La Policía Nacional Civil (PNC) mintió en su versión de lo ocurrido el 26 de marzo de 2015 en la finca San Blas, en el cantón El Matazano II de San José Villanueva. No mataron a ocho personas (entre ellas dos menores de edad) en un enfrentamiento, como aseguraron, sino que fueron “ejecuciones extralegales”. Asimismo, la Fuerza Armada mintió en su versión de lo ocurrido el 15 de agosto de 2015 en el cantón Pajales, de Panchimalco. No mataron a tres hombres y a dos menores de edad en un enfrentamiento, sino que esos homicidios fueron “ejecuciones extralegales”. Estas fueron las conclusiones de las investigaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), presentadas en conferencia de prensa tras casi nueve meses de investigación por David Morales, el procurador general.
La investigación de la PDDH se basó en el análisis de autopsias, entrevistas a forenses, entrevistas a sobrevivientes de ambas masacres, visita a los lugares y, en el caso de San Blas, en el análisis del dictamen de la Unidad de Control de la PNC. La Fuerza Armada, dijo Morales, no entregó ni un documento. La Policía y la Fiscalía colaboraron lo mínimo. Más bien, en palabras de Morales, todas las instituciones involucradas “dificultaron la investigación”. El informe de la PDDH no solo habla de las ejecuciones, sino de la alteración de las escenas del crimen. En ambos casos, concluye la institución estatal, la escena fue contaminda. En la masacre de la finca San Blas, agrega, cuatro cadáveres fueron cambiados de lugar antes de que llegara el Instituto de Medicina Legal.
Ambas investigaciones fueron abiertas por la PDDH tras la publicación de materiales periodísticos. El Faro publicó en julio de 2015 la crónica ‘La Policía masacró en la finca San Blas’, mientras que La Prensa Gráfica publicó en octubre del mismo año el reportaje ‘Cinco muertes sin explicación’.
Negligencia en las investigaciones y negación de información
Antes de desmenuzar las investigaciones, Morales pidió un momento para rechazar las “informaciones falsas” que acusan a la PDDH de brindar “protección a delincuentes”. “Es falso que para tener seguridad haya que ejercer violencia ilegal y violentar los derechos humanos... El Estado no puede ser igual o peor que el criminal”, sentenció. Remató trayendo a cuento una década oscura para el país: “Si el Estado comienza otra vez, como hacía en la década de los ochenta, a ejercer la violencia ilegal, y esta es tolerada, lo único que tendremos es un escalamiento de la violencia, una respuesta más atroz de las pandillas”.
Según la PNC, desde finales del año pasado se registran entre dos y tres “enfrentamientos” al día con pandilleros. Esa es la categoría bajo la que Policía y Fuerza Armada presentaron los hechos de los que se habla en el reporte de la PDDH. En la gran mayoría de enfrentamientos no hay bajas ni heridos de parte de las autoridades, pero sí muertos del lado de los supuestos delincuentes.
La introducción del procurador fue una reprimenda para las autoridades de seguridad de El Salvador: “Es motivo de preocupación para esta Procuraduría que se estén presentando desde el año pasado hasta lo que va de 2016 casos de supuestos enfrentamientos armados entre autoridades de seguridad con grupos delictivos, y en los cuales diferentes medios de comunicación están recogiendo elementos de información en el sentido de que pudieron haberse producido ejecuciones extralegales. Evidencia de que no necesariamente hubo un enfrentamiento; o, si se dio, el grupo de personas intervenidas fueron neutralizadas y pudieron ser objeto de privación arbitraria de la vida con posterioridad. Alrededor de 30 expedientes de trabajo han sido abiertos en mi gestión por casos que suponen este tipo de sospechas. Esos 30 casos suponen un aproximado de un centenar de personas fallecidas”, dijo Morales, antes de iniciar con los reclamos concretos a las autoridades por omisiones realizadas en los casos San Blas y Pajales.
Morales lamentó “la debilidad de las unidades de control interno de la Policía”. Dijo que en ambos casos “no han garantizado una investigación seria y efectiva, y que han ignorado información relevante o cometido negligencias graves”.
Tras cuestionar los métodos de contraloría interna en la PNC, Morales enfiló contra el exfiscal Luis Martínez; el ministro de Defensa, David Munguía Payés, y contra la dirección de la PNC: “Tuvimos una total negativa de colaboración para acceder a la información fiscal por el anterior fiscal general, Luis Martínez. Parece estar cambiando a raíz de una mayor apertura del actual fiscal... Falta total de cooperación por parte del actual ministro de Defensa en el caso Pajales. Se negó a entregarnos la información requerida... Recibimos poca colaboración de los últimos dos directores de la Policía: comisionado Ramírez Landaverde y comisionado Howard Cotto. Tampoco remitieron la información requerida”.
