El 80 % de las 482 armas que los pandilleros entregaron durante el proceso conocido como la Tregua estaban operativas. El arsenal lo certificó la División de Policía Técnica y Científica de la Policía Nacional Civil (PNC), después de análisis realizados en los días y semanas posteriores a las tres entregas que hubo. Cada una de las escopetas, fusiles, carabinas, revólveres y pistolas se probaron en un laboratorio, con idéntica conclusión en cuatro de cada cinco: “Se realizaron los dos disparos de prueba sin ninguna dificultad”.
Aunque han tardado más de dos años en ver la luz, los informes sobre cada una de las armas datan de 2012 y 2013, y contradicen las opiniones expresadas por los funcionarios del gobierno y de la Fiscalía General de la República críticos de la Tregua. Estas opiniones –con la complicidad de un sector de la prensa– contribuyeron a que en la sociedad salvadoreña se instalara la creencia de que los mareros había dado armas inservibles.
La realidad es otra.
Según el consolidado que engloba los análisis de las 482 armas, un total de 387 (80.3 %) demostraron un “funcionamiento positivo” cuando se detonaron en un dispositivo llamado tanque de captación de proyectiles; 91 armas (18.9 %) no pudieron dispararse y se catalogaron como “funcionamiento negativo”; y con otras cinco armas no se concluyó nada, una “por antigua”, y las otras cuatro porque la PNC no disponía de munición del calibre requerido.
Además de las pruebas de funcionamiento, también se analizó si las armas estaban relacionadas con investigaciones en curso, y se verificaron los números de serie y si tenían residuos de disparos, aunque no para todo el arsenal.
En cuanto a los números de serie, se examinaron 400 de las 482, y se concluyó que 156 (el 39 %) lo tenían alterado, una práctica habitual durante la guerra civil. Sobre los análisis de residuos de disparo (la prueba para saber si han sido utilizadas), se limitaron a 261 armas, y en 256 (98 %) dieron positivo.
Los informes llevan el sello de la División de Policía Técnica y Científica, el departamento de la PNC que se encarga, entre otras labores, de analizar las evidencias recolectadas sobre el terreno cuando se comete un delito; incluidas, por supuesto, las armas de fuego. Si se rodara una serie tipo ‘CSI: El Salvador’, ellos la protagonizarían.
Para ilustrar cómo eran los análisis, este ejemplo extraído de uno de los informes periciales: “Evidencia N.º 58/78. Un arma de fuego de fabricación convencional, tipo fusil, calibre 5.56x45mm, marca Colt, modelo no visible, serie 5368360, culata y empuñadura elaborados de madera con revestimiento de pintura negra, con guardamanos elaborado de material sintético negro, sujetado con cinta aislante negra, cañón de 54 centímetros de longitud, de seis estrías orientadas a la derecha, un cargador de metal para la misma con capacidad para alojar 30 cartuchos, aunque se recibió sin cartuchos; viene broquelado con el código 58/78-D1-348-12-A /// Con el arma de fuego prueba de estudio se realizaron los disparos de prueba sin dificultad. /// CONCLUSIÓN: El arma de fuego tipo fusil, calibre 5.56x45mm, marca Colt, modelo no visible, serie 5368360, identificada como Evidencia N.º 58/78 se encuentra en buen estado de funcionamiento”.
Se trata de un fusil de asalto M-16, el arma de equipo de los soldados salvadoreños.
Además de M-16, los pandilleros entregaron fusiles AK-47 y FAL, subfusiles M3-A1 o Steyr MP-34, y subametralladoras Ingram M-10 e Intratec AB-10, aunque el mayor porcentaje corresponde a escopetas, carabinas, revólveres y pistolas. El arsenal lo completan algunas granadas M-67, abundante munición e incluso un lanzacohetes LAW.
El armamento se analizó a petición de la Unidad de Vida de la Fiscalía, entonces dirigida por Luis Martínez, un opositor acérrimo de la Tregua. “Prácticamente, de todas las armas que han entregado ninguna sirve”, mintió Martínez en agosto de 2013, cuando ya se conocían los resultados de las dos primeras entregas.
Tres arsenales en 11 meses
Las 482 armas que los pandilleros dieron al Estado salvadoreño a petición de los mediadores del proceso, Raúl Mijango y Fabio Colindres, se repartieron en tres actos públicos, desarrollados entre julio de 2012 y mayo de 2013.
