La Fiscalía solo ha podido llevar a tribunales uno de cada 10 homicidios cometidos en 2015
Cifras obtenidas por medio de la Ley de Acceso a la Información permiten determinar que para finales de febrero de 2016 la Fiscalía no había podido llevar a tribunales nueve de cada 10 homicidios ocurridos el año pasado, cuando con 6 mil 657 asesinatos El Salvador se convirtió en el país más violento del mundo. Esto significa que en más de 6 mil casos de homicidios no había podido presentar una acusación contra nadie.
Viernes, 18 de marzo de 2016
Nelson Rauda Zablah
Transcurridos los primeros dos meses de 2016, la Fiscalía solo había podido presentar ante los tribunales 598 de los más de 6 mil 650 homicidios ocurridos en El Salvador durante 2015, lo que significa que en menos del 9 % de los asesinatos fue capaz de acusar a alguien por esos crímenes.
El hallazgo se desprende de una serie de informes entregados por la Fiscalía a este periódico desde finales de 2015 hasta el 26 de febrero de 2016. El Faro pidió a la institución el número de homicidios que reportó el año pasado y la cantidad de ellos que logró judicializar.
La Fiscalía levanta un acta por cada homicidio que ocurre en El Salvador. El año pasado fueron un promedio de más de 18 cada día, y en los primeros dos meses de 2016 el ritmo a subido a más de 22 diarios. Esa acta es el inicio de un expediente, en el que los fiscales deben incluir una historia verosímil de cómo sucedió el crimen y las evidencias (pruebas científicas, declaraciones de testigos, inspecciones policiales) que respaldan esa historia. Cuando los fiscales logran identificar a sospechosos y la Policía los captura, presentan un requerimiento fiscal ante los tribunales del país. Judicializar es eso: acusar a alguien ante un juzgado del país.
Esos 598 homicidios que habían llegado a los juzgados hasta hace dos semanas equivalen al 8.9 % del total de homicidios registrados en 2015. Con ese nivel de eficiencia, si todos los homicidios en El Salvador estuvieran representados por los de las 11 personas masacradas el 3 de marzo de 2016 en San Juan Opico, solo uno de esos asesinatos llegaría a proceso judicial. Aunque el Estado dedica muchos más recursos a los hechos emblemáticos de violencia, como ocurrió con las 17 personas asesinadas en un bus de la ruta 47 en Mejicanos, en 2010, cuyos autores ya fueron condenados.
Dado que las investigaciones iniciales de la Fiscalía para poder presentar un caso ante los juzgados puede tomar algunas semanas, es de esperar que en la medida en que pasa más tiempo la institución logre presentar una mayor proporción de acusaciones. ¿Qué dicen, entonces, los números de enero de 2015? En primer lugar, que ocurrieron 336 homicidios, y en segundo lugar, que hasta el 26 de febrero de este año -es decir, 13 meses más tarde-, solo 59 de esos homicidios habían aterrizado en los juzgados. La tasa de judicialización al cabo de más de un año llegó apenas a un 17.56 %.
Y si la tasa de judicialización es baja, la de condenas por homicidio será bajísima.
A la Fiscalía le fue tan mal en 2015 en su tarea de procurar la condena de los asesinos, que apenas transcurridos dos meses de 2016 ya había archivado el 13.27 % de los homicidios del año pasado, correspondiente a 870 vidas segadas. Eso significa que debería ocurrir algo extraordinario -como la sorpresiva aparición de un testigo- para que se reactive la investigación en esos casos. De lo contrario, seguirán el camino que lleva a la impunidad. El artículo 293 del Código Procesal Penal señala que se puede archivar cuando no se individualiza, cuando no existen 'posibilidades razonables de hacerlo', cuando 'no existen suficientes pruebas para incriminar' o cuando 'no sea posible proceder'.