Según Morales, las excusas para no entregar información, al menos entre la Policía y la Fiscalía, venían encadenadas: la Policía aseguraba que ya la había remitido a la Fiscalía y que no se había quedado con ninguna copia; la Fiscalía aseguraba que ya la había recibido, pero que era información bajo reserva. El procurador invitó al actual fiscal, Douglas Meléndez, a ordenar una investigación para determinar si hubo encubrimiento de parte de altos funcionarios.
Cadáveres arrastrados y armas cargadas
La PDDH presentó un resumen de los hallazgos. En el caso de la masacre en la finca San Blas, aparte de la negligencia en el procesamiento de la escena, agrega dos inconsistencias determinadas durante la investigación. La primera se trata de una “inconsistencia con el estudio fotográfico de la escena y manipulación de las armas encontradas”. Ya en la publicación del reportaje se señalaba que en el caso de Sonia Guerrero, de 16 años y novia de uno de los pandilleros, la pistola Glock encasquillada junto a su cadáver y los dos cargadores aparecían en dos posiciones distintas. Eso era evidente en fotografías que circularon en las redes sociales, tomadas antes de que forenses del Instituto de Medicina Legal llegaran a la escena.
Sonia murió de un solo tiro en la boca. Consuelo Hernández, madre de uno de los muertos, escuchó todo a pocos metros de distancia, sometida por los policías en la parte baja de la finca. Según Consuelo, Sonia suplicó por su vida. Los agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP), con insultos, le ordenaron que se hincara. Ella lloraba y les pedía tiempo para explicarse. Sonia era novia de Taz, un pandillero de 34 años que murió en la misma matanza.
La segunda inconsistencia resaltada por la PDDH es la contradicción entre las declaraciones de agentes y la familiar de una de las víctimas. Consuelo era la madre de Dennis Alexander Martínez Hernández, de 20 años. Él no era pandillero, era el escribiente de la finca que poco a poco se tomaron pandilleros de la Mara Salvatrucha. Este lunes, Morales lo reconoció: “Hemos confirmado que Dennis Alexander Martínez no habría sido miembro activo de pandillas, sino el joven escribiente de la finca”. Sobre el testimonio de Consuelo, el procurador dijo que es “consistente y creíble”. Consuelo Hernández de Ramírez, pobre y campesina, escuchó a su hijo suplicar también por su vida la madrugada del 26 de marzo. Luego escuchó el disparo que, de arriba hacia abajo, atravesó la cabeza de Dennis.
En la escena registrada por la Policía, a Dennis le habían colocado a su alrededor dos corvos y un cuchillo.
El hermano de Consuelo, Jesús Hernández, que habló por teléfono con Dennis hasta que el muchacho salió del cuarto y fue asesinado, desapareció 19 días después de la masacre, mientras iba hacia la finca. Apareció un día después con el cráneo destrozado y un lazo alrededor del cuello, muy cerca de la finca San Blas. Murió asfixiado y macheteado, según la autopsia. Él, a gritos, acusó a los policías de asesinos mientras procesaban la escena. Miembros de la familia, tras el asesinato de Dennis, recibieron llamadas del teléfono celular que Dennis tenía, el mismo que ocupó para hablar con Jesús antes de ser sometido por los policías. Los familiares no contestaron, pero interpretan las llamadas como una amenaza.
Consuelo, la madre de Dennis y única testigo que declaró ante la PDDH, fue amenazada de muerte vía telefónica en noviembre de 2015. Ese mes huyó del cantón El Matazano II, donde está la finca San Blas.
El informe de la PDDH agrega una lista de razones más por las que condena la actuación policial de aquella madrugada. Dan crédito a que la escena fue “contaminada deliberadamente”; que “cuatro cuerpos fueron movidos de su posición original”; que el examen serológico no registra muestras de sangre en las armas, algo muy raro teniendo en cuenta que se presentó el hecho como un enfrentamiento y que quienes supuestamente portaban esas armas murieron baleados; que los cuerpos no estaban en “posición de atrincheramiento”, sino expuestos, como si no se hubieran cubierto o no hubieran estado en ningún enfrentamiento; que cargadores de las armas que presuntamente tenían los masacrados estaban “llenos de munición, pese al supuesto enfrentamiento de 45 minutos”; que hay una persona con “edema cerebral y múltiples lesiones... lo que hace presumir nuevos disparos causados ya estando herido”.
Sobre esta masacre, el expediente SS-0309-2015 de la PDDH concluye que hay elementos suficientes para establecer “la privación arbitraria de la vida por ejecución extralegal en perjuicio de Dennis Alexander Hernández Martínez y Sonia Esmeralda Guerrero, por responsabilidad de efectivos policiales que formaron parte del operativo”.
Acerca de los otros seis muertos en la finca San Blas, el informe dice que “existen elementos suficientes de investigación para establecer la presunción respecto a que se haya producido igualmente la privación arbitraria de la vida por ejecución extralegal”.
