Los diputados de la Comisión de Seguridad tienen sobre su mesa un conjunto de reformas legales que, si se aprueban tal como han sido planteadas, permitirían detenciones masivas de pandilleros para 'barrer' territorios y dotarían de súper poderes a la policía y a la fiscalía, facultándola incluso para secuestrar información sin la orden de un juez. Las propuestas dan por hecho que el Ejército cuenta dentro de las instituciones de seguridad pública. Hay 15 nuevos delitos y aumentos de pena para otros 12 crímenes.
En esencia, hay más conductas que se castigan con cárcel, con penas que implican mayores plazos en prisión para un número más amplio de personas -incluidos menores de edad- a quienes se le podrían aplicar estas sanciones. Eso es lo que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, a propuesta de la Fiscalía General de la República y del próximo presidente del Órgano Legislativo, Guillermo Gallegos.
Se trata de aproximadamente 40 reformas -entre ellas 15 nuevos delitos- a cinco leyes: el Código Penal, Código Procesal Penal, Ley Penal Juvenil, ley antiterrorista y la Ley de Extinción de Dominio. Además, la creación de una nueva ley: la ley especial del Cuerpo de Defensas Comunales, un cuerpo de apoyo a la Policía que podría 'decidir quién entra, sale y habita en una comunidad”.
Las nuevas redes para pescar pandilleros
Uno de los nuevos delitos se llama 'limitación ilegal a la libertad de circulación'. La Fiscalía propone que se castigue con penas de entre cuatro a 10 años de cárcel para quien “intimide, amenace, engañe o impida a otra persona ingresar, permanecer o circular libremente; u obligue a a alguien a abandonar su residencia o comerciar”. Existen ocho posibles formas de cometer ese delito, de acuerdo con los verbos incluidos en su redacción. Está hecho a la medida para describir la manera de actuar de las pandillas, que condiciona las vidas de miles de salvadoreños a diario.
El fiscal general Douglas Meléndez explicó el pasado 6 de abril cómo se operativizará ese delito: 'Basta que anuncien que en X colonia hay un grupo de pandilleros obstaculizando el ingreso para ir a traerlos y capturarlos', dijo Meléndez. El fiscal añadió que es un esfuerzo para agilizar investigaciones que normalmente toman meses.
Cualquier pandillero en El Salvador puede ser acusado y detenido por limitar ilegalmente la libertad de circulación. Bastaría el testimonio de un joven que evita abordar determinada ruta de bus para no entrar en terrenos dominados por otra pandilla. Para ese efecto, la Fiscalía podría, por ejemplo, usar el testimonio de un pandillero del Barrio 18 asegurando que no puede entrar en una colonia dominada por la Mara Salvatrucha para autorizar una redada en esa colonia.
Otro de los nuevos delitos se llama 'resistencia agresiva'. Plantea penas de tres a ocho años de prisión. Sanciona a personas que se nieguen a obedecer órdenes de fiscales, policías o soldados. El Código Penal ya tiene un delito de resistencia, en el artículo 337. La principal diferencia son las penas: en la actual legislación, la pena máxima por resistencia son dos años de prisión. En El Salvador, cualquier condena que no exceda tres años de prisión puede sustituirse con medidas alternativas que eviten llegar a la cárcel. Casi ninguna de las reformas propuestas plantea sanciones inferiores a los tres años de cárcel.
El secretario de la Comisión de Seguridad y miembro del FMLN, Misael Mejía, dijo a El Faro que su fracción tiene dudas sobre las capturas por resistencia porque 'podría acarrear arbitrariedades y sobresaturar al sistema judicial, a las bartolinas, al sistema carcelario'. Mejía además consideró que además se plantea una penalidad demasiado alta y que 'no vamos a resolver nada llenando los centros penales'.
Una tercera forma de habilitar capturas masivas es la que presentó Gallegos el pasado 12 de abril. Gallegos pidió que en la ley antiterrorista se amplíe el concepto de organizaciones terroristas para agregar a las pandillas en ese grupo, tal como la Sala de lo Constitucional lo estableció en agosto del año pasado. 'Así solo por el hecho de pertenecer a esta mara ya se le considera terrorista y tendrá 15 años de prisión', explicó Gallegos.
También están especialmente diseñados para detener pandilleros el aumento de penas para tres delitos más. Inducir a un menor de edad a abandonar su casa o centro de estudios aumenta la actual pena máxima de un año de prisión hasta seis.
El delito de hurto de energía o fluidos se amplía para incluir uso ilícito de teléfono, Internet y televisión, además de los servicios básicos de agua y energía eléctrica. El cambio consiste en agravar hasta seis años de pena máxima si se comprueba que los imputados han amenazado a los titulares de los servicios o a los empleados de las empresas. En El Salvador, ser empleado de empresas telefónicas o de servicios de energía eléctrica se ha convertido en un trabajo potencialmente mortal. Además, la Policía ha identificado en muchos operativos 'Casa Segura' este tipo de conexiones ilegales, con lo cual este crimen reformado se convierte en otra puerta a las redadas.