La Tregua inició en marzo de 2012 y se prolongó hasta enero de 2015, pero esos 34 meses presentan dos fases diferenciadas: la primera, hasta junio de 2013, cuando el expresidente Mauricio Funes –obligado por una resolución de la Sala de los Constitucional– restructuró su gabinete de Seguridad, y Ricardo Perdomo sucedió a David Munguía Payés como ministro; la segunda, desde junio de 2013 hasta el final del proceso, la fase de continuo deterioro, marcada por las tensiones propias de elecciones presidenciales en un país tan polarizado como lo es El Salvador.
Los arsenales se dieron en la primera fase, que podría considerarse la más exitosa de la Tregua si se toman como referencia las cifras de homicidios, que durante 15 meses consecutivos oscilaron entre 5 y 6 diarios.
La primera entrega de armamento se desarrolló el 13 de julio de 2012, en la plaza Gerardo Barrios de la capital. Fue presentado como un “gesto de buena voluntad” de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 (Revolucionarios y Sureños), cuando el proceso apenas cumplía cuatro meses de vida, y aún no se habían involucrado otras pandillas menores y reos civiles.
Como en los otros dos eventos, pandilleros encapuchados entregaron las armas, en un evento multitudinario con autoridades gubernamentales, mediadores y la presencia estelar del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Se entregaron 78 armas. Los análisis de la PNC concluyeron que 67 estaban operativas (86 %).
En julio de 2012, el promedio de personas asesinadas en El Salvador era de 5.7 cada día.
La segunda entrega controlada tuvo lugar en el parque Schafik Hándal, de Apopa, el 9 de marzo de 2013, fecha en la que la Tregua cumplía su primer año de vida. Fue el arsenal más importante –261 fusiles, escopetas, pistolas...–, y se eligió Apopa por ser este uno de los municipios que se sumó a la iniciativa ‘Municipios Libres de Violencia’, considerada la segunda fase de lo que los promotores de la Tregua ya llamaban proceso de pacificación. Los análisis certificaron que 201 armas (78 %) estaban operativas, por 58 (22 %) defectuosas.
En marzo de 2013, el promedio de personas asesinadas en El Salvador era de 5.6 cada día.
Para la tercera y última entrega se regresó a la plaza Gerardo Barrios de San Salvador, el viernes 27 de mayo de 2013, apenas unos días antes de la restructuración del gabinete de Seguridad que sentó a Ricardo Perdomo en la silla ministerial. Se entregaron 143 armas, y los análisis certificaron que 119 (el 83 %) estaban operativas.
En mayo de 2013, el promedio de personas asesinadas en El Salvador era también de 5.6 cada día.
El periodismo, en la mira
El informe también deja muy mal parado el periodismo salvadoreño.
Pese a la contundencia de los análisis de la PNC, el titular que El Diario de Hoy eligió para informar sobre la primera entrega, la del 13 de julio de 2012, fue ‘Pandillas entregan armas en mal estado’. La Prensa Gráfica publicó en agosto de 2013 una nota compendio sobre las tres entregas, titulada ‘Armas entregadas por pandillas no funcionan’.
Pero la desinformación promovida por las redacciones de los principales medios de comunicación no se limitó a notas publicadas en las horas o días posteriores a las entregas.
En octubre de 2014, cuando ya estaban los análisis policiales completados y con una Ley de Acceso a la Información Pública vigente, La Prensa Gráfica llevó a su titular de portada que se trataba de un “desarme fingido”.
Y más recientemente aún, en los últimos días de enero de 2016, los arsenales entregados por las pandillas volvieron a irrumpir en la agenda nacional. Sucedió durante el juicio en contra de 79 pandilleros de la pandilla Barrio 18-Revolucionarios por el ataque armado contra la Delegación de la PNC en Quezaltepeque (La Libertad), ataque ocurrido en abril de 2014.
Varios pandilleros a los que la Fiscalía benefició con criterio de oportunidad a cambio de involucrar a sus excompañeros reiteraron la idea de que las armas estaban “todas con piezas obsoletas”, según la nota publicada por La Prensa Gráfica el 30 de enero.
Pero en esta ocasión la realidad se retorció aun más. Con los criteriados (delincuentes que aportan información a cambio de beneficios) como única fuente, los principales medios del país no solo publicaron que las armas estaban deterioradas, sino que, a cambio, el Estado entregó a los mareros un arma buena por cada dos arruinadas.
Los informes de la División de Policía Técnica y Científica sobre el estado de los arsenales entregados durante la Tregua son públicos, al alcance de cualquier ciudadano interesado en conocerlos.
En el arranque de 2016, el promedio de personas asesinadas en El Salvador es de 23.2 cada día.