Un fiscal que trabaja en casos de homicidios en el occidente del país dijo a El Faro que una de las razones por las que el número de casos judicializados es 'bastante bajo' es por la poca colaboración de la gente. 'A veces sucede que los matan en un lugar y los llegan a tirar a otro; a veces los entierran. ¿Qué sucede? ¿Quien dice 'yo vi'? Nadie, nadie. ¿Y por qué no dice ‘yo vi’? Porque lo van a matar también. Entonces la población tiene miedo'.
El fiscal consultado -quien pidió que no se revele su nombre para evitarle repercusiones laborales negativas porque no está autorizado para hacer estas declaraciones- agregó que 'ya es bien difícil' que un caso de enero de 2015 que no haya entrado al sistema de justicia hasta la fecha se judicialice. En todo caso, depende de los testigos que se presten para la investigación.
La información es novedosa porque la Fiscalía se ha rehusado sistemáticamente a revelar datos que puedan mostrar su capacidad en la primera etapa de investigación de homicidios, que es la que permite identificar a presuntos culpables para acusarlos ante el sistema judicial. En 2011, el entonces fiscal Romeo Barahona omitía datos en sus informes de labores sobre los resultados de la lucha contra los homicidas que libraba la Fiscalía. Un año más tarde, Barahona dijo a El Faro que 'necesitaría millones para saber la efectividad en el combate de los homicidios'.
De los más de 6 mil 650 homicidios ocurridos en El Salvador durante el último año de Luis Martínez como fiscal general -2015-, la Fiscalía solo había logrado presentar ante los tribunales 598 de ellos. Esto equivale a menos de 9 de cada 100 casos. Foto de archivo El Faro: Fred Ramos
Para procurarse datos confiables y precisos, la Fiscalía utiliza el Sistema de Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP), que estrenó el exfiscal Luis Martínez en julio de 2013. “Se puede ocupar para conocer un proceso desde que entra a la Fiscalía hasta donde finaliza y realizar cruces de información”, dijo Martínez en esa ocasión.
Sin embargo, los números nunca se conocieron durante los tres años de gestión de Martínez y solo tras una engorrosa serie de trámites ante la institución iniciada a finales de 2015, salpicada por respuestas parciales o llenas de omisiones, los datos aportados por la Fiscalía permiten sacar algunas conclusiones sobre la eficiencia contra los homicidas.
En las memorias de labores que Martínez presentaba los datos no permitían determinar la eficacia del sistema. Por varias razones. Por ejemplo, en la memoria de 2015, la sección de estadísticas sobre homicidios exponía la cantidad de casos iniciados y la cantidad de imputados procesados. En un solo caso, la Fiscalía puede agrupar a varias víctimas de homicidio. El caso más grande de 2015 -el de los reos asesinados en el penal de Quezaltepeque en agosto- reunía a 14 víctimas, que forman parte de una sola investigación. Por lo tanto, 'un caso' no necesariamente representa un homicidio.
Además, también puede ocurrir al revés: los fiscales pueden acusar a varias personas -miembros de una misma clica de pandillas, por ejemplo- por el asesinato de una sola persona. Por ejemplo, el 15 de diciembre de 2014, 42 pandilleros de la Mara Salvatrucha fueron condenados por 10 homicidios, según destaca la memoria de labores de la Fiscalía presentada en 2015.
De esa manera, la Fiscalía detalló en su rendición de cuentas que logró condenas contra 681 personas entre junio de 2014 y mayo de 2015, pero no expuso cuántos asesinatos resolvió con esas condenas, ni la cantidad de homicidios que ocurrieron en ese mismo lapso.
Como es lógico, si la tasa de judicialización es baja, la de condenas será bajísima. Los procesos por homicidios ocurridos en 2015 han resultado en condenas contra 82 personas, hasta la fecha. Los datos aportados por la Fiscalía no permiten saber a cuántos homicidios corresponden esas condenas, pero si, por ejemplo, cada una de esas personas condenadas hubiera sido responsable de cinco homicidios, la tasa de condenas apenas sobrepasaría el 6 %.
El sistema judicial salvadoreño está sobrecargado y la mayoría de casos de homicidio que procesa o culmina en un año calendario corresponden a crímenes cometidos en años anteriores.
