A finales de mayo de 2011, tres transportistas salvadoreños se reunieron en el Hotel Intercontinental de San Salvador con un delegado de la empresa argentina Unetel SA. Los tres empresarios estaban a cargo de la licitación privada del sistema de cobro del Sitramss, el proyecto estrella del gobierno de El Salvador para transformar de una vez por todas, después de décadas de crisis constante y servicio de baja calidad, el transporte público de la capital. La empresa argentina era, precisamente, una compañía especializada en sistemas tecnológicos de cobro. En esa reunión, Unetel SA se comprometió con los encargados de la licitación a pagarles un salario de cuatro mil 500 dólares al mes, durante diez años, a cambio de la adjudicación del contrato. En otras palabras, los tres transportistas salvadoreños y la empresa argentina pactaron un soborno, aunque en los documentos de su acuerdo la llamaron 'consultoría'.
En el acuerdo con Unetel SA, los transportistas se comprometieron a proporcionar a los argentinos, antes de la adjudicación, información relevante del proyecto, incluido el asesoramiento de carácter general o particular, se comprometieron a ser sus intermediarios con las autoridades competentes, y se comprometieron 'a informar al principal (Unetel SA) sobre las actividades de los competidores para el proyecto'. Esos tres transportistas eran los principales directivos del Sistema Integrado Prepago (Sipago), una empresa privada creada por transportistas a iniciativa del Gobierno, y encargada de licitar uno de los contratos más rentables del Sitramss: la instalación de la tecnología para el monitoreo de los nuevos buses y para el cobro electrónico del pasaje.
Sipago es una empresa privada, seleccionada por el gobierno como aliada en la reforma del transporte público en el Área Metropolitana de San Salvador. El proyecto del Ministerio de Obras Públicas, que después de varios atrasos ya funciona en sus primeras fases, consiste en invertir 45 millones de dólares de un préstamo del Banco Inteamericano de Desarrollo (BID) para construir terminales y carriles exclusivos para la circulación de buses articulados, importados desde Brasil. El gobierno puso la infraestructura y delegó en la empresa Sipago la compra de buses y la licitación privada —así la han calificado públicamente tanto el Viceministerio de Transporte (VMT) como los voceros de Sipago— para contratar a la compañía que debía cobrar el pasaje electrónico del Sitramss.
¿Cuántos dólares están en juego por ese contrato? El ganador de la licitación por el pasaje del Sitramss tiene derecho a cobrar un “cargo básico” mensual de 48 dólares por cada unidad de transporte; y “un cargo variable” diario del 10.5 por ciento del total de los flujos recaudados. Según el Viceministerio de Transporte (VMT) para 2016 la flota de buses será de 208, por lo cual el ganador del contrato cobrará 9,984 dólares mensuales de cargo básico, mientras que el cargo variable se calculará sobre el uso que hagan de este servicio un millón 272 mil 946 usuarios.
La tarifa por el uso del Sitramss es de 33 centavos de dólar por trayecto y números oficiales dicen que el Sitramss tiene un millón 272 mil 946 usuarios. Si 1.2 millones de personas pagan al menos una vez al mes un trayecto que cuesta 33 centavos, Sipago, la empresa que tiene el monopolio, tiene derecho a quedarse con 420 mil 72 dólares y la empresa que cobra el pasaje tiene derecho a quedarse con 44 mil 107 dólares al mes. Con este estimado, en un año, Sipago se quedaría con 5 millones de dólares al año y Subes con medio millón de dólares.
De la adjudicación de ese negocio millonario, de la labor del VMT, que debía revisar la documentación de los participantes en el concurso y dar el visto bueno para que el ganador iniciara operaciones, trata esta historia. O mejor: trata sobre la corrupción en la forma en que se adjudicó el contrato y la incapacidad del VMT para detectar que el negocio se le otorgó a una empresa sin ninguna experiencia en el sector y aparentemente vinculada al grupo Alba Petróleos de El Salvador.
***
A la reunión en el Hotel Intercontinental llegaron los transportistas Miguel Ángel Díaz González Castañeda, Rodrigo Contreras Teos y Eduardo Mendoza García. Era la última semana de mayo de 2011. Los tres empresarios eran directivos de Sipago (el presidente, el secretario y un director, respectivamente) y estaban a pocos días de anunciar públicamente quién era el ganador del contrato para cobrar el pasaje del Sitramss.
