Mientras el gobierno alista medidas de excepción para restringir algunas libertades y con eso combatir la delincuencia, el vocero de Casa Presidencial aclara que aún es muy difícil saber en cuánto ayudarán estas medidas a reducir los índices de criminalidad. Eugenio Chicas, quien en septiembre explicó que el gobierno ya se había hecho la idea de que vendrían meses sangrientos, reiteró ese planteamiento en esta entrevista pero añadió que no todo debe medirse en la cantidad de muertos: dice que también habrá que observar mayor presencia del Estado en las calles, cantones y municipios, no solo através de las fuerzas de seguridad sino también através de instituciones de salud, alcaldías, entre otras.
Chicas también critica duramente al partido Arena por el video que publicó El Faro el viernes antepasado en el que se muestra una reunión del entonces vicepresidente de Arena, Ernesto Muyhondt. 'Tenemos la sospecha de que los diferentes diálogos sostenidos en el tiempo entre el partido Arena y grupos criminales de pandilla pueden tener en estos momentos una incidencia en el alza de la criminalidad', dice Chicas. Pero cuando se le piden pruebas, dice que no las tiene, que él solo observa la realidad. Y cuando se le recuerda que en el gabinete de seguridad el ministro de defensa, el general David Munguía Payés, ha aceptado que durante la administración presidencial pasada propició un diálogo con las pandillas, Chicas solo responde que la Fiscalía debe investigar.
Usted dijo en septiembre que 'mágicamente' los homicidios no iban a bajar, y que se esperaban 'muchas víctimas'. El vicepresidente Óscar Ortiz ha dicho algo similar. Y ahora se han anunciado medidas de excepción. ¿A qué debe esperar la población hasta que los homicidios comiencen a bajar? ¿Le tocará aguantar más tiempo? ¿Cuándo van a poder ver los resultados de ese camino correcto que el Gobierno asegura que el país lleva?
Hay que reconocer que hay un ascenso, y no solo un ascenso cuantitativo sino cualitativo, por ejemplo, el fenómeno de San Juan Opico es un hecho que ha conmovido la conciencia nacional. Asesinatos hay todos los días pero en este caso eran trabajadores en sus labores. Esos sucesos han llevado a una reflexión en el que todos los sectores han planteado la necesidad de que como Estado podamos trascender de lo ordinario de nuestras acciones a buscar modalidades que generen mejores resultados. Este fin de semana, la iglesia católica señalaba que le parece que la estrategia está bien trazada, es correcta, pero que se necesitan mejores resultados. ¿Cuál es la ruta para superar esta crisis? Este es un fenómeno de larga data y que requerirá un tiempo significativo en el futuro para desmontar un clima de violencia y en esto, el tema clave es lograr el control territorial. El asidero de esta criminalidad es el arraigo territorial, por lo tanto, cualquier política pública en materia de seguridad debe tener a la base la recuperación y el sostenimiento de la territorialidad. No funciona ocupar un territorio y un tiempo después volverlo a soltar. La recuperación territorial no es solamente un tema policial o militar, tiene que ver con abrir el espacio para la acción de los distintos agentes del Estado, tanto la salud, la educación, protección civil, las municipalidades. Las escuelas y unidades de salud funcionan en todas partes, pero en muchos lugares han venido funcionando con dificultades. Por otro lado, necesitamos reactivar el tejido social, o sea, me refiero a cómo la comunidad misma, en ese espacio, pueda cobrar confianza, pueda asumir protagonismo y pueda organizarse en directivas comunitarias para temas culturales, temas juveniles. Eso no es una estrategia de corto plazo y por lo tanto cuando nosotros hablamos de los cinco ejes del plan de seguridad, el plan represivo es apenas uno de un abanico de opciones que, en el largo plazo, deben de asegurar los niveles de tranquilidad ciudadana.
Este año es el último que no es ni preelectoral ni electoral. Hasta ahora, parece que las soluciones para la violencia no han contado con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas. ¿Qué garantía hay de que el otro año o en los años venideros habrá una mejor coordinación?
