El fiscal general Douglas Meléndez pidió este jueves 2 de junio a la Asamblea Legislativa que despoje del fuero al general Atilio Benítez, embajador de El Salvador en Alemania, para procesarlo por tráfico ilegal de armas de fuego que presuntamente cometió cuando fue ministro y viceministro de Defensa durante el gobierno del presidente Mauricio Funes.
Por su investidura como diplomático Benítez tiene una protección constitucional que impide que sea procesado por delitos si antes no ha sido valorada la acusación por los diputados, que deben acceder a que lo procesen los tribunales comunes. La Fiscalía le imputa los delitos de comercio ilegal de armas de fuego, actos arbitrarios y estafa.
La Fiscalía va tras una red que aprovechó un decreto legislativo transitorio, funcional entre mayo y julio de 2009, para legalizar armas de fuego que no estaban registradas. El origen de esas armas es variado. 'Hubo algunas que un militar las entregó al Ministerio de Defensa y debieron ser enviadas a un depósito, y esto no fue hecho así en razón de que el general, valiéndose de su cargo, giraba instrucciones a sus subalternos de que no se enviaran la que les parecía que eran buenas', explicó Will Walter Ruiz, jefe fiscal contra el crimen organizado, en una conferencia de prensa ofrecida en la sede central de la Fiscalía. Ruiz también dijo que hubo armas que salieron de almacenes militares y luego aparecieron en el registro legal. Los fiscales aseguran tener pruebas contra Benítez en 15 casos.
La red comandada por el general Benítez vendió las armas a personas que tienen permiso de tenencia de portación de armas, 'algunas de ellas incluso tienen la categoría de alto riesgo y están también algunos funcionarios y exfuncionarios', dijo Ruiz, sin agregar más detalles de los que llamó destinatarios de las armas de fuego. El valor de estas armas aparentemente aumentaba debido a que habían sido legalizadas.
'Él (Benítez) se valía de su posición como ministro para ordenar que se hicieran actos en su beneficio. Hubo un caso particular que del juzgado Octavo de Instrucción se había enviado un fusil a resguardo, porque estaba vinculado a un caso de secuestro. Logramos determinar que de ese fusil habían extraído la aguja percutora y se lo habían incrustado a otro', añadió Ruiz.
Las pesquisas fiscales sobre Benítez vienen desde hace dos años. El 23 de junio de ese año, la Fiscalía allanó la casa de Benítez y encontró 29 registros de armas de fuego que, según la Policía, deberían haber sido destruidas. Un mes antes, la Fiscalía había denunciado que el Ministerio de Defensa no le permitió incautar documentación en cuatro edificios militares, en diligencias realizadas para investigar tráfico de armas. Luis Martínez, cuando era fiscal general, anunció que investigaba a Munguía Payés por tráfico de armas, uno de los delitos que el fiscal Meléndez imputa ahora a Benítez.
En la conferencia, periodistas consultaron a Ruiz y a Rodolfo Delgado, uno de los principales asesores del fiscal Meléndez, por el involucramiento de otros funcionarios en el caso. Ruiz únicamente dijo que la investigación sigue abierta.
Benítez fue viceministro de Defensa desde junio de 2009 y su jefe era el general David Munguía Payés, quien en esa época ocupaba el mismo cargo que tiene actualmente: ministro de Defensa. Cuando Munguía Payés pasó a ser ministro de Seguridad, en noviembre de 2011, Benítez se convirtió en ministro de Defensa. En mayo de 2013 Munguía Payés dejó la cartera de Seguridad -obligado por una sentencia de la Sala de lo Constitucional- y volvió a ser ministro de Defensa. En ese año, 2013, Benítez empezó su carrera diplomática en España, como embajador. Se mantuvo ahí hasta el 1 de abril de 2015, cuando fue trasladado como embajador a Alemania, cargo en el que se mantiene hasta la fecha.
La decisión de retirar la inmunidad a Benítez recaerá sobre una comisión de diputados que tendrá que hacer un dictamen para que el pleno vote. Se necesita mayoría simple, es decir, 43 votos para desaforarlo. El antejuicio más reciente que se ha tenido en el país fue el de Rodrigo Samayoa, diputado de Gana que fue procesado por violencia intrafamiliar.
