El 12 de febrero reventó un caso jamás visto en el país. El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acusaron a personeros de la corporación Aceros de Guatemala por defraudación fiscal de Q255 millones (US$ 30 millones). Esta es una de las grandes entidades comerciales que controlan monopólicamente el mercado local.
Uno de sus dueños, José Luis Gabriel Abularach, ha sido parte del directorio del Banco Industrial, uno de los más grandes del sistema, propiedad de las familias más acaudaladas y de mayor abolengo. Un grupo de personas considerado como intocable por la justicia.
La aprehensión del representante legal Pedro Paiz Valdez, de Aceros de Guatemala y Alfredo Muñoz Ledo Carrillo, de Tres Puertos, sumado a más de diez trabajadores de la administración tributaria, deja en evidencia la necesaria colaboración de ciertos consorcios empresariales con las mafias que tienen cooptada toda la estructura política.
Este punto de quiebre además provocó que muchos otros empresarios que fueron cercanos al expresidente Otto Pérez, ahora en la cárcel por corrupción, se atrincheraran y empezaran a ver que la justicia a la que nunca le han tenido miedo, podría alcanzarlos. Incluso, una columnista en un diario libertario llamó a una amnistía fiscal para ponerse al día en el pago de impuestos sin ninguna consecuencia penal.
Estas acusaciones se dieron mientras se conocen dos grandes casos por violaciones a los derechos humanos donde están acusados unos 18 militares de alto rango (incluido Edgar Ovalle, mano derecha del presidente Jimmy Morales). Además, hace unas semanas, dos oficiales de mediano calibre fueron condenados por violaciones sexuales continuadas y masivas ocurridas en un destacamento del Ejército.
Entonces da la impresión que se mezclaron los dos temas (casos por violaciones a los derechos humanos y contra empresas) para entrelazarlos y así crear un frente que apela a la soberanía y culpa a la comunidad internacional (que financia a la CICIG y apoya los procesos contra militares) de entrometerse en el territorio nacional para crear una desestabilización generalizada.
A esta turbulencia se le suma el temor que ha causado la captura en octubre pasado del miembro de la poderosa familia Rosenthal, del Banco Continental en Honduras, por lavado de dinero en Estados Unidos. Mucho se dice que en ese banco tiene relación con grandes capitales guatemaltecos.
En este revoltijo, el coro líder lo condujo el Nuncio Apostólico el 10 de marzo, cuando muy decentemente describió las formas en que se deben conducir los diplomáticos en países foráneos. Fue una movida extraña donde participó el presidente Jimmy Morales, mencionando la Convención de Viena sobre injerencia extranjera y donde los grupos más conservadores se encargaron de replicar estos mensajes en sus redes sociales y la prensa hizo lo propio.
Sin embargo, estas afirmaciones parecen ironías ya que por primera vez en la historia se han acusado a quienes ostentan un poder implacable, en un sistema tan desarraigado de su realidad que busca nada más promover la injusticia. Lo que sucede y parece no querer revelarse es que algunos actores de las élites tradicionales tienen clara responsabilidad penal en la corrupción pues han sido parte de todo este engranaje de privilegios, amalgamándose con las clases políticas.
Ahora que sienten que pueden machucarles la cola, porque de hecho hay cola que les machuquen, echaron a andar una estrategia para atacar a los representantes internacionales -se ha visto en columnas y con la intención de expulsar a funcionarios extranjeros- que han venido nada más a ayudar a grupos de la sociedad a colocar un espejo para que se dejen de ignorar las desgracias nacionales.
Me cuentan que dueños de empresas muy poderosas, cada día al ver el reloj a las once de la mañana, agradecen a Dios no estar siendo conducidos a los tribunales. Ellos saben que para bailar la danza corrupta se necesitan dos pares de piernas y parece que ahora les tocará enfrentar la justicia a quienes corrompen a los políticos, que son estos delincuentes de cuello blanco, como me dijo una vez un amigo que los conoce bien, pues se dedica a defenderlos como abogado tributario.
*Álvaro Montenegro es periodista. Es uno de los siete guatemaltecos que crearon el movimiento #RenunciaYa, después rebautizado como #JusticiaYa, central en las protestas que impulsaron la renuncia del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.