Si la Fiscalía lograra un resultado perfecto en la persecución penal contra los homicidas, es decir, si lograra un 100 % de condenas en todos los casos que logra llevar a tribunales, entonces alcanzaría una eficacia del 8.9 %. Si se toma como universo solo los homicidios judicializados, se concluye que la Fiscalía tiene un porcentaje de 13.7 % de condenas en esos delitos.
10 años sin cambios
Las tasas de desempeño de 2015 son similares a las que ya en 2005 mostraba un estudio que se realizó en los municipios de San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Ese estudio lo firmaron el actual superintendente de Competencia, Francisco Díaz, y el actual magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco.
En su investigación, Díaz y Blanco detectaron una tasa de judicialización de homicidios del 14.21 %, es decir, cinco puntos porcentuales arriba de la tasa actual, aunque ese informe de hace 10 años solo arrojaba resultados a partir de sectores seleccionados porque se basó en datos de algunos tribunales, y no incluía a todo el país.
'Cualquiera que sean los parámetros de comparación que se tomen, la primera observación grave es la considerable desproporción entre los delitos de homicidio cometidos versus los llevados a los tribunales por parte de la Fiscalía General de la República', concluía esa investigación. 'Lo más grave, si partimos del número de homicidios registrados por el Instituto de Medicina Legal (1020) y lo confrontamos con el total de sentencias condenatorias por homicidios consumados (39), podemos afirmar que existe sólo un 3.8 % de eficiencia en la investigación del delito y juzgamiento del delincuente', añadieron los abogados. En 2015, en esos mismos municipios hubo 897 homicidios y 13 condenas. Es decir, el porcentaje se redujo a 1.45 %
Pedro Cruz, un abogado que fue contendiente a fiscal general en la carrera que ganó Douglas Meléndez, analizó los datos sobre la Fiscalía para El Faro. “El sistema es ineficiente y tal como está desbordado el número de homicidios, no tenés capacidad instalada de recursos ni de personal ni de dinero, instalaciones, ni las herramientas técnicas adecuadas. Ante esa carencia, lo que es recomendable es la técnica. La técnica debe estar reglamentada”, sugirió el abogado, quien también tiene experiencia como consultor para organizaciones como Naciones Unidas.
Cruz afirma que el SIGAP 'es un generador de trabajos estadísticos, un termómetro. Pero no es la herramienta para la construcción de políticas públicas'. De acuerdo con este abogado, el sistema podría transformarse en ello, pero la Fiscalía no lo ha considerado importante.
En el informe de 2005, los investigadores señalaban que no llevar los casos de homicidio a tribunales afecta a la sociedad porque genera impunidad, 'porque los autores y partícipes casi seguramente quedarán sin castigo'; porque deniega la justicia y porque es también un factor que estimula la violencia.
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Esos 598 homicidios que habían llegado a los juzgados hasta hace dos semanas equivalen al 8.9 % del total de homicidios registrados en 2015. Con ese nivel de eficiencia, si todos los homicidios en El Salvador estuvieran representados por los de las 11 personas masacradas el 3 de marzo de 2016 en San Juan Opico, solo uno de esos asesinatos llegaría a proceso judicial. Aunque el Estado dedica muchos más recursos a los hechos emblemáticos de violencia, como ocurrió con las 17 personas asesinadas en un bus de la ruta 47 en Mejicanos, en 2010, cuyos autores ya fueron condenados.
Dado que las investigaciones iniciales de la Fiscalía para poder presentar un caso ante los juzgados puede tomar algunas semanas, es de esperar que en la medida en que pasa más tiempo la institución logre presentar una mayor proporción de acusaciones. ¿Qué dicen, entonces, los números de enero de 2015? En primer lugar, que ocurrieron 336 homicidios, y en segundo lugar, que hasta el 26 de febrero de este año -es decir, 13 meses más tarde-, solo 59 de esos homicidios habían aterrizado en los juzgados. La tasa de judicialización al cabo de más de un año llegó apenas a un 17.56 %.
