Uno de los principios fundamentales de la democracia es la garantía de la alternabilidad en el ejercicio del poder público; y una de las obsesiones que adquieren quienes acceden a ese poder, es la de mantenerse en él indefinidamente. El uso de las reformas constitucionales para prorrogar sus mandatos presidenciales fue un recurso utilizado por casi todos los gobernantes de la izquierda latinoamericana cuando llegaron al poder; no por la vía de la revolución, por la que miles de jóvenes entregaron sus vidas en los años sesenta, setenta y ochenta, sino por la vía electoral, durante la llamada primavera democrática en la década pasada.
Las reformas a los viejos marcos normativos institucionales que contenían los sistemas políticos y electorales han evolucionado de los antiguos regímenes autoritarios hacia modelos democráticos donde procesos electorales competitivos han dado lugar a gobiernos surgido de las urnas, por la voluntad popular.
No fue fácil este tránsito. Hubo que luchar contra poderosas oligarquías, dictadores militares, la omnipresencia norteamericana que los legitimaba; y abonar con ríos de sangre -sin metáforas y con las armas en la mano- este camino hacia la democracia, para hacer posible ese concepto procedimental de la misma, mediante reglas para la contienda política. Esas “frecuentes chuscas reglas formales de la democracia,- que en el decir de Bobbio- introdujeron por primera vez en la historia de las técnicas de convivencia, la resolución de los conflictos sociales sin recurrir a la violencia. Solamente allí, donde las reglas son respetadas, el adversario ya no es un enemigo (que debe ser destruido) sino un opositor que el día de mañana podrá tomar nuestro puesto”
II
Entre las múltiples funciones de la democracia, la que nos exige más esfuerzos de actualización es la electoral. Las reformas aplicables a los sistemas electorales se suceden en todas las naciones del planeta todos los días. Y tienen que ver con temas relativos a la administración electoral, a la jurisdicción electoral, al financiamiento de la política, al funcionamiento de los partidos políticos y otros sujetos electorales, a las autoridades electorales, los calendarios o ciclos de las elecciones, a los sistemas de votación, a las campañas y candidatos, etc.
Dentro de los principios de diseño que informan a toda reforma electoral existen los básicos, que buscan la modernización y mayores garantías para la democratización de los sistemas vigentes. En ese sentido, toda reforma electoral debe estar orientada a asegurarle al elector la certeza y confiabilidad del sistema y facilitarle su participación en toda consulta electoral.
En El Salvador, nos cae como rayo en cielo sereno una reforma al Código Electoral que por fin da cumplimiento a la sentencia Inc. 48-2014 de la Sala de lo Constitucional, que nos habilitó para votar por listas abiertas y desbloqueadas (voto cruzado). Esta es una buena noticia que debemos considerar, sobre todo porque están pendientes otras reformas que deberían ser atendidas justo en estos momentos en que nos encontramos a una prudente distancia del próximo evento electoral en 2018. Tales reformas son: la ciudadanización de los organismos electorales temporales (JED, JEM, JRV), la implementación de las normas de democracia interna en los partidos políticos y la aplicación irrestricta del principio de publicidad en su financiamiento.
III
Los legisladores se encuentran en mora de cumplimiento con estas reformas. La reacción inicial de varios líderes políticos fue acusar a la Sala de “injerencismo” y de excederse en el ejercicio de sus funciones. Es natural, la implementación de las sentencias de la Sala implican el empoderamiento de los ciudadanos/electores; y, como consecuencia, la disminución en la capacidad absoluta de maniobra sobre los resultados electorales, que han mantenido las cúpulas partidarias.
Pero, al final del día, ganamos todos si se leen en clave democrática las reformas impulsadas desde la jurisdicción constitucional; ganan los partidos al obligar a sus dirigentes a observar prácticas democráticas, a ser más transparentes y a seleccionar a los mejores cuadros para la conducción del partido y presentar los mejores candidatos en las elecciones nacionales; ganamos los ciudadanos, al devolvérsenos la capacidad plena de opción en las elecciones, al garantizarnos formulas y mecanismos electorales que faciliten la participación y alejen el fantasma del abstencionismo; gana la democracia al volverse realidad el principio de la soberanía popular; porque, en efecto, será ejercida libremente por el pueblo soberano, sin la intermediación o condicionamiento de operadores políticos que en su nombre sustituyen sus intereses por los de grupos, sectores o individuos que controlan el sistema.
IV
Los últimos resultados electorales en América Latina han significado un revés para los gobiernos de izquierda que surgieron con la tercera ola democrática. Al parecer, la reedición de los errores de gobiernos conservadores, la corrupción y las prácticas antidemocráticas están pagando su costo. Algunos ideólogos de las derechas lo anuncian como un fin de ciclo y baten palmas por el retorno de los viejos modelos conservadores y concentradores de riqueza. Yo creo, junto a M.A. Bastenier que: “En ninguno de esos países ha habido un verdadero fin de época, aunque posiblemente sí de reinado, para aquellos que entendían la presidencia como un caudillismo.”
Y es que la izquierda que se burocratizó, que perdió contacto con el pueblo, que se corrompió en el poder, no solo revivió en varios países los atavismos autoritarios del estalinismo, sino que, a pesar de las grandes promesas y oportunidades que nos brindó el inicio del siglo XXI, continuó con las viejas prácticas de las derechas, procreando caudillos mesiánicos, dictadores despóticos (o ilustrados), castas corruptas, mediocres e incapaces, que confunden gobierno con poder, partido y familia con Estado. Raro y excepcional ha sido el caso uruguayo con la paradigmática y ejemplar figura de Pepe Mujica.
Pero sin estar de acuerdo con Fukuyama cuando anunció en su libro el Fin de la Historia y el ultimo hombre el ocaso de las ideologías, coincido con Marta Lagos, quien toma el pulso constantemente a nuestra gran nación latinoamericana, cuando afirma que el problema -y por ende su solución- no es de izquierda o de derecha; que a la gente lo que le irrita, le indigna, es el comportamiento de las élites; élites corruptas que anidan y se reproducen en el seno de las derechas y de las izquierdas. “La gente quiere que se acabe la corrupción, que la representación sea más amplia, más igualdad ante la ley. Le toca a la izquierda pero no es debido a la izquierda. La causa es el desarrollo tardío de la democracia. El 70% de población de América Latina dice que la democracia no ha traído garantías sociales, acceso a una vivienda, salud, educación. Las sociedades latinoamericanas no tienen seguros de desempleo, ayudas. La gente ya no quiere esperar más. La élite va a ser reemplazada sea de izquierda o de derecha. La sociedad latinoamericana quiere igualdad ante la ley y derechos sociales, y acceso a la justicia” nos dice la directora de Latinobarómetro.
El reto, cuando se prepara una reforma electoral, se vuelve entonces un dilema: se diseñan mecanismos que permitan mantenerse en el poder a quienes las impulsan o por el contrario se persiguen como objetivos la modernización y democratización del sistema para brindar al pueblo soberano las mejores y más seguras formas de participación y expresión de su voluntad en la conformación de los cuerpos electivos. ¿Por cuál optamos?
*Félix Ulloa es doctor en Derecho. Exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, fue miembro de la Comisión Política del desaparecido Movimiento Nacional Revolucionario. Actualmente es presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES).