El interlocutor de los transportistas en aquella reunión fue José Roberto Martínez, en ese momento representante de Unetel SA, una empresa argentina que se promociona como desarrolladora y productora de tecnología para la localización de vehículos. Unetel aspiraba a participar en el millonario proyecto gubernamental del Sitramss como parte de una alianza con otra empresa: Subes Uruguay. Pocos días antes de la reunión en San Salvador, el 17 de mayo, los representantes de Unetel SA y el apoderado de esa otra compañía, Subes Uruguay, habían firmado un “memorándum de entendimiento” por medio del cual acordaban que los argentinos proveerían parte de la tecnología al Sitramss. Unetel SA se convertiría en aliada y subcontratista de Subes Uruguay (descargue aquí el documento).
Subes Uruguay era una empresa con experiencia en nada. Había sido creada apenas dos meses antes de que se adjudicara la licitación del Sitramss. Y su apoderado era en aquel momento un salvadoreño: José Mauricio Cortez Avelar, uno de los abogados de Alba Petróleos de El Salvador, la empresa vinculada al FMLN, el partido en el gobierno.
En esa reunión en el Hotel Intercontinental, los principales directivos de Sipago y la argentina Unetel SA pactaron la entrega de 540 mil dólares, un dinero al que llamaron pago por “una consultoría” y que se entregaría a los transportistas en partes, según una carta que envió el vicepresidente de Unetel SA, Jorge Samperisi, a los tres directivos de Sipago, y fechada en la ciudad de Buenos Aires el 28 de junio de 2011. Por un lado se les entregaría un total de 75 mil dólares en dos pagos: los primeros 37 mil 500 dólares (divididos en tres partes iguales para los tres directivos de Sipago) en el momento en que Subes Uruguay fuera declarada ganadora de la licitación y firmara el contrato con Unetel SA, y el resto dos meses después del arranque del proyecto. Después de ese anticipo, los transportistas se quedarían cobrando pequeñas cuotas mientras durara ese contrato: “Para un parque instalado de cinco mil vehículos, nosotros vamos a pagarles en concepto de asesoramiento, $4,500 mensuales (divididos en tres partes iguales) a 10 años”, decía Samperisi a los hombres encargados de adjudicar el contrato. (descargue aquí el documento).
La reunión en el Hotel Intercontinental un mes antes había terminado con un acuerdo verbal, pero en su carta del 28 de junio Samperisi reiteraba su compromiso de pagar el dinero para amarrar su participación en el contrato. Cuando los transportistas recibieron ese recordatorio, una confirmación de la promesa del dinero, apenas faltaban seis días para que Sipago anunciara al ganador de la licitación.
¿Podían los directivos de Sipago garantizar la competitividad y transparencia de la contratación? La respuesta es no. Mediante ese contrato de consultoría los transportistas se comprometían a “informar al principal (Unetel SA) sobre las actividades de los competidores' (descargue el documento). En pocas palabras, los contratantes se convertían en socios pagados de Unetel y dejaban a otras compañías internacionales que tenían interés en el contrato, como Prodata de Brasil e Indra de España, en desventaja.
El documento no esconde siquiera el hecho de que la empresa argentina pagaba a los directivos de Sipago para asegurarse de ganar el contrato: “El principal (Unetel SA) designa al consultor (transportistas) con el objeto de asistirlo en la obtención de la adjudicación de un contrato con el adjudicatario del concurso privado para el proyecto de gestión de flota de las rutas urbanas del gran San Salvador para el transporte público”.
Seis días después de firmar ese contrato de “consultoría”, Sipago anunció que el ganador del contrato era Subes El Salvador, empresa filial de Subes Uruguay (vea el documento).
Nacida para triunfar
La de Subes es una historia de éxito acelerado. El 24 de marzo de 2011, los abogados Horacio Vicente Fernández Ambielle y Rafael Augusto Zerbino Stajano, del bufete uruguayo Bado, Kuster, Zerbino & Rachetti (BKZ&R), inscribieron en el registro de su país Subes Uruguay. Apenas 22 días después, los mismos dos abogados llegaron a la embajada salvadoreña en Uruguay para tramitar el montaje de una filial en el país centroamericano, a la que llamaron Subes El Salvador. El objetivo de esta empresa era “montar el sistema de recaudo y operación técnica del pago del precio del pasaje (…) a través de una tarjeta electrónica prepago”.