Creo que los tiempos del país y la expectativa de la gente obligan a tener resultados este mismo año. Y este tema ya lo hemos abordado con El Faro el año pasado. Este año, nosotros como gobierno y la sociedad salvadoreña debemos mostrar algunos resultados que contribuyan a generar confianza en la población de que vamos por la ruta certera. Y cuando digo resultados no me refiero a que mágicamente se vaya a resolver el problema. No. Me refiero a que debe de mostrarse soluciones operacionales, controles territoriales, cosas que le den certeza a la población de que la estrategia, la ruta, los planes, la articulación de las instituciones del Estado empieza a dar resultados. Este año es clave en ese sentido. Entonces, si bien señalo que este es un problema de larga data, de largo plazo, en el futuro, también es un tema que exige resultados concretos, como lo ha señalado la iglesia católica, y los distintos sectores del país.
¿Esperan que los índices de homicidio se mantengan este año?
Nosotros como Estado nunca podemos esperar eso, el Estado nunca puede ver con pasividad el hecho de que se mantengan los homicidios. Disminuir ese tipo de fenómeno es lo que nos proponemos. Claro, en la práctica, sabemos que los grupos criminales, en su afán por afectar a la población y por generar terror, van a tratar de mantener los índices. El reto que asumimos en ese sentido es que deben haber resultados en el corto plazo que puedan ser visibles, ojalá que ese resultado pueda ser visible; también visible la disminución de la criminalidad. Ojalá.
¿Usted cree que la gente es políticamente madura como para reconocer que el plan está funcionado con más presencia territorial del Estado pero cuando al mismo tiempo le siguen matando a la gente y que siguen bajo el yugo de la pandilla?
Yo no esperaría ninguna madurez política en nadie mientras haya un muerto en la calle, nosotros no podemos conformarnos ni podemos pedir comprensión a la población. Creo que lejos de eso, debemos pedirle a la gente que muestre su indignación, pues, o sea, no podemos decirle a la gente que se quede pasiva, esperando, y que ya van a ver, las cosas se van a resolver... Estamos invitando a la población a sumarse a las actividades que correspondan desde su perspectiva al tema de la seguridad. ¿A qué me refiero? La seguridad es una responsabilidad del Ejecutivo, pero la seguridad, además, es una tarea de todos y el presidente se refiere con eso al rol que debe jugar cada familia en consolidar su núcleo. Por ejemplo, la tarea de seguridad empieza cuando cada madre, cuando cada padre, cada abuela, cada tío, tía, empieza a constatar dónde están sus hijos, a dónde van, con quiénes van, si están estudiando, en qué actividad andan... El acompañamiento con comprensión, con amor, con orientación de su propio núcleo familiar. El asistir y apoyar las labores comunitarias, quien tiene un credo religioso asistir sus espacios, todo eso, contribuye en rehacer el tejido social del país, y por tanto, nosotros no vemos que la población de manera pasiva se quede esperando si el gobierno resuelve o no. Incluso nosotros invitamos a que la gente nos critique, que exprese su malestar en este tema, no esperamos una posición pasiva de comprensión de 'a ver qué ocurre con la estrategia del gobierno', si no, más bien, es una invitación a sumarse a trabajar por el tema de la seguridad del país, por construir escalones de tranquilidad ciudadana, entendiendo, y lo digo con franqueza, que no son metas de corto plazo. Sin embargo, siendo un objetivo de largo plazo, eso permite que en el corto plazo vayamos dando señales de esperanza, de confianza, de que podemos avanzar en la ruta correcta.
El corto plazo me interesa. ¿Qué habrá a fin de año que no hay ahorita?