Y si la tasa de judicialización es baja, la de condenas por homicidio será bajísima.
A la Fiscalía le fue tan mal en 2015 en su tarea de procurar la condena de los asesinos, que apenas transcurridos dos meses de 2016 ya había archivado el 13.27 % de los homicidios del año pasado, correspondiente a 870 vidas segadas. Eso significa que debería ocurrir algo extraordinario -como la sorpresiva aparición de un testigo- para que se reactive la investigación en esos casos. De lo contrario, seguirán el camino que lleva a la impunidad. El artículo 293 del Código Procesal Penal señala que se puede archivar cuando no se individualiza, cuando no existen 'posibilidades razonables de hacerlo', cuando 'no existen suficientes pruebas para incriminar' o cuando 'no sea posible proceder'.
Un fiscal que trabaja en casos de homicidios en el occidente del país dijo a El Faro que una de las razones por las que el número de casos judicializados es 'bastante bajo' es por la poca colaboración de la gente. 'A veces sucede que los matan en un lugar y los llegan a tirar a otro; a veces los entierran. ¿Qué sucede? ¿Quien dice 'yo vi'? Nadie, nadie. ¿Y por qué no dice ‘yo vi’? Porque lo van a matar también. Entonces la población tiene miedo'.
El fiscal consultado -quien pidió que no se revele su nombre para evitarle repercusiones laborales negativas porque no está autorizado para hacer estas declaraciones- agregó que 'ya es bien difícil' que un caso de enero de 2015 que no haya entrado al sistema de justicia hasta la fecha se judicialice. En todo caso, depende de los testigos que se presten para la investigación.
La información es novedosa porque la Fiscalía se ha rehusado sistemáticamente a revelar datos que puedan mostrar su capacidad en la primera etapa de investigación de homicidios, que es la que permite identificar a presuntos culpables para acusarlos ante el sistema judicial. En 2011, el entonces fiscal Romeo Barahona omitía datos en sus informes de labores sobre los resultados de la lucha contra los homicidas que libraba la Fiscalía. Un año más tarde, Barahona dijo a El Faro que 'necesitaría millones para saber la efectividad en el combate de los homicidios'.
De los más de 6 mil 650 homicidios ocurridos en El Salvador durante el último año de Luis Martínez como fiscal general -2015-, la Fiscalía solo había logrado presentar ante los tribunales 598 de ellos. Esto equivale a menos de 9 de cada 100 casos. Foto de archivo El Faro: Fred Ramos
Para procurarse datos confiables y precisos, la Fiscalía utiliza el Sistema de Información y Gestión Automatizada del Proceso Fiscal (SIGAP), que estrenó el exfiscal Luis Martínez en julio de 2013. “Se puede ocupar para conocer un proceso desde que entra a la Fiscalía hasta donde finaliza y realizar cruces de información”, dijo Martínez en esa ocasión.
Sin embargo, los números nunca se conocieron durante los tres años de gestión de Martínez y solo tras una engorrosa serie de trámites ante la institución iniciada a finales de 2015, salpicada por respuestas parciales o llenas de omisiones, los datos aportados por la Fiscalía permiten sacar algunas conclusiones sobre la eficiencia contra los homicidas.
En las memorias de labores que Martínez presentaba los datos no permitían determinar la eficacia del sistema. Por varias razones. Por ejemplo, en la memoria de 2015, la sección de estadísticas sobre homicidios exponía la cantidad de casos iniciados y la cantidad de imputados procesados. En un solo caso, la Fiscalía puede agrupar a varias víctimas de homicidio. El caso más grande de 2015 -el de los reos asesinados en el penal de Quezaltepeque en agosto- reunía a 14 víctimas, que forman parte de una sola investigación. Por lo tanto, 'un caso' no necesariamente representa un homicidio.
