La Asamblea Legislativa aprobó este jueves 21 de abril cambios a tres leyes para aumentar el arsenal de herramientas legales con que las instituciones de seguridad pública pueden perseguir a las pandillas. Los diputados penalizaron la realización de treguas con las pandillas hasta con 15 años de prisión. Confeccionaron nuevos delitos a la medida de actuaciones de pandilleros y aumentaron las penas para delitos ya existentes. Además, habilitaron nuevos mecanismos para hacer redadas masivas que también alcanzarían a menores de edad, gracias a un nuevo poder a la Fiscalía General de la República que le permite saltarse la autorización de los jueces para emitir órdenes de captura contra menores de 18 años.
La Comisión de Seguridad Pública discutió en dos sesiones, el 15 y el 19 de abril, las propuestas de reformas que el fiscal general Douglas Meléndez presentó el pasado 7 de abril. 'Nos vamos satisfechos, nos faltan algunas propuestas de reformas al Código Procesal Penal, pero prácticamente todas las del Código Penal fueron aceptadas, con algunas modificaciones', dijo el fiscal Meléndez el 19 de abril. Los diputados aprobaron reformas al Código Penal, Ley Contra Actos de Terrorismo y Ley Penal Juvenil.
Una de las principales modificaciones a la propuesta original es la penalización de las treguas o acuerdos con las pandillas. La sanción se enmarca en el delito de agrupaciones ilícitas. 'El que por sí o por medio de otro solicite, demande, ofrezca, promueva, formule, negocie, convenga o pacte acuerdos de no persecución criminal o el establecimiento de alguna prerrogativa para dispensar ilegalmente a otro(s) de la aplicación de disposiciones de la ley, u ofrezca beneficios o ventajas a los miembros de agrupaciones (...) comprendidas en el presente artículo, será sancionado con prisión de cinco a quince años', dice literalmente la refoma.
La pena de cárcel también se aplicará a 'intermediarios, negociadores, mediadores, interlocutores u otras semejantes' o a quienes promuevan o participen en las conductas anteriores. Hay un precedente para este tipo de decisión. En agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró a las pandillas como terroristas y consideró las negociaciones con estos grupos como ilegales.
Hace ocho meses, los magistrados señalaron como inadmisible 'el uso de mecanismos parajurídicos que impliquen negociaciones con el crimen en general, y menos con el crimen organizado' para negociar reducción de crímenes a cambio de beneficios fuera de las normas penitenciarias o penales. Esta reforma materializa el criterio de la Sala. Y eso vuelve a enfrentar a los diputados con políticas públicas recientes y con miembros de sus partidos.
La reforma, en conjunto con otras 18 modificaciones, se aprobó con votos de 79 diputados de todos los partidos políticos. Los diputados del FMLN participaron en la aprobación de una reforma que implica convertir en crimen la principal apuesta de seguridad pública de su primer gobierno, el de Mauricio Funes: la Tregua. Este pacto de marzo de 2012 hizo que los homicidios se desplomaran en El Salvador y ha sido investigado por dos fiscales generales, sin que hasta la fecha se judicialice ningún caso. Más recientemente, las pandillas aseguraron, mediante un comunicado, que también tenían acuerdos electorales con el partido de gobierno, FMLN, y GANA
Pero el Frente no es el único que ha negociado con las pandillas. El principal partido de oposición, Arena, también votó por penalizar una conducta que, de haber estado penada hace dos años, pudo haber afectado a uno de sus diputados y uno de sus alcaldes: Ernesto Muyshondt y Salvador Ruano. Ambos políticos ofrecieron a las pandillas una nueva tregua si su partido ganaba la elección presidencial de 2014.