Nosotros esperamos que a final de año, por ejemplo pueda disminuir la criminalidad. Tenemos la expectativa de que con las estrategias que se van a desplegar pueda disminuir los homicidios. Si no hay una clara muestra de que disminuya la criminalidad, y dentro de eso los homicidios, no podemos esperar resultados. Es público que hemos identificado los 10 municipios más violentos y dentro de ellos hemos identificado 81 sectores donde vamos a concentrar nuestra operatividad, y por eso tenemos la confianza de que en el corto y mediano plazo habrá resultados tangibles que puedan generar en la población niveles de esperanza y de confianza.
¿Cuánto diría que pueden bajar los homicidios este año?
No puedo comprometerme en eso, no sería responsable asumir una cifra en ese sentido. Únicamente puedo decir que nuestras políticas buscarán reducir los homicidios.
Hablemos de la Policía. La Policía está sumamente estresada. Sacamos un reportaje la semana pasada en el que mostrábamos cómo hay agentes viviendo muy mal en delegaciones. En la calle viven bajo una presión terrible, hay agentes que confiesan haber participado en actividades fuera de la ley precisamente para contrarrestar a las pandillas. Me refiero a que confiesan que en algunos operativos ellos se quedan con las armas de las pandilleros, no las reportan, de manera que esas son las armas que ocupan en actividades fuera de la ley. La Policía está en un estado de convulsión. Tienen salarios muy pequeños, no tienen condiciones laborales del todo gratas. ¿Qué se está pensando para la corporación policial?
Nosotros no tenemos evidencia de los hechos ilegales que estás señalando, de que ellos recuperen armas y se queden con ellas. Este gobierno tiene un claro compromiso en materia de derechos humanos. Que puedan darse todavía excesos, claro que pueden ocurrir, y por eso la finalidad es robustecer los mecanismos que nos permitan vigilar la operatividad de nuestros órganos de justicia y de Policía. Es responsabilidad del Gobierno y el presidente ha creado nuevas sedes de la Inspectoría para lograr una vigilancia permanente sobre la función de los policías. También se han habilitado espacios que el procurador de derechos humanos pidió para vigilar los programas de formación policial y para vigilar la ejecución de operaciones significativas de la PNC. Por otro lado, sabemos que nuestros Policías están sometidos a una enorme presion, presión que la da no solo el trabajo sino la agresión criminal. Los policías viven con la zozobra de la afectación que puedan tener su familia por el rol que ellos juegan al frente de la seguridad. Si eso se nos sale de control, sería sumamente peligroso, y es por eso que el presidente de la República, de acuerdo a las limitaciones presupuestarias del Estado, ha venido buscando, por ejemplo, resarcir y mejorar esas condiciones. Tenemos en la meta, ojalá, pronto, podamos abordar el tema salarial de la PNC. Por eso venimos demandando una reforma tributaria en el país. Nuestra tributación ronda el 15.5% en relación al PIB cuando países como Costa Rica tienen una tributación que ronda el 25%. No tenemos previsto, como gobierno, imponer más tributos, más impuestos, no pasa por eso... si no porque haya una efectiva recolección de lo que ya establece la ley y porque haya una reforma que permita instar a quienes le deben al fisco, a pagar. También proponemos para el financiamiento de este programa especial y extraordinario de seguridad reprogramar fondos públicos. El presidente, con el ministro de Hacienda, está buscando la ruta de dónde podemos restar recursos a otras ejecuciones gubernamentales para sumarle más recursos a las políticas de seguridad. El detalle lo tiene el ministerio de Hacienda.
¿Cuánto dinero se podría recibir?
La cantidad que se podría recibir depende de las medidas, de cómo se presenten, porque vienen acciones de control penitenciario, mayores despliegues de fuerzas armadas, convocatoria de la reserva de fuerzas armadas, compra de logística...
¿Qué pasa si en este año no se ve un resultado?
Tendríamos que sentarnos y volver a evaluar, para eso existe un Consejo Nacional de Seguridad, para evaluar las políticas públicas. Yo no esperaría que lo hagamos hasta el final del año, porque todo plan de trabajo se debe ir evaluando en la marcha de su ejecución.