Además, también puede ocurrir al revés: los fiscales pueden acusar a varias personas -miembros de una misma clica de pandillas, por ejemplo- por el asesinato de una sola persona. Por ejemplo, el 15 de diciembre de 2014, 42 pandilleros de la Mara Salvatrucha fueron condenados por 10 homicidios, según destaca la memoria de labores de la Fiscalía presentada en 2015.
De esa manera, la Fiscalía detalló en su rendición de cuentas que logró condenas contra 681 personas entre junio de 2014 y mayo de 2015, pero no expuso cuántos asesinatos resolvió con esas condenas, ni la cantidad de homicidios que ocurrieron en ese mismo lapso.
Como es lógico, si la tasa de judicialización es baja, la de condenas será bajísima. Los procesos por homicidios ocurridos en 2015 han resultado en condenas contra 82 personas, hasta la fecha. Los datos aportados por la Fiscalía no permiten saber a cuántos homicidios corresponden esas condenas, pero si, por ejemplo, cada una de esas personas condenadas hubiera sido responsable de cinco homicidios, la tasa de condenas apenas sobrepasaría el 6 %.
El sistema judicial salvadoreño está sobrecargado y la mayoría de casos de homicidio que procesa o culmina en un año calendario corresponden a crímenes cometidos en años anteriores.
Si la Fiscalía lograra un resultado perfecto en la persecución penal contra los homicidas, es decir, si lograra un 100 % de condenas en todos los casos que logra llevar a tribunales, entonces alcanzaría una eficacia del 8.9 %. Si se toma como universo solo los homicidios judicializados, se concluye que la Fiscalía tiene un porcentaje de 13.7 % de condenas en esos delitos.
10 años sin cambios
Las tasas de desempeño de 2015 son similares a las que ya en 2005 mostraba un estudio que se realizó en los municipios de San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Ese estudio lo firmaron el actual superintendente de Competencia, Francisco Díaz, y el actual magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco.
En su investigación, Díaz y Blanco detectaron una tasa de judicialización de homicidios del 14.21 %, es decir, cinco puntos porcentuales arriba de la tasa actual, aunque ese informe de hace 10 años solo arrojaba resultados a partir de sectores seleccionados porque se basó en datos de algunos tribunales, y no incluía a todo el país.
'Cualquiera que sean los parámetros de comparación que se tomen, la primera observación grave es la considerable desproporción entre los delitos de homicidio cometidos versus los llevados a los tribunales por parte de la Fiscalía General de la República', concluía esa investigación. 'Lo más grave, si partimos del número de homicidios registrados por el Instituto de Medicina Legal (1020) y lo confrontamos con el total de sentencias condenatorias por homicidios consumados (39), podemos afirmar que existe sólo un 3.8 % de eficiencia en la investigación del delito y juzgamiento del delincuente', añadieron los abogados. En 2015, en esos mismos municipios hubo 897 homicidios y 13 condenas. Es decir, el porcentaje se redujo a 1.45 %
Pedro Cruz, un abogado que fue contendiente a fiscal general en la carrera que ganó Douglas Meléndez, analizó los datos sobre la Fiscalía para El Faro. “El sistema es ineficiente y tal como está desbordado el número de homicidios, no tenés capacidad instalada de recursos ni de personal ni de dinero, instalaciones, ni las herramientas técnicas adecuadas. Ante esa carencia, lo que es recomendable es la técnica. La técnica debe estar reglamentada”, sugirió el abogado, quien también tiene experiencia como consultor para organizaciones como Naciones Unidas.
Cruz afirma que el SIGAP 'es un generador de trabajos estadísticos, un termómetro. Pero no es la herramienta para la construcción de políticas públicas'. De acuerdo con este abogado, el sistema podría transformarse en ello, pero la Fiscalía no lo ha considerado importante.
En el informe de 2005, los investigadores señalaban que no llevar los casos de homicidio a tribunales afecta a la sociedad porque genera impunidad, 'porque los autores y partícipes casi seguramente quedarán sin castigo'; porque deniega la justicia y porque es también un factor que estimula la violencia.
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