El trámite para el nacimiento oficial de Subes El Salvador concluyó el 28 de abril de 2011, 25 días antes de que Sipago iniciara la recepción de ofertas de las empresas interesadas en concursar por el contrato. Subes tenía una carrera contra reloj para cumplir con las bases de la licitación y demostrar capacidad técnica para ejecutar el proyecto, una capacidad que no tenía porque apenas tenía dos semanas de existencia.
La solución la encontró el 9 de mayo. Ese día, Subes Uruguay contactó a la empresa argentina Unetel SA para que le suministrara la tecnología para el monitoreo de los buses y el cobro electrónico del pasaje. Además, se alió con Siemens IT, de Argentina, y Mikroelektronica, de República Checa. En ese momento, Unetel SA se promocionaba como el desarrollador y productor de equipo de alta tecnología en el ámbito de las comunicaciones. La empresa destacaba que tenía un acuerdo con Telefónica de Argentina para proveerle todas sus aplicaciones de localización para clientes privados y para el sistema de emergencia policial del 911. “La aplicación de gestión de flota ofrecida no es un software enlatado sino un desarrollo completo que se adaptará a las necesidades y requerimientos de San Salvador”, prometía.
El 17 de mayo de 2011, los representantes de Subes Uruguay y la argentina Unetel SA se reunieron y firmaron un “memorándum de entendimiento”, una alianza para concursar juntos por el contrato del Sitramss. Según consta en el memorándum, la reunión y la firma se celebraron en San Salvador. Como presidente de Subes Uruguay firmó el documento José Mauricio Cortez Avelar, uno de los abogados de Alba Petróleos de El Salvador.
El 23 de mayo, la empresa de los buseros aliados del gobierno, Sipago, inició la recepción de ofertas para la licitación privada.
Un partido amañado
Una licitación es una competencia, y en toda competencia el árbitro juega un rol fundamental. Es, se supone, quien de manera imparcial hace que se respeten las reglas. En el caso de la licitación privada del cobro del Sitramss, quien puso las reglas y quien tenía que seleccionar la mejor oferta técnica y económica era Sipago. El árbitro era Sipago. Y los directivos de Sipago no solo habían acordado cobrar a cambio de favorecer a uno de los competidores: recibieron dinero antes de adjudicar el contrato.
El acuerdo de “consultoría” entre Unetel y los transportistas establecía que recibirían el primer anticipo cuando Subes firmara el contrato. Sin embargo, para amarrar su participación en el negocio, Unetel entregó un “preanticipo” de 2 mil dólares a los principales directivos de Sipago: al presidente Díaz González Castañeda, el secretario Contreras Teos y el director Mendoza García. “Recibí de Unetel SA, la cantidad de 2000 (dos mil) dólares estadounidenses, en concepto de preanticipo, en relación al convenio de consultoría firmado con Unetel SA para el proyecto de gestión de flota de las rutas urbanas del gran San Salvador. Este valor se deducirá del anticipo pactado por dicho acuerdo, que será percibido con posterioridad a que Unetel firme su contrato de provisión de equipos y perciba el correspondiente anticipo por parte de Subes”, se lee en tres recibos con el sello de Unetel y firmados por los tres transportistas (descargue los documentos).
El pasado jueves 14 de abril, El Faro visitó las oficinas de Sipago para solicitar una entrevista con sus directivos. Ese mismo día se llamó por teléfono a Díaz González Castañeda, Contreras Teos y Mendoza García, para preguntarles por el acuerdo de consultoría con Unetel y los pagos que recibieron a cambio de adjudicar el contrato a Subes.
A Contreras Teos, secretario de Sipago, se le preguntó sobre el evidente conflicto de interés que supone asesorar a cambio de dinero a una empresa que competía para ganar un contrato de Sipago. El transportista confirmó la consultoría: 'el trabajo se hizo', afirmó, pero dijo que no daría más declaraciones al respecto porque se trataba de un asunto privado. “Con todo respeto le quiero decir que tengo una maestría en la UCA y soy consultor desde hace años. Puedo dar asesorías, pero sobre lo que usted pregunta es una cosa privada y no tiene sentido hablar de eso. No voy a dar declaraciones sobre este tema”, enfatizó.
