores de la Secretaría Técnica y quien ahora guía en estos temas al grupo parlamentario de Arena.
La reforma no se consultó, no se debatió. Tampoco la sociedad salió de sus casas a protestar porque no habían sido tomados en cuenta.
A las AFP no les convencía la reforma porque se les obligaba a invertir en el fideicomiso, pero no hicieron mayor reclamo. Históricamente las administradoras de pensiones están obligadas a invertir en el Estado porque no hay más en qué invertir en El Salvador: en junio de 2005 destinaban el 83 % de los fondos en inversiones estatales y para junio de 2015 era el 80 %, prácticamente lo mismo en una década, como muestran las estadísticas históricas de la Asociación internacional de organismos de supervisión de fondos de pensiones. Esta tendencia, de invertir la mayoría de nuestros ahorros previsionales en la canasta del Estado, se mantiene desde antes de la reforma estructural de 1998. Esta no era una cuestión antojadiza, sino que retrataba nuestro sistema financiero. En 1992 nació la Bolsa de Valores, y para 1996 (año en que se aprobó el nuevo sistema de pensiones) el 95% de las transacciones que existían en el “Wall Street” salvadoreño eran deuda pública, como señaló el economista Orlando Martínez Orellana, quien asesoró a la comisión técnica del gobierno para la reforma estructural de pensiones. No había - aún hoy - en qué invertir.
A las calificadoras de riesgo tampoco les gustaba la reforma, porque el Ejecutivo había articulado un discurso para no considerar la nueva deuda previsional que se generaba como deuda pública (lo que ahora nos deben a los cotizantes de las AFP). Esto manipulaba la información para calificar mejor a El Salvador en sus índices de inversión, cuando sabían que no era así. En realidad tal tecnicismo buscaba evitar negociaciones con el FMLN. Aprobar deuda pública implica en El Salvador el concurso de dos tercios de los diputados en la Asamblea, y para lograrlo eran necesarios los votos del partido de izquierdas. El discurso preocupaba, pues si no es el Estado quien garantiza esa deuda, ¿quién lo haría? En los libros se dice que el Estado no puede olvidar su responsabilidad social, pero el papel aguanta con todo. Y así la reforma fue aprobada, sin el concurso del FMLN.
De aquella reforma se dejó de hablar –o se habló poquísimo– durante años; y continuaría siendo así de no haberse producido una crisis financiera a escala global. La tasa Libor, esa que según la reforma de Saca serviría para hacer más atractiva la inversión de nuestras cotizaciones en el fideicomiso, porque era “estable” y permitía un interés “alto”, comenzó a caer. Entre los argumentos que escuché en los pasillos de la Asamblea Legislativa, en septiembre de 2006, a favor de London InterBank Offered Rate (LIBOR) estaba que el interés que se ganaría por invertir en el fideicomiso se determinaría de manera independiente, puesto que el valor de esta tasa se define en Londres y no en San Salvador. Su valor pasó de representar 5.3 puntos en octubre de 2006 (cuando arrancó la reforma) a 2.0 puntos en enero de 2009. Estaba el mundo en crisis. En El Salvador poca atención le prestamos: nosotros estábamos en época de campaña electoral; luego Mauricio Funes era elegido presidente, y aquello era histórico porque por primera vez la izquierda llegaba al poder Ejecutivo. ¿Quién iba a estar atento ante la Libor?
Por un momento pensé que el FMLN, ese partido que había criticado duramente el fideicomiso de pensiones y que se había opuesto al régimen de capitalización implementado en 1998 (el privado, recuerde), buscaría mejorar todo aquello. Pero pasaron los meses, y los años, y pasó Funes… y nada. La Libor continuaba cayendo, hasta representar en 2010 valores inferiores a 0.5 %. Fundaungo estimó que nosotros los cotizantes dejamos de ganar en 2010 entre 153 y 167 millones de dólares por el bajísimo rendimiento de la inversión hecha en el fideicomiso. Habíamos perdido plata que serviría para nuestras pensiones, pero muy pocos se alarmaron.
Carmelo Mesa-Lago, el experto de las reformas de pensiones en América Latina y mi antiguo profesor, me contó en 2011 que las AFP salvadoreñas estaban indignadas por la baja rentabilidad que obtenían los cotizantes al verse ellos obligados a invertir en el fideicomiso. “Las AFP están regalando al Estado el dinero de los cotizantes”, dijo. Mejorar el rendimiento del fondo es importante para las AFP porque les permite atraer más cotizaciones y más contribuyentes, lo que les genera mayor ganancia. Sin embargo, para marzo de 2012, el Ejecutivo – de izquierda – promovió que la inversión que hacían las AFP en el fideicomiso aumentara de manera obligatoria e inmediata. Y esto incide negativamente en la rentabilidad que obtienen los ahorros de los cotizantes , tal y como ha señalado la Sala de lo Constitucional.
