Un módulo especial del Centro Penal de Quezaltepeque acoge desde este martes 29 de marzo, y en teórico régimen de estricto aislamiento, a 299 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) y de las dos facciones del Barrio 18 (Revolucionarios y Sureños). Con esta medida de fuerza, sumada a un estado de emergencia declarado por 15 días en las siete cárceles con presencia mayoritaria de pandilleros y otras decisiones complementarias, el Gobierno trata de cortar la comunicación entre los líderes encarcelados y las clicas que operan a lo largo y ancho del territorio salvadoreño. Un golpe rotundo.
“Y este nomás es el inicio”, dijo exultante el ministro de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, en una multitudinaria conferencia de prensa celebrada en el penal, en medio de un despliegue policial y militar propio de una visita papal.
El nuevo módulo del penal quezalteco bien podría considerarse, por sus condiciones, como una ‘sucursal de Zacatraz’, como se conoce la cárcel de seguridad ubicada en el municipio de Zacatecoluca, La Paz. El traslado de los 299 cabecillas –que se hizo con un despliegue militar que incluyó Humvees blindados y cuatro helicópteros– se desarrolló pocas horas después de finalizar el cese unilateral de acciones violentas por 72 horas que las pandillas anunciaron el sábado 26 de marzo.
Durante esos tres días, el promedio de asesinatos cometidos en El Salvador ha sido de 10, muy por debajo de los 22 promediados en los 25 primeros días del mes.
“Los 299 trasladados son las personas identificadas, tras procesos exhaustivos de investigación de la PNC y de nuestras unidades, como las que tienen un alto grado de responsabilidad a la hora de enviar órdenes desde los centros penales para el acometimiento de actos delictivos contra la población salvadoreña”, dijo Rodil Hernández, director general de Centros Penales.
Antes de su llegada a Quezaltepeque, estos reos eran inquilinos de las cárceles de Izalco, Chalatenango, Cojutepeque, Gotera y Ciudad Barrios.
En la estructura organizativa de las pandillas, el principal centro de mando recae, por lo general, en un pandillero encarcelado, que es el titular de la clica, o uno de sus titulares cuando la clica es muy numerosa o forma parte de una programa, en el caso de la MS-13; o de una tribu, en el caso de la 18.
A partir del 16 de abril de 2015, el Gobierno regresó al Centro Penal de Seguridad Zacatecoluca a los máximos líderes de las tres pandillas, y con ello dificultó sus posibilidades de comunicarse con el exterior con fluidez. Ese papel lo habrían asumido, según la información que maneja el ministerio, los 299 pandilleros ahora encerrados en el módulo especial de Quezaltepeque.
“Esperamos garantizar su aislamiento, y con ello el cese de la comunicación desde los penales hacia afuera”, dijo Ramírez Landaverde.
La elección del penal de Quezaltepeque, tradicionalmente uno de los más vulnerables del sistema penitenciario, tiene una doble explicación: por un lado, Zacatraz está lleno; y por otro, según señaló Rodil Hernández, el módulo se ha construido con celdas pequeñas e independientes que separan a los internos y permiten su control, con galeras distintas para cada pandilla, no hay condiciones de hacinamiento, no tienen tomas de corriente ni cableado que permitan recargar teléfonos u otros aparatos, la iluminación es con dispositivos no manipulables, y el personal asignado para su cuidado es proporcionalmente mayor.
Estado de emergencia y más
Además del traslado y aislamiento de cabecillas, el Ejecutivo declaró un estado de emergencia por 15 días –el máximo tiempo que permite la Ley Penitenciaria– que afecta a las seis cárceles que el Estado asignó de forma exclusiva a las pandillas, y también al penal Zacatecoluca. Esta medida tendrá que ser avalada por los jueces de vigilancia penitenciaria encargados de cada una de las prisiones.
Durante dos semanas estarán suspendida las visitas familiares de todo tipo, incluida la visita íntima, y solo se permitirán “visitas de asistencia profesional, pero también estarán reguladas y monitoreadas”, dijo Rodil Hernández.
Asimismo, los privados de libertad estarán en encierro permanente en su celdas, sin horas de patio, y se suspenden todo tipo de salidas, salvo emergencias médicas.
Pero además de los traslados y del estado de emergencia, el Ministerio de Seguridad anunció medidas adicionales, que suponen en la práctica una intromisión de la Policía Nacional Civil en labores propias de la Dirección General de Centros Penales.
Desde este martes 29 de marzo, y hasta nuevo aviso, cada uno de los siete centros penitenciarios seleccionados tendrá como “enlace” a un integrante de la PNC. “Esta día inicia un nuevo modelo de cooperación interinstitucional”, dijo Rodil Hernández. El director del centro penal tendrá que coordinar todos los temas de seguridad con ese representante de la Policía.
El cambio es unas de las consecuencias de que la Inspectoría General de Centros Penales haya sido asumida de forma permanente por el subcomisionado Fernando Roque Mártir.
Y por último, tanto la PNC como la Fuerza Armada comenzarán a verificar viviendas y establecimientos que operan en las colonias aledañas a las cárceles. ¿La razón? “Porque tradicionalmente, los alrededores de los centros penales han sido ocupados por personas que buscan introducir ilícitos”, dijo el ministro.