Díaz González Castañeda, por su parte, tomó la llamada telefónica, pero alegó que estaba en una reunión. Prometió devolver la llamada, pero hasta el cierre de esta nota no lo había hecho. Mendoza García no atendió las llamadas y tampoco se obtuvo respuesta a la solicitud de entrevista que se le hizo a través de un empleado a la entrada de Sipago.
Un árbitro cuestionado desde su nacimiento
En 2010 el Gobierno inició la construcción de la infraestructura del Sitramss: andenes, terminales y carriles exclusivos para la circulación de buses articulados. Ese mismo año convocó a los empresarios del transporte público a una “mesa nacional” para determinar la forma en que estos participarían en el proyecto.
La mesa nacional terminó en una disputa entre transportistas. Unas gremiales, como la Cámara Salvadoreña de la Industria del Transporte (Casit), dirigida por Contreras Teos, apoyaron la iniciativa del gobierno; otras, como la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), encabezada por Genaro Ramírez, denunciaron que el plan gubernamental era crear un monopolio que, tras bambalinas, sería dirigido por Alba Petróleos.
El Ejecutivo, por medio del VMT, resolvió la disputa con una política de zanahoria y garrote: a los empresarios que rechazaron el plan se les aplicaron sanciones, como la cancelación de concesiones; a los aliados, agrupados en Sipago, se les otorgó no solo exclusividad para usar la infraestructura del Sitramss, sino también créditos con un banco estatal para comprar buses brasileños, y aval para contratar mediante una licitación privada a la empresa encargada del cobro del pasaje.
Los detractores de Sipago mantienen sin embargo el cuestionamiento: bajo la lógica de que Sipago no ha puesto ni un centavo para las millonarias obras, ¿podía el gobierno darle exclusividad para el uso de la infraestructura del Sitramss?
Los transportistas que no forman parte del Sitramss creen que dos artículos del Reglamento General de Transporte Terrestre, los cuales utilizó el VMT para beneficiar a Sipago, son inconstitucionales. Argumentan que por tratarse de infraestructura que se construyó con dinero público, el Viceministerio no tiene facultades para dar exclusividad del uso de la obra, sino que la obra debe ser concesionada por la Asamblea Legislativa. Una demanda puesta por los transportistas fue admitida el 12 de agosto de 2015 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (descargue el documento). No ha habido resolución aún.
Pese a las críticas, a las 10:30 de la mañana del 4 de julio de 2011 el presidente de Sipago, Díaz González Castañeda, sometió a votación del pleno la recomendación de una comisión negociadora (los documentos no detallan quiénes integraron esa comisión) que sugería adjudicar el contrato para el cobro del pasaje del Sitramss a una empresa con solo 67 días de existencia y sin experiencia previa en proyectos similares: Subes El Salvador. El punto 2 del acta número 10 de los acuerdos de Sipago lo consigna: “Al efecto por unanimidad se aprueba: 1. Proceder a contratar con la empresa Subes SA de CV sobre la base de los valores expuestos 2. Encomendar al despacho de asesoría legal la preparación y redacción de un contrato para ser analizado por la comisión negociadora antes de su presentación a la Junta Directiva”.
El 29 de julio se firmó el contrato, por un plazo de 10 años. El hombre que firmó en representación de Subes El Salvador fue el mismo que había firmado el acuerdo con Unetel en nombre de Subes Uruguay: José Mauricio Cortez Avelar, abogado clave en los negocios de Alba Petróleos (desgargue el documento).
Cortez Avelar ha figurado como directivo de Inversiones Valiosas, empresa que recibió un préstamo de Alba Petróleos por 16 millones de dólares para el proyecto Residencial Greenside Santa Elena; también ha sido directivo de Energía Orgánica y de Corporación Éxodo, compañías en las que también han sido directivos familiares y socios de José Luis Merino, uno de los principales dirigentes del FMLN. La semana pasada, El Faro públicó que la empresa Alba Petróleos creó ocho empresas offshore en Panamá, dos de las cuales recibieron en 2014 préstamos por 290.6 millones de dólares. Cortez Avelar es directivo de cuatro de esas offshore: Atlantic Pacific Logistic, Inversiones para el Desarrollo Internacional, Guazapa y Apalsa Marítima.
Una vez que la compañía fue declarada ganadora, los documentos fueron remitidos al Viceministerio de Transporte para que este revisara los estándares técnicos y diera el visto bueno para la concesión del cobro del pasaje del Sitramss.