Hay algo que provoca muchos muertos: las líneas fronterizas que dibujan las pandillas. ¿Qué van a hacer para contrarrestar eso?
Creo que en esto, en primer lugar, el país necesita mayor certeza en el dominio y manejo de la información pública, en la información sobre seguridad. Por ejemplo, tenemos que ser más precisos cuando aseveramos cuando un homicidio está referido a personas inocentes, a personas de la población, a personas trabajadoras, y cuándo las víctimas de los homicidios son los propios pandilleros, criminales, que en su descabellado enfrentamiento disputan territorios, se agreden y se matan. Nosotros de lo que hablamos es de proteger a la población humilde, inocente y trabajadora que no tiene nada que ver con esas disputas. ¿Cómo disminuir los crímenes que se hacen entre ellos los grupos criminales? Eso tiene que ver con las políticas de control territorial. O sea, en la medida en que sea el Estado quien controla y domina el territorio, en la medida en que se reestablezca el tejido social, se irán borrando las fronteras artificialmente trazadas por estos grupos criminales. Esas fronteras son el motivo de sus rencillas y del incremento de su criminalidad.
Usted menciona que deben mejorar cómo van a comunicar cuándo la víctima de homicidio es de un miembro de pandilla y cuándo es una persona inocente. ¿Esta doble contabilidad de homicidios no es acaso una manera de discriminación? ¿Por qué para ustedes es importante llevar esa doble contabilidad?
No es una doble contabilidad, es una sola. ¿Qué es lo que debe de ocurrir? Por ejemplo, en los acuerdos de Ataco se habló de la necesidad de un instituto que pueda articular la información de la Policía, del Ejército, del Instituto de Medicina Legal, de la Fiscalía General de la República. Será esa institución la que establezca los procedimientos, la política para dirimir quién es quién dentro de esos decesos fatales. Por ejemplo, es necesario establecer edad, sexo, condición social. Es cierto que desde el punto de vista humano son personas y nosotros así lo reconocemos y es responsabilidad del gobierno proteger toda vida humana en ese sentido, pero para efectos científicos, estadísticos y de la evolución de la seguridad necesitamos, así como se hace en el área de salud, la pesquisa para saber cuándo un deceso es por el zika, el cáncer o por cualquier motivo, y no porque se discrimine a una persona de otra, sino por el seguimiento científico que amerita el establecimiento de políticas de orden público.
La Policía envió una solicitud a la Fiscalía para que investigara a El Diario de Hoy por unas publicaciones que dibujaban el territorio bajo dominio de las pandillas. ¿Usted está deacuerdo en que la Policía pida que se investigue a un medio periodístico por una publicación como esa?
Nos parece que el ejercicio del periodismo y de los medios de comunicación, que ejercen la libertad de comunicación y de expresión, debe tener en la base la ética y el profesionalismo. En este sentido nos parece discriminatorio que la zona en la que viva un poblador u otro vaya a ser un motivo peyorativo que pueda incidir hasta laboralmente. O sea, elaborar un mapa de incidencia criminal pandilleril estigmatiza a la población y por eso nos parece que ha sido atinado el recurso presentado por la Policía, nos parece que es sumamente atinado, porque de ninguna manera la libertad de expresión debe de llevar a estigmatizar a la gente ni por su razón religiosa, ni su condición de sexo, ni por el territorio donde vive, porque el hecho de que en la zona donde él vive haya quienes cometen crímenes eso no puede estigmatizar al resto de la población. En ese sentido nos pareció atinada la solicitud. Claro, tiene que ser la autoridad competente quien establezca si efectivamente se ha cometido un ilícito.
La acusación es que el periódico 'estigmatiza comunidades', pero estigmatizar no está tipificado como un delito en el Código Penal como sí lo está el homicidio, la extorsión, el robo.
Hay una alegoría... yo coincido con los que presentaron el requerimiento en el sentido de que el enfoque noticioso eleva el poder de la pandilla. Me parece que el enfoque noticioso, éticamente, y legalmente además, a quien debe de dignificar es a las víctimas, y no elevar el rol o la función de los que violan la ley.
