La política en Nicaragua es como una telenovela de las que cautivan en América Latina. Un territorio marcado por las pasiones y la ambición. Los protagonistas de esta historia son el presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, quienes gobiernan—como si fuesen uno— el país centroamericano desde hace nueve años.
A la vista, Ortega es el encargado de tomar las decisiones a largo plazo en el gobierno, incluyendo aquellas que suponen grandes conspiraciones, mientras cultiva con esmero la imagen del abuelo preocupado por la nación. Ella es la “Compañera Murillo”. Si bien informa cada mediodía sobre las obras que hace el gobierno, la abuela bonachona, de sonrisa fácil, despide a los ministros si desacatan sus órdenes. Murillo tiene una cuota del 50% de los nombramientos de los funcionarios en mutuo acuerdo con el presidente que está claro ha delegado funciones en ella.
La primera dama dirige los gabinetes de familia, que son los organismos de control civil que su partido tiene barrio a barrio para apoyar supuestamente al desarrollo, y se reúne con los alcaldes a quienes les da las líneas partidarias.
Quizá la cara del poder –que se impone con un afán totalizador- de Ortega y Murillo haya sido más evidente en la conmemoración de los 100 años del fallecimiento del gran poeta Rubén Darío, cuando el gobierno sandinista convirtió la ceremonia en un objetivo político. La propaganda estatal ha comenzado a usar frases del artista para exaltar a un régimen carente de imaginación. En febrero, la cobertura que haría el diario Milenio al aniversario dariano terminó con la confiscación de los equipos televisivos a la periodista Irene Selser, hija del biógrafo de Sandino, Gregorio.
Irene Selser relató cómo fue burlada por las autoridades que incluso le habían prometido regresarle su equipo de trabajo 15 días después hasta que decidieran si tenían autorización o no para trabajar en el país. La periodista recordó el caso de la expulsión del fotógrafo de AFP, Héctor Retamal, por quién sus colegas protestaron después de que lo retuvieron en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, para luego expulsarlo del país. La lista de desterrados por razones políticas no ha dejado de aumentar. Hasta junio de 2015, en los diarios nacionales sumaban diez, pero como siempre pasa el número es mayor.
En junio de 2013, Zoilamérica Narváez, hija de Murillo, fue abruptamente separada de su pareja, el boliviano Carlos Ariñez Castel. La denunciante sostuvo al periódico digital Confidencial que recibió una llamada de la secretaría del FSLN, casa de gobierno y sede del partido para Ortega. Un asistente dijo que le comunicaban con la “Compañera”, es decir, su madre. “Fue directo al punto: ´Estas son las consecuencias de tus actos, toda una persona experta en cultura de paz, no entiende que tiene que negociar”, le dijo Murillo, inconforme con el respaldo que su hija y Ariñez dieron a las protestas que jóvenes y ancianos hicieron en Managua para que el Estado otorgara una pensión reducida a aquellos adultos mayores que no cumplían con los requisitos.
El problema con Nicaragua suele ser uno. Algunos quieren entender al país con los ojos de la revolución sandinista, la gesta que acabó con una de las dictaduras más sangrientas en América Latina. 36 años después, sin embargo, resulta vital responderse la pregunta: ¿Por qué se están cerrando los espacios con tanta rapidez? Hay posiblemente dos respuestas. Una apunta a la habilidad del político, pero la otra a la inconformidad, o peor aún, a la complicidad de muchos. Ortega, a quien muchos en la oposición consideran con desprecio un bachiller, ha demostrado que es un negociador sin escrúpulos, tanto como Somoza García con quien los historiadores encuentran parecido. Es decir, el arquitecto de la dictadura que el sandinista ayudó a derrocar.
Alguna vez, Saramago dijo que el presidente nicaragüense era indigno de su pasado. Lo que han visto los ciudadanos, es un Ortega que detenta el poder con el ejercicio de alianzas corruptas. Ayer pactó con una parte de la Iglesia Católica, hoy lo hace con la principal patronal del país, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). Este último organismo gremial tiene 43 directivos nombrados en las instituciones estatales como funcionarios y cada año su dirigencia celebra la aprobación de leyes en consenso.
La propaganda gubernamental dice que Nicaragua vive la segunda etapa de la revolución sandinista. Pero es sólo un espejo, en que el protagonista de la novela política nacional intenta reivindicarse como el revolucionario sujeto al pasado, aquel lleno de la mística del sandinismo, cuando en realidad de aquello sólo ha quedado la retórica. Ortega y su familia en realidad se asemejan más a la imagen de la oligarquía que atacan. Sus hijos son directores de los canales de televisión 4, 8, 13 y 24, el Estado controla el 6, mientras el empresario mexicano Ángel González—su aliado— hace lo mismo con el 2, 9, 10 y el 11.
Al rol protagónico en los medios debe sumarse el control del FSLN en todo el esqueleto institucional del país, lo que incluye el poder judicial y electoral. Con el control absoluto del tribunal electoral, a nadie en el país le extraña que no se haya convocado a elecciones, las cuales deberán realizarse en noviembre próximo. No hay garantía en este sentido de que haya observación electoral. La oposición se encuentra debilitada, sin definir aún quién será el candidato que competirá en condiciones adversas. Es difícil imaginar si puede repetirse el fenómeno de Violeta Barrios de Chamorro en 1990, cuando el sandinismo sufrió su primera derrota y entregó el poder. En 2016 —año electoral- no se avizoran cambios hasta ahora.
Las fichas del juego político lucen acomodadas para que todo continúe igual. Después 36 años de la revolución, el llamado a la institucionalidad, el respeto de las libertades y la exigencia de transparencia a la gestión pública, realizado por el periodismo profesional que aún queda en pie en el país, son necesarios para contar al capítulo de la telenovela Ortega Murillo que sus medios prefieren ignorar.
*Octavio Enriquez es periodista nicaragüense, redactor del diario LA PRENSA. En 2011 ganó el premio Ortega y Gasset con un reportaje seriado sobre la fortuna del fallecido exministro de Interior de Nicaragua, Tomás Borge; y en 2014 ganó el premio Rey de España con el reportaje La Mafia del Granadillo, que narra el entretejido del tráfico ilegal de maderas preciosas.