La Dirección General de Política y Planificación del VMT analizó la documentación, pero no objetó que la empresa ganadora tuviera apenas dos meses de existencia y respaldó el proceso de selección desarrollado por Sipago. El 20 de noviembre de 2011 el Viceministerio, a cargo del exdiputado efemelenista Nelson García resolvió: “El VMT acuerda: otorgar visto bueno a la empresa Subes, empresa presentada por la sociedad Sipago, para que pueda iniciar operaciones tendientes a desarrollar y ejecutar el sistema de recaudo de las tarifas del transporte colectivo de pasajeros” (descargue el documento).
El Faro pidió una entrevista con el viceministro García, pero al cierre de esta nota no había respondido a la solicitud.
El contrato, finalmente, no se ejecutó con las especificaciones recogidas en el documento. Pese a que establece que en el cobro del pasaje del Sitramss participarán como subcontratistas Siemens IT, Mikroelektronika y la argentina Unetel SA, sin informar al VMT y sin modificar el contrato Subes El Salvador excluyó tiempo después a Unetel.
Cortez Avelar, abogado de Alba Petróleos y apoderado legal de Subes Uruguay y primer presidente de Subes El Salvador, se limitó a decir que la empresa argentina no canceló unas deudas y por eso fue excluida. “En derecho se entiende que mora paga mora. Es una cuestión comercial que no me interesa comentar. Son puros negocios que se iban a hacer y no se hicieron”, dijo. A Cortez Avelar se le insistió en la petición de una entrevista para abordar todos los detalles del contrato con Subes y su adjudicación: “No podría entrar a conversar nada”, respondió. El Faro escribió por correo electrónico al vicepresidente de Unetel SA, Jorge Samperisi, pero hasta el cierre de esta nota no había respondido.
El préstamo de un fantasma panameño
Una tercera empresa bautizada como Subes está relacionada con el proyecto del Sitramss; una empresa panameña que prestaba dinero cuando aún no existía. Esa empresa se llama Subes Panamá y está relacionada financieramente con Subes El Salvador.
En 2011, en sus primeros ocho meses de operaciones, Subes El Salvador recibió un préstamo a largo plazo de Subes Panamá por un monto de 234 mil 94 dólares, según el balance inscrito en el Registro de Comercio (descargue el documento). Pero los documentos del Registro Público de Panamá revelan que ese préstamo fue otorgado por una empresa que, en ese momento, no estaba inscrita. Subes Panamá nació oficialmente el 21 de septiembre de 2012, en el local de una firma de abogados que recomienda a sus clientes crear empresas offshore en Panamá para no pagar impuestos en sus países de origen (descargue el documento).
Panamá es una de las ciudades con más rascacielos de América Latina. Tiene 12 edificios que sobrepasan los 200 metros de altura. Vista desde lejos, recuerda a ciudades estadounidenses ubicadas a orillas del océano como Miami o Nueva York. Esos rascacielos son la sede de bancos, de compañías de seguro y de grandes firmas de abogados. Pero Panamá también tiene un lado pobre que se esconde atrás de esos rascacielos. Tiene planicies, divididas en cuadrículas, surcadas por algún río contaminado, parecidas a las populosas colonias de Soyapango. Los panameños conocen esos lugares como “las barriadas”.
Hay grandes centros comerciales (como Albrook, uno de los más grandes de América Latina), pero también modestos centros comerciales donde se venden telas, cedés, baratijas electrónicas o pollo frito. Locales parecidos a los del centro comercial Galerías Centro, frente al parque Hula Hula de San Salvador. En uno de esos pequeños centros comerciales, en un lugar alejado de los vistosos rascacielos panameños, nació Subes Panamá, la compañía que prestó dinero a Subes El Salvador.
El lugar se llama Galerías Alhambra y tiene dos pisos. Abajo hay una venta de pollo frito; al lado, unas escaleras que llevan a la parte trasera, donde está el local 24A. En 2011, ese local era la sede del bufete Legal Business Advisers. Hoy lo ocupa un modesto negocio que vende artículos de belleza.
Así se promociona Legal Business Advisers en su página web: “Panamá utiliza un sistema tributario basado en el principio de la territorialidad. De esta forma, la sociedades panameñas sirven a comerciantes, inversionistas y a compañías extranjeras para lograr una eficiencia en temas de impuestos (…) Una sociedad anónima offshore podrá abrir cuentas bancarias y ser dueña de bienes en el extranjero sin tener que pagar impuestos”.