Cambios en la ley antiterrorista y las reformas pendientes
Hubo modificaciones significativas a dos de los nuevos delitos que apuntan contra las pandillas. El delito de resistencia agresiva solo será imputable cuando una persona impida, interfiera u obstaculice investigaciones de la Policía, Fiscalía o autoridades judiciales. Este crimen se diferencia del delito de resistencia, con el que se captura a todo tipo de ciudadanos que se oponen a las autoridades en el momento del arresto. En principio, la Fiscalía formuló el nuevo delito como una desobediencia a instituciones de seguridad pública, incluido el ejército. Sin embargo, legisladores como Misael Mejía del FMLN pensaron que esa redacción daría pie a muchas arbitrariedades por arrestos masivos de parte de la Policía, según lo expresó en la reunión del pasado 15 de abril.
El delito de 'limitación ilegal a la libertad de circulación' se creó según la propuesta de la Fiscalía. Esta es otra de las nuevas redes que permiten realizar capturas masivas cuando, por ejemplo, las pandillas amenacen a personas provocando éxodos de comunidades. La redacción del delito quedó así: 'el que mediante violencia, intimidación o amenaza sobre las personas o los bienes, impida a otro circular libremente, ingresar, permanecer o salir de cualquier lugar del territorio de la República será sancionado con prisión de cuatro a ocho años'. Y luego incluye una serie de agravantes que pueden elevar el castigo hasta los 12 años de prisión.
En la ley antiterrorista, los diputados modificaron el concepto de terrorismo para incluir a las pandillas. Este cambio permite que pandilleros sean capturados y sancionados hasta con 15 años de cárcel, por pertenecer a organizaciones que la Ley Contra Actos de Terrorismo menciona. De nuevo, esta es otra de las modificaciones basadas en la sentencia de agosto de 2015 de la Sala de lo Constitucional. La reforma abre otra vía para realizar detenciones masivas y remite a las masivas capturas de los planes 'Mano Dura', popularizadas en los gobiernos areneros de la primera década del nuevo siglo.
El diputado Rodrigo Ávila, quien fue director de la Policía en los gobiernos de Arena, se pronunció al respecto. 'Estamos hablando de un número altísimo de pandilleros, aquí no importa que sean muchos o son pocos. El hecho que sean muchos no justifica que los actos que están realizando no sean actos execrables totalmente. El nivel de violencia, el nivel delictivo de atentado contra la paz pública que están realizando las pandillas requiere que les caiga todo el peso de la ley y que bien que ahora se está haciendo', dijo Ávila. Pero el diputado también advirtió: 'la redada masiva si no concluye en un proceso judicial probatorio donde se resuelva y se ejecute la ley, de nada sirve'.
Finalmente, 78 diputados otorgaron a la Fiscalía la facultad de ordenar capturas de menores de edad, sin previo filtro de un juez de menores. En el tintero, se quedan todavía las reformas que permitirían a los fiscales incautar información electrónica, también sin permiso judicial, y las ideas de juzgar a menores como adultos o de crear defensas comunales. Esta última perdió mucho gas al ser descartada tanto por diputados del FMLN como de Arena. Todas esas propuestas empezarán a ser discutidas en la Comisión de Seguridad este 22 de abril.
Las reformas de este jueves ocurren dos semanas después de la aprobación de medidas extraordinarias para centros penales que solicitó la Presidencia de la República. Ocurren, además, un día después de que el Ejecutivo presentara a sus nuevos batallones antipandillas. Las reformas también coinciden con la filtración de un video en el que se documenta el inicio de una masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico, ocurrida a inicios de marzo de 2016. Aquella masacre fue precisamente el acto de violencia de las pandillas que impulsó el inicio de los esfuerzos reformistas que hoy han sido aprobados por mayoría.
Actualmente, El Salvador promedia 11 homicidios diarios, un descenso significativo desde el primer trimestre de 2016, en el que se promediaba el doble de asesinatos por día. Hace dos semanas, luego de la implementación de las primeras medidas extraordinarias, las pandillas respondieron con un cese indefinido de la violencia, que en parte explicaría el descenso de los homicidios hasta la fecha.
