Ciudad de Guatemala, GUATEMALA. Al caso de defraudación aduanera La Línea que culminó con la renuncia del binomio presidencial (Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti), la Terminal de Contenedores (sobornos por concesión de puerto), el Caso del Lago de Amatitlán y la investigación en el Congreso por plazas fantasmas se suma el caso La Cooperacha en la que de nuevo se ven acusados personajes del partido Patriota de Guatemala. El binomio presidencial es acusado de haber recibido más de 33 millones de quetzales en concepto de regalos de sus funcionarios -desde casas de playa hasta un helicóptero- durante los años 2012, 2013 y 2014.
Los regalos, que se supone recibió Pérez Molina durante su cumpleaños cuando fue presidente, incluían un helicóptero Bell 407 GX modelo 2013 -que costó 3.5 millones de dólares-, una lancha -por la que se pagó 260,000 dólares- y una casa lujosa de playa en el Pacífico -que costó 1 millón de dólares-. La fiscal general, Thelma Aldana, afirmó que las compras fueron hechas a través de empresas inexistentes. Por este caso, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público presentaron imputaciones hoy contra ocho ex funcionarios acusados de lavado de dinero y de asociaciones ilícitas.
La expectativa se generó desde la mañana, cuando fueron capturados el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y el exministro de Defensa, Manuel López Ambrosio.
'Este caso se refiere a una lógica perversa utilizada durante el gobierno del Partido Patriota (derecha) en relación a los cumpleaños del entonces presidente de la República y la vicepresidenta, para reunir sumas elevadas de dinero que tuvieron como destino la adquisición de bienes de lujo excesivo', dijo la fiscal Aldana. Según explicaron en conferencia de prensa este día, los funcionarios juntaban millonarias cantidades de dinero en efectivo -la Cooperacha- para comprar los regalos para Baldetti y Pérez Molina.
Prensa Libre (de Guatemala) manejó como versión que una nota escrita a mano y encontrada en una propiedad de Eduardo González, ex director del periódico Siglo XXI, desencadenó la investigación. González, conocido como Eco, acepta haber pertenecido a la estructura de defraudación aduanera La Línea -encabezada según las investigaciones por Pérez Molina y Baldetti-. Eco es, junto a Juan Carlos Monzón -ex secretario privado de Baldetti-, uno de los testigos principales de la justicia guatemalteca en los juicios contra el ex presidente y la ex vicepresidenta de Guatemala.
El Partido Patriota fue calificado por el comisionado de la CICIG como una estructura criminal que secuestró al estado y utilizó las instituciones como un botín para enriquecerse ilícitamente. 'Se apropiaron de las instituciones del estado. Utilizaron para beneficio propio los recursos que no se destinaban a la salud, la educación, una población del 47% de niños menores de 5 años en estado de desnutrición y a la par los gobernantes, apropiándose de esos recursos del Estado'.
Son ocho los ex funcionarios acusados por asociaciones ilícitas y por lavado de dinero en este nuevo caso de corrupción que devela el Ministerio Público de Guatemala con el apoyo de la CICIG. Se trata Pérez Molina, Baldetti, Alejandro Sinibaldi (ex ministro de comunicaciones, infraestructura y vivienda), Erick Estuardo Archila (ex ministro de Energía y Minas), Manuel López Ambrosio (ex ministro de Defensa), Ulises Noé Anzueto Girón (ex ministro de Defensa) , Juan de Dios De la Cruz Rodríguez (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social).
“Los miembros de la estructura, en abuso de sus cualidades como funcionarios públicos, desarrollaron acciones por medio de las cuales tomaron las instituciones del Estado como un botín del que podían disponer con toda discrecionalidad para sustraer enormes cantidades de dinero destinadas a asegurar sus puestos en el gobierno mediante la entrega de carísimos regalos al Presidente y a la Vicepresidenta de la República', dijo el comisionado de la CICIG.
Un partido que se desmorona por la corrupción
Los exministros de Gobernación (Interior), Mauricio López Bonilla, y de Defensa, Manuel López Ambrosio, fueron capturados este sábado por su participación en el caso #LaCooperacha, mediante el cual habrían ideado un esquema para lavar activos, mediante regalos que eran recibido por Pérez Molina.
El Ministerio Público maneja como hipótesis que esta actividad fue diseñada en 2007, después de que el partido Patriota perdió las elecciones y afirma que esta estructura siguió funcionando durante el gobierno (2012-2015) cuando este partido alcanzó la presidencial de la república. La CICIG publicó en un artículo su conclusión de esta hipótesis el 2 de junio de 2016: 'no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti'.
La investigación partió del hecho de que los regalos -cuyo valor asciende a sumas millonarias- contrastaban con los ingresos que los acusados podían recibían como producto de su trabajo como funcionarios públicos. 'La entrega de estos suntuosos bienes tenían por intención agradar al jefe y a la jefa, muy a la usanza de la estructura de la delincuencia organizada', afirmó Thelma Aldana.
Pérez Molina y Baldetti continúan en prisión. Todo comenzó el 16 de abril de 2015. Ese día, la CICIG y el MP revelaron la existencia de una estructura criminal que había tomado el control de las aduanas de Guatemala y que, a través de dicho control, se lucró de esa actividad a costa de los intereses del estado. La denuncia culminó con la renuncia el 8 de mayo de 2015 de Baldetti; y el 2 de septiembre, con la renuncia de Pérez Molina.
Desde entonces han continuado las investigaciones. El Periódico de Guatemala consignó -el 16 de abril de 2016- que el binomio presidencial había recibido sobornos de 4.2 millones de dólares y, el resto de la estructura criminal La Línea, 7.8 millones de dólares a cambio de otorgar la concesión de un puerto de contenedores, Puerto Quetzal. Este año también hubo investigación por la existencia de plazas fantasmas -en diversos partidos-. En esas investigaciones fueron detenidos dos ex diputados del partido Patriota: José Alfredo Rabbé Tejada y Édgar Romero Cristiani.
Por el caso La Cooperacha están prófugos, y con orden de difusión roja de Interpol, Alejandro Sinibaldi -exministro de Comunicaciones- y Erick Archila -exministro de Minas.