El 21 de septiembre de 2012, la firma Legal Business Advisers creó Subes Panamá. Ese mismo día, tres panameños fueron nombrados directivos de la compañía: José Price, presidente; Ángel Rodríguez, secretario; y José Luis Cerrud, tesorero. Todos ellos indicaron que su lugar de residencia era la misma dirección del bufete: Galerías Alhambra, local 24A. En su escritura de constitución, la empresa consigna una vocación amplia: “realizar inversiones de todo tipo, así como ser tenedero de acciones. Realizar operaciones civiles y mercantiles. Permutar, transferir acciones o cuotas de capital social, créditos, obligaciones, valores, certificados de participación. Llevar a cabo operaciones internacionales”.
Apenas tres meses después, la empresa había registrado una actividad financiera intensa. Entre septiembre y diciembre de 2012, desde sus oficinas en el Centro Comercial La Alhambra, Subes Panamá prestó 7.6 millones de dólares a Subes El Salvador.
Los nexos entre Subes El Salvador y la compañía panameña se estrecharían aún más al año siguiente: el 22 de mayo de 2013, los accionistas separaron a los panameños de la directiva y, en su lugar, nombraron a dos salvadoreños. El nuevo puesto de presidente recayó en el salvadoreño Isidro Antonio Carballo Acevedo; mientras que como secretario fue nombrado Pedro Luis López, un estadounidense que reside en El Salvador (descargue el documento).
Carballo Acevedo trabajó, hasta el año 2011, como coordinador general administrativo financiero del Ministerio de Relaciones Exteriores (descargue el documento). Después de que el salvadoreño tomó el control de Subes Panamá, el monto de los préstamos para Subes El Salvador casi se duplicó: de 7.6 millones de dólares en 2012, a 13 millones 50 mil dólares en 2013 (descargue el documento).
Al seguir la pista de los negocios de Carballo Acevedo y sus familiares se puede inferir que es parte del círculo de Alba Petróleos. Carballo Acevedo fue también el primer secretario de Subes El Salvador, cuando esa compañía la dirigía el abogado Cortez Avelar, apoderado de Alba Petróleos. Para ese tiempo, en 2011, la relación entre ellos cristalizaba además en otra empresa hija de Alba Petróleos: Energía Orgánica, cuyo presidente es el abogado Cortez Avelar. Entre 2011 y 2014, su suplente fue precisamente Carballo Acevedo.
Al seguir el rastro profesional de la esposa de Carballo Acevedo, Claudia Raquel Pérez de Carballo, también se llega a los negocios de Alba Petróleos. En abril de 2014, Pérez de Carballo fue apoderada de Inversiones Valiosas, empresa a la cual Alba Petróleos prestó 16 millones de dólares para el proyecto urbanístico Residencial Greenside Santa Elena, ubicado en la otrora finca La Joya, en Nuevo Cuscatlán. Uno de los directivos de Inversiones Valiosas era el abogado Cortez Avelar.
El Faro pidió una entrevista con los directivos de Subes El Salvador para preguntarles cómo pudieron recibir dinero prestado de una empresa panameña cuando aún no estaba legalmente registrada; para saber qué relación une a Subes El Salvador y Subes Panamá; y para indagar de dónde salieron los dólares que recibió Subes El Salvador. La oficina de comunicaciones de Subes pidió enviar un correo electrónico detallando los puntos de la entrevista. El correo se envió el pasado 29 de marzo. Hasta el cierre de esta nota no habían respondido.
En la primera directiva de Subes El Salvador aparece un electricista que reside en Ciudad Delgado, Emilio Martínez Ramos, a quién se le preguntó sobre el préstamo que recibió esa compañía de su filial panameña. “Es un tema complicado. No le puedo decir nada, primero tengo que hablar con los asesores”, dijo.
En la primera directiva de Subes El Salvador también figura el motorista Luis Roberto Sandoval Ayala, originario de Candelaria de la Frontera y residente en la colonia Las Margaritas de Soyapango. Sandoval Ayala fue apoderado de Headford Business S.A., una de las dos empresas offshore de Miguel Menéndez, Mecafé.
*Este reportaje fue realizado por Efren Lemus para El Faro en el marco de la Iniciativa por el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