Disparos a quemarropa
La versión oficial en el caso del cantón Pajales se dio por medio de comunicados de prensa de la Policía y la Fuerza Armada. La versión consigna que la noche del 15 de agosto de 2015, militares y policías habían detectado movimiento de pandilleros en la zona del caserío La Loma, cantón Pajales, Panchimalco. Llegaron al lugar y fueron recibidos a balazos por miembros del Barrio 18-Revolucionarios. Los pandilleros, consignó la versión oficial, los atacaron desde el interior de una vivienda de adobe. Ellos respondieron y los mataron a todos, menos a uno, a quien detuvieron.
Testimonios recavados por periodistas de La Prensa Gráfica revelaron que las ejecuciones ocurrieron fuera de la vivienda, que los cuerpos fueron arrastrados luego a su interior y que en la casa estaban un hombre y una mujer mayores, tres mujeres jóvenes, una niña de dos años y un niño de cuatro.
Los pandilleros no vivían ahí, sino que habían llegado huyendo de los militares y policías. Llegaron armados pero, según la versión de los testigos, dejaron las armas cuando se vieron acorralados en la casa. Se entregaron y fueron fusilados ahí mismo.
En el caso SS-0369-2015 presentado por la PDDH se le da crédito absoluto a la versión publicada por La Prensa Gráfica. El informe detalla que, aparte de todas las evidencias que también presenta el caso de la masacre de la finca San Blas, en esta ocasión hay dos elementos contundentes más que personal de la Procuraduría corroboró en su propia investigación: “Un cuerpo revela tatuaje de pólvora y otro ahumamiento”. Eso significa que a uno le dispararon desde una distancia menor a 60 centímetros, y a otro a una distancia inferior a los 30 centímetros. Tres de los cuerpos muestran edema cerebral, además de otros disparos que debieron provocarles la muerte. Todo apunta a que fueron rematados cuando ya estaban heridos.
En este caso, la PDDH concluye que para los cinco muertos “hay elementos suficientes de investigción para establecer la privación arbitraria de la vida por ejecución extralegal... Por responsabilidad de efectivos policiales y militares que formaron parte del operativo conjunto”.
La PDDH, al final del documento, hace sus recomendaciones y conclusiones finales. Por ambos casos declara el incumplimiento de la ley de la PDDH por parte del exfiscal Luis Martínez; del exdirector de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde (hoy ministro de Justicia y Seguridad); del actual director, Howard Cotto; y del ministro de Defensa, general David Munguía Payés. Exige a la Fiscalía investigar las amenazas contra Consuelo Hernández y los familiares de Camila, una testigo que desapareció tras la masacre de Pajales. Pide investigar la muerte de Jesús, el hermano de Consuelo, así como brindar protección a ella y su familia. Pide a la PNC y a la Fiscalía que se realicen investigaciones “objetivas y efectivas” en ambos casos. Pide lo mismo a la Inspectoría de la Policía.
Oenegés cuestionan al gobierno; también Estados Unidos
Los señalamientos de la PDDH a la administración de Salvador Sánchez Cerén y a la Fiscalía en materia de derechos humanos son el más reciente episodio de la preocupación que en distintos sectores han despertado el guerrerismo del gobierno, desatado en enero de 2015 y que con el paso de los meses no ha hecho sino aumentar en intensidad y en número de víctimas.
El pasado lunes 4 de abril, el Estado salvadoreño –representado por su canciller, Hugo Martínez– tuvo que comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las oenegés Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) acusaron al gobierno de desatender los derechos humanos en su estrategia de seguridad ciudadana.
“Las masacres sobre las que se ha pronunciado la PDDH no son dos casos aislados”, dijo Abraham Ábrego, director de Fespad, quien señaló que tanto la PNC como la Fuerza Armada están haciendo “un uso excesivo de la fuerza”.
Verónica Reyna, subdirectora de derechos humanos del SSPAS, fue más explícita en su denuncia: “Desde el Estado se ha dado la permisividad para que se cometa este tipo de arbitrariedades; hay elementos para creer que se está permitiendo una política de exterminio a la Policía Nacional Civil, y los controles internos no están funcionando, e incluso están facilitando que se den estos casos”. De la Fiscalía dijo que durante el mandato de Luis Martínez se hizo “del ojo pacho” ante las denuncias de abusos de las fuerzas de seguridad.
Tanto Ábrego como Reyna se mostraron confiados en que en las próximas semanas la comisionada Margarette May Macaulay, relatora para El Salvador de la CIDH, viaje a El Salvador para corroborar sus denuncias contra el Estado salvadoreño.
Aunado a los señalamientos de las oenegés, el interés de la CIDH y la investigación de la PDDH, Estados Unidos también se ha pronunciado sobre este asunto.
En su informe sobre la violación de los derechos humanos en el mundo que el Departamento de Estado presentó el pasado 13 de abril, Washington señaló al Gobierno: “En 2015 hubo numerosos reportes de fuerzas de seguridad relacionadas con asesinatos extrajudiciales”. Entre los casos señalados está la masacre de la finca de San Blas.