El gobierno del FMLN, que tanto había criticado la reforma de Saca, ahora hacía lo mismo: los trabajadores no fueron consultados, las AFP volvieron a ser obligadas y la urgencia de las reformas, otra vez, se basó en la falta de dinero para pagar las pensiones en curso. Pero a diferencia de otras reformas, un grupo de personas y trabajadores reaccionaron. Para 2013 la Sala de lo Constitucional ya había recibido por lo menos tres demandas en contra de la ley del fideicomiso; y la misma Sala, en diciembre de 2014 –a días de la Navidad– sentenciaba que el Estado debía pagar más intereses por la inversión que hace el fondo. Pero eso no ha ocurrido hasta ahora. La Sala de lo Constitucional dio, el pasado lunes 15 de febrero, un ultimátum a la Asamblea Legislativa para que aumente la rentabilidad que se paga en el fideicomiso en dos semanas. Pero esto, ahora, en lugar de alegrarme y cantar victoria me preocupa: podría acelerar una reforma sin consulta.
Desde enero de 2015 escucho que viene una reforma al sistema de pensiones. Se ha dicho que se implementará un sistema mixto, pero, ¿sabe el gobierno realmente de qué está hablando? Un modelo mixto (no sistema, porque el sistema es de pensiones) es aquel en donde el régimen de capitalización (el privado) se complementa con el régimen de reparto (el público). En realidad –por algunos comentarios de funcionarios– sospecho que quieren implementar un modelo paralelo, al estilo colombiano o peruano, en donde el régimen de capitalización compite con el de reparto. O, como coloquialmente se entiende, las AFP compiten con el Estado. Y si la implementación fuera un modelo mixto –por lo que he leído–, este sería al estilo panameño, en donde estar en un régimen u otro (público o privado) depende del salario. Pero no puedo afirmar nada porque hay muy poca información o información no oficial de lo que quieren hacer.
También se ha dicho que no habrá aumento de la edad de retiro. ¿En qué se basan, si las mujeres en El Salvador se retiran a una edad temprana (55 años), mientras que en el resto de países de América Latina, con sistemas similares, ocurre más tarde? Esto implica que las mujeres salvadoreñas al retirarse deben distribuir sus ahorros por más tiempo (un promedio de 27 años) que el resto en el continente, por lo que su pensión será mucho menor. Por tanto, aumentar la edad de retiro tiene sentido.
Tal reforma prácticamente no se conoce, pese a que se la he escuchado mencionar al ministro de Hacienda, al secretario técnico de la Presidencia y al secretario de Comunicaciones de la Presidencia. El presidente casi nada ha dicho. Se debate en los medios tradicionales, pero no en las mesas del gobierno, con las organizaciones y sindicatos de trabajadores, con los empresarios, con las administradoras de pensiones o con los centros de pensamiento, como Fundaungo, Funde o Fusades. Todos ellos están expresando en foros, con publicaciones o tweets, su interés por participar de la reforma, de la que se sienten excluidos.
A su vez, aparece una campaña oscura, asegurando que nuestros fondos serán robados; o columnas de opinión –como la de Manuel Hinds en El Diario de Hoy– en donde se afirma que nuestras pensiones serán expropiadas. Pero si el Estado ya desde hace una década que recibe más del 80 % de los fondos en concepto de inversión, ¿para qué expropiaría lo que prácticamente ya tiene en sus manos por las mismas fallas del “Wall Street” salvadoreño (ese que prácticamente no existe)? Algunas afirmaciones son apasionadas, porque en El Salvador, la nación más polarizada del continente, todo se piensa en clave electoral. En la medida en que el Estado oculte información sobre lo que pretende hacer con el sistema, más tenebrosa será la campaña que utilizarán los adversarios del FMLN. Y en la medida en que la ciudadanía también lo permita, más portadas falsas circularán por los periódicos.
Cuando los gobiernos de Uruguay y Costa Rica comenzaron a reformar sus sistemas de pensiones en la década de los 90, la población comenzó a interesarse en el tema. Los gobernantes de aquellas naciones querían hacer prácticamente lo mismo que ha ocurrido en El Salvador: aprobar sin debate. Pero la sociedad despertó, se levantó y exigió ser escuchada. Ambos países ahora cuentan –aunque aún imperfectos– con sistemas de pensiones funcionales que permiten una mayor cobertura, equidad y sostenibilidad. Chile, el que fuera nuestro modelo, reformó su sistema al final de la década pasada incluyendo a la sociedad, a la empresa privada y a la academia en el debate, para que desde los intereses del trabajador y la perspectiva técnica se transformara el sistema de manera integral.
Si usted no comienza a exigir transparencia y participación en este tema al Estado, es probable que la reforma pase nuevamente de Casa Presidencial a la Asamblea, sin debate o sin su participación. Si no comienza a preocuparse de manera seria en este tema –sin pasiones partidarias–, yo le recomiendo que vaya pensando en montar un negocio que le ayude a no caer en la pobreza durante la vejez. Olvídese de las pensiones, porque la reforma llegará y quizás –como ha pasado antes– no sirva para lo que usted está esperando.
*Alexis Henríquez es profesor de políticas sociales y desarrollo económico en la Universidad Santo Tomás, Colombia. Posee maestría en Estudios Latinoamericanos, con énfasis en economía, por la Universidad de Salamanca, España. Fue investigador de Fundaungo entre 2011 y 2015; así como periodista de El Faro y La Prensa Gráfica entre 2003 y 2007.