Finalmente, la utilización u ocupación ilegal de inmuebles aumenta su condena hasta los seis años. Tanto este cambio como el nuevo crimen de limitar la libertad de circulación apuntan a los pandilleros que obligan a personas a desalojar sus casas y hasta comunidades enteras.
Dentro de las reformas también se sugiere agravar penas por delitos de homicidio, agrupaciones ilícitas, allanamientos de morada o lugar de trabajo y receptación, es decir, compra de artículos robados. El diputado Gallegos también propuso aumentar la pena para pandilleros que porten armas de guerra. La Fiscalía también aprovechó para pedir ocho especializaciones para combatir el hurto y robo de vehículos y cuatro nuevos delitos relativos al tráfico ilícito de armas.
Los poderes que pide la Fiscalía
Si los diputados satisfacen toda la lista de deseos que el fiscal general Douglas Meléndez y el propio Gallegos presentaron, la Fiscalía podría ganar libertad. Mucha libertad, suficiente para saltarse controles judiciales para detener a menores de edad, quintuplicar el tiempo que tiene para procesarlos y juzgar a los mayores de 12 años como adultos. Además, la Fiscalía también sería libre de ordenar incautaciones de celulares y equipo informático sin tener que justificar su petición ante un juez, como sí debe hacerlo actualmente.
Lo que Meléndez quiere es la facultad, que ahora mismo no tiene, para emitir órdenes administrativas de captura contra menores de 18 años. En sus palabras: 'No es posible que en un país donde tenemos grupos delincuenciales -las pandillas- conformadas por gran cantidad de menores de edad, no podamos tener nosotros una potestad para poder privarlos de libertad'. Dentro de las propuestas de Gallegos, que ingresaron este 15 de abril a la Comisión de Seguridad para su estudio, se menciona expandir de 60 días a 11 meses el tiempo de investigación que tiene la Fiscalía sobre menores.
Otra de las innovaciones legislativas que Gallegos planea es aplicar el Código Penal y no la Ley Penal Juvenil a pandilleros de 12 años en adelante. En principio, no tendría la oposición del fiscal. 'Aún y cuando respetemos los convenios internacionales de protección de los menores, digamos que el ámbito de El Salvador es distinto al de otros países. Tenemos que aterrizar las realidades. En nuestro país, no hay manera de que ataquemos el crimen si no es aceptando nuestra propia realidad', dijo Meléndez.
Eso no es todo. La Fiscalía también pretende arrogarse el poder de ordenar la incautación de información electrónica 'constitutiva de delito o útil para la investigación', sin autorización judicial. Así lo explica Rodolfo Delgado, exjefe de la Unidad de Crimen Organizado y uno de los asesores más cercanos al fiscal Meléndez: 'la propuesta va orientada a agilizar algunos procedimientos para obtener información a raíz de las capturas de los delincuentes, particularmente la información que está en dispositivos electrónicos'.
Sin embargo, no hay nada en la propuesta de reforma de ese artículo -el 201 del Código Procesal Penal- que especifique que solo será aplicada a delincuentes. Por ejemplo, si la Fiscalía piensa que el celular o la grabadora de un periodista contiene información útil para la investigación, podría ordenar a la policía que lo incaute, sin más freno que el de su propio criterio y evitando el examen de un juez.
Los obstáculos a sortear
La propuesta de juzgar a menores como adultos pondría a El Salvador en conflicto con el numeral 13.1 de las Reglas de Beijing para la administración de justicia de menores. Esa regla de las Naciones Unidas dice: 'solo se aplicará la prisión preventiva como último recurso y durante el plazo más breve posible'. No todos los diputados parecen preocupados por esto. El Faro preguntó a Guillermo Gallegos si había considerado los tratados internacionales que el país podría violar de aprobarse las reformas que él propone. Él contestó: 'no me he detenido a pensar ni quiero pensar porque, pues sí, ellos no viven lo que nosotros estamos pasando'.
El diputado, y coronel retirado de la FAES, José Alméndariz, ve maneras de esquivar ese escollo. 'Hay veces que se hace más papista que el Papa, con respecto a los tratados internacionales. Las reglas de Beijing dicen que cada país puede tener la opción de cómo aplicar la ley a los menores', afirmó el legislador. Pero encontrará la resistencia del FMLN, a decir del diputado Mejía: 'La ciudadanía, peligrosamente ante la desesperación, espera mucha rigurosidad. El FMLN no va a hacer una ruptura de mecanismos que tenemos. Vamos a respetar el marco legal', dijo.
Incluso Mauricio Vargas, un diputado militarista del partido de derecha, Arena, expresa sus dudas sobre las reformas planteadas. 'Arena no está hablando de manos duras, ni de superduras, ni de linchar delincuentes, sino del estricto cumplimiento de la ley', aseguró.
Vargas, general retirado, fue más contundente aún respecto a otra de las propuestas de Gallegos: crear defensas comunales armadas. 'No creo que sea conveniente la armamentización de esas personas. Ni mucho menos caer en el paramilitarismo. Estoy firmemente convencido de que eso no es conveniente para nadie', agregó el diputado. El FMLN, a través del diputado Mejía, también anunció ya que 'no están en esa ruta', pese a que el gobierno, a través de su vocero Eugenio Chicas, dijo que la idea de las autodefensas estaba en estudio.