Algunas de estas medidas solo podrán ejecutarse durante los 15 días que permite el estado de emergencia, por lo que Ramírez Landaverde aprovechó para pedir a los diputados que hagan reformas legales que respalden las iniciativas contras las maras diseñadas por el Gabinete de Seguridad.
“Las medidas que se han tomado son las que la Ley Penitenciaria ya establece, pero para mantenerlas y potenciarlas se requieren otro tipo de disposiciones que las regulen”, dijo, y pidió a los diputados que “nos aporten herramientas para establecer un cerco” contras las pandillas, y “no solo en el tema de las comunicaciones”.
Consultado sobre si una efectiva interrupción de la comunicación de los ranfleros con las clicas dispersas en el territorio nacional no sería como patear un avispero, esta fue la respuesta del ministro: “Ante cualquier medida en el sistema penitenciario, es necesario considerar la posibilidad de que haya repercusiones negativas tanto dentro como fuera de los penales, pero el Gobierno ha dispuesto medidas extraordinarias en diferentes ámbitos relacionados con la seguridad”.
En otras palabras, es un riesgo que merece la pena correrse y para el que creen estar preparados.
Las 72 horas de ‘calma marera’
En los primeros 25 días del mes de marzo hubo 546 asesinatos en El Salvador, un promedio de 21.8 cada día. En los días 26, 27 y 28 de marzo, se cometieron 30 homicidios –según la PNC–, lo que deja un promedio de 10, un descenso brutal de casi el 55 %.
El sábado hubo 17 homicidios; el domingo, 9; y el lunes, ‘solo’ 4.
Cuando se acerca la lupa, las cifras incluso se redimensionan. Así, de los cuatro homicidios de este lunes 28 de marzo, uno es un pandillero que murió en un supuesto intercambio de disparos con policías; otro, una señora que murió en el Hospital Zacamil luego de ser agredida, pero que estaba ingresada desde el 12 de enero; un tercero, fue un joven que la PNC baleó porque el carro en el que se desplazaba no se detuvo en un retén; y el cuarto, es un pandillero de la 18 asesinado en Coatepeque (Santa Ana), sin que aún se sepa quién lo mató.
De alguna manera, las pandillas han mostrado que aún mantienen la capacidad sobre sus estructuras en la libre.
Hablan las pandillas
Cerca de una hora después de que las autoridades concluyeran su conferencia en el penal de Quezaltepeque, las pandillas convocaron a un reducido número de medios a su propia conferencia de prensa. Un periodista de El Faro recibió una llamada en la que se le convocaba de urgencia a un lugar –que se acordó no mencionar– en el que las pandillas harían pública su reacción a las medidas especiales anunciadas por el Gobierno.
Representantes de la MS-13, de los Sureños y de la Revolución aseguraron que sus estructuras han decidido prolongar indefinidamente su disposición de reducir los asesinatos.
“Hemos hecho el llamado a nuestra gente... ya que terminó a medianoche las 72 horas, a que le demos continuidad, que prorroguemos esto, que se continúe la baja de homicidios, que estemos a la expectativa de lo que suceda y que veamos de qué manera nos cuidamos...”, mencionó el representante de la facción Sureños de la 18. Los otros dos representantes, luego de decir el nombre de su pandilla y de realizar los gestos que los identifican, lanzaron órdenes similares a sus respectivas estructuras.
Para los pandilleros resultó importante subrayar que esta decisión es absolutamente unilateral, que prescinde de mediadores, y que no tiene a la base ningún tipo de diálogo con las autoridades; sin embargo, también resaltaron que esta decisión no obedece a que las medidas extraordinarias del Gobierno les hayan hecho sentir acorralados.
“No lo estamos haciendo por miedo, eso jamás ha sido nuestra reflexión, sino que creemos que ya es tiempo de que esto pare. Sin mediadores, sin política.... nos está funcionando, hasta que las estadísticas lleguen a cero. No estamos acorralados, claro lo hemos dicho: ¡Jamás van a poder exterminar a las pandillas!”, sentenció el vocero de la Revolución.
Los pandilleros se negaron a ponerle plazo o condiciones a su ofrecimiento y aseguraron que para mantener este descenso de asesinatos basta con que la PNC no abuse de su autoridad. “No le pedimos al Gobierno que nos agradezca nada, ni a la Policía que nos agradezca, sino que nos dejen seguir trabajando en esta dirección”, mencionó el pandillero de los Sureños.
Los tres representantes de pandillas hicieron ver que existen permanentes canales de comunicación entre sus estructuras y que son capaces de llegar a acuerdos entre sí.
Al finalizar la conferencia, El Faro se detuvo a conversar con uno de los pandilleros, quien aseguró que si fuera cierto que el Gobierno ha conseguido aislar a los mandos medios de las tres organizaciones, se correría el riesgo de que sea imposible mantener autoridad sobre sus miembros en las calles: “Si llegara a ser cierto... quiere decir que de 22 asesinatos pudieran subir a 27 o 30”, advirtió, y se apresuró a matizar: “No es amenaza, es una realidad que sin cabeza este volado pierde el control”.