Cuando las pandillas matan gente inocente, o se matan entre ellas, ustedes han dicho que hay un plan político detrás ¿Quieren decir que la oposición está azuzando u organizando eso?
Tenemos la sospecha de que los diferentes diálogos sostenidos entre el partido Arena y grupos criminales de pandilla, presumibles con los tres principales grupos de pandilla, puede tener en estos momentos una incidencia en el alza de la criminalidad. Por eso, para poderlo establecer hemos pedido a la Fiscalía que de oficio lo investigue. Nos parece sospechoso, raro, el ascenso de los crímenes, como nos parece repudiable el hecho de que un partido político, en este caso Arena, acuda y maneje un discurso manodurista ante la población y, por otro, se siente, trate, negocie y busque acuerdos con estos grupos criminales. No nos parece correcto. Pero ¿en qué medida eso puede comprobarse como un delito? Deberá ser una labor de las instituciones de investigación, en este caso la Fiscalía, quien establezca esa responsabilidad.
Pero en el comunicado ustedes mencionan que hay una 'clara intención de Arena de desestabilizar a las instituciones del Estado con estos pactos entre Arena y estructuras del crimen'. Es contradictorio cuando dicen que no hay nada claro y que la Fiscalía es la que debe investigar.
Nosotros creemos que hay una clara intención de desestabilizar y por eso lo trasladamos a sede fiscal porque quienes pueden penalizar un hecho de esa naturaleza es la sede fiscal. Nosotros recogemos, observamos hechos, por ejemplo, los distintos encuentros que presumimos ha tenido Arena con grupos que desestabilizan con la Policía Nacional Civil, los distintos encuentros que presumimos pudo haber tenido Arena con desmovilizados de la Fuerza Armada, y los distintos encuentros con grupos de pandillas en el país que han sido aceptados por el partido Arena.
¿Si usted fuera la Fiscalía acusaría penalmente a Arena por sentarse con el sindicato de la Policía o con las pandillas mismas?
Si yo fuera la Fiscalía tendría la obligación de revisar la ley y ver qué figura delictiva se pueda aplicar a ese tipo de hecho.
Hay funcionarios de este gobierno que alentaron un diálogo con pandillas, entre ellos, el ministro Munguía Payés, el subdirector de la PNC cuando se lanzaron los municipios santuario. ¿Qué tipo de medidas van a promover contra estas personas que también tuvieron algún conocimiento de la tregua que se estaba promoviendo?
El presidente Sánchez Cerén, en este caso, como en cualquier otro, ha sido coherente. Cualquier señal de irregularidad debe de ir a sede fiscal. En cualquier caso, lo que hemos ofrecido es nuestra cooperación, solo puede ser la Fiscalía al final la que deduzca qué responsabilidades hubo, quiénes las tuvo, y eso es lo que hemos solicitado.
El FMLN ha acusado a Arena de tener una doble moral. El FMLN, cuando Mauricio Funes alentó esta tregua no lo denunció públicamente. ¿Por qué no lo hizo? ¿No es eso una doble moral? El vicepresidente que ahora es presidente nunca dijo nada.
Este gobierno, desde el principio, desde antes de llegar al gobierno, estableció un plan quinquenal que se sometió a consulta con distintos sectores de la sociedad y es el que nos dio las pautas y políticas a seguir en las distintas áreas, sea económica, social, etcétera, como también de seguridad pública. Es a partir de ahí que se establecen dos grandes trazos y que este gobierno asume el compromiso de mantenerse totalmente distante de cualquier entendimiento con grupos armados y al margen de la ley. Tú hacías una referencia al FMLN, tendrán que ser las autoridades de nuestro partido quienes te respondan.
Usted es parte de la Comisión Política del FMLN.
Ya no.
Usted descarga que cualquiera de los actuales funcionarios del gabinete alguna relación con la tregua.
Eso le corresponde a la Fiscalía establecerlo.
